Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de enero de 2010

COCOPA

Sin éxito, COCOPA busca retomar diálogo con EZLN

Pese a que no lograron contactar con la dirigencia del EZLN los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) dijeron que intentarán retomar el diálogo suspendido por decisión unilateral de los rebeldes en septiembre de 1996. El intento de los parlamentarios es considerado por académicos e investigadores chiapanecos reunidos el fin de año en San Cristóbal de las Casas, como un acto mediático con claras intenciones oportunistas en el marco del 16 aniversario de la insurgencia armada. Según los legisladores, a finales de enero regresaran al Estado con la finalidad entablar comunicación el EZLN. Sin embargo, para muchos seguidores del Subcomandante Marcos, el carismático estratega político y militar, la actitud de los diputados no es más que un show, un mero pretexto para continuar sus viajes turísticos con recursos públicos. Sobre todo después de que, el diputado José Narro reconociera que no hay comunicación formal entre el EZLN y el Gobierno Federal, la COCOPA nunca declarará roto el diálogo. Narro Céspedes, presidente en turno de la renovada COCOPA, añadió que buscan reactivar el diálogo porque a 16 años de la insurgencia armada las causas que le dieron origen -a este movimiento el 1 de enero de 1994- siguen vigentes. Señaló que en estos años del impasse o del silencio zapatista, muchos apostaban al olvido como estrategia para ignorar y acabar con el movimiento, obviamente para los indígenas rebeldes poco les ha importado porque continúan con su proceso de autonomía y desarrollo interno. (W Radio)

EZLN

Sí hay condiciones para un levantamiento armado, advierte González Ruiz

A 16 años de que el EZLN apareciera en la vida política de México, el ex integrante de la Comisión de Mediación con el EPR, Enrique González Ruiz, consideró que tanto en el país como en el Estado de San Luis Potosí hay las condiciones objetivas para un nuevo levantamiento revolucionario, además de que el 2010 es un año emblemático para el país en materia de movimientos sociales, aunque consideró que no hay una plena conciencia de ello entre la población. Señaló que las condiciones objetivas para que puedan concretarse un movimiento armado en el país y en nuestro estado están dadas, “hay opresión, desempleo, hambre, desesperación y falta de aliento en muchos mexicanos, no hemos avanzado como país desde que apareció públicamente el EZLN, al contrario hemos retrocedido.” (La Jornada de San Luis)

Recuperan tzeltales rancho tomado por priístas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que campesinos tzeltales del centro de Bachajón (municipio de Chilón) adherentes de La otra campaña del EZLN, anunciaron haber recuperado un predio de seis hectáreas y media, el cual ya había sido “recuperado” después del levantamiento zapatista en 1994, pero la directiva priísta del municipio lo ocupó por su cuenta y lo “vendió” a su correligionario Sebastián Encino Gutiérrez, quien fue presidente municipal. En su carácter de adherentes de La otra campaña, los indígenas de la ranchería Cumbre Nah Choj tomaron de nueva cuenta el rancho Jotacanteel el pasado 31 de diciembre. “La tierra recuperada no se vende, es para quien la trabaja”, sostuvieron. “Esto lo hicimos porque desde un principio sabemos que el dueño anterior era don Felipe Vásquez López”, de quien se recuperó el predio tras el alzamiento. Encino Gutiérrez indebidamente se apropió del lugar y “quería venderlo a otra persona desconocida de Yajalón, por 400 mil pesos”. Esto originó la inconformidad de los campesinos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lácandona, jornaleros sin tierra, quienes acordaron “hacer la recuperación” para que no se venda a particulares. (La Jornada)

ACTEAL

Cuetzalan se informará sobre la reubicación de liberados de Acteal

El Secretario de Gobierno en el estado de Puebla, Mario Alberto Montero Serrano, confirmó que el Gobierno estatal no tiene información sobre la presunta reubicación en Cuetzalan que el Gobierno Federal pretende hacer de 29 personas y sus familias liberadas por la matanza de Acteal el año pasado. En tanto, el presidente de aquel municipio serrano, Manuel Morales, declaró que hasta ahora lo único que se tiene sobre la supuesta llegada de familias chiapanecas son rumores, pero que buscará un acercamiento con el Gobierno de la República para saber si es verdad dicha versión. (La Jornada de Oriente)

