Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 4 de septiembre de 2009

EZLN

Se intensifica ola de hostigamientos para frenar protestas por autopista en Chiapas

Hermann Bellinghausen escribe que el ejido tzeltal de Jotolá, en el municipio de Chilón, el cual se opone al paso de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque por sus tierras, o las de sus vecinos de San Sebastián Bachajón, al igual que éste, es agredido y hostigado por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Los representantes del ejido, adherentes de La otra campaña del EZLN, señalan que el grupo local de Opddic “amenaza a las compañeras diciendo que habrá derramamiento de sangre”. (La Jornada. Se anexa)

Evangélicos dejan diálogo

Los evangélicos de la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, informaron que se retiran de la mesa de diálogo convocada por el gobierno estatal para tratar de encontrar una solución al conflicto que mantienen con la mayoría de ejidatarios católicos tradicionalistas, adherentes de La otra campaña. El pastor Esdras Alonso González, de la Iglesia Alas de Águila, dijo que se retiran debido a que por tercera ocasión la contraparte no se presentó a la reunión programada en Tuxtla Gutiérrez con las autoridades estatales. Afirmó que ante la falta de respuesta del gobierno, bajo su "cuenta y riesgo", los protestantes retirarán las cadenas con las cuales desde hace más de un mes los católicos tradicionalistas han bloqueado los caminos de acceso a sus casas en la comunidad. (Cuarto Poder)

GOBIERNO FEDERAL

Descarta Gómez Mont estallido social; hay “clara vocación por vivir en paz”

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo un llamado a todos los políticos a superar inercias y a actuar “más allá de los cálculos propios” para conservar espacios. Al plantearle la posibilidad de que ocurra un estallido social, el funcionario dijo que en México no hay justificación ni condición que explique o dé lugar a una situación de ingobernabilidad o violencia. “La gobernabilidad la construimos todos los días; es clara la vocación de México por vivir en paz y hay espacios en la vida social y pública para discutir las decisiones que tomamos y que nos afectan a todos”, expresó. (La Jornada)

CHIAPAS

No más despojos a indígenas: José del Val

La situación de los pueblos indígenas de México está “de la chingada” por la desigualdad social que prevalece, afirmó en San Cristóbal de las Casas, José Manuel del Val Blanco, Director del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, quien añadió que “siempre hay riesgos de estallidos sociales y si la torpeza con que el Gobierno Federal maneja la conflictividad social continúa va a haber no uno, sino muchos estallidos”. Dijo que en lugar de comprar y despojar de sus tierras a los indígenas para hacer carreteras, el Estado, “lo que hay que hacer es dotar de un proceso de empoderamiento a los pueblos indígenas para que en el proceso de desarrollo sean partícipes, socios, y, por ejemplo, si una carretera va a pasar por su territorio que no les compren los terrenos, mejor que los hagan socios del negocio. Basta de despojar para desarrollar”. Aunque no lo mencionó, la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque es un proyecto que ha encontrado oposición de varias comunidades. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Exonera la PGR a la indígena Jacinta Francisco, presa desde agosto de 2006

A poco más de tres años de encarcelamiento y un mes después de haber sido considerada “prisionera de conciencia” por Amnistía Internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “presentará conclusiones no acusatorias” en el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada injustamente de ser presunta responsable del delito de “privación ilegal de la libertad” en contra de seis agente federales, por lo que inicialmente fue sentenciada a 21 años de prisión. Luego de muchas críticas de organizaciones no gubernamentales y de organismos defensores de derechos humanos a la actuación del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro, un tribunal unitario ordenó la reposición del juicio y, por ello, la PGR dio a conocer que no mantendrá sus acusaciones contra Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada desde el mes de agosto de 2006. (La Jornada, Excélsior, Reforma, Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal, ¿el último clavo?

