Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de noviembre de 2009

ACTEAL

Ordena la Corte liberar a otros 9 vinculados a la matanza de Acteal

Jesús Aranda escribe que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó –por cuatro votos contra uno– la libertad absoluta e inmediata de otros nueve acusados por la matanza de Acteal; a 16 les otorgó “amparos para efectos”, para que un tribunal unitario determine su situación jurídica, pero tomando en cuenta exclusivamente pruebas lícitas, y sobreseyó (desechó) seis demandas de amparo. (La Jornada. Se anexa)

Liberan a 9 presos más de Acteal

La SCJN ordenó la liberación inmediata de otros nueve indígenas a los que se les responsabilizó y sentenció a 25 años de prisión por la matanza de 45 personas ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, por considerar que se usaron en su contra pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República. El ministro José Ramón Cossío Díaz afirmó que los indígenas fueron condenados y declarados culpables como resultado de un juicio plagado de violaciones, y se detectó que “no existe material probatorio para comprobar su culpa” en la matanza. De manera simultánea, los ministros de la Primera Sala de la Corte también ampararon a otro grupo de 16 personas para que se reabran sus juicios y se les vuelva a juzgar, pero únicamente por los delitos de lesiones y homicidio calificado, porque se les eliminaron los cargos por portación de arma sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. (El Universal, Milenio, Reforma, La Opinión, Univisión, Crónica, El Financiero, Notimex, Cambio de Sonora, Expreso Chiapas, W Radio)

Salen de penal nueve acusados por Acteal

Por resolución de la SCJN, 9 indígenas tztotziles acusados por la matanza de Acteal, municipio de Chenalhó, fueron liberados la madrugada de este jueves del penal de El Amate, donde permanecieron presos casi 12 años. Tampoco en este caso los indígenas podrán regresar a sus comunidades en el municipio de Chenalhó, pues familiares de las víctimas y la organización de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas se oponen al retorno, por lo que prevé que en el transcurso del día se firme un convenio de reubicación con el Gobierno de Chiapas, similar al que suscribieron sus compañeros previamente excarcelados. Ignacio Gómez Gutiérrez, Emilio Gómez Luna, Hilario Guzmán Luna, Juan Gómez Pérez, Juan Hernández Pérez, Manuel Luna Pérez, Pedro López Pérez, Pablo Pérez y Mariano Díaz Chicario, abandonaron el penal de El Amate, a las 3:40 de este jueves, a bordo de un vehículo dispuesto por la dirección del reclusorio. Afuera los esperaban unas 200 personas, entre familiares e integrantes de congregaciones evangélicas, que tuvieron que sumarse a la caravana, para alcanzarlos poco más de dos horas después en un hotel ubicado en Tuxtla Gutiérrez, donde permanecerán unos días mientras se define su reubicación. (El Universal, Expreso Chiapas)

Frayba buscará que la CIDH atraiga el caso Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Grupo Civil Las Abejas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atraiga el caso de la masacre en Acteal. Luego de que la SCJN concluyó la revisión del juicio con la orden de liberar a 29 indígenas –20 en agosto pasado y nueve este miércoles--, que purgaban una sentencia de 25 años de prisión en promedio. Además, la Primera Sala de la SCJN concedió un amparo a otros 16 acusados, con el fin de que se reponga el procedimiento en su contra y, en su momento, tribunales inferiores dicten una nueva sentencia. Por esa razón, el director ejecutivo del Frayba, Diego Cadenas Gordillo, informó que este mismo miércoles una comisión de dos miembros de este organismo y dos indígenas de Las Abejas, grupo al que pertenecían los masacrados, entregaron, en la sede de la CIDH en Washington, elementos de prueba que acreditan que "en México se ha consumado la impunidad una vez más. (Proceso)

Piden "mesa de diálogo y reconciliación"

