Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de septiembre de 2009

GOBIERNO FEDERAL

Arreglados, 80 de 126 conflictos sociales: SG

De 126 conflictos sociales registrados por la Secretaría de Gobernación (SG) de septiembre de 2008 al 31 de agosto pasado han sido “solucionados” 80, es decir, hay “66 por ciento de efectividad”, considera la dependencia, cuyo titular es Fernando Gómez Mont. Sin embargo, hasta el momento la SG no ha podido establecer comunicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pese a que existe una estructura burocrática que tiene ese objetivo, denominada Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (CDNCH), derivada del conflicto iniciado en 1994 con la irrupción pública del EZLN. (La Jornada. Se anexa)

EZLN

Denuncia La Garrucha agresión de Aric y Opddic contra zapatistas de Santo Tomás

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, que “la Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, en la selva tzeltal, dio a conocer su versión de los hechos de violencia ocurridos el día primero de septiembre en el municipio autónomo San Manuel. La JBG sostiene que las bases zapatistas sufrieron una “nueva agresión” de miembros de las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (Aric) llamadas Oficial e Histórica (o Unión de Uniones) de Santo Tomás, Ocosingo, y sus aliados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). (La Jornada, Cuarto Poder, Expreso Chiapas. Se anexa)

Situación en Mitzitón no es foco rojo, dicen

La situación en la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas no está considerada como "foco rojo", sino como "una situación a la que se le debe de dar atención", afirmó el subsecretario de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Enrique Ramírez Coronado, quien aseguró que en ese lugar prevalece una "relativa calma social". Informó que las autoridades estatales están en contacto todos los días con los dos grupos de Mitzitón, "viendo qué hace falta de relación, de comentarios y creo que se está manejando adecuadamente". El funcionario estatal recordó que las autoridades de Mitzitón no asistieron a la reunión programada para el pasado jueves en Tuxtla Gutiérrez. "Dijeron que no se presentaron porque hasta la fecha el gobierno no ha detenido a ninguna persona relacionada con el atropellamiento" de Aurelio Díaz Hernández, ocurrido el día 21 de julio, aseveró. Añadió que por esos hechos existe una averiguación previa abierta y la encargada de llevar a cabo las acciones correspondientes es la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Cuarto Poder)

Aseguran católicos que no es oposición…

Indígenas católicos de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña del EZLN, rechazaron que se opongan al diálogo con su contraparte evangélica, en la búsqueda de un acuerdo para calmar los ánimos en la comunidad. Según ellos no existen las condiciones adecuadas para entablar comunicación con sus oponentes a quienes acusan de paramilitares ligados a actividades como el tráfico de indocumentados. Esa es la principal razón del porqué los evangélicos apoyan la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque el ambicioso proyecto que ha enrarecido el ambiente en la comunidad. Los adherentes aseguran que continuarán su lucha contra el proyecto que sigue en marcha porque les arrebatará tierras de cultivo y sobre todo dañará el medio ambiente de la región. El dirigente evangélico Esdras Alonso de la Iglesia Alas de Águila dijo que también se retiraron de la mesa de diálogo por la falta de interés de los católicos para concretar un acuerdo de paz. Exigió a los simpatizantes del EZLN y las organizaciones que los apoyan a que cesen su hostigamiento y persecución en contra de los protestantes para buscar una solución al conflicto. La situación en la aldea se enrarece cada días más porque ambos grupos continúan sus acusaciones mutuas, en tanto que los representantes del gobierno del estado en la zona no han logrado calmar los ánimos encendidos que podrían desembocar en un nuevo enfrentamiento. Los adherentes a la Otra Campaña advierten que no permitirán la detención de algunos de sus compañeros que supuestamente están en la mira de las autoridades para su detención. (Expreso Chiapas)

Ejidatarios de Mitzitón denuncian que “no cooperantes” trafican con indocumentados