CHIAPAS

Colapsan trabajos en Juan del Grijalva

La construcción de túneles en el tapón Juan del Grijalva se encuentra suspendida, al parecer, un aproximado de 150 camiones pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se encuentran bloqueando el acceso a la obra. Según datos proporcionados, alrededor de 300 cetemistas son los que se encuentran inconformes, quienes respaldan y acuerdan la decisión que se tomó. La molestia generalizada de los trabajadores, quienes forman parte de la CTM, es contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Empresa México y SUTERM. Los inconformes piden que los trabajos que se generen en la obra sean para los chiapanecos o personas de la región y no para veracruzanos o tabasqueños. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La contrarreforma indígena en Chiapas

Magdalena Gómez escribe en su artículo que “en el mar de negros balances de 2009 y vaticinios aún peores para 2010, en Chiapas se consolidó el mecanismo jurídico gatopardista para los pueblos indígenas. Si a la contrarreforma indígena de 2001 en la Constitución general le han seguido otras en algunas entidades, en el caso de Chiapas es doblemente paradigmático que se pretenda construir formalmente una salida endeble para un conflicto político que tuvo su asiento original en ese estado y que permanece latente.” (La Jornada. Se anexa)

COCOPA omite invasión en Chilón

Amet Samayoa Arce escribe en su columna Tarot Político que “el informe puntual de la Comisión de Concordia y Pacificación –cuando menos-, debe hacer referencia a los sucesos que aunque aislados y sosegados tienen tinte zapatista. Existe la experiencia de que la ocultación de la información ha sido dañina para la credibilidad del Gobierno en todos sus niveles, por lo tanto, la sociedad debe ser enterada tal cual de los acontecimientos suscitados en los últimos días del año pasado. Nos referiremos simplemente a la invasión de un predio denominado Cumbre Najchoj, en el Municipio de Chilón. El agraviado es el ex alcalde priísta Sebastián Gutiérrez Encino, quien demanda el desalojo de los ‘guerreros’ Las mantas que hacen alusión a la reivindicación indígena y a la recuperación de tierras, tienen justamente las siglas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en consecuencia, tiene incidencia en la información y tarea que recae sobre la COCOPA de marras. Es importante mencionar que esta instancia registra para el Estado un alto costo económico, es por ello que por lo menos debe cumplir con su responsabilidad de informarse e informar. Una invasión en vísperas del decimo quinto aniversario de la sublevación zapatista no puede ser ignorada ni omitida por esa comisión bicamaral. Es preciso insistir que los integrantes de la misma, estuvieron precisamente en la zona de los altos y norte, de ahí que resulta censurable que guarden silencio ante tal eventualidad.” (Diario de Chiapas)

2010, indignación, no desesperanza

Álvaro Delgado escribe en su artículo que Luis Héctor Álvarez, el artífice junto con Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos del pacto con Carlos Salinas para legitimar el fraude de 1988 que profundizó el capitalismo de amigos vigente, ha sido degradado otra vez en la alta burocracia. Dejó la Dirección de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora encabeza la Oficina para la Atención a Grupos Vulnerables. En lo que ha terminado el único prócer vivo de la derecha… Su sustituto en esa entelequia es Xavier Abreu, a quien Calderón sacrificó haciéndolo perder para entregar el gobierno de Yucatán al PRI como premio a su toma de posesión. (Tribuna de los Cabos)

TEXTOS

La contrarreforma indígena en Chiapas
Magdalena Gómez/La Jornada

En el mar de negros balances de 2009 y vaticinios aún peores para 2010, en Chiapas se consolidó el mecanismo jurídico gatopardista para los pueblos indígenas. Si a la contrarreforma indígena de 2001 en la Constitución general le han seguido otras en algunas entidades, en el caso de Chiapas es doblemente paradigmático que se pretenda construir formalmente una salida endeble para un conflicto político que tuvo su asiento original en ese estado y que permanece latente en lo que respecta al levantamiento armado zapatista, y muy vivo y presente mediante la consolidación de las juntas de buen gobierno (JBG) cuya base son los municipios autónomos, que recientemente reiteraron que no buscan reconocimiento alguno del Estado.

