Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 12 de septiembre de 2009

EZLN

Grupos afines a PRI y PAN, en operación contrainsurgente para desalojar a zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde Ocosingo, Chiapas, que la violencia contra las comunidades zapatistas en el municipio autónomo San Manuel –agudizada desde agosto– obedece a una operación contrainsurgente larvado durante años. Esta estrategia es dirigida con tres agrupaciones del PRI (las Aric oficial y Unión de Uniones, así como la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos, Opddic) y la Coalición de Organizaciones Indígenas de la Selva (Cocisel), membrete panista de reciente aparición en el ejido Santo Tomás, donde el primero de septiembre se suscitó un ataque a los zapatistas que trabajan el predio recuperado Casa Blanca. (La Jornada. Se anexa)

Esclarecer difamación a su personal y actividades

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitó al Gobierno del Estado agilizar la investigación, para esclarecer los dos intentos de difamación hechos a personal de este Centro, con el objetivo de desprestigiar su trabajo en materia de derechos humanos. Por otra parte, en el reciente conflicto entre bases de apoyo del EZLN y la ARIC Histórica por el predio Casa Blanca del poblado Santo Tomas del municipio de Ocosingo, miembros del Centro informaron que acudieron a coadyuvar junto con otras organizaciones civiles a distensionar el conflicto; mientras los defensores de los derechos humanos, se encontraban en el lugar, se publicó en la prensa una supuesta entrevista con uno de los representantes de la ARIC-UU Histórica de nombre Juan Santiz Ruiz en donde se acusaba a este Centro de ser el responsable de la violencia en la comunidad de Santo Tomas. Ante estos hechos este Centro solicitó explicaciones a la dirigencia de la ARIC-UU Histórica sobre la nota periodística. “El profesor Julio Toledo Hernández, presidente de la ARIC-UU Histórica y Juan Santiz Ruiz nos aseguraron en sendas cartas, de forma personal al director Diego Cadenas y públicamente, que la nota era falsa, por tanto consideramos que estas notas de la prensa de circulación estatal son parte de la continuidad del hostigamiento mediático y sistemático en nuestra contra”, concluyeron. (Expreso Chiapas)

Expresa diputado de Chiapas preocupación por problemática agraria

El secretario de la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas, Luis Darinel Alvarado, dijo que luego del anuncio de la desaparición de la SRA, con fines de ahorro presupuestal, le preocupa la atención a la problemática agraria. El legislador del partido Convergencia consideró que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) deberá ser sustituida por una institución o estructura que garantice la paz, la solución de la conflictividad agraria y la estabilidad social. Sostuvo que también hay temas álgidos pendientes de atender en Chiapas, como los conflictos del norte de Cintalapa y Chimalapas, así como al menos nueve casos en negociación para su posible reubicación en la comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules. Otros casos de alto riesgo son las tierras ocupadas por el EZLN en Comitán, las Margaritas y Altamirano, la zona noreste de Cintalapa, Bienes Comunales de la Zona Lacandona, así como el problema de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán. (Notimex)

CHIAPAS

Piden transparentar los recursos del CDI, aquí

Andrés Eleazar Naal, responsable de la mesa de infraestructura comunitaria y urbana del Consejo Autónomo Indígena, exigió que la CDI propicie la transparencia del destino final de los recursos autorizados para los pueblos indígenas. Asimismo, pidió se desarrollen proyectos integrales de comunicación y difusión para el fortalecimiento y la reivindicación, obras para el fortalecimiento de las comunidades en salud, nutrición, desarrollo económico y medio ambiente. Enfatizó que "no hay marcha atrás, el levantamiento armado del EZLN obligó a voltear a ver a los indígenas y no es posible un retroceso; insistiremos hasta lograr la libre autodeterminación y que los indígenas sean sujetos, no objetos de derecho". Añadió que están a la espera del seguimiento a la propuesta de reforma en la Cámara de Diputados, aunque lamentablemente se les ha negado la información, lo cual es injusto. (Cuarto Poder)

ACTEAL

Los indígenas buscan apoyo

Los habitantes del municipio de Chenalhó no buscan confrontaciones y mucho menos quieren ser ajenos a los apoyos del Gobierno del Estado y Federal, sino por el contrario buscan gestionar proyectos como: vivienda digna, pavimentación de calles, construcción de canchas, molinos para las mujeres, aves de corral, entre otros. Lo anterior fue manifestado mediante una carta al Gobierno del Estado, firmado por campesinos y mujeres indígenas de aquel lugar, tras desconocer a la organización civil “Las Abejas”, como sus representantes, toda vez que de acuerdo al recitar de uno de sus representantes, Pedro Encin López, este grupo no busca el bien común en ese municipio, sino de una minoría. Tras sostener una reunión con sus compañeros, Encin López argumentó que están hartos de la actitud tomada por la asociación civil Las Abejas, al negar que busquen la gestión común, más descartó que exista posibilidad alguna de confrontación. (Diario de Chiapas)

