Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 19 de septiembre de 2009

EZLN

Agreden integrantes de la Opddic a ejidatarios adherentes a la otra campaña

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas que “esta mañana, después de reunirse en ‘asamblea’ con elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), unos veinte miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en Jotolá (municipio de Chilón) agredieron a golpes y tiros a ejidatarios de Jotolá y San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Resultó herido de bala el joven tzeltal Carmen Aguilar Gómez, de San Sebastián, y con golpes severos el abogado Ricardo Lagunes Gasca, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC). Los ejidatarios se encontraban en la casa ejidal de Jotolá, organizándose para pintar el letrero que identifica al poblado como parte de la resistencia (el anterior había sido destruido por los de Opddic hace una semana), cuando fueron atacados violentamente por los priístas, reiteradamente señalados como paramilitares. Tras retirarse los policías estatales, los priístas de Opddic, encabezados por Jerónimo Demeza Moreno, Juan Cruz Méndez y sus hermanos Rogelio, Guadalupe y Medardo Carmelino, arremetieron contra los ejidatarios de ambas comunidades. Éstos, que no estaban armados, se refugiaron en un domicilio vecino, donde hasta el momento se encuentran sitiados y amenazados por el grupo civil armado. Los policías se retiraron de Jotolá antes del ataque, aunque todo indica que avalaron los hechos. Al cierre de esta edición, la situación en Jotolá era bastante grave. (La Jornada, Expreso Chiapas, Diario de Chiapas)

Frayba presume que OPDDIC atacó a uno de sus integrantes

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" denunció que integrantes de la OPDDIC, emboscaron y agredieron a un miembro de dicho Centro y dispararon contra un ejidatario de San Sebastián Bachajón. En un comunicado de prensa, informan que siendo las 12:00 horas de este viernes, Ricardo Lagunes Gasca, integrante de este Centro de Derechos Humanos, fue atacado por un grupo de personas armadas, integrantes de la OPDDIC, mientras se dirigía a la zona baja de Tila, en la zona norte de Chiapas. Ricardo pasó al ejido Jotolá, municipio de Chilón, para informar sobre el proceso jurídico que realiza como abogado del Centro en la defensa de los presos de San Sebastian, Bachajón. Tras su salida fue emboscado y golpeado. (Cuarto Poder)

Registran a cuatro lesionados en un enfrentamiento

Cuatro indígenas resultaron lesionados en la gresca que protagonizaron integrantes de la OPDDIC, quienes desde hace varios años sostienen un enfrentamiento por la disputa de los derechos agrarios de una fracción del predio "Jotolá", lugar al que llegaron elementos de diferentes corporaciones policiacas y de auxilio, cuando todo se encontraba en aparente calma, según trascendió la tarde de este viernes. Citan que los indígenas Antonio Gómez Ruiz, Miguel Gómez Hernández y Manuel Moreno Jiménez de 73, 35 y 23 años de edad resultaron lesionados, tras ser agredidos por un grupo de indígenas que se identifican actualmente como zapatistas. El pretexto que "supuestamente" utilizaron fue la llegada de un enviado del Centro de Derechos Humanos Frayba, quien argumentó una agresión sin que realmente se hubiera dado, aseguraron. (Cuarto Poder)

Dictan otro auto de formal prisión contra dos tzeltales simpatizantes del EZLN

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, que “este miércoles, el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los hermanos Antonio y Gerónimo Gómez Saragos, campesinos tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, “acusados injustamente de robo con violencia y delincuencia organizada”, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), encargado de su defensa.(La Jornada. Se anexa)

