Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 14 de noviembre de 2009

GRUPOS ARMADOS

Difunden documento Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza

Las autoridades chiapanecas se dicen convencidas de que en ciertas zonas de la entidad se fraguaría un “movimiento armado” para el año próximo. Esto lo ilustra el elocuente documento Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y dirigido específicamente a “documentar” la existencia de una presunta red “subversiva” cuyo eje sería el párroco católico Jesús Landín García. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Piden la salida del Ejército Mexicano

La Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) "Histórica" pidió la "urgente" salida de las tropas del Ejército de sus comunidades, porque considera que en las últimas dos semanas se han realizado patrullajes, incursiones y allanamientos en sus viviendas. En conferencia de prensa, Rubén Méndez Méndez, líder de la OPEZ integrante del Bloque de Fuerzas Proletarias (BFP), denunció los constantes cateos, retenes y presencia militar en las comunidades de La Trinitaria y Frontera Comalapa, ha provocado temor entre los niños y mujeres. En la sede de la organización, en Comitán, Méndez, narró que las tropas de la VII Región Militar, han entrado a las comunidades, cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas. Méndez explicó que no entienden esta actitud del Ejército, porque la OPEZ "ha sido una organización que ha buscado el bienestar de sus agremiados a través de las acciones pacíficas". Por ejemplo, en el ejido Nuevo Villaflores los soldados ingresaron a varias casas, ante el azoro de los niños y mujeres, sin que encontraran armas, drogas y hombres ligados al narcotráfico. Estas acciones se han extendido también a otras poblaciones de los municipios de Frontera Comalapa, Comitán, entre otras. El pasado 10 de noviembre de acuerdo a un informe de las corporaciones policíacas mencionaba la posibilidad de enfrentar una movilización armada en Chiapas, lo que ha provocado la alerta de las autoridades. El informe de inteligencia advirtió que grupos subversivos entre otros, se han armado ayudados por miembros del crimen organizado en las comunidades; por lo tanto al OPEZ-Histórica se deslindó definitivamente de formar parte de la desestabilización del gobierno. (Cuarto Poder)

Intromisión de Gamboa en Ocez

El líder del PRD en Chiapas, Alejandro Gamboa López y la secretaria de Derechos Humanos del Comité Estatal, María Elena Meneses Velasco, visitaron en el Penal de Máxima Seguridad de Nayarit, al dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), José Manuel Hernández Martínez para proponerle que firmara una carta con el fin de que sus compañeros levanten el plantón que desde hace 19 días tienen en la Plaza Catedral de San Cristóbal y desocupen las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomadas el pasado 30 de octubre. Lo anterior lo informó su abogado Marcos López Pérez, quien afirmó él pudo visitar al reo durante 27 minutos después de permanecer seis días en Tepic, Nayarit, haciendo una serie de trámites para poder hablar con el detenido, debido a que la Juez de la causa, cuyo nombre no proporcionó, se declaró incompetente y el expediente regresó a Chiapas. El abogado defensor habló telefónicamente desde Tepic con Luis Manuel Hernández, hijo de Hernández Martínez, conocido como Chema, ante varios reporteros, quienes pudieron escuchar la plática a través del altavoz del teléfono, en las oficinas de la ONU, la noche del jueves. Añadió que el lunes pasado nuevamente lo visitó la enviada del Gobierno de Chiapas, y quien se hace llamar dirigente estatal de El Barzón, pero esta vez acompañada por Gamboa López y "le dijeron que convenciera a la OCEZ y organizaciones solidarias que mejor se hiciera la negociación porque si no se le va a complicar la situación a él con las acciones programadas para el 20 de noviembre, ya que el gobierno tiene información de que habrá una movilización que se llama 20 y 10 y, grupos guerrilleros van a tener una práctica previa". López Pérez informó también que el jueves, integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaron a Chema, quien durante más de una hora "les contó acerca de la represión que sufren en Chiapas y cómo fue detenido ilegalmente por policías vestidos con uniformes de los que usan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)". (Cuarto Poder)

Indígenas de Chiapas exigen a la CFE cesar agresiones a pueblos en resistencia de pagos

