Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 26 de mayo de 2009

CHIAPAS

Ola de agresiones contra ejidatarios por oponerse a una autopista

Hermann Bellinghausen escribe que al denunciar las tropelías y agresiones cometidas por presuntos evangélicos en la comunidad tzotzil de Mitzitón, en el municipio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los representantes ejidales y comunales desnudaron, no un problema religoso (que ha servido de fachada), sino maniobras gubernamentales para imponer el paso de la multianunciada autopista a Palenque por sus tierras. (La Jornada. Se anexa)

El Frayba presentará balance anual sobre Derechos Humanos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, presentará el próximo jueves el Balance Anual 2008 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas, en el marco de su 20 aniversario y del Año Jubilar por los 50 años episcopales de Don Samuel Ruiz, fundador y presidente del organismo. La presentación será a partir de las once de la mañana en la Universidad de la Tierra en la zona norte de la ciudad y participarán entre otros, el Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, Estado de México, con el tema Tierra y Territorio y los recursos naturales. También el Comité Cerezo del Distrito Federal y el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), de Tuxtla con el tema la Criminalización de la protesta. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Tlapa, Guerrero, analizando el tema de Conflicto Armado Interno. Presentando la Memoria Histórica participará Estela Barco de la organización Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) y el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas Samuel Ruiz García hará el Balance general. El moderador será el director del Frayba, Diego Cadenas Gordillo. (Expresso de Chiapas)

ACTEAL

Trasciende que SCJN pretende liberar a 14 indígenas presos por caso Acteal

Al iniciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre cuatro amparos presentados por 41 indígenas que fueron sentenciados por la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, trascendió que en los proyectos de resolución se propone la libertad absoluta de 14 de los acusados, “porque no se acreditó plenamente su responsabilidad en los hechos”, mientras que en los otros 27 casos se ordena un “amparo para efectos”, para que el juez de la causa valore pruebas que no tomó en cuenta al emitir su resolución. Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y explicaron que los cuatro amparos serán analizados en sesión previa por los ministros el próximo miércoles, con el objetivo de resolverlos a más tardar en dos semanas más. Los cuatro recursos fueron presentados en distintos momentos, pero todos tienen que ver con lo mismo: el asesinato de 45 indígenas tzotziles (21 mujeres –cuatro de ellas embarazadas–, 15 niños y nueve hombres) que pertenecían a la organización de Las Abejas, cuando oraban y ayunaban por la paz en Chiapas. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Comicios serán un espejismo hasta que las fuerzas ciudadanas se renueven

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que “la resistencia retórica del país nos impide comprender a qué grado la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras en México constituye ya un preámbulo de guerra civil”, afirmó el escritor Carlos Montemayor. Sobre los comicios del 5 de julio para renovar la Cámara de Diputados, opinó que las elecciones serán “un espejismo mientras las fuerzas ciudadanas no se renueven, no crezcan y no intervengan de manera decisiva en los procesos electorales, que cada vez más representan una disputa entre elites de partido y no de proyectos nacionales de base ciudadana”. “La guerra civil, los alzamientos armados, las rebeliones, los movimientos guerrilleros han sido siempre considerados por el gobierno mexicano, priísta o panista, como delincuencia. La criminalización de la inconformidad social ha conducido a una cerrazón total de comprensión social y jurídica de la inconformidad social; por lo tanto, el surgimiento de una guerra social sería un trastocamiento no sólo de la estructura política del país, sino de la inercia de conceptualización política de la inconformidad social en México. Esta resistencia retórica del país nos impide comprender a qué grado la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras en México constituyen ya un preámbulo de guerra civil.” (La Jornada)

Denuncian que la “ultraderecha” ha desaparecido a más de 300 mexicanos

Un grupo de familiares de desaparecidos políticos reiteró ayer su exigencia de que éstos sean presentados con vida, incluidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario. Durante un mitin realizado afuera de la Secretaría de Gobernación, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, lamentó que desde la llegada de la “ultraderecha” al poder (con Vicente Fox Quesada, en 2000) han ocurrido más de 300 desapariciones con el pretexto del combate al crimen organizado, cuando en realidad –afirmó– se criminaliza la protesta social y se detiene a disidentes. “Salimos a las calles para denunciar graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que comete el Estado mexicano”, repitieron en varias ocasiones algunos de los jóvenes desde el micrófono, portando caretas con los rostros de algunas de las personas que reclaman. (La Jornada, El Universal)