Paz y Justicia, más de 10 años de impunidad

Familiares de 122 indígenas muertos o desaparecidos a manos del grupo paramilitar Paz y Justicia, denunciaron que a más de una decenio de los crímenes el estado no ha hecho nada contra sus agresores, y en la zona norte de Chiapas aún hay miedo a hablar y transitar, pues persiste el temor de sufrir emboscadas y desapariciones. “La justicia sigue pendiente y no hay guerra pero tampoco paz”, dijeron los choles en una reunión en memoria de sus familiares; y recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en octubre de 2007 su queja por ocho casos representativos de 37 desapariciones y 85 ejecuciones cometidas por Paz y Justicia, grupo al que también se imputa la matanza de Acteal. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representante de los familiares de las víctimas, afirma que la acción del grupo paramilitar en la zona norte del estado respondió a la “guerra de baja intensidad” del Ejército contra la insurgencia zapatista, señalamiento avalado por los pobladores de la zona. (La Jornada)

CHIAPAS

Revisan casos de posibles inocentes

El Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas inició la revisión de 800 expedientes de presos de diversos penales de la entidad, entre ellos 12 indígenas que mantenían una huelga de hambre en el penal 5 de San Cristóbal de las Casas. La magistrada María de Lourdes Bonilla Hernández confirmó que las 12 personas suspendieron la protesta el lunes pasado y que demandaban la revisión de expedientes. Agustín Díaz Gómez, representante de los reclusos agrupados en La Voz de los Presos Indígenas, afirmó que un mensajero gubernamental les prometió resultados para el próximo 24 de septiembre, Día del Preso. El abogado Alberto Santos aseguró que los expedientes de los 12 internos de La Voz de los Presos Indígenas serían examinados en la Mesa de Reconciliación, donde se revisan los 800 expedientes penales. (Excelsior)

Bloquean maestros y padres de familia el crucero Ashiupá

Numerosos profesores indígenas, padres de familia y ejidatarios de las comunidades de Roberto Barrios, Nuevo Galilea, El Progreso y Arimatea, del municipio de Palenque, bloquearon este viernes el estratégico crucero de Ashiupá, impidiendo la circulación de las carreteras Palenque- Ocosingo y Palenque- Benemérito de las Américas. Lo anterior, en demanda de la remoción del jefe de zona de supervisión escolar, junto con dos supervisores de esta región, así como el que sean retiradas las demandas penales en contra de los profesores y padres de familia que presuntamente hay por el delito de secuestro. De acuerdo con el profesor de educación indígena y dirigente del SITCH, Marcos Arcos Mendoza, el bloqueo fue originado por la falta de respuesta a sus planteamientos por parte del Secretario Estatal de Educación, Javier Álvarez Ramos, cuando el pasado martes 15 mientras sostuvo en Palenque una reunión para tratar los problemas de las escuelas primarias indígenas de las comunidades de Roberto Barrios y Nueva Galilea donde el jefe de zona de supervisión, Emilio Ramírez López junto con dos supervisores, instigaron a los comités de educación para cerrar las escuelas a efecto de expulsar a 13 maestros de Roberto Barrios y otros seis maestros en Nueva Galilea, sin justificación. (Cuarto Poder)

Colaborará la OIT en pro de los indígenas

El director en México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Germán López Morales, se reunió con el titular de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), Marcos Shilón Gómez y con otros funcionarios estatales para explorar las vías de colaboración entre este organismo y el Gobierno de Chiapas. Durante el encuentro se habló de la posibilidad de establecer convenios en el ámbito de los pueblos indígenas para que se pueda proporcionar cooperación técnica sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, instancia dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, según informó, "se habló del interés de la SEPI de recibir cooperación técnica sobre el alcance de las consultas que se encuentran previstas en el propio convenio". Por otro lado se le cuestionó sobre la situación de los pueblos indígenas en México a lo que respondió: "Es una situación diversa y compleja dependiendo de la zona. Nos complace enormemente ver que existe en Chiapas una Secretaría de Asuntos Indígenas que denota mucho dinamismo; da muchísimo gusto ver que son conocedores de la realidad y que como tal están llevando a cabo diagnósticos para realizar acciones bien dirigidas sobre los problemas". (Cuarto Poder)

