Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 20 de mayo de 2009

CHIAPAS

Rechazar operación de minera canadiense en sus poblados, pacto indígena

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que las comunidades de la Sierra Madre, en el municipio de Chicomuselo, rechazan la presencia en sus tierras de la voraz minera canadiense Backfire Exploration, a la cual los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero concesionaron –de 2005 a la fecha– 2 mil 352 hectáreas sólo en ese municipio. La mayoría de los habitantes de las comunidades Huanacaste, El Terronal, Loma Bonita y Cuatro Caminos, en coordinación con las autoridades municipales y el consejo de vigilancia de la colonia Monte Sinaí, refrendaron su “inconformidad”, ya expresada anteriormente, “en cuanto a la explotación de las minas” en sus tierras. Dieron a conocer que, reunidos en asamblea el pasado día 14 en Cuatro Caminos, definieron que “por ningún momento daremos lugar a la empresa minera para que destruya nuestras tierras. Porque el lugar donde se ubica la mina es zona cafetalera y de manantiales donde las cuatro comunidades tenemos el agua potable; manifestamos que no destruyan los terrenos donde trabajamos, porque de allí sostenemos nuestras familias y, además, no queremos contaminaciones a nuestra salud, y los árboles, y animales, y cultivos”. La resistencia de los pueblos, especialmente los indígenas, se extiende a las regiones Selva, Altos, Norte y Sierra Madre. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Busca gobierno “salida perversa” a problemática con el EPR: González Ruiz

El Gobierno Federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación. Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo. “Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador. (La Jornada)

ARTÍCULO, COLUMNA Y EDITORIALES

Radiodifusoras indígenas

Miguel Ángel Granados Chapa en la columna Plaza Pública escribe que “salvo una representante del Instituto Nacional de Desarrollo Social, ningún funcionario del Gobierno Federal que habían comprometido su asistencia, acudió el martes a la presentación del Manual para el trámite de permisos de radiodifusión indígena.Como parte de la reforma constitucional de 2001 en esa materia, que frustró las esperanzas del movimiento nacional indígena y de su principal promotor, el EZLN, el artículo segundo de la carta magna incluyó algunas de las aspiraciones de los pueblos originarios. (Reforma. Se anexa)

TEXTOS

Radiodifusoras indígenas
Miguel Ángel Granados Chapa/ Plaza Pública/Reforma

Salvo una representante del Instituto Nacional de Desarrollo Social, ningún funcionario del Gobierno Federal que habían comprometido su asistencia, acudió el martes a la presentación del Manual para el trámite de permisos de radiodifusión indígena. Su ausencia, en sentido contrario a su participación en la hechura del manual, resume la animadversión del Gobierno Federal a la radiodifusión indígena, que se expresa con violencia al clausurar emisoras carentes de los permisos que las autoridades niegan o retrasan hasta la exasperación, en un círculo perverso opuesto a Constitución, al derecho internacional y aun a la política expresa del Gobierno Federal respecto de los pueblos indígenas.

Como parte de la reforma constitucional de 2001 en esa materia, que frustró las esperanzas del movimiento nacional indígena y de su principal promotor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el artículo segundo de la carta magna incluyó algunas de las aspiraciones de los pueblos originarios. El preámbulo de ese artículo es sustento de disposiciones como la contenida en la fracción sexta de su apartado B. Dice el preámbulo:

"La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país antes de iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

"La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

"Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconozcan autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

"El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y autoridades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberían tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico".

El mencionado apartado B dispone que para "promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria", la Federación, los estados y los municipios "establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo, "para abatir las carencias y rezagos que afectan a las comunidades y los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de..." y en el párrafo final de la fracción citada se completa esa expresión. La obligación de "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes en la materia determinen".

En vez de propiciar esas condiciones, el Gobierno Federal se muestra reticente y hasta opuesto a la operación de uno de esos medios de comunicación, las radioemisoras indígenas. El 3 de marzo pasado el senador Heladio Ramírez López se refirió al asunto en la tribuna de su cámara, para solicitar información sobre esas estaciones radiales a las autoridades involucradas. Lo impulsó a hacerlo la entonces reciente agresión a Radio Kompa, instalada en Playas de Rosarito, BC, y la detención allí de los periodistas Feliciano Castro y Santiago Flores, y dos estaciones purépechas, en Nuevo Paraganricutiro y Ocumicho, Mich.. Una de ellas contaba ya con la autorización correspondiente no obstante lo cual se la clausuró, en contraste observado por el ex gobernador de Oaxaca, de que en Uruapan funcionan tres estaciones comerciales sin la concesión necesaria. Digamos al margen que estas emisoras sí harían a las establecidas conforme a la ley la competencia desleal que sin sentido suele atribuirse a las radiodifusoras indígenas.

Para impedir la negativa o la demora en la expedición de permisos solicitadas por las comunidades indígenas, la organización civil Redes para la diversidad, equidad y sustentabilidad convocó a un grupo de trabajo que se reunió entre junio y diciembre del año pasado, en el que participaron "comunicadores indígenas, funcionarios del Gobierno Federal y representantes de organizaciones sociales, con el objetivo de encontrar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a adquirir, administrar y operar medios de comunicación". El resultado de ese encuentro es el Manual para el trámite de permisos de radiodifusión indígena. Junto con Redes, lo edita el Instituto nacional de desarrollo social (Indesol), adscrito a la secretaría de esa materia, Sedesol, es decir el Gobierno Federal.

De ese modo, el prontuario mencionado debe allanar el camino hacia el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. Puede ser blandido por las organizaciones solicitantes como un manual de instrucciones a los funcionarios que deberán deponer sus renuencias, al mismo tiempo que servirá a los peticionarios a cumplir a cabalidad con los requisitos legales claramente estipulados. A la buena noticia de su aparición debe seguir la de que sea útil.

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