Hermann Bellinghausen escribe desde Mitzitón, San Cristóbal de las Casas, que hombres vestidos con pantalón tipo militar camuflado y camisa roja, miembros del Ejército de Dios, al cual pertenece el grupo de evangélicos “no cooperantes” de la comunidad, llegaron esta mañana a cubrir zanjas y quitar cadenas, puestas por acuerdo de asamblea de los ejidatarios en algunos caminos de Mitzitón. Los ejidatarios, adherentes de la otra campaña, se abstuvieron de intervenir “para no caer en la provocación”. El comisariado ejidal declaró: “Nuestro acuerdo se tomó para evitar que se siga traficando en nuestro territorio, o que vayan a atropellar o agredir de nuevo a cualquiera de los habitantes de nuestra comunidad”. La autoridad del ejido expone: “El problema no es por diferencias internas, como lo quiere manejar el mal gobierno. Los no cooperantes son delincuentes, traficantes de hermanos indocumentados. El gobierno lo sabe desde hace más de 10 años y no ha hecho más que encubrirlos. Nuestra asamblea acordó privarlos de sus derechos porque no respetaron ni nuestros acuerdos ni la ley”. Ahora, añaden, “quieren negociar nuestras tierras para dejar pasar la autopista San Cristóbal-Palenque, pero que quede claro que ellos ya no tienen ningún derecho en nuestra comunidad”. El gobierno estatal “nos quiere sentar a dialogar con los delincuentes que mataron a nuestro compañero”, quienes “no respetan diálogo ni acuerdos de la asamblea, ni trabajos de la comunidad, ni las cooperaciones para los trabajos”. Por último, exigen al gobierno “la salida inmediata de los paramilitares asesinos de esta comunidad”. (La Jornada)

ACTEAL

Los ministros de la Corte deben ir a juicio político, estima Raúl Vera

Por infligir un “daño a la nación al haber vulnerado el estado de derecho y haberse puesto del lado de la impunidad” en el caso Acteal, los cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron en favor de inculpados por la masacre deben ser sometidos a “juicio político” por la 61 Legislatura, estimó Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila. Al participar en la mesa redonda Interculturalidad y derechos humanos: caso Acteal, el prelado deploró que los ministros hayan determinado amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenaran la libertad de 20 de ellos, involucrados en la matanza de 45 tzotziles, entre los cuales había mujeres y niños, en Acteal, en diciembre de 1997. Vera López indicó que lo determinado por la SCJN “enerva” porque no puede ser que hayan actuado como “defensores de estos paramilitares” y con ello intentar “quitar al expediente la verdad” de lo que ocurrió y de quienes realmente fueron los promotores de la masacre. Pablo Romo Cedano, coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social de Servicios y Asesoría para la Paz, expresó que con estas actuaciones la SCJN lo que hace es “perpetuar la impunidad”, debido a que “es evidente, ya que responden a intereses no ligados a la justicia, sino a los tecnicismos jurídicos”. (La Jornada)

CHIAPAS

Integran consejo civil de seguridad

En evento protocolario el gobernador Juan Sabines Guerrero tomó la protesta de ley a los integrantes del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), considerado el órgano responsable de escuchar las opiniones y planteamientos que emitan los representantes de los diversos sectores sociales, así como de fomentar la cultura de la prevención, la denuncia, legalidad y el Estado de Derecho entre todos los chiapanecos. Agregó que no estamos exentos, por lo que es responsabilidad de todos el seguir haciendo que Chiapas siga ocupando a nivel nacional, los primeros tres lugares en materia de seguridad, como un reflejo que sociedad y gobierno están haciendo su parte, amén del Consejo de Participación Ciudadana de la PGJE, como el que ahora queda instalado de cara a la sociedad chiapaneca. (Cuarto Poder, Heraldo de Chiapas)

