Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 25 de noviembre de 2009

EZLN

Piden diputados a Juan Sabines reconocer legalmente las juntas de buen gobierno

Ángeles Mariscal escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el Congreso local aprobó un punto de acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo estatal que, en el ámbito de su competencia, atienda las peticiones de las Juntas de Buen Gobierno(JBG), instauradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según los legisladores, los zapatistas pidieron el reconocimiento jurídico de esas instancias. (La Jornada. Se anexa)

Buscan elevar a rango constitucional juntas de EZLN

El Congreso de Chiapas pretende elevar a rango constitucional las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y reconocer los usos y costumbres de los grupos étnicos. Durante la sesión ordinaria, el pleno aprobó un punto de acuerdo para autorizar al gobernador Juan José Sabines Guerrero atender las necesidades de estas estructuras del EZLN, y envíe una iniciativa de ley para darles reconocimiento jurídico. El presidente del Congreso del estado, Jorge Enrique Hernández Bielma, sustentó que una comisión integrada por varios diputados locales, de los seis grupos parlamentarios, visitó las cinco juntas zapatistas. Aseguró que se trata de dar cumplimiento a los temas estatales de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados entre el Gobierno Federal y una delegación del grupo armado en 1996. Rechazó que con el reconocimiento jurídico de las Juntas de Buen Gobierno se esté violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, se trata de dar puntual atención a justas demandas de desarrollo y bienestar de los indígenas. (Milenio)

CHIAPAS

Informan aprobación de OCEZ a propuesta

La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México informó que los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que tienen ocupada la sede de la ONU en San Cristóbal de Las Casas, "han aceptado la propuesta presentada por el gobernador Juan Sabines Guerrero para instalar este jueves una mesa de distensión", que facilite el proceso de diálogo. Manifestó su esperanza de que al aceptar la propuesta presentada por el mandatario estatal de que se instale una mesa de distensión, se facilite el proceso de diálogo, empezando por la desocupación de la sede de la ONU. (Cuarto Poder)

Seguirá el diálogo entre la OCEZ y el gobierno de Chiapas

En conferencia de prensa, José Manuel Hernández, El Chema Ratón, reconoció la mediación de la química María Elena Meneses, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del PRD, y anunció que el diálogo con el gobierno continuará en las mesas de negociación. Luego de la revisión de expedientes en la mesa de reconciliación fueron liberados Roselio de la Cruz González, José Manuel de la Torre Hernández y José Manuel Hernández Martínez, integrantes de la OCEZ región Venustiano Carranza. Tras expresar alegría por recuperar su libertad, Roselio de la Cruz explicó que la organización va a apostar al trabajo coordinado con las autoridades. Sostuvo que “el diálogo es la mejor vía para buscar el acercamiento con las diversas autoridades”. (La Jornada)

Dirigente de la OCEZ condena represión

Horas después de su excarcelación, el líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), José Manuel Chema Hernández Martínez, dijo ante decenas de sus compañeros que durante casi dos meses se manifestaron para liberarlo, que los labriegos no son “carne de cañón” y que la represión y compra de líderes no resuelven las demandas de tierra y justicia. El dirigente salió de su vivienda en el municipio de Venustiano Carranza –adonde lo trasladaron funcionarios estatales– y viajó a San Cristóbal de las Casas para reunirse con sus compañeros instalados en plantón y quienes ocuparon las oficinas locales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr su libertad y la de dos campesinos más. Ya libres los tres, los llevaron ante el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien les pidió “reanudar las negociaciones” y ofreció que no se cumplimentarán más órdenes de aprehensión. Ellos accedieron, pero le aclararon que mantendrán sus demandas de tierra e indemnización a las familias de dos campesinos muertos durante uno de los operativos de aprehensión. (La Jornada, El Universal, Excelsior)