PGR investigará a detenidos con armas en Chiapas

La Procuraduría General de la República (PGR)integra una averiguación penal para consignar a dos sujetos que fueron arrestados en las últimas horas, en posesión de más de 7 mil cartuchos útiles. Policías Federales Ministeriales aprehendieron en la colonia Nuevo Horizonte del municipio de Chiapa de Corzo, a los presuntos traficantes de armas y explosivos, Carmen López Hernández y Joaquín Gómez Pérez. Los miles de cartuchos, el vehículo y los indiciados se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, donde se continúa la integración de la averiguación previa para la posterior consignación penal. (El Universal, Diario de Chiapas)

Atacan a indocumentados en Chiapas

Personas armadas, emboscaron a un grupo de indocumentados que viajaban a bordo de una camioneta marca Dodge, tipo Ram con matricula DB 422711 del estado de Chiapas, el saldo fue un muerto y tres personas heridas. Los hechos se registraron a unos kilómetros de distancia a la cabecera municipal de Comitán, sin que hasta el momento se tengan reportes sobre la detención de los agresores, informaron fuentes de la Policía Estatal Preventiva. Los heridos son Filiberto Hernández Pérez, al parecer chofer de la unidad, Edgar Cancea Zuñiga de 33 años originario de Ecuador y Gustavo Maya Cela de 25 originario de Ecuador. La persona muerta respondía al nombre de Fredy Enrique Mancilla de 33 años de origen Salvadoreño. (Excelsior, Milenio, AFP, EFE, Diario de Chiapas, Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Lamentan que sean pocos los litigios indígenas presentados en SCJN

El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, lamentó que sean escasos los litigios que se han presentado ante esta instancia en materia indígena, lo que ha frenado el análisis del artículo segundo constitucional.Llamó a las propias comunidades indígenas y a las organizaciones civiles a no perder "la gran oportunidad de desarrollar, de desplegar toda la fuerza y posibilidades del artículo segundo". Recordó que hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto algunos casos en lo particular que han culminado con definiciones, tales como el derecho de una persona de autoadscribirse como indígena o la diferencia entre un traductor y un intérprete. Sin embargo, dijo, aún se requiere debatir en torno a temas como el de los derechos sociales de los indígenas y si tienen la posibilidad de obtener, mediante un juicio de amparo, alguna retribución en materia de salud, de educación, entre otros. En otro tema, respecto a la liberación de presos por el caso Acteal y de la indígena Jacinta Francisco, comentó que las definiciones de los mismos se basó prácticamente en la universalidad de los derechos fundamentales con que cuentan, así como otros instrumentos "que ofrecen mínimos jurídicos para su defensa como personas". "Relativo al caso de Acteal, la liberación de un importante número de indígenas fue por errores muy graves en el proceso penal que violaron sus derechos fundamentales básicos y como consecuencia de ello se ordenó la liberación", manifestó Cossío Díaz. Apuntó que tanto en el caso Acteal como en el de Jacinta Francisco, la SCJN actuó "con independencia de sus características étnicas, pertenencia social o religiosa, y se tomó como base el respeto a la universalidad de los derechos humanos, como el de presunción de inocencia". (Notimex)

“Hay muchas Jacintas presas”

Segura de que con ella se cometió una “injusticia” y de que su fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe le dio valor para enfrentar los tres años que estuvo en prisión, Jacinta Francisco Marcial lamentó que sigan encarceladas muchas otras mujeres acusadas de crímenes que no cometieron, entre ellas sus compañeras Teresa González y Alberta Alcántara. A su vez, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, confirmó que buscarán la indemnización, pero acotó que se debe hallar la vía pertinente, porque en el país “no hay mecanismos efectivos de reparación del daño para personas que son excarceladas o declaradas inocentes en un proceso penal”. Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro, calificó la liberación de Jacinta de “avance importante en materia de justicia”, y refirió que fue fruto de un “esfuerzo colectivo”. En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Germán López Morales, director en México de la Organización Internacional del Trabajo, aseveró que la intervención de Naciones Unidas fue “fundamental” para que Jacinta Francisco recobrara la libertad. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Los locos andan sueltos