ASUNTOS INDÍGENAS

Exigen sanciones en el caso Jacinta

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que con la excarcelación de Jacinta Francisco Marcial, indígena acusada de secuestro, significa un acto de justicia, pero no debe olvidarse la sanción a los funcionarios responsables de este hecho. “Quedan pendientes las sanciones a los responsables de haber tenido a Jacinta injustamente presa durante tres años, es decir, cómo se le va a reparar el daño. También queda pendiente cómo el Estado mexicano y la PGR van a garantizar estos hechos para que no se vuelvan a repetir”, señaló Arriaga.  Sin embargo, no se mencionó a las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas acusadas del mismo secuestro y sentenciadas con las mismas pruebas. El defensor de los derechos humanos dijo que se presupone también la excarcelación de las indígenas, “pero nos preocupa que la PGR sólo haya mencionado a Jacinta, que es una acción que debe ser extendida a Teresa y Alberta”. (El Universal, Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Flexibilidad Política

Fredy López Arévalo escribe en su columna Desde Los Altos que “una muestra de flexibilidad política es la que dieron los dirigentes estatales de la ORCAO y la UNORCA, y sus afiliados del nuevo centro de población Jet-já, en el municipio de Ocosingo, al aceptar reubicarse a otro lugar antes de seguir confrontándose con quienes fueron sus antiguos compañeros de lucha: los zapatistas del municipio autónomo Moisés Ghandi.” (Expreso Chiapas. Se anexa)

El fallo de la Corte en el “caso Acteal”

Xochitl Leyva Solano menciona en su artículo que “la controvertida decisión emitida por la SCJN el pasado 12 de agosto en torno al caso Acteal ha generado un acalorado debate. Para reforzar estas argumentaciones quisiera agregar dos aspectos más: uno relativo a la contrainsurgencia en Chiapas y otro referente a la dimensión mundial de la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas.” (La Jornada. Se anexa)

Cárcel para Ernesto Zedillo

Jesús Belmont Vázquez subraya en su columna Líderes Políticos que “ya son muchas las voces que están pidiendo que el ex presidente Ernesto Zedillo y quien fungía como gobernador de Chiapas cuando la matanza de Acteal, Julio César Ruiz Ferro, sean llamados por la justicia para que paguen por haber manipulado los expedientes como lo comprobó la Suprema Corte.  Ambos personajes han guardado silencio ante las atrocidades que solaparon en la integración de las averiguaciones del caso Acteal y deben ser los primeros que paguen por haber permitido que se enturbiara un proceso que por la magnitud de los hechos demandaba transparencia, legalidad y compromiso con la verdad. Zedillo y Ruiz Ferro son tan culpables como los criminales que aquel diciembre de 1997 jalaron los gatillos.” (Cuarto Poder)

Agresión contra “los comunitarios”

Gloria Muñoz Ramírez destaca en su columna Los de Abajo que “a un mes de celebrar su 14 aniversario, la policía comunitaria de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, una de las experiencias autonómicas más importantes del país, fue nuevamente víctima de un atropello protagonizado por el Ejército mexicano, cuyos miembros adscritos al municipio de Cruz Grande detuvieron a 12 de sus agentes, incluido el presidente del Consejo de Vigilancia de Marquelia, a quienes acusaron sin pruebas de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). La violencia en Guerrero, como la ha descrito Francisco Monroy Hernández, activista de derechos humanos del Taller de Desarrollo Comunitario, se debe a la militarización de la entidad. Además de que, como sucede en el resto de las comunidades indígenas, en este estado toda experiencia autónoma es criminalizada. La detención de 12 de sus integrantes, seis de los cuales fueron liberados en las horas siguientes y el resto bajo una fianza de 100 mil pesos, es un acto inadmisible que se suma a la cadena de arbitrariedades con las que se pretende reprimir e intimidar al movimiento social.” (La Jornada)

TEXTOS

Arreglados, 80 de 126 conflictos sociales: SG
Fabiola Martínez/La Jornada

De 126 conflictos sociales registrados por la Secretaría de Gobernación (SG) de septiembre de 2008 al 31 de agosto pasado han sido “solucionados” 80, es decir, hay “66 por ciento de efectividad”, considera la dependencia, cuyo titular es Fernando Gómez Mont.

Sin embargo, hasta el momento la SG no ha podido establecer comunicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pese a que existe una estructura burocrática que tiene ese objetivo, denominada Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (CDNCH), derivada del conflicto iniciado en 1994 con la irrupción pública del EZLN.

