Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 20 de noviembre de 2009
EZLN
Comunicado de la Junta de Buen Gobierno
La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo difunde en un comunicado. “El día 17 de Noviembre se presentaron los familiares de los Sr. Luis Pérez Gómez, Mariano López Jiménez y Juan Gómez Méndez, bases de apoyo del EZLN, originarios de la comunidad San Isidro Chactoj, Zinacantán, ante la Oficina de la JBG, para informar que el día 16 del presente mes fueron encarcelados 16 horas sin comer por los del PRD. El pretexto de la detención es un trabajo comunitario, del que no fueron avisados. Cuando ya tenían detenidos a los 3 compañeros, los del PRD estuvieron reunidos para vigilar los detenidos, amenazando a las otras comunidades cercanas. El día 17 fueron liberados dos compañeros Mariano López Jiménez y Luis Pérez Gómez, esos dos compañeros liberados le pidieron multa de $ 80.00 y el otro $ 240.00. Pero el compañero Juan Gómez Méndez fue detenido 23 horas sin comer en San Pedro chactoj y el mismo día 17 fue trasladado al paraje Paste. Desde San Isidro antes de subirlo al carro fue golpeado fuertemente cuando ya estaba amarrado los pies y manos y vendado los ojos la aventaron a la camioneta y le pusieron una llanta encima. Este compañero ya fue acusado de otro tipo de delito como por ejemplo, hechicería, por eso lo trataron peor como un animal. El 17, como las 11 de la mañana, elementos de Zinacantán sacaron a Gómez Mendez y fue llevado en la cárcel público de Zinacantán en donde ya solo se fue encarcelado 30 minutos, en total fue encarcelado 39 horas con 30 minutos entonces el juez municipal intervino y lo saco de la cárcel con la condición de firmar una supuesta ‘minuta de trabajo’ y le comprometen a cumplir los trabajos comunitarios. (La Jornada)
Amenazan de muerte a bases zapatistas
Hermann Bellinghausen informa sobre el comunicado dado a conocer por la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante Del Mundo: “bases de apoyo zapatistas de San Isidro Chactoj, municipio de Zinacantán, fueron amenazadas de muerte por autoridades oficiales de su comunidad pertenecientes al PRD. El pasado día 16, los mencionados Gómez Méndez y Pérez Gómez, junto con Mariano López Jiménez, bases de apoyo del EZLN, fueron encarcelados 16 horas sin comer. El pretexto de la detención es un trabajo comunitario que no les fue avisado. Esta vez no fue así, porque saben bien que los compas zapatistas siempre colaboran en los trabajos comunitarios. Los del PRD estuvieron reunidos toda la noche para vigilarlos, amenazando a las comunidades cercanas porque pensaban que podrían venir a rescatarlos, y tronaron como 10 explosivos como advertencia”. (La Jornada)
GOBIERNO DEL ESTADO
Se reúne Sabines con el obispo Felipe Arizmendi
En un encuentro cordial, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, recibió al obispo de San Cristóbal de las Casas, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, con quien platicó ampliamente de diversos temas. Sabines y el obispo Arizmendi expresaron la necesidad de fortalecer la comunicación y dejar de lado los malos entendidos. Coinciden en que el camino es la paz, desde cada ámbito de su competencia, una religiosa y otra política, para construir un Chiapas más fuerte y próspero. El gobierno, sostuvo el mandatario estatal, dará todas las señales para que no haya percepciones equivocadas, a partir de malas interpretaciones y distorsiones. El gobierno del estado expresó el respeto a todos los cultos, a las diócesis de San Cristóbal y Tapachula y a la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, así como a la libertad religiosa. (La Jornada)
Exigen a gobierno de Chiapas frenar represión de activistas
Isaín Mandujano escribe que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exigieron al gobernador Juan Sabines frenar la campaña de 'criminalización' de la lucha social, pues activistas de diversas organizaciones han sufrido en los últimos días amenazas, vigilancia, persecución y acoso por parte de cuerpos policíacos. Previo a una jornada de movilizaciones, el FNLS demandó a Sabines Guerrero poner fin al escenario de "enrarecimiento" político y desacreditación de las organizaciones civiles. En un comunicado, instaron al gobierno estatal a "instalar una mesa de distensión con la presencia de testigos reconocidos moralmente, en donde el gobernador atienda de manera personal las legítimas demandas de organizaciones como la OCEZ-Región Venustiano Carranza". Recordaron que la OCEZ-RC lleva a cabo un plantón frente a la catedral de San Cristóbal, y en las oficinas de Naciones Unidas en esta ciudad, y que sus mujeres también mantienen un "campamento civil por la paz" en la comunidad de Laguna Verde, en el municipio de Venustiano Carranza. Los campesinos piden a Sabines "manifieste públicamente y por escrito que no existe ninguna orden de aprehensión, averiguación previa o solicitud de investigación o colaboración con instancias federales o Procuraduría de otros estados hacia nuestros compañeros Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara". (Proceso)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
¿Postergar reconocimiento de los derechos indígenas?