Inicia campaña "Libertad y Justicia para Atenco"

Con la exigencia de que sean liberados los doce "presos políticos" pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de otros dirigentes, comenzó en Acteal la segunda etapa de la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, respaldada por 217 organizaciones nacionales e internacionales y distintas personalidades. En el acto, la organización de la sociedad civil Las Abejas exigió al gobierno que "como primera medida precautoria" para evitar más hechos de sangre en la zona, "no libere a los 37 paramilitares que todavía están en la cárcel", acusados de haber participado en la matanza, y sobre cuyo caso habrá de pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) próximamente. Los integrantes de la comisión designada por el FPDT para arrancar la campaña, llegaron por la mañana a esta comunidad del municipio de Chenalhó para sostener un encuentro con familiares, sobrevivientes y compañeros de los 45 tzotziles asesinados hace casi doce años. La agrupación sostuvo que la resolución en torno al caso Acteal, "es legalista e injusta" y un "duro golpe a la historia de lucha por la justicia en México", y al igual que aquí, en febrero pasado la SCJN exoneró al gobernador Enrique Peña Nieto, al ahora ex procurador, Eduardo Medina Mora y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genero García Luna, entre otros "por la represión que emprendieron en Atenco en mayo del 2006". (Cuarto Poder, Expreso Chiapas, La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Solidaridad internacional con activistas mexicanos

Organismos internacionales defensores de los derechos humanos emitieron una declaración pública del Encuentro Sur-Sur-Norte, en la que se solidarizaron con los defensores mexicanos de esas garantías y exigieron al Estado que no criminalice la lucha social ni reprima la resistencia civil de los pueblos indios. En la declaración final se destacaron coincidencias en relación con la violación a las garantías individuales en Colombia, El Salvador, México, Guatemala y el Sahara Occidental. Por tanto, exigieron que “se garantice a los pueblos su derecho al territorio, la autonomía y la autodeterminación, así como el respeto a la construcción de procesos propios de desarrollo”. En el caso de México, demandaron que el gobierno “desmilitarice los territorios indígenas” y elimine cualquier estrategia castrense “que coloque en riesgo a las comunidades que construyen su autogestión y ejercen sus derechos colectivos”. Una exigencia más fue que “se respete el proceso organizativo y de libre autodeterminación de los pueblos y las organizaciones de Chiapas frente a la defensa de su territorio”. Iniciado el 6 de septiembre, el encuentro fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan). (La Jornada)

AI critica que Jacinta Francisco siga en la cárcel

La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) confió en que en breve la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial obtenga su libertad luego que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra, pues era señalada de haber secuestrado a seis agentes federales, por lo que está detenida desde hace más de tres años. A su vez, Amnistía Internacional (AI) México criticó que Jacinta Francisco continúe presa aun cuando la PGR dijo que no ejercerá acción penal contra ella. Hace varias semanas AI la declaró presa de conciencia. Demandó a las autoridades no sólo su libertad inmediata, sino la reparación integral del daño y la no repetición de hechos similares. “Después de reconocer que no hay motivos para mantenerla bajo custodia, el Estado tiene una clara responsabilidad de liberarla de inmediato y sin condiciones, así como de garantizar una reparación del daño adecuada y medidas de no repetición.” (La Jornada, Crónica)

GRUPOS ARMADOS

Respeto pero no comparto la opción guerrillera, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador manifestó en Guerrero que respeta la postura de los movimientos armados en la entidad, pero no la comparte, y afirmó que en México “la rebelión ya inició, prueba de ello son los más de 15 mil asesinatos desde que llegó (Felipe) Calderón” al poder. López Obrador visitó también Santa María Ahuacatitlán, Morelos, donde pidió a cientos de seguidores que si continúan organizándose desde abajo van a revertir la situación que viven los que menos tienen y lograrán quitar “a la mafia” que se ha apoderado del país y ha causado la peor crisis económica. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Desterradas las persecuciones

En esta Editorial se destaca que “desde el siglo pasado existen en el país, y en Chiapas, grupos que siguen obsesionados por la guerra, y a falta de ella, se procuran historias de persecuciones y aventuras guerrilleras. Siguen peleando sus propias guerras de supervivencia, desde luego con el financiamiento de organizaciones y fundaciones humanitarias. De dos o tres meses para acá se observa que una de estas organizaciones, insiste en su pasión guerrera, y viene intentando provocar al gobierno. Es claro, que si existe un gobernador preocupado por el respeto a los derechos humanos, por la unidad y la reconciliación de los chiapanecos, ese Gobernador es Juan Sabines Guerrero. Durante la última semana, en el contexto de estas historias y aventuras, involucraron a la personalidad del Ministro Noé Castañón León, que como bien se sabe, cumple actualmente las funciones de Secretario de Gobierno. Por esta razón cuando conoce el documento que señala que ‘En Chiapas se criminaliza la defensa de los derechos humanos’, de inmediato sale a poner distancia de cualquier especulación al respecto. Señala que el Gobierno de Chiapas es el primero en condenar cualquier acto de hostigamiento, vigilancia, amenaza, difamación y calumnia que pudiera darse en agravio de tan distinguido mexicano como lo es Don Samuel Ruiz García y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Categóricamente Castañón León se pronuncia, porque así está demostrado en los hechos, por el respeto absoluto a los grupos defensores de los derechos humanos.” (Diario de Chiapas)