La serranía, en las Margaritas, nueva área protegida certificada

Al menos 439 hectáreas de tierras de uso común, de los ejidatarios de Nuevo Huixtán, del municipio de Las Margaritas, serán destinadas voluntariamente para la conservación mediante un certificado que reconoce como área protegida a esta zona denominada "La Serranía", según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los ejidatarios se comprometen por medio de este certificado, por un tiempo de 15 años a destinar sus tierras a las acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como de educación ambiental, ecoturismo y monitoreo del ambiente. El certificado es un documento previamente consensuado con el ejido que establece las colindancias y delimitaciones de la zona y características físicas y biológicas del predio que se localiza en buen estado de conservación, ya que se encuentra en zonas aledañas con la Reserva de la Biosfera Montes Azules. (Cuarto Poder)

Expulsan a cuatro familias de Huixtán por motivo religioso

Cuatro familias indígenas de la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Huixtán, fueron expulsadas por diferencias religiosas, denunciaron los afectados. Juan Vázquez Hernández, pastor evangélico, mencionó que las autoridades de la localidad indígena antes de correrlos del lugar obligaron a las familias a firmar un documento en el que se señala que salieron de la localidad por su voluntad. (Cuarto Poder)

Dos funcionarios fueron retenidos

Indígenas del municipio de San Andrés Larráinzar retuvieron durante varias horas al delegado regional de Chiapas Solidario, Agustín Franco Villanueva. Fuentes oficiales informaron que el funcionario fue acusado de no haber construido dos canchas de básquetbol programadas desde el año pasado. Según las fuentes, el lunes los habitantes de las comunidades de Jolnachoj y Lukilhó, retuvieron primero al Delegado Municipal y al Jefe de Sector de Chiapas Solidario, cuyos nombres no fueron dados a conocer. Dijeron que poco después llegó Franco Villanueva para tratar de negociar la liberación de sus dos trabajadores. Y efectivamente, los indígenas los pusieron en libertad, pero lo retuvieron a él. Las fuentes manifestaron que después de varias horas de tensión, arribó al lugar el jefe de operación de Chiapas Solidario, Fredy Hernández, para tratar de negociar la liberación del delegado regional, cuya sede está en San Juan Chamula. Según lo convenido, las autoridades tendrán siete días a partir del 30 para la entrega del material que se necesita para la construcción de las canchas. (Cuarto Poder)

La ONU ofrece su ayuda

México recibirá un millón de dólares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la violencia contra las mujeres en 60 municipios indígenas de Chiapas y Oaxaca, anunció Arnaud Peral, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que se celebra hoy, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), precisó que el dinero permitirá establecer un modelo integral para prevenir la violencia de género a través de educación a las indígenas. (Excélsior)

GRUPOS ARMADOS

Sepultan en Chilpancingo al comandante Ramiro del ERPI

El cuerpo de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue sepultado la tarde de este martes en el cementerio municipal de Chilpancingo, horas después de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) recogió sus restos del Servicio Médico Forense, donde permanecieron desde la madrugada del viernes pasado, cuando fueron llevados allí por las autoridades para su identificación. (La Jornada, Milenio, Reforma)

Piden reintegrar la Comed en Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca, el Comité Hasta Encontrarlos, integrado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007, solicitó la reintegración de la Comisión de Mediación (Comed) entre el Gobierno Federal y el grupo armado para dar seguimiento a la exigencia de dar con el paradero de ambos combatientes. Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los eperristas, dijo que “los familiares de los desaparecidos creemos y estamos convencidos de que sólo el trabajo y la lucha de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de personalidades solidarias nos permitirá alcanzar mayores resultados en el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada”. (La Jornada, E-Consulta)

Participó EPR en retención de autoridades en San José del Progreso, acusa Edil

El presidente municipal de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez Rivera, denunció que presuntos militantes del EPR participaron en los hechos violentos ocurridos el jueves de la semana pasada en esa comunidad del Valle Central oaxaqueño. Y es que como medida de presión para lograr la destitución del presidente municipal, opositores a la autoridad municipal amarraron y encarcelaron a 12 colaboradores del Alcalde y amagaron con prenderles fuego, en caso de no atender sus demandas. Ahora, la autoridad municipal de San José del Progreso, Ocotlán, encabezada por el cuestionado Óscar Venancio, exigen la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) para la ubicación y detención de los presuntos "guerrilleros". (E-Consulta)