Jaime Martínez Veloz/La Jornada
La realidad muestra que los zapatistas y los pueblos indígenas de México tenían razón en su rechazo a una reforma de ley que no tenía entre sus propósitos la construcción de un nuevo acuerdo nacional en materia de derechos y cultura indígenas. Las condiciones de pobreza y marginalidad no se han superado y, por el contrario, tienden a agudizarse. El texto de la iniciativa original de la Cocopa reconoce derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales. La gran mayoría de los mexicanos somos descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas propias. Por tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto pueblos indígenas ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes. Debe considerarse la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos individuales. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este nuevo sujeto jurídico. (La Jornada. Se anexa texto)
TEXTOS
¿Postergar reconocimiento de los derechos indígenas?
Jaime Martínez Veloz/La Jornada
En 2001 el Congreso de la Unión decidió aprobar modificaciones de carácter constitucional en materia de derechos y cultura. Unilateralmente el Poder Legislativo y el gobierno decidieron cerrar el tema, mediante la aprobación de una reforma legislativa que desnaturalizaba el contenido de lo pactado en San Andrés Larráinzar, entre el gobierno federal y el EZLN, el 16 de febrero de 1996.
Casi nueve años después, la realidad muestra que los zapatistas y los pueblos indígenas de México tenían razón en su rechazo a una reforma de ley que no tenía entre sus propósitos la construcción de un nuevo acuerdo nacional en materia de derechos y cultura indígenas. Las condiciones de pobreza y marginalidad no se han superado y, por el contrario, tienden a agudizarse.
Nuestro país está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran colectivos culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional que se han denominado pueblos indígenas. La condición india y la pobreza están claramente asociadas. El INEGI clasifica como extremadamente pobres a todos los municipios en los que 90 por ciento o más de la población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes de la población india vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema marginación.
Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, cuando el promedio nacional es de poco más de 10 por ciento de la población. Alrededor de la mitad de los municipios indígenas carece de electricidad y servicio de agua potable (frente a 13 y 21 por ciento de los promedios nacionales respectivos). En tres quintas partes de dichos municipios se observa una migración regular. Cuatro quintas partes de los niños indígenas menores de cinco años presentan elevados índices de desnutrición.
En ese rubro de edad se observa una cuota de mortalidad de 26 por ciento, frente a 20 por ciento nacional. La situación anterior no es gratuita; por el contrario, tiene hondas raíces sembradas en cientos de años. Analizarla, conocerla y combatirla es nuestra tarea.
En nuestro país, a partir de la Independencia y después de restaurada la República, México se planteó la incorporación de los indígenas para que adoptaran los rasgos de la nación moderna y mestiza que se pensaba construir. La Constitución de 1917 preservó la concepción unitaria bajo el principio de la igualdad jurídica, mas no reconoció la pluralidad cultural del país y definió la nacionalidad mexicana a partir de una sola lengua, un territorio, una historia y una cultura común.
Frente a esta omisión constitucional, la aprobación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abrió un campo de posibilidades en materia de derechos y cultura indígenas. La ratificación que dio el Congreso mexicano produce efectos jurídicos inmediatos para el orden interno en casi todo el sistema constitucional. Esto es un avance, porque este instrumento asume conceptos básicos relativos al ámbito de los derechos colectivos; así, el sujeto de derecho es el pueblo indígena, el cual se define en atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, destacando el principio básico de autoidentificación.
Asimismo, establece que el concepto de tierras debe comprender el territorio, entendido como hábitat. Sus limitaciones están dadas por la naturaleza de un convenio internacional que debe perfilar criterios tan generales que permitan su adaptación a las situaciones de los países integrantes de la OIT. México fue el primero de América Latina que lo ratificó cuando aún no se reformaba su Constitución para incluir la pluriculturalidad. Así, el Senado de la República dictaminó que el presente convenio no contiene disposición alguna que contravenga nuestro orden constitucional ni vulnere la soberanía nacional.
La ratificación constituye una obligación para que el Estado cumpla con todas las disposiciones y asegure que en el orden jurídico interno no haya leyes en contra, y esto incluye la misma Constitución. A la definición contenida en la iniciativa debe relacionársele con el elemento adicional que establece el Convenio 169 de la OIT, esto es, la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.
El texto de la iniciativa original de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) reconoce derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales (derechos fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos indígenas).
La gran mayoría de los mexicanos somos descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas propias. Por tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto pueblos indígenas ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes. Debe considerarse la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos individuales.
Se trata del reconocimiento constitucional a una realidad social que permanece a contrapelo de la pretensión de homogeneidad y de igualdad. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este nuevo sujeto jurídico.
---ooOoo---
|
