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México, D.F, 4 de mayo de 2009

EZLN

Denuncian abusos legales de autoridades en contra de ocho indígenas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que “la exhibición de indiciados, como se designa a una persona sobre la que recae la posibilidad de la comisión de un delito, constituye una violación a sus derechos humanos”, expone el abogado Miguel Ángel de los Santos en relación con las recientes detenciones de ocho jóvenes indígenas, adherentes de La otra campaña, y uno de ellos base de apoyo del EZLN, originarios del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) y la región autónoma zapatista San José en Rebeldía. (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Denuncian abusos legales de autoridades en contra de ocho indígenas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. “La exhibición de indiciados, como se designa a una persona sobre la que recae la posibilidad de la comisión de un delito, constituye una violación a sus derechos humanos”, expone el abogado Miguel Ángel de los Santos en relación con las recientes detenciones de ocho jóvenes indígenas, adherentes de la otra campaña, y uno de ellos base de apoyo del EZLN, originarios del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) y la región autónoma zapatista San José en Rebeldía.

El defensor de derechos humanos y catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas destaca que el gobierno estatal publicitó a estas personas como si conformaran “una presunta banda de delincuentes que asaltaba autobuses”, y sus fotografías “fueron exageradamente difundidas”. El abogado añade que no han sido estos los únicos casos. “De hecho, en Chiapas esta práctica se ha convertido en costumbre, como también que cuando son liberados porque no se demuestra su responsabilidad”, sucede “sin la publicidad de la detención”.

En un análisis titulado Presunción de inocencia y exhibición, De los Santos considera que “desde la perspectiva de la autoridad, la exhibición tiene como objetivo mostrar a la sociedad que las policías son eficaces, que han capturado a delincuentes y que a otros puede ocurrirles lo mismo”.

Más allá de que los cuerpos de policía sean eficaces en el combate a la delincuencia, “y me parece que no lo son, porque generalmente detienen bajo supuestos de flagrancia y/o con arbitrariedades”, apunta el especialista, “la presunción de inocencia constituye un derecho universalmente aceptado y recientemente incorporado explícitamente en la Constitución mexicana”. Esa situación supone que cualquier persona vinculada con una conducta ilícita “debe ser considerada inocente hasta en tanto se declare su responsabilidad por una autoridad jurisdiccional”.

La exhibición pública de imágenes de las personas detenidas, y a veces ni siquiera detenidas porque sólo han sido aseguradas y se encuentran bajo arraigo, “genera la percepción de responsabilidad; es decir, la sola presentación pública de un detenido sugiere que ha cometido un delito”.

Es lo que ha ocurrido con Jerónimo y Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián y Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara (adherentes de la otra campaña detenidos el 13 de abril), así como Alfredo Gómez Moreno (poblador de Xanil) y Miguel Vázquez Moreno (de Crucero Agua Azul y base de apoyo del EZLN), detenidos el 17 y 18 de abril, respectivamente. Este primero de mayo fueron puestos a disposición del juez y remitidos a la cárcel de El Amate.

“Una vez que una persona ha sido legalmente detenida es objeto de un proceso penal en que se dilucidarán los hechos que se le imputan y se decidirá si es responsable.” Durante el tiempo en que se lleva el proceso, “la persona es considerada inocente”, explica Miguel Ángel De los Santos. “Es absurdo” que una persona sea privada de la libertad mientras se determina su responsabilidad.

No ignora que en México a ciertos detenidos se les publicita esposados y flanqueados por policías, teniendo como fondo los logos o nombres de las procuradurías de justicia o las corporaciones que llevaron a cabo la detención, “y en el peor de los casos señalándolos como delincuentes”.

El análisis concluye que las autoridades de procuración de justicia, en este caso del estado de Chiapas, “incurren en violación al derecho a la presunción de inocencia cuando exhiben como si fueran responsables de delitos a personas que no han sido objeto de un proceso penal”.

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