Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 29 de octubre de 2009
ACTEAL
Involucran a Chuayffet en la matanza
Ángeles Mariscal escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que cuenta con elementos que implican al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y otros ex funcionarios federales y estatales, en presuntas conductas de omisión y de negligencia en el caso de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997. (La Jornada. Se anexa)
Piden posponer resolución de SCJN sobre Acteal
La Procuraduría General de Justicia del Estado en Chiapas (PGJE) informó haber obtenido nuevas "posibles pruebas" respecto al caso Acteal y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación postergar una eventual resolución de amparo a favor de sentenciados, para así no crear un ambiente de tensión en la zona y manejarse conforme a Derecho. En un comunicado, la dependencia estatal dijo que de tomarse en cuenta esta petición serviría "para garantizar la paz social que prevalece en la entidad". (Cuarto Poder, El Universal, Crónica, Reforma, El Financiero, Proceso)
Solicitan prorroga para analizar nuevos datos sobre tema Acteal
La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de posponer la sesión en que, se preveía, se abordaría el tema de los sentenciados por el caso Acteal, es acertada y de reconocerse, señaló el fiscal especializado en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal de la PGJE, Armando Hernández García. (El Heraldo de Chiapas. Se anexa)
Caso Acteal: la SCJN aplaza el fallo sobre los amparos presentados por 31 indígenas
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución sobre los 31 amparos presentados por indígenas tzotziles acusados de participar en la matanza de Acteal. Fuentes judiciales confirmaron que el proyecto de sentencia prevé la libertad absoluta de 9 quejosos, 16 recibirán “amparo para efectos” y seguramente quedarán libres más adelante, a excepción de dos de ellos que aceptaron haber participado en el asesinato de 45 indígenas, que son Roberto Méndez Gutiérrez y Marciano Luna Ruiz. Los otros 6 amparos serán sobreseídos (es decir, desechados), debido a que los quejosos ya habían presentado recursos en contra de la sentencia condenatoria en los casos que resolvieron los ministros en agosto pasado. Ministros consultados precisaron que el aplazamiento se debió a la ausencia de José de Jesús Gudiño Pelayo, y no porque el gobierno de Chiapas haya anunciado que entregaría a la SCJN nuevas pruebas de la culpabilidad de los acusados, como se dijo en medios locales, ya que para crear jurisprudencia se requiere del voto de cuatro de los cinco integrantes de la sala.
Como se espera que Sergio Valls vote en contra del criterio mayoritario, era indispensable que estuvieran los cuatro ministros que están a favor de la concesión de los amparos (José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Gudiño Pelayo). (La Jornada, El Universal, Crónica, Proceso, Excélsior, Milenio, Expreso Chiapas)
CHIAPAS
Fortalecimiento a la economía familiar
Al entregar equipos e implementos dentro del Programa Motor para la Economía Familiar a decenas de beneficiados de la zona Selva-Norte, el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, destacó que se ayuda, con estas acciones, a que la gente tenga un trabajo digno. “Es una herramienta de trabajo, un patrimonio para que se cuide”, manifestó. Lo anterior, agregó Sabines Guerrero, es un doble compromiso, pues se da poder al pueblo de tomar sus propias decisiones y así es como a través de Chiapas Solidario las personas pueden elegir a quien se le entrega el beneficio. Recordó que este tipo de empresas se entregan por todo el estado. (Expreso Chiapas, Cuarto Poder)
Revisa la ley Sabines ¡amigo de Gobernador!