“El grupo armado mantiene resistencia a cualquier acercamiento con las instituciones gubernamentales. La CDNCH buscó establecer comunicación y contacto directo con la dirigencia del EZLN, el cual sigue manteniendo su decisión de no dialogar con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, se dice desde Bucareli.

Gobernación es la dependencia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Además, debe contribuir al cumplimiento de los compromisos gubernamentales del Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, desde el comienzo de este sexenio ha adjudicado a la negativa del grupo armado la imposibilidad de restablecer el diálogo para cumplir con la norma mencionada. En cambio, en el apartado de “negociación” del tercer Informe de la administración calderonista asegura que existe “falta de interés de la autodenominada dirigencia zapatista”.

Pese a lo anterior el Gobierno Federal asegura que se está construyendo una nueva relación de los pueblos indios con el Estado mexicano, mediante la participación de los habitantes en los planes de desarrollo.

Es decir, admite que no ha podido establecer comunicación con los mandos del EZLN pero sí con sus bases, durante 104 “recorridos de trabajo” –de septiembre de 2008 a agosto de 2009– en comunidades zapatistas.

En tanto, de los conflictos atendidos 30 se refieren a asuntos del campo, seis al sector educativo, dos a gobiernos estatal y municipal, 12 laborales y 23 “asuntos sociales”.

Denuncia La Garrucha agresión de Aric y Opddic contra zapatistas de Santo Tomás
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de septiembre. La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, en la selva tzeltal, dio a conocer su versión de los hechos de violencia ocurridos el día primero de septiembre en el municipio autónomo San Manuel. La JBG sostiene que las bases zapatistas sufrieron una “nueva agresión” de miembros de las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (Aric) llamadas Oficial e Histórica (o Unión de Uniones) de Santo Tomás, Ocosingo, y sus aliados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Según información gubernamental, allí perdió la vida Manuel Santiz Clara, de la Aric-UU.

La JBG refiere que el 28 de julio, las dos fracciones priístas de la Aric del ejido Santo Tomas decidieron tomar el predio Casa Blanca, 200 hectáreas recuperadas en 1994 que trabajan las bases de apoyo zapatistas. Esos grupos ingresaron al predio, diciendo “que la tierra es de ellos, mientras que nuestros compañeros no están provocando nada”. El día 30 llegaron 150 personas con machete, palos y piedras, y a partir de entonces las bases zapatistas “no hicieron nada más que resistir”.

Casi un mes después, el 25 de agosto, los ariqueros “quebraron patas de nuestras vacas”, y dejaron ciega a una de ellas, señala la JBG. “Ya no dejaron de amenazar, siempre están tomando trago y fumando marihuana y con esto tienen más valor para amenazar, y entraron en el nuevo poblado con machete”, encabezados por César Ruiz Mendoza.

El día 26 “llegaron 30 personas a provocar porque nuestros compañeros estaban construyendo sus casas” y trataron de impedirlo, mandando llamar más gente. Llegaron 150 hombres, mujeres y niños con machete, palos y piedras. “Primero mandan a las mujeres para provocar el enfrentamiento, aprovecharon que los compañeros sólo eran 60 y dejaron golpeados a dos, destruyeron el techo de lona, robaron herramientas, barretones, cuerdas para medir, horcones. En la refriega, dijo Caralampio Álvarez Gómez (de Opddic) que seguirán con su provocación” y que “a traición tendrán que acabar a los compañeros”.

Los dirigentes de las Aric se decían dispuestos a dialogar, “pero nunca dejaron de provocar”, pues los dirigentes “no tienen control de sus gentes y así no se puede dialogar”.

A principios de agosto los oficialistas se reunieron en Las Tazas, y acordaron “publicar en los periódicos que ellos buscan soluciones con diálogo, (pero) esto es sólo cara afuera”. En los hechos, añade la JBG, “los dirigentes de Opddic en San Jacinto, Jorge Jiménez Pérez, y Rancho Primavera, Manuel Hernández Jiménez, llegaron a ofrecer en Santo Tomás gentes y armas para hacer lo que sucedió el primero de septiembre”.