TEXTOS

Grupos afines a PRI y PAN, en operación contrainsurgente para desalojar a zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Ocosingo, Chis, 11 de septiembre. La violencia contra las comunidades zapatistas en el municipio autónomo San Manuel –agudizada desde agosto– obedece a una operación contrainsurgente larvado durante años.

Esta estrategia es dirigida con tres agrupaciones del PRI (las Aric oficial y Unión de Uniones, así como la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos, Opddic) y la Coalición de Organizaciones Indígenas de la Selva (Cocisel), membrete panista de reciente aparición en el ejido Santo Tomás, donde el primero de septiembre se suscitó un ataque a los zapatistas que trabajan el predio recuperado Casa Blanca.

Como documentó el informe Tierra y territorio, del desaparecido Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise, 2007), desde la ofensiva zedillista de 1995 contra los rebeldes existe una ocupación militar en forma. En San Manuel perdura con las bases militares de Río Jordán y Península. Hoy, la hostilidad antizapatista aparece en manos de campesinos paramilitarizados, abiertamente promovidos por el Ejército federal.

La base de Río Jordán “ocupa tierra recuperada por el EZLN dentro de las 180 hectáreas del poblado Miguel Hidalgo”, apuntaba el informe. A un costado del campamento militar se encuentra la comunidad Brasil (o Nuevo San Jacinto), donde “todos son de Opddic”, y tramitaron el despojo ante la Procuraduría Agraria.

Ofensiva a mano armada

Manuel Hernández Jiménez y Eusebio Hernández Pérez, dos dirigentes de Nuevo San Jacinto, estuvieron presos en 2007 con el fundador de Opddic, Pedro Chulín Jiménez. El primero se ostenta como “propietario” del rancho La Primavera, que también ocupa y despoja parte de Miguel Hidalgo. Según denunció la junta de buen gobierno (JBG) de La Garrucha el pasado día 3, son los mismos que proporcionaron armas a los atacantes de Casa Blanca, hace 10 días. Varios dirigentes identificados en Tierra y territorio reaparecen en la denuncia de la JBG, como Gustavo Vázquez Cruz, Jorge Jiménez Pérez y Rafael Jiménez Hernández. “Amagan con estar armados” desde 2006.

Con el recrudecimiento de hostilidades contra zapatistas hace cuatro años, Opddic intentó desalojarlos. “Ante la imposibilidad de lograrlo, recurrieron a una nueva estrategia: la indemnización. Los de Opddic intentaron acreditarse como propietarios o ejidatarios”, decía Capise. La contrainsurgencia como negocio.

Las agresiones armadas de Opddic contra pobladores de San Manuel datan de 2005. Rafael Jiménez Hernández y sus “mandos” Juan Pedro Lorenzo y Jorge Jiménez Pérez, de Nuevo San Jacinto, reaparecieron la semana pasada durante el ataque en Santo Tomás.

En la cañada de Las Tazas hubo cuatro posiciones militares: Rancho Península, Río Jordán, Las Tacitas e Ibarra. En 2006 y 2007 se retiraron las dos últimas. Según Capise, antes de su salida de Ibarra y Las Tacitas, elementos castrenses realizaron “reuniones y visitas de varios días con pobladores y familias adversas a los zapatistas”. Particularmente, los soldados de Ibarra “avalaron la penetración de Opddic en toda la cañada”.

Colindando con Las Tacitas y Santo Tomás se encuentran los predios recuperados por el EZLN San Alfredo y Casa Blanca, donde los zapatistas fueron atacados 10 días.

Tras el retiro militar de Las Tacitas, Opddic y las Aric sostuvieron reuniones. “Lázaro Ruiz Ruiz, un dirigente de Opddic, convocó a miembros de su organización de Las Tacitas, Santo Tomás y Nuevas Tacitas” para invadir San Alfredo y Casa Blanca, y tramitar la posesión “legal” de esas tierras.

También Francisco Villa, en tierra recuperada por el EZLN, ha sufrido invasiones y agresiones de los de Opddic de San Jacinto. Una ocasión, en 2006, los autónomos persuadieron a los invasores de retirarse, y estos “solicitaron ayuda” al Ejército federal. Los soldados intentaron desalojar a los zapatistas, quienes se resistieron.

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