Salvador García Soto escribe en su columna Serpientes y Escaleras que “en menos de dos semanas, los mexicanos asistimos, entre azorados y sorprendidos, a escenas de terror y bombazos protagonizados, en apariencia y según las versiones oficiales, por sujetos locos, desequilibrados mentales y fanatizados. ¿Son casuales y aisladas esas escenas que se comienzan a repetir y que tienen como constante acciones de un terrorismo algo rudimentario, pero que ya pone en riesgo a la población civil? (El Universal. Se anexa)

TEXTOS

Dictan otro auto de formal prisión contra dos tzeltales simpatizantes del EZLN
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de septiembre. Este miércoles, el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los hermanos Antonio y Gerónimo Gómez Saragos, campesinos tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, “acusados injustamente de robo con violencia y delincuencia organizada”, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), encargado de su defensa.

El caso, dentro de la causa penal 273/2009, se deriva de la aprehensión de Gerónimo el 12 de abril pasado, y posteriormente la de Antonio y otros cinco ejidatarios de San Sebastián, además de un comerciante, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del crucero Agua Azul. El gobierno exhibió en los medios a los indígenas como simples “asaltantes de caminos”. Sin embargo, ante lo infundado de los cargos, en las semanas posteriores fueron liberados todos, con excepción de Gerónimo y Antonio.

El CDHFBC refiere que el pasado 24 de agosto, en sesión de pleno de la segunda sala penal de Tuxtla Gutiérrez, al resolver la apelación 124-A/2009 interpuesta por los hermanos Gómez Saragos contra el auto de formal prisión, la autoridad judicial “decidió ordenar la reposición del procedimiento para la práctica de las diligencias de interrogatorio, que no fueron desahogadas debidamente por el juez de primera instancia”.

Ello para que, en su momento, “éste mismo dicte un nuevo auto de término constitucional, otorgando la libertad o decretando la sujeción al proceso” de los hermanos, recluidos desde hace cinco meses en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, El Amate, en Cintalapa de Figueroa.

La defensa informa que las diligencias pendientes se llevaron a cabo el pasado 14 de septiembre. “Versaron en interrogatorios para Martha Sánchez López, quien fungió como ‘perita traductora’ de los tzeltales cuando fueron injustamente presos, y para el defensor de oficio Cándido Guzmán López, adscrito al Instituto de la Defensoría Social”, quien los “asistió” entonces.

Impiden entrevista con “perita traductora”

Interrogada por los abogados del CDHFBC, Sánchez López aceptó que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) “no le permitió una entrevista privada con Gerónimo Gómez Saragos previo a que lo hicieran firmar una declaración autoinculpatoria”. Tampoco pudo asisitirlo adecuadamente durante su declaración ministerial.

“Elementos claves que confirman las violaciones graves al debido proceso legal, por la incomunicación y tortura inferidas a los indígenas desde la averiguación previa”, sostiene el CDHFBC.

Interrogado de igual forma, el defensor social Guzmán López “manifestó desconocer cuál era la lengua y cultura de los dos hermanos tzeltales de Bachajón, contrariando la disposición constitucional del artículo 2, apartado A, fracción octava, que ordena que todas las personas pertenecientes a un pueblo indígena bajo juicio gozarán de la asistencia de un intérprete y un defensor que conozcan su lengua y cultura”.

El CDHFBC expresa su rechazo a la determinación del juez segundo del ramo penal en El Amate de dictar un nuevo auto de formal prisión “sin elementos suficientes de prueba para procesar a Gerónimo y Antonio Gómez Saragos”. A más de cinco meses de estar encarcelados, la defensa exige su libertad inmediata.

El ejido San Sebastián Bachajón es vecino a las cascadas de Agua Azul. Sus pobladores se oponen mayoritariamente a la autopista San Cristóbal-Palenque. A fines de agosto reiteraron que las policías estatal y federal “siguen ocupando ilegalmente nuestro territorio, amenazando con sus paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) a nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña, y despojándonos del derecho a controlar nuestros territorios y recursos naturales”.

