Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 7 de septiembre de 2009

EZLN

Desmienten zapatistas que hayan negociado con autoridades

Hermann Bellinghausen escribe desde el Caracol de La Garrucha, Chiapas, que la Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro negó haber hecho alguna negociación con representantes del gobierno, luego de los hechos violentos del pasado día primero en el ejido Santo Tomás, cuando bases de apoyo zapatistas fueron agredidas por gran número de seguidores de tres organizaciones priístas del municipio oficial de Ocosingo. (La Jornada. Se anexa)

ACTEAL

Es hora de revisar los privilegios que otorgan poder: Vázquez Mota

El deterioro del tejido social y el engrosamiento de la brecha entre ricos y pobres conducen a Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, a admitir que las prebendas y los privilegios abonan al crecimiento de la desigualdad, pero sobre todo aumentan el dolor entre los ciudadanos. También los derechos humanos, refiere Vázquez Mota, se colocan en la prioridad legislativa del PAN. Recuerda el paradigma que significa para los mexicanos el tema indígena. Creo que casos como el de Acteal dejan en claro la enorme impunidad, la terrible discrecionalidad y lo que nunca más debe volver a repetirse en un país como el nuestro. (La Jornada)

Pide obispo impedir la llegada de la violencia política

En el país existen dos tipos de violencia, la que genera el crimen organizado y la política, por lo que las autoridades tienen que redoblar esfuerzos para evitar que siga afectando a los mexicanos, consideró el obispo Raúl Vera López. Señaló que si las estructuras de impartición de justicia están actuando como en el caso de la muestra tan decadente que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de liberar a los paramilitares que participaron en la matanza de Acteal, ignorando una historia de muerte que han provocado en Chiapas, “esto muestra que vivimos en un clima de impunidad, y por lo tanto la violencia del crimen organizado y la política encuentra caldo de cultivo en un país en que la impunidad es la norma común”, afirmó. (Vanguardia)

CHIAPAS

Exigen renistalar a síndico en Chiapas

Pobladores de cinco comunidades del municipio de Zinacantán bloquearon el domingo la carretera Panamericana para exigir la reinstalación del síndico Manuel Hernández de la Cruz, quien fue “desconocido” por diferencias políticas con el alcalde Antonio Conde Vázquez, también perredista. El síndico lleva más de tres meses fuera del ayuntamiento, a pesar de que la semana pasada las autoridades municipales acordaron con sus pares estatales que este domingo se reincorporaría al cargo. (La Jornada)

PGR asegura casa en Chiapas donde se guardaban armas

Policías federales aseguraron en una vivienda del municipio de Tuxtla Chico en la frontera de Chiapas, un depósito de más de dos centenares de cartuchos, cargadores de diversos calibres y dos armas de fuego. La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que policías y agentes del Ministerio Público ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Las Cruces de aquel municipio limítrofe con Guatemala. En el lugar fueron decomisados 281 cartuchos de diversos calibres, un rifle calibre .22, una pistola 9 milímetros, tres cargadores de armas cortas y largas y uniformes de policías rurales. (El Universal)

GOBIERNO FEDERAL

Prevén citar al titular del Segob

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados propondrá que el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comparezca el próximo jueves ante el pleno en San Lázaro. La presencia del funcionario federal marcará el inicio de la glosa del Tercer Informe del Presidente Felipe Calderón. El diputado perredista Jesús Zambrano consideró que Gómez Mont deberá explicar qué están haciendo para detener la ola de violencia contra los políticos. (Reforma)

ASUNTOS INDIGENAS

Reclaman en taller que el delegado de la CDI no haya sido elegido por los pueblos

Un taller efectuado en Tlapa, Guerrero, en el que funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informaron a representantes de localidades cómo acceder a financiamiento para proyectos, se convirtió de pronto en el escenario en el cual se manifestaron posiciones a favor y en contra de la designación de Gonzalo Solís Cervantes como delegado estatal de la dependencia. Antes de que el funcionario arribara al evento, el perredista Felipe Ortiz Montealegre, ex diputado local, lanzó la primera puya cuando los talleristas del CDI apenas se disponían a comenzar la exposición. “¿Qué pasó con la minuta donde se veía lo del convenio para que el delegado fuera electo en asamblea por los pueblos?”, preguntó Ortiz a Arturo Román, director de Asuntos Jurídicos de la Comisión en el estado. Como al mediodía, el delegado llegó al evento acompañado por el diputado local Victoriano Wences Real, del PT, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado. Como si supiera de lo ocurrido momentos antes, se anticipó y ofreció un mensaje en el que llamó a los asistentes, líderes indígenas de pueblos y colonias, a respaldar a Gonzalo Solís como delegado e impedir que “un movimiento minoritario” lo destituya. (La Jornada de Guerrero)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal y la guerra que todos quisimos evitar