Mientras los dirigentes hablaban de diálogo, “nunca se molestaron” en acudir a la JBG, hasta que fue “demasiado tarde”. El día primero de septiembre, unos 50 zapatistas trabajaban abriendo el lindero “y los de Santo Tomás aprovecharon que son pocos los compañeros”. Un grupo de 15 personas “tapó” donde trabajaban los zapatistas, “mientras los otros estaban rodeando y con señal de un silbato y corneta tomaron posición, y los compañeros no pudieron retirarse; trataron de salir pero fueron encontrando los cercos”. En el enfrentamiento cayeron ocho zapatistas heridos de machete y palos y fueron perseguidos hasta en sus casas.

Siete quedaron detenidos. Uno de ellos “totalmente golpeado y herido de machete, no sabemos si sobrevive”. Estuvieron detenidos 26 horas; declaran que fueron torturados y uno tiene marcas en el cuello, “donde lo colgaron”. En la cárcel los bañaron de agua, los estuvieron picando con machete y encañonaron su garganta; “los hicieron correr sin zapatos, los hicieron firmar con los ojos vendados, fueron torturados sicológicamente cortándoles sus testículos”.

La JBG responzabiliza a los gobiernos federal, estatal y municipal de Ocosingo, “porque saben que la tierra está recuperada desde 1994 y la están entregando para que precisamente sucedan estos hechos”. El “plan de contrainsurgencia” se reveló con la llegada de 35 policías, “para encarcelar y torturar a nuestros compañeros detenidos; por supuesto no lo permitimos”. Llegaron helicópteros “a provocar más el enfrentamiento sabiendo que estaba tenso el problema”.

La JBG identifica como líderes del grupo agresor en Santo Tomás, “meros provocadores”, a César Ruiz Mendoza, Jacinto Hernández Gómez, Feliciano Ruiz Santiz, Francisco Clara Méndez, Mario Ruiz Santiz y Juan López Gómez. Y los de Opddic son Caralampio Álvarez Gómez y Mariano Ruiz Toledo, entre otros. Este jueves acusaron a los zapatistas de robar vacas, caballos y rollos de alambre. “Es totalmente falso”, sostiene la JBG.

Flexibilidad Política
Fredy López Arévalo/ Desde Los Altos/Expreso Chiapas

Una muestra de flexibilidad política es la que dieron los dirigentes estatales de la ORCAO y la UNORCA, y sus afiliados del nuevo centro de población Jet-já, en el municipio de Ocosingo, al aceptar reubicarse a otro lugar antes de seguir confrontándose con quienes fueron sus antiguos compañeros de lucha: los zapatistas del municipio autónomo Moisés Ghandi.

Son 45 las familias pertenecientes a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO-UNORCA) que hace apenas unas cuantas semanas fueron desplazados por los zapatistas de Moisés Ghandi de los predios Bosque Bonito, La Codicia y Nuevo Oxchuc, en el municipio de Ocosingo, y que ayer firmaron un acuerdo con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en la Sala Chiapas, en el Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, donde aceptan un acuerdo mediante el cual renuncian a las 153 hectáreas en disputa, para abonar a la gobernabilidad de Chiapas, dejando a los zapatistas de Moisés Ghandi la posesión de de los predios Bosque Bonito, La Codicia y Nuevo Oxchuc, zanjando así un conflicto intracomunitario que había causado enfrentamientos violentos.

Firmaron el acuerdo de gobernabilidad los representantes del nuevo centro de población Jet-já, Jaime Santís Velazquez, Pedro López Gómez y Alonso López Velazco, además del coordinador estatal de la UNORCA, Nicolás López Gómez, y José Pérez Gómez, coordinador de la ORCAO.