Los familiares de los presuntos victimarios celebraron la liberación de los nueve implicados en la matanza y advirtieron que exigirán reparación del daño moral por los casi doce años que permanecieron en prisión. Estela Pérez, quien encabeza el grupo de Familiares y Amigos de los Presos Inocentes del Caso Acteal, dijo que el fallo de la Corte llega tarde, y que no es del todo legal, sino una "decisión política". Consideró además que se debe hacer un llamado al expresidente Ernesto Zedillo; al extitular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, y al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, para que den su testimonio ante las instancias legales. Afirmó que se han entrevistado con políticos de los principales partidos con el fin de conformar una "mesa de diálogo". El objetivo es, explicó, que los cristianos evangélicos puedan retornar a sus lugares de origen en Chenalhó sin el temor a ser agredidos, pues son acusados "sin motivo" de ser paramilitares. (Proceso)

Dos posturas en la libertad de implicados

Sergio López Ayllón y Enrique Cabrero Mendoza, directivos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran que el centro de estudios pudo ser utilizado por grupos vinculados con organizaciones evangélicas al aceptar la defensa jurídica de 57 indígenas acusados de participar en la ejecución múltiple de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó. A pesar de ello, comentaron que a los investigadores del CIDE les pareció una causa justa, por lo que no fue una defensa de profesionales o académicos sin escrúpulos, sino de un grupo de investigadores que están convencidos de la presunción de inocencia. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el acompañamiento a las víctimas de Acteal y en otros casos como el de Mitzitón, es con la intención de coadyuvar con los pueblos indígenas de Chiapas para lograr que haya justicia, respeto a sus derechos humanos y a sus territorios. Uno de los principales objetivos del Frayba es garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de la masacre, sobre todo porque la organización de Las Abejas, grupo al que pertenecían los 45 indígenas masacrados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, son personas que no tienen recursos para pagar abogados. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

Vinculan a ex Alcalde con grupo paramilitar

El Consejo de Vigilancia de la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, denunció que el ex alcalde de dicho lugar, Jerónimo Demeza Hernández, brinda asesoría legal a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), grupo acusado de paramilitar en la zona Norte-Selva de Chiapas. También dan a conocer que ya son dos ocasiones en que Leandro Hernández Toledo, presidente de la ARIC Oficial, "está encabezando reuniones de grupos paramilitares; en este ejido Jotolá, el problema está latente". Explican que tal persona presidió una reunión el pasado 13 de octubre cuando "ese día sacaron el letrero que nos identifica como la Otra Campaña; el día 23 del mismo mes presidió una reunión y en la noche fue agredido a golpes el compañero Cándido Cruz Díaz, por un grupo de personas agresivas. (Cuarto Poder)

No hay negociación, dicen

Las negociaciones entre el Gobierno del Estado y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) están estancadas, por lo que no se vislumbra una pronta desocupación de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomadas el viernes pasado por 18 indígenas. Este miércoles la agrupación afirmó que liberación de sus tres dirigentes presos y la cancelación de 11 órdenes de aprehensión "no están sujetas a negociación". "La solución inmediata de estas dos demandas está en manos del Gobierno del Estado", agregó en un comunicado de prensa, en el que informó que ha pedido al director de la oficina de la ONU en Chiapas, Oscar Torrens, mediador en el problema, que las respuestas y propuestas de la contraparte, el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, le sean entregadas por escrito. (Cuarto Poder, Expreso Chiapas)

Partirá caravana de ayuda a V. Carranza

Integrantes de colectivos de mujeres realizarán una caravana hacia las comunidades de Laguna Verde y 28 de Junio, municipio de Venustiano Carranza, habitadas por miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), para entregar ayuda humanitaria a sus pobladores. Añadieron que "tomando en cuenta la petición que un grupo de compañeras de dicho lugar nos hicieron, convocamos e invitamos a todas las organizaciones a integrar una caravana de apoyo solidario que saldrá el viernes 6 de noviembre a las siete de la mañana de San Cristóbal de Las Casas". (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Arranca ciclo de cine indigenista

Películas y documentales sobre la cultura indígena mexicana serán transmitidos en el Ciclo de Cine Indigenista, que organizan el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A partir de hoy, el auditorio del INAH Sonora será sede de esta muestra cinematográfica en la que coinciden productores, directores de cine, investigadores y fotógrafos como Luis Mandoki (Voces inocentes: 2004), Epigmenio Ibarra (La habitación azul: 2002), Federico Weingastshofer (El papel de San Pablito: 1982), Jaime Riestra (Trabajadores del mar: 1976) y Dominique Jonard (Cuentos purépecha: 1991) y Eduardo Maldonado (Jornaleros: 1977), entre otros. Este Ciclo de Cine Indigenista se realiza simultáneamente en el Distrito Federal y los estados de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sonora. (www.expreso.com.mx)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Lo que quieren los ecos anarquistas