Rafael Landerreche escribe en su artículo que “eran bravos los perros que les mandé; no dejaron a nadie vivo, ni a los niños. Somos bien chingones.” Éstas fueron las palabras con las que Tomás Pérez Méndez, de Los Chorros, celebró el retorno “triunfal” de los paramilitares que acababan de masacrar en Acteal 45 seres humanos pacíficos, desarmados, mujeres y niños en su mayoría. Su autor acaba de ser liberado por la Suprema Corte que, sin preguntarse siquiera si era culpable, le concedió un certificado de impunidad para que ya nunca pueda ser juzgado por ese delito.” (La Jornada. Se anexa)

Paramilitarismo

Carlos Fazio escribe en su artículo que “a la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Lebarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes ‘desechables’ perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa. Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la ‘colombianización’ de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una ‘tercera fuerza’ que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).” (La Jornada)

Universidad indígena de Chiapas Repudia privatización

En El Correo Ilustrado, Benjamín Cocom informa que: “La Universidad Indígena de Chiapas (UICh) nació el 7 de enero de 2005. Es una institución de educación superior municipal creada por los municipios de Rayón, Pantepec, Tapalapa, Pueblo Nuevo y Jitotol, en la zona 5 norte de Chiapas. Después de platicar con el subsecretario de Planeación y el director de Educación Superior de la SECH, por separado, dijeron que la opción para regularizar los estudios de los jóvenes que están cursando las cinco licenciaturas que ofertamos es crear una institución de educación superior “temporal” privada (IESP). Chiapas tiene más de cien IESP; sin embargo, la cobertura es de 7 por ciento en la zona norte, 16 puntos por debajo de la media nacional. Los estudiantes inscritos en las IESP sólo representan 10 por ciento de total de la matrícula, siendo las instituciones de educación superior públicas las que atienden 90 por ciento de la matrícula chiapaneca. Esto indica que las IESP no aportan soluciones y opciones para los indígenas de 20 a 24 años. Las autoridades educativas en Chiapas desconocen los problemas de los jóvenes que habitan en las zonas indígenas; aparte de los religiosos, políticos, sociales, orográficos, étnicos, de género, es económico; no tienen los recursos para pagar altas cuotas en las IESP. Las autoridades educativas no han tenido tiempo para ponerse de acuerdo, y mucho menos para atender las solicitudes que la UICH les ha hecho en tiempo y forma, desde 2005.” (La Jornada)

TEXTOS

Desmienten zapatistas que hayan negociado con autoridades
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Caracol de La Garrucha, Chiapas. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro negó haber hecho alguna negociación con representantes del gobierno, luego de los hechos violentos del pasado día primero en el ejido Santo Tomás, cuando bases de apoyo zapatistas fueron agredidas por gran número de seguidores de tres organizaciones priístas del municipio oficial de Ocosingo. “El problema no lo provocamos”, sostuvo.

Así se desmiente la versión de fuentes gubernamentales de que hubo un acuerdo entre zapatistas y funcionarios. “Los arreglos que hayan hecho en Santo Tomás y de dar dinero son cosa de ellos”, afirma un miembro de la JBG en el caracol de esta comunidad. Rodeado por unos 15 integrantes de la junta, declara: “la tierra no se va a negociar”.

La mañana del martes pasado unas 150 personas atacaron a un grupo de bases de apoyo zapatistas que trabajaban en el predio Casa Blanca, en el poblado que fue establecido recientemente en tierras que trabajan desde hace 12 años, dentro del municipio autónomo San Manuel. En el enfrentamiento resultó muerto un miembro de la Aric Unión de Uniones y hubo más de 20 heridos, la mayoría zapatistas. Siete de ellos fueron capturados, encarcelados y torturados en Santo Tomás. A uno lo colgaron de un árbol con la intención de ahorcarlo.

Según la JBG, durante la refriega el hoy occiso Manuel Santiz Clara se disponía a “rematar en la cabeza a un compañero al que ya tenía ahí tirado, macheteado, con su ‘Acapulco’ (como se conoce a los machetes grandes), y otro, que también estaba herido por machetazos, tuvo que defender al compañero que ya iba a morir”.