TEXTOS

Ola de agresiones contra ejidatarios por oponerse a una autopista
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Al denunciar las tropelías y agresiones cometidas por presuntos evangélicos en la comunidad tzotzil de Mitzitón, en el municipio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los representantes ejidales y comunales desnudaron, no un problema religoso (que ha servido de fachada), sino maniobras gubernamentales para imponer el paso de la multianunciada autopista a Palenque por sus tierras.

Los representantes ejidales denuncian acciones de un grupo de miembros de la Iglesia denominada Alas de Águila, en complicidad con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria de San Cristóbal, Rufino Rosales Suárez. Los problemas iniciaron el 16 de abril, cuando Carmen Díaz López, Pablo Díaz López y Antonio Gómez Hernández invadieron terrenos de uso comunal sin autorización de la asamblea. Díaz López no vive en Mitzitón, sino en la comunidad Nuevo Jardín, municipio de Teopisca, donde es pastor. “Tiene muchos años provocando, y fue expulsado del ejido por ilícitos que cometió con tráfico de indocumentados”, recuerdan los ejidatarios.

Hace más de ocho años se notificaron a las autoridades los delitos de estas personas, sin efecto alguno. Ahora, la asamblea informa “al mal gobierno” que acordó retirar los postes y alambrados de los invasores, así como los que pusieron en la parcela escolar. “Les pedimos que dejen de crear conflictos con los ejidatarios de Flores Magón y su anexo Mitzitón. Hemos tomado el acuerdo de sembrar árboles en esta área de uso común”.

Y destacan: “Curiosamente, el área que invadieron se encuentra dentro de la superficie amenazada con el paso de la autopista (La Jornada, 21 de abril). Además que ni siquiera son ejidatarios reconocidos, únicamente invasores”.

Los ejidatarios denuncian que los invasores han estado tumbando árboles en el ejido, mientras Miguel y Roberto Heredia de la Cruz “son responsables de robo con violencia de 130 bultos de abono orgánico del centro del ejido”.

Cumpliendo con su cometido no confeso, los invasores han roto todas las minutas de acuerdo: “Nosotros como autoridades del pueblo, hemos respetado el diálogo pero los que no respetan son el mal gobierno, los pastores y su gente; son ellos los que provocan y violan los acuerdos”. En un acta de asamblea del 19 de junio de 2008, “donde supuestamente se aceptaron 42 posesionarios, fueron falsificadas 116 firmas por la Procuraduría Agraria; hasta 8 muertos y 2 encarcelados firmaron, además nunca se informó del contenido del acta a la asamblea”. Aquellos acuerdos fueron impuestos “bajo amenazas y engaños” a las pasadas autoridades de la comunidad.

“Hemos demostrado disposición a tener acuerdo con nuestros compañeros campesinos indígenas”, exponen los afectados. “El 17 de mayo se presentaron dos evangélicos en la asamblea para pedir su participación en el ejido, aceptando la cooperación del pueblo, las asambleas, los trabajos comunales, y fueron aprobados, quedando como ejidatarios, registrados en el libro del pueblo”.

Los ilícitos de Díaz López datan de 1999, “y a la fecha tiene su grupo organizado de delincuentes”. Durante diez años las autoridades han ofrecido nulos resultados en la investigación de estas personas. “Estuvimos dispuestos al diálogo, hemos firmado acuerdos, pero vemos que no hay respeto de los funcionarios hacia nuestra comunidad. No vamos a permitir la división de nuestro ejido, ni el despojo de nuestras tierras, ni caeremos en provocaciones”, advierten los ejidatarios.

Por último, exigen “la libertad inmediata de los siete compañeros presos políticos adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón”, así como del maestro Alberto Patishtán Gómez, de La Voz de Amate, preso hace ocho años y 10 meses.

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