Alejandro Jiménez escribe en su artículo que “desde octubre de 2008 se documentaron en este blog ataques con petardos y latas de gas butano a sucursales bancarias y comercios en el Distrito Federal, el Estado de México y Guadalajara. En septiembre pasado los ataques de este tipo fueron más o menos continuados, lo que ya llamó la atención del resto de la prensa, que buscaba a los responsables. Las policías y autoridades dejaron correr todo tipo de versiones: que eran vándalos sin oficio ni beneficio; que eran células urbanas del EPR; los hermanos Cerezo; españoles de extrema derecha; universitarios zapatistas; y así por el estilo. Desde el principio buscamos a los verdaderos autores materiales de los ataques, con genuino interés periodístico. En febrero de este año hubo un primer y efímero contacto. En octubre, ya pudimos entrevistarlos en forma. Parte de lo que nos dijeron viene en el reportaje citado: qué buscan, qué pretenden, hasta dónde piensan llegar, quién los patrocina, qué mundo aspiran a alcanzar, cómo se organizan, qué comen, a quién admiran, a quiénes odian. Para desilusión de los amantes de las teorías del complot resulta que no son una guerrilla en forma. Son más bien células autónomas, sin liderazgo visible, que heredan y comparten el ideario anarquista, y al que le van dando expresiones concretas según la reivindicación a la que cada célula le dé más peso. Unos son vegetarianos radicales –veganos-; otros son anti capitalistas puros; los hay punks. Por lo general, jóvenes. No todos los anarquistas son partidarios de la acción directa, o la violencia en contra del enemigo de clase. Los hay teóricos, pacíficos, que hacen proselitismo a a la luz pública. Algunos son adherentes a la Otra Campaña, del EZLN. Hay unos más radicales, guerrilleros en forma: las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón. Aparentemente no hay vasos comunicantes entre unos y otros. Todos abrevan del anarquismo original de Bakunin, Proudhon y Malatesta que, en términos generales, preconizaban que el hombre nació libre; que es mentira que necesite de un Estado o gobierno para organizarse y vivir; la solidaridad y el libertarismo son suficientes para que el hombre conviva en armonía, sin dirigentes, sin cabezas, sin organización, pero al mismo tiempo sin caos.” (El Universal)

Integrantes de la otra campaña en apoyo al SME

En El Correo Ilustrado,  Colectivos: Coyotic; Salud y Conciencia; Frente de Pueblos del Anáhuac; La Otra Salud; La Hormiga; Mesa Informativa Neza: CECOS Neza; Jaime Montejo (Agencia de Noticias Independiente Noticalle, comisión de enlace Red Mexicana de Trabajo Sexual de DF y estado de México); Raúl Pérez Ríos (Sindicato de la Unión de Trabajadores de Educación Media Superior del DF); Comité Verdad, Justicia y Libertad Jacobo y Gloria, y Telefonistas Zapatistas. Adherentes individuales: Diana Itzú Gutiérrez Luna, Heriberto Salas Amac (integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco), Cutberto Hernández Valdés (SME), Salvador Díaz Sánchez (documentalista). Responsables: Pilar López Reyes y Jorge Salinas Jardón informan que: “La inaceptable agresión del gobierno calderonista en contra de los trabajadores mexicanos decretando la extinción de Luz y Fuerza del Centro ha provocado que millones de mexicanos nos unamos en apoyo a los trabajadores del SME. En este contexto, diversos colectivos y adherentes individuales a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, integrantes de La otra campaña, estamos convocando a una reunión para reflexionar, debatir y acordar acciones que contribuyan a la derogación del infame decreto, el sábado 7 de noviembre a las 17 horas en la Escuela Técnica del SME, Lisboa 46, colonia Juárez.” (La Jornada)

TEXTOS

Ordena la Corte liberar a otros 9 vinculados a la matanza de Acteal
Jesús Aranda/La Jornada

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó –por cuatro votos contra uno– la libertad absoluta e inmediata de otros nueve acusados por la matanza de Acteal; a 16 les otorgó “amparos para efectos”, para que un tribunal unitario determine su situación jurídica, pero tomando en cuenta exclusivamente pruebas lícitas, y sobreseyó (desechó) seis demandas de amparo.