Añade: “cuando el primero de septiembre trabajaban los compas abriendo el callejón allí donde les pertenece, los de Santo Tomás, que ya de antes los estaban persiguiendo, se organizaron con garrotes y machetes. Los que llegaron atrás echaban bala y también machete. Empezaron los golpes. Como eran más los de la Aric, los compañeros tuvieron que caminar entre grupos que los tenían cercados y los garroteaban y macheteaban, hasta que pudieron salir”.

No obstante, “agarraron a siete compas porque no encontraron salida”. Acompaña a la junta el señor Antonio Ruiz, uno de los detenidos. Tiene grandes hematomas en el rostro. Según la JBG, Antonio narró que lo golpearon y patearon hasta que perdió el conocimiento y despertó en la cárcel de Santo Tomás. Allí amarraron a los presos a unas matas de naranja y Caralampio Álvarez, del grupo agresor, amenazó: “los ‘Ruices’ se van a morir”, en referencia a Antonio y sus tres hermanos. A éste lo obligaron a firmar un papel que no pudo leer, amenazándolo de muerte si no lo hacía.

Para ese momento Antonio “no sabía que había un fallecido”, pero le dijeron que con su firma “aceptaba” entregar tres hectáreas con todo y ganado para la familia “del que resultara fallecido en el enfrentamiento”. Enseguida lo volvieron a amarrar, le quitaron camisa y zapatos, y lo dejaron en un lodazal.

“Un viejito de Santo Tomás trajo una tablita para que pusiera los pies y no estuviera hundido en el lodo. Luego regresó con un pedazo de nailon porque llovía mucho. Poco después, el policía Calixto Gómez se le arrebató y despedazó. A la medianoche volvió y le aventó un balde de agua. Hacía mucho frío. Así lo estuvieron maltratando hasta las cinco de la madrugada, cuando se presentó Cristóbal Méndez Santiz a exigirle que abandonara sus tierras con todo y ganado”.

A las ocho le soltaron las manos y amagaron con que iban a llegar a matar a los presos. “Fue luego cuando llegaron los funcionarios del gobierno, los representantes de las Aric oficial y Unión de Uniones, acompañados por la Misión de Ocosingo, Serapaz y los centros de derechos humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Bartolomé de las Casas”.

A éstos fueron entregados los presos, semidesnudos. “No devolvieron mochilas, zapatos ni relojes. Todo se lo quedaron allí. Los estaban soltando y los golpearon otra vez. Los (de) ‘derechos humanos’ los tuvieron que defender”, subrayó

Acteal y la guerra que todos quisimos evitar
Rafael Landerreche*/La Jornada

“Eran bravos los perros que les mandé; no dejaron a nadie vivo, ni a los niños. Somos bien chingones.” Éstas fueron las palabras con las que Tomás Pérez Méndez, de Los Chorros, celebró el retorno “triunfal” de los paramilitares que acababan de masacrar en Acteal 45 seres humanos pacíficos, desarmados, mujeres y niños en su mayoría.
Su autor acaba de ser liberado por la Suprema Corte que, sin preguntarse siquiera si era culpable, le concedió un certificado de impunidad para que ya nunca pueda ser juzgado por ese delito.

Es claro que cualquier ser humano normal se hubiera detenido a averiguar algo sobre esta historia de horror antes de dejar libre a un responsable que ha sido claramente señalado por los testigos. Pero uno deja de ser un ser humano normal cuando percibe más de 300 mil pesos mensuales. El ministro José Ramón Aguirre (que percibe un poco más que eso) afirmó que la prioridad de la Corte tenía que ser analizar “la violación de las formalidades… de la técnica jurídica” (sic). Lo demás no son más que “intuiciones personales o subjetivas” (resic). Así tiene que ser, argumentó el ministro, porque si no, acabaríamos en la impunidad y en la ausencia de estado de derecho. Faltaba más. Dicho lo cual, el ministro se retiró muy satisfecho a gozar de sus bien ganados emolumentos. Como cantó Óscar Chávez en Oventic hace unos años: “Su monólogo el gobierno / nada mas él se lo cree / y se lleva su cuaderno / y en su palacio lo lee”.