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuyo hijo es cercano colaborador y amigo del Gobernador de Chiapas, el perredista Juan Sabines, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el PRI para impugnar una reforma que prolonga por 18 meses el periodo de los actuales diputados en esa entidad. El ministro Sergio Valls admitió a trámite la demanda del PRI y emplazó al Congreso, y al Mandatario chiapaneco, para contestar los argumentos de la querella. La función de Valls consistirá en analizar los argumentos de las partes y presentar un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte. No hay plazo para resolver y se requiere el voto de ocho de los once ministros para anular la reforma. (Reforma)
Revisarán la reforma electoral de Chiapas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad que presentó la dirigencia nacional del Partido de la Revolución PRD (sic) contra las recientes reformas electorales en Chiapas, que prolongan 20 meses la gestión de los actuales diputados y 118 presidentes municipales. La decisión de los legisladores chiapanecos deja en suspenso los comicios locales, ya que estaba previsto que el proceso electoral se iniciara en enero. El PRD cuestiona la reforma porque los diputados y ediles fueron electos sólo por tres años. (La Jornada, El Universal)
Denunciará acoso a Segob
Walter León Montoya, dirigente de la Organización de Transportistas Chiapanecos (Otrach) y de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), interpondrá en las próximas horas una queja ante la Secretaría de Gobernación (Segob) por el acoso que está padeciendo por parte de grupos de choque. Denunció que después de pedir juicio político contra el Gobernador y los 40 legisladores que aprobaron la reforma electoral, el Estado le ha orquestado una campaña en su contra de manera "burda y arbitraria". Comentó que, "en una franca señal de provocación un grupo de porros con palos y piedras tomaron por asalto las oficinas de la Cámara Nacional de Transporte de Carga" (Canacar), organismo que él dirige. León Montoya responsabilizó al gobierno de lo que le suceda a él y a su familia por estas acciones.
Señaló que acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dejar constancia de los hechos aquí ocurridos. "Al personal lo secuestraron, lo desalojaron de las oficinas, lo mismo me quieren hacer a mí; es una estrategia para que yo desista a la demanda pero están equivocados", sentenció. Walter León Montoya señaló a estos grupos como acarreados del gobierno para desprestigiar su imagen. (Cuarto Poder, La Jornada)
Piden debido proceso para tres campesinos chiapanecos
La oficina en México de Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno Federal garantías de debido proceso para tres campesinos de la organización Emiliano Zapata, de Chiapas. Advirtió que uno de los acusados, José Manuel Hernández Martínez, permanece encarcelado a dos mil kilómetros de su lugar de origen. En tanto, Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández se encuentran recluidos en un penal estatal y, a decir de su abogado, fueron víctimas de tortura. A los tres se les acusa de la invasión de un predio en Venustiano Carranza, Chiapas. (Notimex, Europa Press)
Se adhiere la CNTE al plantón de OCEZ
En el tercer día de plantón indefinido de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) frente a Catedral, recibieron la adhesión de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del bloque democrático de los Altos de Chiapas, quienes se comprometieron a acompañarlos en su manifestación. Además, los profesores entregaron víveres, cobijas, agua, dinero e n efectivo y otros apoyos reunidos entre el magisterio para ayudar a los integrantes de la OCEZ a resistir sobre todo el temporal que se deja sentir sobre San Cristóbal con frío y lluvia intensa afectando principalmente a los 150 campesinos de Venustiano Carranza que desde el lunes se instalaron en plantón. La única demanda de los inconformes es la liberación de José Manuel Hernández Martínez, Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández. (Expreso Chiapas, Cuarto Poder)
GRUPOS ARMADOS
Excarcelan a Gloria Arenas; fue acusada de pertenecer al ERPI
Gloria Arenas Agís, quien permaneció poco más de 10 años presa acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), salió del penal de Chiconautla la noche de este miércoles. Sin previa notificación ni documento que firmar, Arenas Agís fue liberada alrededor de las 19:30 horas y sacada por la aduana. Entre otros delitos fue acusada de terrorismo, sabotaje, homicidio, acopio de armas y daños. La ahora ex presa política fue detenida, lo mismo que su esposo Jacobo Silva Nogales (actualmente preso en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit), el 22 de octubre de 1999 en la capital de San Luis Potosí, y dos días después fue presentada en el Altiplano, donde se le acusó de unos 10 delitos. “Este gobierno y este sistema injusto en el que vivimos tarde o temprano va a caer, va a caducar, y lograremos que todos los presos políticos del país salgan en libertad”, dijo Gloria Arenas al salir del reclusorio. (La Jornada, El Universal)
ASUNTOS INDÍGENAS
Hidalgo: Xóchitl Gálvez se destapa para mandataria
La ex directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, se sumó al llamado a formar una alianza opositora al gobierno del PRI para los comicios de 2010 en Hidalgo. (La Jornada, Crónica, Reforma)