Los locos andan sueltos
Salvador García Soto/ Serpientes y Escaleras/ El Universal

Hasta ahora las autoridades, federales y del DF, han tratado de minimizar esos atentados y los han clasificado como acciones sin proclamas políticas

En menos de dos semanas, los mexicanos asistimos, entre azorados y sorprendidos, a escenas de terror y bombazos protagonizados, en apariencia y según las versiones oficiales, por sujetos locos, desequilibrados mentales y fanatizados que, en nombre de Dios, contra el gobierno o contra el “ecocidio en el planeta”, han hecho estallar bombas en bancos o tiendas exclusivas, intentado secuestrar un avión con más de 100 pasajeros a bordo y dispararon en hora pico en un vagón lleno de gente en el Metro capitalino.

¿Son casuales y aisladas esas escenas que se comienzan a repetir y que tienen como constante acciones de un terrorismo algo rudimentario, pero que ya pone en riesgo a la población civil?

Hasta ahora las autoridades, federales y del DF, han tratado de minimizar esos atentados y los han clasificado como acciones de grupos o individuos sin proclamas políticas, y más bien con reivindicaciones, desde “la revelación divina” del pastor Josmar, hasta los bombazos contra la globalización, o los gritos contra el gobierno y por órdenes también de Dios que se escucharon en los vagones del Metro.

Curiosamente, todos los atentados, aislados o concatenados, han ocurrido aquí, en la capital, y ya el de ayer cobró dos víctimas fatales. ¿Ante qué estamos: acciones aisladas de grupos subversivos pero desarticulados o el actuar de desequilibrados que, en medio de la crisis, deciden hacer una locura?

Las respuestas tendrían que llegar prontas y claras de las autoridades si no quieren que se genere miedo y subversión. Porque en un escenario como el que vivimos, con problemas económicos, desempleo, aumento de la pobreza extrema, incapacidad de pagos en algunos sectores, situaciones como las que se han visto en las últimas semanas pueden tener un impacto social y psicológico mucho mayor al de su dimensión real.

Junto con el recrudecimiento de las condiciones sociales y económicas existen movimientos en internet que llaman a hacer del 2010 “el año de la revolución”, y que aunque se tratara de grupos reducidos o aislados, la situaciones extremas en las que empiezan a verse muchas familias pueden representar el caldo de cultivo ideal para que esas expresiones crezcan.

La periodista Martha Anaya documentó en su columna Crónica de Política el 24 de abril una plática entre el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y senadores del PRD. El general había invitado a los senadores para explicarles la indefensión jurídica en que estaban con las labores que hoy realiza el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y pedirles que aprueben la Ley de Seguridad Nacional que está en comisiones del Senado.

“El senador Carlos Navarrete —afirma Anaya— le mencionó a Galván algo que había escuchado en un viaje que hizo recientemente a Chiapas: que una delegación del EPR había ido a buscar a la gente del EZLN para proponerle acciones armadas conjuntas para el 2010”. ¿Tiene usted conocimiento de esto?, preguntó el legislador al general. “Sí”, fue la respuesta del titular de la Sedena.

Arturo Núñez intervino a su vez: “¿Sabe que grupos islámicos están trabajando en Chiapas, que están dando entrenamiento religioso desde hace dos años?”. El secretario de la Defensa asintió: “También, señor senador”. A eso hay que añadir un ingrediente que según las áreas de inteligencia civil y militar aún no se produce, pero que ha dado ya visos de poder concretarse: la peligrosa conexión entre grupos subversivos guerrilleros y el narco sería una combinación letal que convertiría a esas organizaciones o ciudadanos aislados en movimientos con financiamiento abundante que podrían desestabilizar algunas regiones del país.

Así que, sin ánimo alarmista, más vale que las autoridades vayan siendo claras e informen con transparencia de lo que está ocurriendo. A menos que alguien esté jugando a apostarle al miedo y a la desestabilización. De cualquier modo, está claro que los locos (y los demonios que los pueden financiar) andan sueltos.

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