Normalmente cuando una persona traiciona la verdad no es por no decir lo que ve, sino por negarse a ver más allá de lo que quiere ver. Todos hemos cometido alguna vez ese pecado, pero hay quienes tienen a la mano elaboradas y muy profesionales justificaciones para su ceguera voluntaria. Los ministros de la Corte son expertos en ello. Es prácticamente su modus operandi. Lo aplicaron también al caso de Lydia Cacho para no ver la realidad de la red de pederastia que estaba detrás del caso. Dijeron que eso era irrelevante para su trabajo. Conclusión: la realidad es irrelevante para los ministros y los ministros son irrelevantes para la realidad.

Así pues, no ver el contexto en el que se dio la matanza de Acteal significa necesariamente adoptar una postura falsa sobre la masacre. El contexto en el que se dio Acteal fue el del levantamiento zapatista y la respuesta contrainsurgente que dio el gobierno. Esto ya se ha dicho muchas veces y es profundamente verdadero. Pero en este contexto falta una pieza que parece totalmente olvidada y sin embargo es fundamental para acabar de entender, no sólo lo que pasó en Acteal en diciembre de 1997, sino lo que está pasando ahora en el país. Esa pieza es la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas.

Aunque la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas nunca ha sido tan taquillera como los acuerdos de San Andrés, es justo y necesario recordarla por varias razones.

Primero, porque constituye un caso excepcional, quizás único en el mundo. Un grupo guerrillero declara la guerra al gobierno, el gobierno contrataca y la sociedad se moviliza para decir que quiere la paz, pero una paz que tome en cuenta las justas demandas de los alzados en armas. A continuación el pueblo da a su gobierno el mandato de resolver el conflicto mediante el diálogo. Segundo, porque si alguna vez la voluntad popular ha sido más que un mito fue en esa ocasión en que de todas las clases sociales surgió el clamor que rechazaba el uso del Ejército contra los mexicanos más pobres y marginados y pedía una paz con justicia y dignidad. Y tercero, porque por una vez, quizá la única vez en nuestra historia reciente, las instituciones realmente funcionaron. Los partidos políticos y el Congreso de la Unión respondieron a la altura de las circunstancias. La voluntad popular se convirtió en ley. Es importante recordar eso en estos momentos de total descrédito de los partidos políticos porque ésa fue la última vez que los partidos realmente representaron los sentimientos de la nación.

De hecho, el descrédito de las instituciones, hoy tan cruelmente evidente, data de ese momento crucial, más que de las elecciones de 2006 y antes aún que del rechazo a la iniciativa de la Cocopa para legislar los acuerdos de San Andrés.

Porque, como acaba de recordar Jaime Martínez Veloz, actor de aquella original Cocopa, mientras una ley con toda la legitimidad que cabe pedir a una ley sentaba las bases para una solución pacífica, desde las profundidades “de las cañerías gubernamentales” se iba fraguando una estrategia para burlar la ley y la voluntad popular. Así se fue desplegando, paralelamente al proceso de diálogo, el proceso de contrainsurgencia: la formación de los paramilitares, la política de aislamiento del EZLN y la destrucción del tejido social. Cada vez que había un avance en el diálogo surgía en algún lugar un sabotaje o una provocación. En vez de paz con justicia y dignidad, la administración del terror para conservar el poder.

En una confesión de parte mucho más significativa que las supuestas confesiones de paramilitares sobre las que construyó sus fantasías acerca de Acteal, Aguilar Camín escribió que las autoridades no podían actuar abiertamente “por la ley de Concordia y Pacificación” (sic); por eso “decidieron no contener [...] al otro bando y hasta ayudarlo”. El “otro bando” es naturalmente un eufemismo para los paramilitares. (Ver Nexos, nov. 2007, pág. 65.) Claro que el vocero de los que nunca quisieron aceptar la ley para el diálogo se queda corto, pero su confesión es suficiente para acreditar que el gobierno, estatal y federal, “ayudó” a los asesinos de Acteal.

Acteal es la consecuencia terrible pero lógica y natural de la decisión de los poderes de facto de no acatar la voluntad popular que exigía diálogo, no guerra. Encontrar a los verdaderos culpables de la matanza de Acteal implica encontrar a los responsables de la debacle en la que está México; del descrédito de las instituciones políticas y judiciales, de la ruptura del tejido social, de la creciente militarización. Por eso no serán juzgados mientras no haya un gobierno que se libre de la tiranía de esos poderes.

* Ex miembro del Frayba y educador en el municipio de Chenalhó

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