Ambas organizaciones dieron una muestra de civilidad y flexibilidad política para zanjar un problema político que estaba latente desde hacia varios meses, y que el 1 de agosto de este año provocó que alrededor de 150 bases de apoyo del EZLN, procedentes del Caracol Torbellino de Nuestras Palabras ubicado en el ejido Morelia, Altamirano, y municipio autónomo rebelde Che Guevara, arribaran al poblado Jet-ja en un camión de tres toneladas para ocupar dicho poblado que se encontraba en posesión de 45 familias militantes de la ORCAO, quienes se replegaron para evitar confrontarse con los milicianos del EZLN.

Ese día a las seis y media de la mañana, el grupo de zapatistas procedió a distribuirse en todo el poblado Jet-ja para ocupar algunas casas habilitadas como dormitorios y cocinas, así como las viviendas que estaban ocupadas por 16 familias orcaistas, casas que fueron destruidas en su totalidad, realizando el retiro de láminas, madera y enseres domésticos que fueron concentrados en los terrenos de ese lugar, mientras sus moradores solo observaban tristes como sus viviendas eran derribadas por los zapatistas.

Entonces los integrantes de ORCAO decidieron establecer un bloqueo-boteo para obtener recursos y buscar un lugar donde pernoctar, debido a que sus propiedades se encontraban en manos de los zapatistas, utilizando para ello tablas con clavos y repartiendo un volante donde daban a conocer los pormenores de los hechos que se estaban llevando a cabo.

La ORCAO denunciaba: “Damos a conocer a nivel internacional sobre el desalojo violento implementado por la gente de Moisés Gandhi, sede del MAR “Che Guevara” conjuntamente con la junta de buen gobierno del ejido Morelia, por lo que lamentamos estas acciones negativas que no tienen sentido humano”.

Las tierras en disputa fueron adquiridas por el gobierno del estado vía fideicomiso en 1995.
Según los indígenas despojados “estos hechos quedarán en la historia negra de las acciones de los zapatistas, quienes no sienten la hermandad como gentes pobres y campesinos que somos, toda vez que aún hablan de regresarles las tierras a los pobres como lo manifestaron en el Primer Festival de la Digna Rabia, siendo que todo esto es falso y es una vergüenza las mentiras zapatistas quienes se han visto como verdaderos agitadores y provocadores que no sienten el dolor de nuestra gente”.

“Solicitamos al Subcomandante Marcos que controle a su gente y que se eviten estas acciones de destrucción y desalojo de campesinos e indígenas en los poblados de Chiapas, señalaron”, clamaron.

Luego de la ocupación zapatista, el poblado Jet ja quedó devastado. Un total de 48 chozas indígenas fueron derruidas y en el lugar únicamente se observaba el ir y venir de los simpatizantes zapatistas.

Yo me hago una pregunta: ¿Por qué el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas no registró este evento en su página web? ¿Por qué no hizo eco de la denuncia de los integrantes de la ORCAO y la UNORCA? ¿Será que también los integrantes de la ORCAO y la UNORCA son “paramilitares”?

El fallo de la Corte en el “caso Acteal”
Xochitl Leyva Solano/La Jornada

La controvertida decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de agosto en torno al caso Acteal” ha generado un acalorado debate que, por ejemplo, se está librando tanto en las comunidades indígenas como en los medios masivos y alternativos de comunicación. Ya varios/as articulistas colaboradores/as de este periódico han señalado que la masacre de Acteal tendría que ser vista (analizada, juzgada) en un contexto de guerra que no acaba y que sigue vivo en formas varias en Chiapas (y no sólo ahí). Por su parte, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre (agrupados en la Organización Sociedad Civil Las Abejas), varias ONG e intelectuales han dado elementos para argumentar que se trata de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad por el que sus autores intelectuales deberían ser juzgados y castigados. Para reforzar estas argumentaciones quisiera agregar dos aspectos más: uno relativo a la contrainsurgencia en Chiapas y otro referente a la dimensión mundial de la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas.