Destinarán un millón de pesos para proyectos desarrollados por indígenas
Con la finalidad de fomentar una mejor calidad de vida entre las familias indígenas tlaxcaltecas, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), a través de la Dirección de Pueblos Indígenas, gestionó ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), recursos por un millón de pesos. Esta inversión es proveniente del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) de la CDI México y la misma será canalizada a proyectos productivos con los cuales se pretende beneficiar a más de 100 mujeres indígenas de Tlaxcala. (Noticias-E Consulta)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha escribe en su artículo que “dos meses antes de la matanza Emilio Chuayffet supo lo que iba a pasar y no hizo nada que no fuera burlarse. En las horas recientes han surgido nuevas pruebas que evidencian la soberbia y la negligencia criminal con que el entonces secretario de Gobernación trató las advertencias sobre la situación en Chiapas en aquellos años convulsos.” (El Universal. Se anexa)
Chuayffet contamina el 2012
Carlos Ramírez escribe en su columna Indicador Político que “a pesar de haber sido diseñada y votada por la totalidad de legisladores de todos los partidos y de haberse cumplido el plazo para impugnaciones judiciales, la reforma constitucional electoral en Chiapas para homologar elecciones en el 2012 ha desatado una ofensiva del PRI aliado con la iglesia católica. Sin embargo, el tema central no es electoral sino penal: la inminencia de incriminaciones a los responsables políticos de la matanza de indígenas en Acteal en diciembre de 1997.” (Cuarto Poder, Financiero. Se anexa)
Acteal
Fredy López Arévalo escribe en su columna Desde Los Altos que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por una semana la discusión de la sentencia con la que –estaba previsto- se anularía la condena de 26 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, Chiapas, por la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño. Esto a la par que desde Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) demandaba a la SCJN postergar una eventual resolución de amparo a favor de sentenciados, aduciendo nuevas "posibles pruebas" del caso Acteal, en los que se acredita la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, que involucrarían en forma directa al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, líder nacional del movimiento Renovación, desde donde se promueve un juicio político contra el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por la polémica reforma a la Constitución chiapaneca para prolongar un año y medio el periodo de los diputados de la actual legislatura chiapaneca ". (Expreso Chiapas)
Ley Sabines
F. Bartolomé señala en su columna Templo Mayor que “por lo visto el rubor no es un accesorio que combine con la toga de ministro. Resulta que la tanta veces negada Ley Sabines (que al final por supuesto que resultó ser cierta), que propone la extensión ilegal del mandato de los diputados chiapanecos, ya fue impugnada ante la Suprema Corte.
Pero, oh, casualidad, el asunto le cayó al ministro Sergio Valls, quien resulta ser muy amigo del impulsor de dicha ley, el cuestionado gobernador Juan Sabines. Y no sólo eso, el ministro también es padre del actual alcalde que Tuxtla Gutiérrez, muuuy cercano al mandatario estatal, pese a lo cual Valls decidió no excusarse de ver el expediente. Habrá que estar muy al pendiente de lo que decida el ministro ante la disyuntiva de la amistad o el Estado de derecho.” (Reforma)
TEXTOS
Involucran a Chuayffet en la matanza
Ángeles Mariscal/La Jornada
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que cuenta con elementos que implican al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y otros ex funcionarios federales y estatales, en presuntas conductas de omisión y de negligencia en el caso de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997.
La dependencia pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazar el dictamen que otorgaría la libertad a 20 sentenciados por el caso, a fin de valorar dichas pruebas.
En un comunicado difundido la madrugada de este miércoles, horas antes de la sesión de la SCJN en la que se daría a conocer la resolución sobre los 31 amparos presentados por indígenas tzotziles acusados de participar en la matanza de Acteal, dijo tener “nuevas pruebas” sobre el caso.
Expuso que por medio de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y aquellos cometidos en el poblado de Acteal, se han practicado 105 nuevas diligencias. “Destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos del ámbito local y federal que, al momento de los hechos, se encontraban en funciones; dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía y video filmación, entre otros”, detalló.
Estos elementos llevarían a concluir que ex funcionarios estatales y federales habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la masacre de Acteal, señala el texto.
Solicitan prorroga para analizar nuevos datos sobre tema Acteal
El Heraldo de Chiapas
La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de posponer la sesión en que, se preveía, se abordaría el tema de los sentenciados por el caso Acteal, es acertada y de reconocerse, señaló el fiscal especializado en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal de la PGJE, Armando Hernández García.