Indígenas adherentes a la otra campaña marcharon en San Cristóbal de Las Casas para exigir que cesen las agresiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra las comunidades en resistencia de pago por las altas tarifas, y para solidarizarse con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Agrupados en la Red Estatal de Resistencia Civil La voz de nuestro corazón, los indígenas aseguraron: No vamos a permitir más cortes de luz ni hostigamientos de la CFE. Con pancartas y lanzando consignas contra la paraestatal, los manifestantes, comenzaron la marcha en la cabecera del municipio de Amatenango del Valle y concluyeron en Teopisca. El contingente se topó con un retén militar que había sido instalado como parte de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional a quienes invitaron a unirse a la causa de su protesta. Señalaron que en los municipios de Venustiano Carranza, Las Rosas, Amatenango del Valle, Comitán, Chanal, Tzimol, Socoltenango y Teopisca, entre otros, ha ocurrido en estos meses una escalada represiva que se manifiesta con cortes masivos de la energía y amenazas de la policía y autoridades municipales. Expresaron que las incursiones militares y policiacas y la detención de dirigentes sociales, forman parte de un plan para explotar nuestros recursos naturales como en las comunidades de Cruztón y Soyatitán, donde empresas extranjeras, en complicidad con las autoridades, pretenden extraer los minerales. Otra de sus demandas fue la liberación de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, presos injustamente en el penal de Kobén, Campeche. Nuestros compañeros no son delincuentes, sino luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. También exigieron la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de activistas de Campeche y Oaxaca. (La Jornada, Cuarto Poder)

Apelarán libertad de agresores de abogado del CDHFBC

El gobierno del estado anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la libertad bajo fianza que el juez segundo del ramo penal dictó en favor de tres habitantes de Chilón que el 18 de septiembre pasado agredieron a Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón. Detenidos el 5 de noviembre, Agustín Hernández Sántiz y Rogelio y Guadalupe Cruz Méndez fueron notificados de que se les instruye el proceso penal por el delito de lesiones y se les exonera del delito de homicidio calificado en grado de tentativa; y por tanto deberán cumplir con las obligaciones procesales, entre ellas, acudir al juez tantas veces sean requeridos, precisó la Procuraduría de Justicia. (La Jornada)

Recuerdan masacre en "Viejo Velasco"

Al conmemorar este viernes en Palenque el tercer aniversario de la matanza registrada en la comunidad indígena de Viejo Velasco, de la Selva Lacandona, ocurrida en noviembre del 2006, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e indigenistas continuaron con su exigencia de que se enjuicie a los responsables y se les aplique todo el peso de la ley, así como que la PJGE localice y entregue a los familiares los restos de las cuatro personas que continúan en calidad de "desaparecidos". A convocatoria de las organizaciones que en su momento integraron la Misión Civil de Observación en Montes Azul y que aseguran haber documentado "los hechos vergonzosos que dieron como resultado la masacre de Viejo Velasco, cometido por agentes del estado y por un grupo de indígenas de corte paramilitar", en contra de la población de esa comunidad; cientos de indígenas y activistas marcharon y acudieron a un oficio religioso en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde recordaron a los cuatro muertos y los cuatro desaparecidos que tuvo como resultado el ataque. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS COLUMNAS Y EDITORIALES

