Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 7 de noviembre de 2009

CHIAPAS

Detienen a presuntos agresores de abogado del Frayba

Al menos cuatro indígenas fueron detenidos por su presunta participación en el ataque contra un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en septiembre pasado. La agresión que sufrió el abogado Ricardo Lagunas Gasca ocurrió en la comunidad Jotola, del municipio de Chilón luego de reunirse con integrantes de la Otra campaña zapatista cuando un grupo de presuntos integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), lo golpearon y pretendieron secuestrarlo. En esa ocasión el grupo de indígenas que se había reunido con el jurista intervino para rescatarlo del grupo agresor, generándose un enfrentamiento en el que resultó herido de un disparo de arma de fuego el indígena Carmen Aguilar Gómez. Los detenidos son Rogelio, Guadalupe y Juan, todos de apellido Cruz Méndez, así como Agustín Hernández Sántis, quienes fueron aprehendidos en Ocosingo y trasladados al penal de El Amate por los delitos de lesiones, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad. (Expreso Chiapas, Cuarto Poder, La Jornada)

Les niegan el diálogo, dicen

El Gobierno de Chiapas no aceptó la propuesta de instalar una "mesa de distensión", informó Emma Cosío Villegas, vocera de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que desde hace ocho días tiene en su poder las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en San Cristóbal de Las Casas. "El gobierno nos dijo que mientras no se desocupe la sede de las Naciones Unidas no habrá ningún contacto ya", añadió en rueda de prensa. "El gobierno trata de ahorcarlos (a los miembros de la OCEZ) a como dé lugar", aseveró. Cosío Villegas acusó al director de la oficina de la ONU en esta ciudad, Oscar Torrens de retirarse para "quebrar" el proceso de acercamiento entre las partes para que las autoridades tengan pretexto para no dialogar. Al preguntarle si luego de la negativa del Gobierno del Estado a reunirse este sábado existe temor de que las oficinas de la ONU sean desalojadas por la fuerza, respondió: "A Oscar ya no le vamos a hacer caso porque es un empleado menor. Alberto Brunori (representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) dijo categórico que ellos nunca pedirán el desalojo, que no provocarán una cosa así en contra de los muchachos, aunque sí insisten en que se desocupen las oficinas." (Cuarto Poder, Expreso Chiapas)

Avanza negociación en Los Chimalapas

En cuatro comunidades del caso Chimalapas ya se tiene avanzado un 80 por ciento de las resoluciones, informó Noé Castañón León, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas. Durante una reunión con autoridades de Chiapas y Oaxaca, el funcionario estatal aclaró que el conflicto no es de límites sino agrario, por lo que se seguirá atendiendo en lo que resta del año y el próximo.“El avance que llevamos ahorita ya con mediciones y consensos es del 80 por ciento en la solución de problemas concretos como es Díaz Ordaz, Merceditas, Constitución y Cal y Mayor, el año que viene se seguirá con las demás, esto implica una erogación de recursos fuertes ya que fue un error de la Reforma Agraria en años anteriores, este mismo procedimiento se llevó a cabo en la Selva Lacandona y esperamos que esto se resuelva bien acá y resolver las confrontaciones entre las comunidades por la tenencia de la tierra”, agregó. (Diario de Chiapas)