Al respecto, mencionó que "con amplio respeto y ante la vigencia del caso, dada la probabilidad de la resolución de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los sentenciados, ante las presuntas violaciones en los procesos judiciales, solicitó el aplazamiento oficial, aún más amplio de esta resolución, para analizar con detenimiento los datos aportados por esta Fiscalía y la valoración de las mismas".
Dijo que pondrá a disposición del Máximo Tribunal de la República el corte al momento de las investigaciones en torno al caso Acteal, toda vez que aportan nuevas diligencias y posibles pruebas.
Puntualizó que en torno a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en relación a los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, en los que perdieran la vida 45 personas y 17 más resultaran heridas por disparos de armas de fuego, esta Fiscalía informa de nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como civiles.
Dio a conocer que la Procuraduría estatal, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y Aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal, instancia creada el 27 de diciembre del año 2006, a solicitud del gobernador constitucional del Estado de Chiapas a la entonces Fiscalía General Autónoma del Estado, inició las averiguaciones previas número FECACH/001/2007 y FECACH/002/2007, siguiendo para ello, las siguientes líneas de investigación:
-Esclarecer si existen personas civiles o ex servidores públicos de los gobiernos Federal y del Estado como probables autores intelectuales.
-Esclarecer si existen ex funcionarios de ambas instancias de gobierno que hayan incurrido en conductas de omisión.
-Esclarecer si existen otras personas civiles como probables autores materiales, en contra de quienes la Procuraduría General de la República no haya ejercitado acción penal al momento de atraer el caso.
Agregó que para tales efectos, esta Fiscalía Especializada ha practicado 105 diligencias, entre las que destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos del ámbito local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones; dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía y video filmación, entre otros.
Dijo que por todo lo anterior, y en base al trabajo que realiza actualmente esta Fiscalía Especializada, se continúa con la integración correspondiente de dichas investigaciones tendiente al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el poblado de Acteal en diciembre de 2007 y de esta forma acreditar, o en su caso descartar, que las autoridades de los ámbitos federal y estatal habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la ejecución de tan lamentables acontecimientos.
Resaltó que al 22 de diciembre de 1997, antecedieron diversos actos delictivos en la zona Altos de Chiapas, que como lo acredita esta investigación, fueron recrudeciéndose a partir del mes de mayo, suscitando, entre otros, violaciones, robos, homicidios y quemas de casas, generando el desplazamiento de pobladores, y promoviendo el quebranto del Estado de Derecho, ante la presunta falta de la intervención oportuna y obligada de las autoridades.
Puntualizó que ante tales circunstancias, es posible que algunas autoridades cayeran en presuntas conductas de omisión y de negligencia al no emprender acciones de inmediato para restablecer el orden y las medidas precautorias correspondientes.
Informó de la existencia de una carta, enviada por quien era en ese entonces Obispo Coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Vera López, enviada al Secretario de Gobernación de la administración federal vigente en 1997, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, y publicada en diversos medios de comunicación, en la cual prevenía y expone, entre otros hechos, actos delictivos suscitados en la zona Altos de Chiapas.
Indicó que esta representación social posee una grabación en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a los sucesos previos al lamentable acontecimiento.
Mencionó que en dicha grabación, el ex Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, afirma que en octubre de 1997 recibió de Raúl Vera López una carta, en la cual, "me dice que va a pasar todo esto", refiriéndose al caso Acteal. Y confirma de propia voz: "tengo la carta, y no es fotostática".
Destacó que este órgano investigador cuenta con ocho declaraciones ministeriales, entre ellas, del ex Gobernador del Estado, Julio César Ruiz Ferro y el ex secretario de gobernación, Emilio Chuayffet entre otros.
Reconoció ampliamente la sensibilidad social de la SCJN, parte fundamental de la justicia, en su más amplio concepto y reiteró que cada resolución tomada por el Máximo Tribunal en el país será respetada y acatada sin reserva por el Gobierno de Chiapas.
De este modo, el fiscal solicitó de la manera más atenta y respetuosa a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, que posponga la sesión donde se determinará la resolución con respecto al segundo grupo de juicios relacionados con el caso Acteal, por un tiempo suficiente, que permita valorar las investigaciones que realizó la Fiscalía Especializada a mi cargo y, con ello, emita la resolución que corresponda, en virtud, que de las mismas se podrían desprender actos de omisión que pudiesen variar dicho fallo.
Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha/El Universal
Dos meses antes de la matanza Emilio Chuayffet supo lo que iba a pasar y no hizo nada que no fuera burlarse. Y como todas las tardes, beberse sus mentiras.
En las horas recientes han surgido nuevas pruebas que evidencian la soberbia y la negligencia criminal con que el entonces secretario de Gobernación trató las advertencias sobre la situación en Chiapas en aquellos años convulsos.
Y es que apenas en 2006, el actual gobernador Juan Sabines Guerrero creó la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Poblado de Acteal, por los hechos sangrientos de aquel 22 de diciembre de 1997. Con tres líneas de investigación: esclarecer si existen civiles o ex servidores públicos de los gobiernos federal y del estado como probables autores intelectuales; determinar si ex funcionarios incurrieron en omisión; y si hubo otros autores materiales. Ahora esta fiscalía está pidiendo formalmente a la Suprema Corte de Justicia el aplazamiento de una nueva resolución sobre el caso Acteal, que es ya inminente.
Porque resulta que luego de cientos de nuevas diligencias e investigaciones la Fiscalía del Caso Acteal rescata una carta enviada el 18 de octubre de 1997 a Emilio Chuayffet Chemor, entonces secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Era de monseñor Raúl Vera López, obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la que el sacerdote le enfatiza: “Desde la plática que tuvimos en agosto del año pasado (1996) te hablé del camino que hacia un cambio profundo llevaba esta región y que si lo intentaban detener, sólo iban a lograr un baño de sangre… pues bien, eso del baño de sangre ya está en marcha y se anticipa todavía más cruel”.
Lo más grave es que la fiscalía cuenta también con una grabación en la que Chuayffet se refiere a la carta de Vera diciendo: “Me dice que va a pasar todo esto” y luego confirma “tengo la carta y no es fotostática”. Por si fuera poco, hay declaraciones del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro en las que asegura que tuvo al tanto “…en todo momento al secretario de Gobernación sobre la problemática en el municipio de Chenalhó”. Y hay otros testimonios como el de Tomás Pérez Méndez, habitante de Chenalhó, que alertó personalmente a Chuayffet sobre “los actos criminales que padecían en esos tiempos”, a lo que el secretario le respondió que “pronto serían atendidos sus problemas”.
Ya entonces eran secreto a voces las debilidades de Chuayffet. Que serían muy suyas si no hubieran afectado a tanta gente. Como aquel tristemente célebre episodio de cuando le llevaron a la puerta de su comedor privado los Acuerdos de San Andrés para la paz en Chiapas, Y luego de una larga espera y 14 anises se dignó a gritar que los firmaran sin siquiera haberlos visto. Hasta la cruda, cuando por órdenes de Zedillo el gobierno se retractó y los desconoció.
Igual, ahora tampoco le pasa nada al blindado diputado priísta Chuayffet. Como no sea un juicio histórico que siempre será implacable.
Chuayffet contamina el 2012
Carlos Ramírez/Cuarto Poder
A pesar de haber sido diseñada y votada por la totalidad de legisladores de todos los partidos y de haberse cumplido el plazo para impugnaciones judiciales, la reforma constitucional electoral en Chiapas para homologar elecciones en el 2012 ha desatado una ofensiva del PRI aliado con la iglesia católica. Sin embargo, el tema central no es electoral sino penal: la inminencia de incriminaciones a los responsables políticos de la matanza de indígenas en Acteal en diciembre de 1997.
En una de sus primeras decisiones en diciembre de 2006, el gobernador Juan Sabines creó una comisión especial para investigar el caso Acteal. En agosto pasado, la Suprema Corte otorgó amparo a campesinos acusados de la matanza pero con fabricación de pruebas y liberó a 26 de ellos. Y en los próximos días la comisión local determinará responsabilidades de los funcionarios federales y estatales que realizaron una investigación política para proteger al PRI. Y el principal inculpado sería Emilio Chuayffet.