Igual que el pasado 12 de agosto, cuando la sala liberó a 20 indígenas acusados de participar en el asesinato de 45 tzotziles que se encontraban en una iglesia, los ministros argumentaron que su decisión se basó en que se violó el proceso legal, la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas y el Ministerio Público Federal no demostró la responsabilidad de los presuntos culpables, quienes ya habían sido sentenciados a 25 años de prisión.

El ministro instructor, José Ramón Cossío, rechazó que con esta decisión la Corte genere impunidad; ‘“más bien –sostuvo–, la sociedad es la que gana al concederse el amparo a personas cuya culpabilidad no fue jurídicamente acreditada”.

Añadió que es falsa la pretendida disyuntiva entre el respeto a las garantías individuales (del procesado) y el interés de la colectividad por los valores de seguridad, orden y no impunidad. Ambos fines –afirmó– concurren al excluir pruebas obtenidas mediante la violación de las garantías constitucionales.

Aclaró que la resolución “no equivale a un pronunciamiento sobre la inocencia de los quejosos”, únicamente señala que las acusaciones penales formuladas en su contra no fueron debidamente probadas. Insistió en que si el proceso penal no tuviera reglas, “se abriría el camino a la arbitrariedad”, ya que si para emitir una sentencia contaran las razones “no jurídicas, entonces la que contaría sería la regla del más fuerte”.

En nombre de la mayoría, integrada por Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo, Cossío comentó que los acusados fueron condenados y declarados culpables “como resultado de un juicio plagado de violaciones a sus garantías constitucionales”, particularmente la de ser procesado penalmente en un juicio apegado a derecho.
Sergio Valls votó en contra del proyecto con el argumento de que, desde su punto de vista, no hubo violaciones al proceso legal, el MPF actuó conforme a derecho y no incurrió en la aportación de pruebas ilícitas.

En la sesión, a la que asistieron tres mujeres indígenas integrantes del Comité de Amigos y Familiares Presos Injustamente por el Caso Acteal, la mayoría reiteró las irregularidades detectadas en el juicio, como el hecho de que a partir de un “álbum fotográfico”, integrado por el MP y que contenía exclusivamente las fotos de quienes previamente habían sido identificados en una lista de presuntos culpables, la autoridad indujera el sentido de la indagatoria.

Asimismo, cuestionaron que el juzgado y el tribunal unitario que sentenciaron a los acusados otorgaran “valor pleno a los diversos medios de prueba obtenidos ilícitamente”.

Respecto a los 16 quejosos que obtuvieron “amparo para efectos”, entre éstos dos confesos de participar en la matanza, quienes seguirán en prisión, Cossío señaló que un tribunal unitario deberá dictar una nueva sentencia en la que únicamente tome en cuenta pruebas obtenidas legalmente y por los delitos de homicidio y lesiones calificados.

Es decir, ya no podrán ser juzgados por portación de arma prohibida y uso de arma exclusiva del Ejército, delitos por lo que originalmente fueron sentenciados.

Al término de la sesión, Óscar Moa, quien acompañó a los familiares de los acusados, cuestionó el fallo por considerar que la Corte actuó de manera política, no jurídica, y exigió al gobierno de Chiapas que integre una mesa de negociaciones para analizar la situación de los indígenas que ya fueron liberados y que no pueden regresar a sus comunidades.

Asimismo, comentó que con la decisión queda en evidencia que después de 12 años de la matanza no se le ha hecho justicia a las víctimas, por lo que exigió que se abra una nueva averiguación previa para que se castigue a los responsables, entre quienes citó al ex presidente Ernesto Zedillo y al ex gobernador Roberto Albores Guillén.

Los índigenas que obtuvieron libertad inmediata son Ignacio Gómez Gutiérrez, Emilio Gómez Luna, Hilario Guzmán Luna, Juan Gómez Pérez, Juan Hernández Pérez, Manuel Luna Pérez, Mariano Díaz Chicario, Pablo Pérez Pérez y Pablo López López.

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