Detienen a cuatro sujetos con 100 granadas y otras armas en Chiapas

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó la detención en Tapachula de cuatro presuntos miembros de una banda dedicada a compra-venta de armas, a quienes aseguró armamento diverso proveniente de Guatemala. La dependencia estatal indicó que la acción se logró en coordinación con las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y del Ejército, donde se incautaron diversas armas que tenía como destino el estado de Michoacán. Detalló que derivado de la coordinación interinstitucional y con base en trabajos de inteligencia, se detuvo a Manuel Durán Velázquez, El Flaco, de 39 años, originario de Michoacán y presunto líder del grupo. Precisó que, además, fueron detenidos Pedro Mesina de León, de 29 años, originario de Chiapas; Carlos Humberto Hernández González, El Chuma, 31, originario de Oaxaca, y Miguel de la Cruz Méndez. De acuerdo con la declaración ministerial de los detenidos, el armamento lo habían obtenido en Tecún Umán, Guatemala, y tenían como destino el estado de Michoacán. A los detenidos se les aseguraron 100 granadas calibre .40 milímetros; dos minas explosivas con aditamentos alámbricos y detonadores, un fusil AR-15, otro tipo Galil y dos AK-47; un rifle calibre .22 y dos pistolas escuadra .38 súper. Además, 22 cargadores para diversas armas, más de 500 cartuchos de diversos calibres, dos cubetas con capacidad para 20 litros, así como una bolsa de plástico con un polvo blanco, que según manifestaron serviría para la fabricación de drogas sintéticas y un pantalón tipo militar. (La Jornada, El Universal, Milenio)

ACTEAL

20 indígenas tzotziles tendrán nuevo juicio en el caso Acteal

Instalados en una casa a las afueras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siete de los 20 indígenas acusados por la matanza de Acteal que fueron liberados en agosto, esperan su reubicación convenida con el gobierno estatal. Ninguno puede regresar a sus comunidades en el municipio de Chenalhó, ni de visita; tampoco visitar a quienes siguen presos o acercarse a San Cristóbal de la Casas. Así lo decidió el gobierno estatal a cambio de darles un terreno y apoyarlos en la construcción de viviendas, que ellos aceptan resignados. Un convenio similar firmaron los nueve presos liberados el jueves pasado. Aún hay 50 presos, todos indígenas tzotziles como los 29 liberados hasta ahora. A 20 de ellos, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se les repondrá el proceso y podrían salir libres en los próximos meses. Para los otros treinta, promoverán incidentes de reconocimiento de inocencia, con lo que quizá alcancen su libertad, pero tardará algún tiempo más. (El Universal)

Sin permiso para ir al velorio de su hija

Lorenzo Ruiz pasó 12 años en la cárcel por el caso Acteal. En agosto pasado fue liberado. Con movilidad restringida guardó en casa su dolor. Una vez más, Lorenzo Ruiz Vázquez se quedó solo. La primera fue cuando lo apresaron por el caso Acteal. La segunda, ayer, con la muerte de su hija de 23 años, a la que no pudo acompañar a su velorio, al sepelio, en su último adiós. “No hay derecho a recorrer la comunidad”, dijo. El Gobierno del Estado se lo prohibió. “No me dieron permiso”. Él es uno de los 20 indígenas tzotziles que fueron liberados en agosto pasado. Al igual que al resto de sus compañeros liberados no le permiten poner un pie en la tierra que lo vio nacer, en la tierra donde está su cafetal, donde viven sus parientes y familia: Los Chorros, del municipio San Pedro Chenalhó, lugar, según los zapatistas, de paramilitares. (Milenio)

ASUNTOS INDÍGENAS

Un muerto tras ataque de paramilitares a triquis

El presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, José Ramírez Flores, denunció que un grupo de paramilitares atacó nuevamente esa comunidad triqui el pasado primero de noviembre y asesinó a Héctor Antonio Ramírez Paz. Indicó que esto ocurrió durante una reunión de los integrantes de ese ayuntamiento en el centro de San Juan Copala. De forma repentina se inició la agresión a balazos; él resultó ileso, pero Ramírez Paz falleció. El edil narró que lograron detener a Valerio Celestino Pérez, quien admitió, frente a un grupo de vecinos, cuando se le tomó declaración, que los dirigentes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez y Antonio García, alias El Pájaro, le pagaron para que asesinara a los miembros del cabildo autónomo y a los principales líderes de los barrios que conforman el municipio de San Juan Copala. Ramírez Flores agregó que en su declaración Valerio Celestino Pérez involucró a José Mejía, diputado local por el PRI, en “la preparación de los crímenes”. (La Jornada)

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