A tres años de Viejo Velasco Suárez

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que: “no hay gobernador de Chiapas que no cumpla con su cuota de sangre indígena. Uno tras otro continúan la política de represión contra las comunidades que independientemente de su filiación política se resisten al despojo territorial y a una reubicación que únicamente favorece los proyectos empresariales de la región. Como tantos otros crímenes de Estado, o que han contado con su complicidad, la masacre ocurrida en la comunidad indígena Viejo Velasco Suárez, en el municipio de Ocosingo, cumplió este 13 de noviembre un año más de impunidad. En este tercer aniversario, para no olvidar y seguir exigiendo justicia, diversas organizaciones de derechos humanos recuerdan que la masacre ‘se dio en un contexto de reivindicación del derecho al territorio (...) y de violaciones sistemáticas por el Estado mexicano, en cuanto a la implementación de políticas agrarias y ambientales que han generado procesos de despojo territorial, reubicación forzosa y amenazas de desalojo violento en la región, específicamente contra cuatro poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá, donde se cometieron diversas violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la libertad personal y a la seguridad personal, así como a los derechos a la tierra, al territorio, al no desplazamiento forzoso, a la vivienda y a una vida digna, con actos como el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento interno de 39 personas, el despojo territorial, la destrucción de viviendas, agresiones físicas y detenciones ilegales’. Organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi´nich, entre otros, exigen alto a las causas que originan estos acontecimientos y al uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública; realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos ocurridos, efectuando un análisis genético que permita identificar los restos de los dos cuerpos encontrados el 6 de julio de 2007 y localizar, identificar y entregar a los familiares los restos mortales de las personas aún desaparecidas forzadamente; castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre ocurrida en Viejo Velasco y cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión aún vigentes, giradas en contra de sobrevivientes y familiares de las víctimas”. (La Jornada)

Autonomías indígenas bajo asedio estatal

Francisco López Bárcenas escribe en su artículo que “la detención de José Manuel Chema Hernández Martínez y la de Roselio de la Cruz González, ambos dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, en el estado de Chiapas; el asesinato de Miguel Ángel Pérez Casales, representante de la comunidad náhuatl de Santa Catarina, Tepoztlán, y miembro del Consejo de Pueblos de Morelos; la persecución judicial contra dirigentes y miembros de la policía comunitaria y Radio Ñomndaa, en el estado de Guerrero; las agresiones contra el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, con la pretensión de asesinar a sus autoridades, son algunos de los signos de que las autonomías indígenas se encuentran bajo asedio estatal. No es que antes no lo hayan estado, lo que sucede es que ahora la represión es más cruenta, ya no considera opositores políticos a quienes participan en ellas, sino enemigos y, como tales, no busca convencerlos o controlarlos, sino eliminarlos. Los tres últimos casos mencionados llaman la atención por varias razones. En su versión contemporánea se trata de procesos de construcción de autonomías posteriores al levantamiento zapatista en Chiapas, lo cual los marca por asumir más claramente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El dato no es menor. La construcción de las autonomías indígenas pasa necesariamente por la reivindicación de esos pueblos como actores políticos centrales, con sus autoridades y formas de organización propias; lo mismo que por la defensa del territorio, los recursos naturales y el potenciamiento de sus recursos culturales, como la lengua y las prácticas rituales propias, entre otras cosas; propuestas que de entrada cuestionan a las organizaciones ajenas a ellos, porque aunque reivindiquen sus derechos, lo hacen con métodos cercanos al Estado que quieren cambiar. Además de la represión judicial, policiaca y paramilitar contra los pueblos que luchan por su autonomía, los gobiernos estatales y federal tienen como mecanismo predilecto la división dentro de sus filas. Si los pueblos indígenas que defienden sus autonomías no quieren perecer víctimas de la represión gubernamental, además de tomar medidas que lo eviten, deberían recuperar su perspectiva histórica, detectar los errores que no vieron sus abuelos y tomar las medidas para no ser presa de ellos. (La Jornada)

Se sumaron a la causa del SME

En la columna Bajo reserva se menciona que los polémicos obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera se sumaron a la causa del SME y hasta convocaron a los medios para que atestiguaran la buena relación que existe entre el sindicato y la Iglesia católica. Incluso, autorizaron a Martín Esparza seguir echando mano de la Virgen de Guadalupe para que proteja al movimiento. Vera López le recordó que la morenita del Tepeyac es patrimonio de todos los mexicanos y que siempre que se lance a las calles puede llevar su estandarte. Eso sí, le pidieron a Esparza no declinar en su lucha, porque entonces sí se estaría condenando. (El Universal)

TEXTOS

Difunden documento denominado Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza
“Preparativos de movimiento armado”, argumento para la represión en Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. 13 de noviembre. Las autoridades chiapanecas se dicen convencidas de que en ciertas zonas de la entidad se fraguaría un “movimiento armado” para el año próximo.

Esto lo ilustra el elocuente documento Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y dirigido específicamente a “documentar” la existencia de una presunta red “subversiva” cuyo eje sería el párroco católico Jesús Landín García.

