Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 27 de junio de 2009

CHIAPAS

Ejidatarios demandan al gobierno de Chiapas que excarcele a 7 indígenas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Sebastián Bachajón, Chiapas, que los representantes ejidales de San Sebastián Bachajón tienen tres exigencias al gobierno del estado, según expresaron esta tarde: “Primero, queremos la libertad inmediata de nuestros siete compañeros presos, porque son inocentes. Segundo, que se retiren todos los agentes de la ‘policía sectorial’ (o Estatal Preventiva, PEP) de nuestras tierras. Tercero, que nos devuelvan el banco de grava del ejido”. (La Jornada. Se anexa)

GRUPOS ARMADOS

EL ERPI se suma a tareas del campo

A lo lejos, desde la espesura del monte, se escucha el repicar de machetes que chocan con piedras y troncos. Conforme uno se va acercando se espera encontrar a campesinos, metidos en la faena de sus cultivos, pero lo primero que se alcanza a ver es a hombres vestidos con ropa tipo militar, su rifle AK-47 terciado en la espalda, con botas y cubriendo el rostro con paliacates o pasamontañas. Son una treintena de milicianos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que auxilian a los campesinos de comunidades ubicadas en lo alto de la Sierra del Filo Mayor de Guerrero. Con la diestra blanden el machete que corta la hierba que estorba a la milpa, mientras que con la otra sujetan el arma. “Aquí estamos, somos los delincuentes, como nos llama el gobierno, estamos haciendo producir la tierra porque es lo que sabemos hacer, porque todos somos campesinos”, dice el jefe de la columna guerrillera Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, a manera de recibimiento a un grupo de periodistas, mientras se sostiene con la punta del machete enterrada en la tierra húmeda. Se trata del grupo armado que hace dos semanas se enfrentó con tropas del Ejército en las inmediaciones de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán, en la Sierra de Guerrero. (Milenio, La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Liberan a indígena detenido durante zafarrancho del jueves en la CDI

Tras permanecer más de 33 horas detenido, Bruno Plácido Valerio, integrante de la Convención Estatal Indígena y Afromexicana, agrupación que desde el lunes sostenía un plantón frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en avenida Cuauhtémoc, fue liberado anoche tras pagar una fianza de 3 mil pesos, pero “no le fueron retirados los cargos”. Anoche Plácido Valerio señaló que su detención se dio tras el zafarrancho ocurrido la mañana del jueves, cuando policías intentaron desalojarlos de la CDI. Denunció que en todo el trayecto “me estuvieron torturando, me dieron golpes en la cabeza, me patearon y me rompieron la boca”. Misael Damián de la Cruz, integrante de la comisión de prensa de la agrupación, indicó que a Plácido Valerio “le fabricaron cargos por motín, lesiones y daños en propiedad” y apuntó que las autoridades federales “no respetaron el acuerdo político” por el cual los inconformes aceptaron regresar a sus comunidades a cambio de que fuera liberado (con retiro de cargos) su compañero. Mientras tanto, en Chilpancingo, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero y el Frente Popular Revolucionario condenaron el desalojo violento ocurrido el jueves pasado y anunciaron que emprenderán movilizaciones para exigir la destitución de su titular, Luis H. Alvarez. (La Jornada)

Los indígenas pueden enseñarnos el respeto a la tierra: León-Portilla

Los pueblos vencidos reclaman cosas justas como la autonomía de su vida comunitaria y el respeto a sus derechos, entre ellos el de la tierra, dijo el historiador Miguel León-Portilla (1926) ante un auditorio lleno de amigos y simpatizantes, quienes  acudieron a celebrar con él los 50 años de su clásico Visión de los vencidos, el libro más vendido de todos los que edita la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y ahí, en el enorme auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, expresó un deseo, a la vez demanda y reflexión: “Ojalá que continuemos todos ya más allá de la Visión de los vencidos y que algún día podamos escribir la Visión de los indígenas que vencen y que se imponen, no para hacerse conquistadores, sino para participar en un plano de plena igualdad con el resto de los mexicanos.” Antes, el autor del también  clásico La filosofía náhuatl había criticado la tendencia generalizada a considerar que para que los pueblos indígenas mejoren tienen que parecerse al resto de los mexicanos no indígenas. (La Jornada, Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Cerrar el paso a la impunidad

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de abajo que “’basta ya de otra mejilla…’, dice la estremecedora letra de la canción con que la joven compositora e intérprete María Inés Ochoa participó en el Encuentro americano contra la impunidad y por una justicia autónoma. Con esta frase resumió el espíritu de una reunión celebrada en territorio zapatista, en respuesta a la convocatoria lanzada por el Comité contra la Impunidad, que congregó en territorio rebelde a un millar de personas provenientes de más de 20 países de este continente. El derecho de los pueblos a la autodefensa fue retomado por el luchador peruano Hugo Blanco, quien en coincidencia con el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) señaló que si los pueblos son asesinados, agredidos, violentados y ultrajados en la defensa de sus territorios, como recientemente ocurrió en Bagua, Perú, tienen el legítimo derecho a no dejarse y a responder de las formas como les sea posible. El desconocimiento de las instituciones jurídicas de cada país fue otra de las constantes en la reunión continental. (La Jornada)