De ahí que las próximas conclusiones de la comisión estatal sobre Acteal hayan descubierto el eje político Acteal-Chiapas-Edomex, a través del hilo conductor de Chuayffet, secretario de Gobernación de Zedillo en diciembre de 1997, paradójicamente hoy protegido por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi. Abandonado por Zedillo debido a la matanza de indígenas en Acteal, Chuayffet renunció en enero de 1998. Este 2009 reapareció como jefe de la bancada de diputados federales mexiquenses y enfilado con el grupo de poder local hacia el 2012.
Chuayffet ha establecido un espacio mexiquense de poder en Chiapas. Por ejemplo, el obispo Arizmendi, salió de su obispado para bendecir hace poco un matrimonio a domicilio lejos de su jurisdicción: fue el sacerdote que ofició la boda de la hija de Chuayffet en el Estado de México, en cuya fiesta hubo un invitado súper especial: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Arizmendi se ha opuesto a cualquier visita del gobernador Sabines a Acteal.
La red de poder mexiquense en Chiapas va más allá. En Chiapas existe una sucursal de la Fundación Isidro Fabela, dirigida por el chiapaneco Mario Carlos Culebro. El presidente de la Fundación en el Estado de México es Arturo Peña del Mazo, tío del gobernador. De ahí que la ofensiva del ex diputado priísta Walter León Montoya, quien pide juicio político contra Sabines por la ley electoral, sea parte de los tentáculos de Chuayffet en Chiapas. Por cierto, como diputado priísta León promovió la separación e independencia del Soconusco para quitárselo al estado de Chiapas. Y fue investigado por la PGR por estar vinculado con grupos paramilitares priístas.
En el fondo, la matanza de indígenas en Acteal forma parte de la agenda pendiente del PRI. Lo extraño es que Arizmendi, sucesor del obispo zapatista Samuel Ruiz, se haya aliado al PRI para proteger a Chuayffet y a los responsables de Acteal. Las incriminaciones legales que vienen podrían determinar una responsabilidad directa de Chuayffet en Acteal y contaminaría su papel al frente de la bancada de diputados mexiquenses en la cámara federal. La decisión del gobierno de Sabines --quien ganó la gubernatura como candidato de una coalición de todos los partidos contra el PRI-- es la de hacer justicia --aunque sea tardía-- por la matanza en Acteal.
La concesión de amparos por la Corte a 26 campesinos encarcelados desde 1998 reabrió el interés en el caso Acteal. La comisión creada por Sabines en diciembre de 2006 dará a conocer en breve sus resultados y estarán en el tono del gobierno chiapaneco de hacer justicia a los campesinos e indígenas aplastados por los gobiernos priístas e inclusive el gobierno coalicionista de Pablo Salazar Mendiguchía, cuyo fiscal Mariano Herrán se dedicó a fabricar pruebas para encarcelar inocentes.
El problema de fondo en Acteal radicó en una estrategia de acoso priísta contra indígenas simpatizantes de los zapatistas del EZLN y en la decisión oficial de Zedillo de permitir y alentar la existencia de grupos indígenas de corte paramilitar articulados al PRI. Si la indagación de la comisión formada por el gobernador Sabines va hasta el fondo, existe la posibilidad de que haya acusaciones directas contra el entonces procurador Jorge Madrazo y Chuayffet.
La iniciativa de reforma electoral chiapaneca es un pretexto para acotar los resultados de la Comisión estatal sobre Acteal. La propuesta electoral no fue firmada por el gobernador Sabines sino que la promovieron todos los partidos. Y como mandatario, Sabines estaba obligado a promulgarla en el diario oficial. La presidenta del Congreso local chiapaneco, la panista Ana Elisa López Coello, ha señalado las bondades de agrupar las elecciones en una sola fecha, para evitar el dispendio electoral y ha deslindado al gobernador de la propuesta. Ahora la oposición PRI-Iglesia usa la ley electoral: el obispo Arizmendi encabeza la petición terrenal de juicio político contra el gobernador Sabines para blindar a Chuayffet.
De acuerdo con el calendario legal, la reforma fue aprobada en septiembre con el voto de todos los diputados. El pasado 12 de octubre se venció el plazo para interponer una controversia constitucional y la PGR no inició averiguación alguna sobre el asunto. Sin embargo, la reforma y el caso Acteal han tenido réplica en los afanes presidenciales del grupo Edomex.
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