ASUNTOS INDÍGENAS

Apoyarán educación de indígenas

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) celebraron un convenio general de colaboración que tiene como propósito establecer las bases y los criterios para la realización de acciones conjuntas de interés común. Ante una decena de jóvenes indígenas que fueron invitados a la celebración del convenio, Xavier Abreu Sierra, titular de la Unidad de Coordinación y Enlace de la CDI, se refirió a la importancia del conocimiento como detonante para la prosperidad de las comunidades indígenas de Guadalajara: “Todo esto se hace para que tengan ustedes instrumentos para que se pueda detonar su región, respetando profundamente su manera de ser. Lo importante del conocimiento es que les prepare para que ustedes, los jóvenes indígenas, se conviertan en verdaderos promotores del desarrollo de su comunidad. Gobierno, organizaciones civiles, instituciones de la sociedad como la universidad podemos invertir y dar todo, pero si la comunidad no decide desarrollarse, todo lo que hagamos nosotros ayudará pero no resolverá el problema de la pobreza, de la marginación y de tantas cosas que hacemos”. (www.informador.com.mx)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

El miedo del 2010

Denise Maerker escribe en su columana Atando cabos que “algo muy raro está pasando en Chiapas. Apenas el lunes le contábamos que el pasado 30 de septiembre la Procuraduría del Estado de Chiapas detuvo a José Manuel Hernández Martínez, alias El Chema Ratón, líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).” (El Universal. Se anexa)

Acelerar estallidos

Julio Hernández López escribe en su columna Astillero que “¿Extrema insensibilidad o provocación programada? A sabiendas de las húmedas y trasnochadas condiciones en que hoy se toman decisiones en las cúpulas, con la evidencia pública de la ínfima talla política de los miembros del gabinete, y de los extravíos y visceralidades asentadas en el principal despacho de Los Pinos, es posible preguntarse si de verdad tanto error proviene de tales insuficiencias dizque gobernantes o forma parte de un esquema de confrontación sistemática que busca acelerar estallidos sociales para aplicar de inmediato un plan de emergencias políticas que justifique” la aplicación de medidas de contención y de represión largamente preparadas. En lugares como Chiapas, donde hay una chispeante administración local alegremente dispuesta a ensayar las ocurrencias de Los Pinos, se vive un escenario similar en cuanto a la acumulación de pifias gubernamentales y el tufo a provocación programada. Con una dosificación clara se han ido sembrando falsas presunciones de que en la entidad se preparan alzamientos armados, lo que ha permitido a las fuerzas públicas atemorizar, ‘investigar' y reprimir de una manera presuntamente cautelar. El manejo político y mediático del sabinismo ‘izquierdista’ busca provocar para justificar sus acciones presuntamente preventivas; envenenar para explicar las razones por las cuales el brazo de la violencia oficial debe entrar en acción. No se trata, ni en el plano federal ni en algunos estados, de meras deficiencias personales de los ocupantes de esos poderes decadentes, sino de un proceso de incitación que busca adelantar confrontaciones e instalar manos no limpias, esa broma de mal gusto ya quedó atrás, sino duras.
¿De qué otra manera se podría siquiera aspirar a cubrir la segunda mitad del sexenio, si no fuera mediante la instauración de más tinieblas y dolores, la guerra ya no contra el narco sino abiertamente contra opositores y críticos?)” (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Piden diputados a Juan Sabines reconocer legalmente las juntas de buen gobierno
Ángeles Mariscal/ La Jornada

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Congreso local aprobó un punto de acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo estatal que, en el ámbito de su competencia, atienda las peticiones de las juntas de buen gobierno (JBG), instauradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según los legisladores, los zapatistas pidieron el reconocimiento jurídico de esas instancias.

El 19 de noviembre pasado el pleno de la 63 Legislatura estatal aprobó la creación de la Comisión Especial ante la Realidad de las Juntas de Buen Gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

El diputado panista Trinidad Rosales Franco, quien encabeza dicha instancia legislativa, informó que el Congreso de Chiapas recibió el pasado 9 de noviembre un documento firmado por los ciudadanos David Gómez Pérez, Daniel Santiz López, Pablo Méndez Cruz, Moisés Cantor Decelis y Pedro Gómez Santiz, “en su carácter de representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno en el estado de Chiapas”.

