Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 6 de octubre de 2009

ACTEAL

Podrían abandonar la cárcel otros 31 sentenciados por la masacre de Acteal

Hermann Bellinghausen escribe que “próximamente podrían salir libres otros 31 paramilitares, sentenciados por participar en la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Entre ellos, cinco de los asesinos confesos. Lo anterior se desprende de informaciones recibidas recientemente por la Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC). (La Jornada, Expreso Chiapas, Proceso, El Heraldo de Chiapas. Se anexa)

CHIAPAS

Sabines apoya el impuesto de 2%

El gobernador de Chiapas, Juan Sabines, respaldó la propuesta surgida del PRI de aplicar el impuesto de 2 por ciento con una canasta básica que proponga el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sabines dijo que está en favor del impuesto de 2 por ciento, porque su estado se beneficiará con los recursos adicionales, dado que 28 de sus municipios tienen los más bajos índices de desarrollo humano en el país. (La Jornada, Crónica, El Universal)

Reconoce la ONU liderazgo de Sabines en la Frontera Sur

Al presentar el Informe Global sobre Desarrollo Humano 2009 "Superando Barreras" a toda Latinoamérica y al mundo, el coordinador residente de las Naciones Unidas para México, Magdy Martínez Solimán, reconoció a Chiapas como ejemplo mundial en el combate a la pobreza al hacer una obligación Constitucional en la entidad el cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. En el evento presidido por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el coordinador de la ONU en México se refirió al gobernador Juan Sabines: "celebro su liderazgo en hacer de la Frontera Sur de México, una frontera amiga y en su lucha contra la pobreza al incluir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Constitución del Estado". (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas)

Construirá la Uach unidad en Chiapas

El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Aureliano Peña Lomelí, dijo que aun cuando el Gobierno Federal recortó 34 millones al presupuesto de la institución para este año y aplicará otra rebaja en 2010, se construirá una unidad académica regional en el municipio de Ocozocuautla, Chiapas, en un predio de más de 40 hectáreas donado por ejidatarios, tras el acuerdo tomado por el Consejo Universitario. (La Jornada, El Universal, El Heraldo de Chiapas)

Matan en Chiapas a 7 en restaurante

En las últimas 48 horas Chiapas, concretamente en su región fronteriza con Guatemala, vivió una ola de violencia que dejó un saldo de 10 ejecutado y al menos 8 heridos, en hechos presumiblemente relacionados con el crimen organizado. El incidente más grave ocurrió ayer en el municipio de Marqués de Comillas, en la región Selva del estado y limítrofe con Guatemala, donde un comando armado ejecutó a siete personas e hirió a ocho en el restaurante de un hotel ubicado en el rancho El Paraíso, muy cerca del poblado Chajul. (Reforma, La Jornada, El Universal, Milenio, Expreso Chiapas)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Contrainsurgencia, golpes a la población: ERPI

Zósimo Camacho escribe en su artículo que “en entrevista, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –la guerrilla con mayor presencia en Guerrero, pero que también se encuentra en otras entidades federativas– señala que la política contrainsurgente que los Gobiernos Federal y Estatal  desarrollan en el estado del Sur de la República incluye operativos contra la población. La Dirección Nacional del movimiento armado señala que aunque las políticas contrainsurgentes se aplican en todo el país, tres entidades de la república se encuentran bajo una violenta ‘guerra de baja intensidad’: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La causa: ‘los levantamientos indígenas y populares de 1994, 1996 y 1997’. Agrega que, desde 1994, en Chiapas se desarrolla un laboratorio contrainsurgente del que uno de sus resultados es la masacre de Acteal. El objetivo de las políticas de represión son las comunidades zapatistas ‘y las zonas de resistencia indígena y campesina’. Finalmente, la Dirección Nacional del ERPI reconoce que la solución a los problemas del pueblo de México no necesariamente la tiene el movimiento armado ‘ni que obligadamente pase por el uso de las armas’. La solución está en el pueblo organizado desde abajo y a su modo. Está en el pueblo, el cual tiene la memoria viva de tanta guerra en su contra. Ante esta contrainsurgencia que hoy los poderes económico militares llaman ‘guerra preventiva’, se requiere de la prevención y previsión de la autodefensa integral del pueblo. Sólo así se crea y se defiende el poder popular.” (Red Voltaire)

TEXTOS

Podrían abandonar la cárcel otros 31 sentenciados por la masacre de Acteal
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Próximamente podrían salir libres otros 31 paramilitares, sentenciados por participar en la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Entre ellos, cinco de los asesinos confesos. Lo anterior se desprende de informaciones recibidas recientemente por la Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Este último dijo haber recibido información de que el próximo 14 de octubre los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deliberarán sobre las situación legal de 31 sentenciados como responsables de la masacre, a quienes víctimas y sobrevivientes identifican como los autores materiales.

A su vez, integrantes de Las Abejas tuvieron conocimiento de que las autoridades municipales de Chenalhó informan a los agentes municipales que los ahora liberados emprenderán acciones contra los sobrevivientes y testigos de cargo en los procesos donde la SCJN concedió amparo a quienes llevan más de 11 años en prisión.

Ante esa posibilidad, el CDHFBC expresa preocupación, ya que se tiene el precedente del 12 de agosto pasado, cuando la SCJN resolvió liberar a 20 sentenciados, también participantes en la masacre, otorgándoles el amparo liso y llano, lo que significa otra denegación de justicia en este crimen de lesa humanidad.

La eventual deliberación del SCJN podría ir en el mismo sentido, es decir, centrarse en negligencias cometidas por agentes adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, avaladas en su momento por jueces y magistrados federales”. La liberación de los 20 paramilitares anteriores ha derivado en un clima de temor e inseguridad en los Altos de Chiapas, particularmente en comunidades donde habitan integrantes de Las Abejas. En esta ocasión podrían salir cinco asesinos confesos de la masacre, considerados penalmente responsables de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Las resoluciones de la SCJN en agosto pasado pusieron en evidencia, sostiene el CDHFBC, que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia a víctimas y sobrevivientes, y no realizó una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales y evitar la impunidad.

Aunque el gobierno de Chiapas asegura que los liberados no retornarán a su lugar de origen, debe considerarse que sus familiares y los demás miembros de su grupo paramilitar permanecen allí, precisamente donde se encuentran las armas, ya que hasta el momento el Estado no ha desarticulado ni desarmado a los paramilitares en el municipio de Chenalhó.

Por lo visto, esta situación no ha sido considerada por el Estado, que además de no investigar adecuadamente, omite cualquier medida para reconstituir el tejido social de las comunidades indígenas y evitar la violencia. Esto lo ilustra el hecho de que los miembros de Las Abejas que aún habitan el campamento de desplazados conocido como Acteal, continúan fuera de sus comunidades originarias. Lo mismo puede decirse de los miles de desplazados zapatistas del municipio autónomo de Polhó.

Además, la presencia del Ejército Mexicano ha contribuido al rompimiento del tejido social. Existe así un peligro inminente para los sobrevivientes. A juicio del CDHFBC, no liberar a estas 31 personas sería la única medida para salvaguardar los derechos de las víctimas.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales, ya que propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

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