Jorge Camil escribe en su artículo que “Nos hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad. Tras el triunfo aplastante del PRI (el partido que encubrió a los paramilitares de Chiapas), la primera sala de la Suprema Corte amparó y liberó a 20 de los implicados en la matanza de Acteal. De nuevo, el tecnicismo jurídico y la letra de la ley sobre la verdad histórica y el impacto social. No ha llegado aún a nuestro máximo tribunal la filosofía del verdadero significado de la división de poderes que prevalece en el sistema constitucional de Estados Unidos, del cual tomamos nuestra forma de gobierno. Mientras allá la corte suprema ha sido bastión de las garantías constitucionales, pero también motor de desarrollo social, de igualdad y democracia, nuestra Corte continúa atrapada entre las telarañas del poder y la tentación kelseniana: ¡la letra de la ley por encima de todo! En esa vena, la Corte amparó a paramilitares que fueron identificados por familiares y sobrevivientes, y que hoy transitan en libertad. El controvertido fallo llegó siete días antes de que se revelaran documentos secretos de inteligencia militar en Estados Unidos (www.gwu.edu/~nsarchiv/), los cuales confirman lo que han venido diciendo sobre los paramilitares La Jornaday otros diarios, y obras como los testimonios dolorosos de Hermann Bellinghausen (Acteal, crimen de Estado). En el portal mencionado apareció el 20 de agosto de 2009 un documento titulado ‘Rompiendo el silencio: el Ejército Mexicano y la masacre de Acteal de 1997’. Ahí aparece un cable del agregado militar de Estados Unidos en México, confirmando que en 1997 oficiales de inteligencia del Ejército Mexicano supervisaban grupos de paramilitares enquistados en las comunidades de Chiapas donde ocurrió la tragedia. El Ejército les aseguraba armas, impunidad, y protección contra las autoridades civiles. (Eso explica por qué la policía apareció en Acteal muchas horas después de consumada la masacre.) Los grupos de paramilitares, formados en 1994 por instrucciones del presidente Salinas, continuaron operando durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo mandato ocurrió la tragedia. Kate Doyle, encargada del Proyecto México The National Security Archive, dice que solicitó a la Presidencia información sobre Acteal, y que ésta la envió al Archivo General de la Nación, donde encontró una montaña desordenada de archivos y documentos sin clasificar. Frente a esta frustrante falta de interés oficial, el reciente fallo de la Corte pudiera ser el último clavo que selle un crimen de Estado que permanecerá, como tantos otros, perdido en nuestro creciente mar de impunidad. La composición fotográfica de La Jornadadespués del fallo de la Corte (13/8/09) fue desgarradora. Al lado de la joven indígena con el rostro bañado en lágrimas, aparece la imagen de un togado ministro, José Ramón Cossío, cubriéndose la cara con ambas manos: ¿vergüenza”? (La Jornada)

TEXTOS

Se intensifica ola de hostigamientos para frenar protestas por autopista en Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El ejido tzeltal de Jotolá, en el municipio de Chilón, el cual se opone al paso de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque por sus tierras, o las de sus vecinos de San Sebastián Bachajón, al igual que éste, es agredido y hostigado por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Los representantes del ejido, adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señalan que el grupo local de Opddic es encabezado por Juan Cruz Méndez y sus hermanos Rogelio, Guadalupe y Medardo Carmelino, y por Jerónimo Demeza Moreno, quienes “disparan armas de fuego espantando a nuestros compañeros”. A su vez, la señora María Hernández López, de la misma organización priísta, “amenaza a las compañeras diciendo que habrá derramamiento de sangre”.

Los hermanos Cruz Méndez se establecieron en Jotolá tras ser expulsados del ejido Monte Líbano (donde se originó la Opddic, en las cañadas de Ocosingo) “por tráfico de enervantes, asesinato y robos de caballos”, y se aliaron con Demeza Moreno, quien ha participado directamente en las agresiones y despojos contra San Sebastián Bachajón, en la región de Agua Azul. Los ejidatarios identifican a otros trece miembros del grupo que, según sostienen, los amenaza.

La situación conflictiva de Jotolá se asocia no sólo geográficamente con la de San Sebastián. Ambos ejidos tienen “presos políticos”. Del segundo ejido permanecen en el penal El Amate Jerónimo y Antonio Gómez Saragos. El preso de Jotolá es el profesor Manuel Aguilar Gómez, fundador del ejido. Existen además órdenes de aprehensión contra Ricardo Sánchez Luna, Alberto Méndez López, Isabel Moreno Miranda y Pascual Sánchez Pérez. La policía judicial ronda Jotolá y varias veces ha intentado capturarlos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), “el grupo de corte paramilitar de Opddic sistemáticamente acusa con falsedad a bases de apoyo del EZLN y adherentes de la otra campaña como parte de su estrategia de hostigamiento y despojo del territorio”. De este modo, levantó cargos contra Aguilar Gómez, “con la finalidad de acaparar tierras ejidales donde dicho grupo violento es minoritario”. El profesor está preso en el penal de Ocosingo desde noviembre.

En una comunicación conjunta de tres ejidos de la otra campaña opuestos a la autopista (Mitzitón, Jotolá y San Sebastián Bachajón) expusieron el 20 de agosto: “El mal gobierno nos amenaza para despojarnos de nuestros territorios y tierra para trazar sus malos proyectos neoliberales que nada nos beneficia como pueblos indígenas”. Convocaron “a todos los pueblos que van a ser afectados por las malas políticas del gobierno a que se organicen y luchen para que esa carretera no pase por nuestros territorios”.

Cabe recordar que el 11 de agosto se presentaron en Jotolá Carlos César Santiago Ángel, delegado de gobierno en Chilón, y su operador Luis Herminio Gómez Pérez. “Nos fueron a provocar con malas palabras cuando estábamos en una reunión de autoridades de San Sebastián Bachajón y Jotolá. Nadie los invitó pero se metieron a dar una palabra de mentira, que no les interesaban nuestros presos políticos y sólo querían saber si teníamos armas”.

Ante esta “mala actitud”, y “por acuerdo”, fueron retenidos. Los indígenas dijeron al gobierno que entregarían a los “malos funcionarios” a cambio de la libertad de sus presos. El gobierno ofreció dialogar y los indígenas liberaron a los funcionarios. Se acordó un encuentro, pero la delegación gubernamental no se presentó. “Comprobamos que al mal gobierno no le gusta el diálogo sino la guerra, mandar a sus ejércitos, policías y paramilitares a morder a nuestro pueblo.”

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