Señaló que, en el escrito, los firmantes manifestaron que “ante la espera e incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, han acordado como mexicanos que el Ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Explicó que los zapatistas exigen respeto a sus formas tradicionales de organización social y política, así como a “su gestión comunal para el aprovechamiento de los recursos naturales y hábitat; protección a la integridad y legalidad de la tierra en posesión de las juntas de buen gobierno como pueblos autónomos, y respeto a la resolución interna de conflictos, preponderando sus derechos individuales”.

Rosales Franco recordó que los zapatistas también solicitan “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”. Asimismo demandan “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Trinidad Rosales, en nombre de la comisión que encabeza, argumentó que la misiva motivó la creación de dicha comisión, la cual verificará los aspectos jurídicos, políticos, financieros y sociales. Inclusive, ya estuvo de visita en las cinco juntas de gobierno –La Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y Oventic– para atender las demandas que plantean los zapatistas.

El diputado del Partido Acción Nacional Carlos Pedrero, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó el lunes pasado en entrevista que una comisión de legisladores locales visitó “a los representantes de las cinco juntas de buen gobierno para ver sus necesidades”.

Por ello, en la sesión ordinaria de este martes los legisladores aprobaron dicho punto de acuerdo.

El miedo del 2010
Denise Maerker /El Universal

Algo muy raro está pasando en Chiapas. Apenas el lunes le contábamos que el pasado 30 de septiembre la Procuraduría del Estado de Chiapas detuvo a José Manuel Hernández Martínez, alias El Chema Ratón, líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).

La detención fue en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en 2005 por los delitos de despojo agravado, daño y asociación delictuosa. Sin embargo, documentos de inteligencia, señalaban a la OCEZ-RC y a su líder El Chema Ratón como organizadores de un “evento disruptivo” que tendría lugar durante 2010. Como pruebas esgrimían una supuestas “fuentes vivas” que denunciaban que las armas decomisadas al grupo de Los Zetas el 9 de octubre en Frontera Comalapa tenían como destinatarios a los de la OCEZ-RC.

Estábamos entonces frente al primer caso en nuestro país en el que se relacionaba a una organización agraria y social con el crimen organizado y para cometer actos subversivos. De hecho, el 16 de octubre, y en concordancia con estas acusaciones, las autoridades de Chiapas transfirieron a El Chema al penal de Nayarit y el 24 detuvieron a dos cercanos colaboradores de El Chema, Rogelio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, y los encarcelados en el penal de El Amate.

Los elementos del caso parecían endebles y preocupaba que por paranoia o so pretexto del miedo de 2010 algunas autoridades aprovecharan para saldar cuentas con organizaciones sociales incómodas. Sin embargo, el mismo lunes, el caso dio un vuelco. El Chema y sus dos colaboradores fueron liberados. La razón es, por decir lo menos, intrigante.

Después de detenerlos y encarcelarlos, el gobierno de Chiapas decidió desistirse de la acusación de asociación delictuosa, que era lo que impedía que El Chema y sus colaboradores pudieran salir bajo fianza. Hecho esto, su liberación bajo caución fue ordenada por el juez segundo de lo penal con sede en El Amate, Carlos Bello Avendaño.

Fue el propio gobierno de Chiapas el que pagó la fianza para que salieran y el jueves se sentarán en una mesa de distensión el gobernador, la OCEZ-RC representada por El Chema y testigos de honor como el obispo Samuel Ruiz y las organizaciones civiles pro derechos humanos Serapaz y Fray Bartolomé de las Casas.

Qué bueno que así sea y que la paz en Chiapas no se ponga en peligro. Pero, ¿qué paso? ¿La Procuraduría del estado actuó por la libre? ¿El gobernador Juan Sabines fue presionado por autoridades federales para detener a El Chema o para liberarlo? ¿Quién está inventando tramas subversivas y con qué fin?