El contexto de guerra, la contrainsurgencia y la masacre de Acteal. Ya el analista Miguel Ángel Granados Chapa ha señalado (el 16 de agosto) cómo los ministros de la SCJN, quienes emiten el referido fallo, carecen de una visión panorámica de los hechos y se quedan en la reflexión puramente jurídica. De hecho, una investigación seria, profunda, que comprendiera todas las complejidades del caso, requeriría ver la masacre de Acteal como uno de los momentos más álgidos de las políticas contrainsurgentes lanzadas desde el poder después de 1994 para acabar no sólo con los zapatistas, sino con sus simpatizantes y posibles aliados (fueran éstos organizaciones, individuos, nacionales o internacionales). Otros momentos álgidos de la contrainsurgencia que hemos vivido en Chiapas ocurrieron en febrero de 1995; en los operativos policiaco-militares lanzados para desmantelar los municipios autónomos zapatistas; en la política autoritaria y clientelar que llevó a la promoción y creación (entre 1998 y 1999) de siete nuevos municipios que buscaba debilitar y aniquilar la estrategia política-territorial autónoma zapatista. A lo que habría que agregar la ola de terror que sembraron en distintas regiones de Chiapas varios grupos paramilitares, por citar el más sonado, el de Paz y Justicia, que hizo de las suyas sobre todo en la región norte.

De la contrainsurgencia también se ha estudiado y denunciado hasta el cansancio la forma en que operó y opera lo que Armando Bartra llama el desarrollismo contrainsurgente, es decir, ese montón de dinero canalizado a través de proyectos y programas gubernamentales, que lanzados en un contexto de conflicto político-militar no resuelto, se vuelven una bomba molotov que sigue confrontando y polarizando a los miembros de las comunidades indígenas y de la sociedad civil chiapaneca en general. Podría seguir enunciando muchos más rasgos de la contrainsurgencia (cooptación por parte del gobierno a líderes y organizaciones, persecución y hostigamiento a los luchadores sociales, etc., etc.), pero me quedo aquí, con la finalidad de volver al punto: repetirles desde Chiapas a los magistrados de la SCJN que la masacre de Acteal es parte de un engranaje de guerra en donde los afectados (agredidos, atacados) han sido principalmente el EZLN, las bases zapatistas, Las Abejas (como popularmente les llamamos), así como activistas y miembros de organizaciones y movimientos que han denunciado sistemáticamente lo que pasó y pasa en Chiapas.

La lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas. Me gustaría señalar también que cuando los miembros de Las Abejas exigen esclarecer la masacre, conocer la verdad y llevar a juicio a los autores intelectuales de la misma, no lo hacen como una voz perdida en el desierto.

Por el contrario, su voz es una en un concierto de voces que a escala mundial claman por “justicia con dignidad”, como ejemplo véase la Columna de la Infamia, monumento erigido en 1999 por el artista danés Jens Galschiot a la entrada del poblado de Acteal, con la finalidad de que el mundo no olvide, como sus promotores afirmaron: “las grandes injusticias… efectuadas contra la humanidad”. Recientemente, en el ámbito continental, el reclamo de Las Abejas formó parte de las denuncias del primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad, celebrado el 20 y 21 de junio en el caracol IV zapatista llamado Torbellino de nuestras palabras. A nivel más cotidiano, Las Abejas como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y desde la otra campaña dan vida, junto con otros individuos, colectivos, organizaciones y movimientos a las redes altermundistas y anticapitalistas. En otras palabras, Las Abejas como los zapatistas no están solos.

Para cerrar sólo quisiera mencionar que en Chiapas es común que ciertos actores políticos locales se vuelvan parte de las elites políticas nacionales, así, por ejemplo, tuvimos un gobernador que se fue de secretario de Gobernación o hemos tenido muchos diputados locales que se van de senadores, etc., etc., pero lo que estamos viviendo ahora va en el sentido contrario: los ministros de la SCJN, con su fallo, se convierten en parte de los actores políticos locales que han contribuido y contribuyen a agrandar la memoria colectiva del agravio que caracteriza la historia de larga y corta duración en Chiapas. Qué lejos estamos de aquel sueño llamado “transición democrática” que alentó a muchos a seguir adelante en la década de los 80 del siglo pasado.

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