Después de su fallida incursión directa sobre el zapatismo, el Congreso local aprobó el pasado 29 de diciembre la Ley de los Derechos Indígenas para el estado de Chiapas, que reproduce el discurso manipulador de la contrarreforma de 2001. La virtual trivialización del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, contenidos en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se expresa discursivamente en la exposición de motivos de la iniciativa que presentó el gobernador Juan Sabines sin cumplir con la consulta previa establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sobre la cual ya se expresaron por esa instancia internacional abundantes razonamientos en ocasión de la reclamación indígena sobre la contrahechura de 2001.

Qué paradoja, el gobierno que presume de que la Constitución chiapaneca es “la única en el mundo que contiene el reconocimiento a los objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU” no asume el respeto a instrumentos jurídicos, no programas, como lo son el referido convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Habrá que ver si las representaciones en México de Naciones Unidas están conformes con ese reduccionismo, y en los hechos, con su silencio, lo avalan. También habrá que comparar el texto completo de la ley, sobre todo en contraste con la de Roberto Albores, de 1999; sin embargo, la prensa ya apuntó elementos de la misma. (en especial Ángeles Mariscal el 31/12/2009, en La Jornada).

Por ejemplo, el énfasis en el reconocimiento de usos y costumbres, siempre que no contravengan los preceptos de las constituciones estatal y federal o derechos de terceros. O el reconocimiento a la libredeterminación y a la autonomía en el marco de la Constitución y la del Estado. Bien se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ni política, ni jurídicamente desde una entidad se puede modificar la estrategia de Estado que el priísmo diseñó en 2001 con la complicidad de PAN y PRD en el Senado.Y para ello sólo una perla: el artículo 65 señala que los pueblos indígenas tendrán “acceso” a los recursos de sus tierras y territorios en los términos del artículo 27 de la Constitución federal, y que los mecanismos y programas para el aprovechamiento de estos recursos deberán diseñarse en coordinación con autoridades federales y estatales. Para decirlo en términos llanos: se reconoce la libre determinación del Estado, no la de los pueblos indígenas.

Se llega al extremo, en ese contexto, de pretender regular “las relaciones de los pueblos indígenas chiapanecos con otros fuera del estado, también deberán apegarse a lo dispuesto en las constituciones estatal y federal”. También se establece, en el artículo 77, que el gobierno del estado y los ayuntamientos impulsarán empresas propiedad de las comunidades indígenas, para “optimizar” la utilización de las materias primas de sus territorios y para ello propone como intermediarios a la Secretaría de Economía estatal y al Instituto Marca Chiapas.

La tesis central de la referida ley que por cierto tuvo unanimidad (¿Quién recuerda al PRD en el Senado y hoy en el gobierno estatal?) es que el llamado derecho a la diferencia se convierte en el eje que desplaza al de autonomía y libre determinación, entre otras cosas las relativas a su desarrollo. Si no consultaron previamente la ley aprobada, menos lo harán con las inversiones “millonarias” de 2010 sobre el llamado combate a la pobreza. Ya lo hemos dicho reiteradamente: el saldo del proceso de juridicidad impulsado por los pueblos indígenas es la elevación a rango constitucional de la política indigenista. Se reconocen sí los usos y costumbres, pero no los de los pueblos, sino los del poder.

Y en todo esto, ¿qué hace la Cocopa visitando Chiapas para reactivar el diálogo?, ¿con quién lo hará seriamente? Nos deben una explicación, porque hoy participan en esa instancia algunos que integraron la que en sus orígenes jugó un digno papel. Que las causas que generaron el conflicto zapatista están vigentes ni duda cabe, pero tampoco la debe haber sobre la responsabilidad de Estado para dinamitar los caminos del diálogo.

Al Ronco Robles, rarámuri, maestro y amigo.

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