El amplio documento, fechado el 27 de julio de este año, y del cual La Jornada posee una copia, es el origen de las numerosas “versiones” y “filtraciones” a medios locales y nacionales que han justificado recientes acciones policiacas y militares, aprehensiones, allanamientos y revisiones en caminos de comunidades de Carranza y municipios circundantes (Comitán, Nicolás Ruiz, San Cristóbal de las Casas).

Con el método “cortar y pegar”, el documento reúne presuntos pasajes de homilías del clérigo Landín (anteriormente párroco de San Andrés Larráinzar) con fotos de teléfono celular de una reunión pastoral en Nicolás Ruiz, la captura de una banda criminal denominada Los Pelones en posesión de un arsenal en Frontera Comalapa, y una visita de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) durante la conmemoración pública de los 20 años de éste.

Se suman “consideraciones” sobre el obispo emérito Samuel Ruiz García, quien habría hecho de Landín “su sucesor”, no queda claro en qué, pero se deduce que como líder de “los movimientos antisistémicos, financiados por diferentes organizaciones no gubernamentales que fungen como protectores de los principales líderes”. El sacerdote “mantiene amplia aceptación en las zonas marginadas de ascendencia indígena, por su carácter radical y su línea discursiva de repudio al orden establecido y las instituciones del gobierno”.

La intención directa del documento de la PGJE es descalificar al dirigente de la OCEZ-Carranza José Manuel Hernández Martínez, Chema, quien “se autonombra (sic) luchador social desde hace 30 años”. Con base en las “pruebas” del documento, Hernández Martínez y otros dirigentes de OCEZ-Carranza fueron posteriormente encarcelados. El primero, de manera infundada, fue trasladado a un penal federal en Nayarit.

El documento menciona acciones agrarias de la OCEZ, sobre todo la ocupación de fincas propiedad de los grandes caciques de la zona, como la familia Orantes, y lo mezcla con la captura de Los Pelones, sin probar la vinculación de estos con la OCEZ. Desliza referencias al “tráfico de drogas e indocumentados”, ya que el centro de Chiapas, dice la PGJE, “es percibido como una región donde prevalecen condiciones favorables para el tráfico ilícito de cualquier mercancía”.

Más adelante describe los “grupos desafectos al Estado” en frases que no tienen desperdicio: “La presencia de actores beligerantes surgidos de la lucha campesina y la disputa de tierras atrae la atención de líderes sociales y religiosos vinculados a la subversión, quienes ante la inconformidad de los pobladores, buscan encontrar mayor simpatía a las conductas doctrinarias, situación que contribuye a generar nuevas condiciones de movilidad desafecta”.

Y añade: “la conformación de un frente antisistémico regional para abanderar demandas de carácter estratégico tales como la inconformidad por las tarifas de energía eléctrica, justicia social indígena y mayor desarrollo de las comunidades rurales marginadas” como “principal objetivo de las agrupaciones desafectas”.

Presupone que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FSLN), estaría preparando “la convocatoria del movimiento de desobediencia civil generalizada en 2010”, donde “destaca la participación de la iglesia católica que predica el Neoliberalismo (sic), así como la Teología Indígena”.

En esta presunta “red” participaría el CDHFBC, pues difunde denuncias “por presuntos actos de hostigamiento, y se convierte (junto con el FSLN), en el principal medio para atraer la atención de la comunidad internacional”.

Acomodando a modo hechos aislados, incluso falsos, el documento pretende criminalizar también a Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBC, vinculándolo con el presunto entramado de “subversión antisistémica”.

El esquema de la “red” del padre Landín considera a un tal Patrocinio González como “enlace del EZLN” e interpreta la presencia en reuniones eclesiásticas de diáconos supuestamente zapatistas e integrantes de la otra campaña de Cruztón, Socoltenango y San Cristóbal de las Casas como parte de la trama “subversiva”.

Todo esto ha generado una tensión inédita entre el gobierno de Chiapas y la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al grado de que, según habrían expresado funcionarios estatales, “se investiga” al propio obispo Felipe Arizmendi.

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