Altaneros

Ivonne Melgar menciona en su columna Retrovisor que “apenas esta semana, un centenar de indígenas guerrerenses viajaron al DF para presentar sus reclamaciones en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Piden diálogo. Pero sólo llegaron los granaderos. Blindada en el prestigio político de su director, don Luis H. Álvarez, la institución encargada de atender a los cerca de diez millones de habitantes de comunidades indígenas, heredera del Instituto Nacional Indigenista (INI), protagoniza una simulación oprobiosa. Cerca de tres mil millones de pesos dejaron de ejercerse en 2008 y, a casi la mitad del sexenio, el programa sexenal correspondiente sigue sin conocerse.
Aun cuando en el sexenio anterior Xóchitl Gálvez construyó con el Poder Legislativo este CDI, justamente para atender los conflictos que envuelven a los pueblos originarios, el desplazamiento de cuadros profesionales por funcionarios panistas ha impuesto una lógica de oídos sordos para las organizaciones beligerantes como la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas de Guerrero. En plantón desde hace cuatro días, algunos de sus dirigentes han optado por la huelga de hambre. La mayoría de los trabajadores de la Comisión se inconformó con la instrucción oficial de ignorar la protesta. Y se negó a ingresar a las oficinas mientras se mantuvieran ahí elementos policiacos. Don Luis está ausente por problemas de salud. Y su segundo de abordo, Xavier Abreu, anda de vacaciones en España. En un comunicado oficial, la CDI cuestionó las demandas del movimiento porque, alegó, defiende a un depuesto delegado que malversó fondos. Y advirtió que, si la protesta se mantiene a las puertas del edificio, se cancelaría el presupuesto aún no enviado a Guerrero. ¿Cómo ciudadanizar la política con ventanillas que no abren y oficinas que no funcionan? ¿Pueden los mexicanos de a pie derribar las murallas que resguardan a los políticos en sus partidos? Ahora que compite por el reparto del pastel, la clase política y gobernante se queja mutuamente del ‘tono altanero’. Ya no dialogan entre ellos. Con nosotros, los ciudadanos, dejaron de hacerlo desde hace un buen rato. Esa altanería —plural y sin distingos partidistas— es la que ha minado el entusiasmo por las siglas y las consignas. Y todavía, altaneros, se quejan del entusiasmo que ha comenzado a despertar el voto nulo.” (Excelsior)

TEXTOS

Ejidatarios demandan al gobierno de Chiapas que excarcele a 7 indígenas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Sebastián Bachajón, Chiapas. Los representantes ejidales de San Sebastián Bachajón tienen tres exigencias al gobierno del estado, según expresaron esta tarde: “Primero, queremos la libertad inmediata de nuestros siete compañeros presos, porque son inocentes. Segundo, que se retiren todos los agentes de la ‘policía sectorial’ (o Estatal Preventiva, PEP) de nuestras tierras. Tercero, que nos devuelvan el banco de grava del ejido”.

Sus compañeros se encuentran en el penal El Amate, en Cintalapa de Figueroa, luego de ser aprehendidos por las autoridades, entre el 13 y el 18 de abril, bajo cargos de asalto y asociación delictuosa, que tanto ellos como sus compañeros niegan. Dicen que se trata de fabricaciones y autoinculpaciones obtenidas bajo coerción. Ellos son: Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Alfredo Gómez Moreno.

Por cierto, en el contexto de decenas de liberaciones ordenadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero en distintos penales de la entidad, este jueves corrió el rumor, que resultó falso, de que habían sido liberados. Esta mañana se confirmó que los siete permanecen en prisión y sin cambios en su situación jurídica.

“Si no liberan a nuestros compañeros tomaremos otras medidas”, advierten los indígenas.

La PEP mantiene un campamento en tierras del ejido, en el lugar donde estuvo la caseta de cobro de los indígenas, en el acceso a las cascadas de Agua Azul. No sólo eso. Durante el día, decenas de agentes vigilan el crucero con la carretera a Palenque. Además, como explica una mujer tzeltal con gran vivacidad, “se meten en los caminos, roban las parcelas, nos espantan cuando vamos a la milpa y nosotras ya no nos atrevemos a salir”.

Apenas ayer, los policías dispararon en presencia de varias mujeres de San Sebastián Bachajón, en Maquichab, cerca de un pozo donde ellas trabajaban y sacaban agua. “Estaban amenazando a la gente”, dice la tzeltal.

“No tienen nada que vigilar aquí”, abunda un miembro de la autoridad ejidal en conversación colectiva con este reportero.

La mina de grava, propiedad “de todos los ejidatarios”, subrayan, es explotada desde hace más de dos semanas. Intensivamente, según comprobó La Jornada esta tarde. Al menos seis máquinas extraen grava y piedra. “Lo hacen en beneficio de los priístas” (que son minoría, y miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Oppdic).

“No sabemos dónde llevan el material”, agregan visiblemente inconformes y ofendidos. Despojo sobre despojo, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña del EZLN, se saben víctimas de las ambiciones gubernamentales para construir una autopista entre San Cristóbal de las Casas y el ya anunciado aeropuerto “internacional”, de inminente construcción en las afueras de la ciudad de Palenque.

Ayer, en Jolomatzá fue visto un equipo de agrimensores tomando registros, “sin autorización, aunque son tierras de nosotros”. También se les ha observado en los alrededores del crucero, ocupado por la PEP.

Tanto la explotación de la mina como el control de acceso turístico a las cascadas de Agua Azul son realizados por trabajadores y agentes estatales, en abierta colaboración con el grupo de la Opddic, acusado con anterioridad de paramilitar, y ahora involucrado en actos de corrupción evidente.

“La PEP sólo permite que los de Opddic nos chinguen”, aseveran los ejidatarios.

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