Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 26 de junio de 2009

EZLN

Patrullaje militar en paraje turístico cuidado por bases zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde Agua Clara, Chiapas, que el pasado lunes, decenas de ejidatarios oficialistas intentaron impedir el paso a la caravana civil nacional e internacional que llegó aquí para solidarizarse con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que mantienen una guardia en este paraje ribereño, en defensa del proyecto alternativo de turismo que estableció el gobierno autónomo zapatista en octubre pasado. (La  Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Necesitan pueblos indios acceso pleno a la justicia

El director de Promoción de Convenios en Materia de Justicia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jesús King Pérez, explicó que uno de los compromisos del Gobierno Federal es que todos los integrantes de los grupos étnicos tengan identidad jurídica, puedan gozar del pago de una fianza para otorgar libertad de presos, difusión de derechos, de los usos y costumbres.  En el marco del XIX taller de Procuradores de Justicia de la Defensa del Menor y la Familia, el funcionario dijo que los pueblos y comunidades indígenas necesitan y merecen un acceso pleno a la justicia, reconoció. Abundó que también se trabaja en la construcción de caminos, agua potable, drenaje, saneamiento, comunicaciones, fomento a la cultura, derechos de los pueblos y comunidades, derecho de género, fomento a la producción agropecuaria, enfocado a la sustentabilidad, acotó.  En Chiapas hay que trabajar mucho, afirmó King Pérez, debido a las condiciones de marginación y pobreza, por eso desde el año pasado se impulsa el programa de identidad, obviamente sin imposición y con el consenso de las localidades. (Expreso Chiapas)

Cumplir recomendación de CIDH, piden

A 15 años del caso de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales violadas el 4 de junio de 1994 por militares destacamentados en Chiapas, y quienes caminaban con su madre, Delia Pérez de González, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó exhortar al Ejecutivo federal para que emprenda las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dichas recomendaciones, emitidas el 4 de abril de 2001, la CIDH solicitaba al Gobierno mexicano investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como reparar adecuadamente el daño causado a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González. (Expreso Chiapas)

ASUNTOS INDÍGENAS

Reprimen agentes plantón frente a la CDI; 6 heridos y un desaparecido

Seis heridos –uno de ellos con fractura en el brazo derecho– y un desaparecido es el saldo de “un zafarrancho” entre elementos de seguridad pública y los indígenas de Guerrero que mantienen un plantón afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Martha Sánchez, Óscar Vargas y Misael Damián informaron que la mañana de ayer, elementos de seguridad pública trataron de desalojar a los indígenas guerrerenses porque impedían el acceso al personal de la CDI; ante la resistencia del grupo, los uniformados empezaron a golpearlos, por lo que Cleofas Celestino resultó con una fractura en el brazo derecho y seis personas heridas, además de que hasta la tarde de ayer se ignoraba el paradero de Bruno Plácido Valerio. Sánchez, Vargas y Misael Damián, voceros de los manifestantes, advirtieron que no retirarán el plantón hasta que haya diálogo con el titular de la CDI, Luis H. Álvarez. Los indígenas impugnan la designación unilateral del delegado de la comisión en Guerrero y exigen respeto a su derecho a ser consultados para nombrar al funcionario. (La Jornada)

Federales desalojan con violencia plantón de indígenas de la CDI

Minutos después de las 9 de la mañana, cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva desalojaron con lujo de violencia a los más de 300 indígenas guerrerenses que mantenía un plantón en las oficinas central de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la ciudad de México, en contra de la designación del delegado en Guerrero. En la gresca fue golpeado y detenido el dirigente de la policía comunitaria, Bruno Plácido Valerio. Los indígenas fueron desalojaros, mientras visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dialogaban con los inconformes. Plácido Valerio fue detenido porque cuando observó que el contingente de policías se acercaba hacia ellos, atravesó una camioneta para impedirles el paso, lo que provocó que lo golpearan y se lo llevarán casi inconsciente. Minutos después de las 4 de la tarde, fue presentado en la Procuraduría General de la República (PRG), donde rindió su declaración, informó el secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, Urbano Lucas Santamaría, quien se comunicó con los inconformes. Una comisión de inconformes encabezados por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, sostenían una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, para buscar una posible salida al conflicto, según informó el secretario de autoridades locales y políticas públicas del SE del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán. (La Jornada Guerrero)

Gobierno y ONG se confrontan por delegado

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reprobó la toma de sus oficinas por una organización inconforme con la remoción del delegado del organismo en Guerrero. El bloqueo de los inmuebles de la CDI tanto en el Distrito Federal como en Guerrero por la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas de Guerrero y la Convención Estatal Indígena y Afroamericana, indicó el organismo en un comunicado, impide desarrollar proyectos en beneficio de las etnias. Ambas agrupaciones exigen la reinstalación de Guillermo Álvarez Nicanor como delegado en Guerrero, cesado debido a un desvío de recursos para el pago de actos no relacionados con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, explicó. Agrupaciones indígenas también manifestaron su rechazo, como el Frente Indígena de Guerrero “Cuauhtémoc”, que respaldó al nuevo delegado estatal, Gonzalo Solís Cervantes, designado por el director de la Comisión, Luis H. Álvarez, el pasado 1 de junio. La comisión destacó que en 2009 se han otorgado más de 134 millones de pesos para proyectos en el estado, que se suman a los 278 millones para obras de infraestructura y desarrollo social que pueden ser cancelados debido a la toma de las instalaciones. (Milenio, La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Denuncian detención de activista social

En El Correo Ilustrado, Francisco López Bárcenas, Ramón Vera, Hermann Bellinghausen, Magdalena Gómez, Guadalupe Espinoza Sauceda, Germán Ortiz Coronel, Óscar Ramírez Bolaños, Yacotzin Bravo Espinosa, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Alinne Rivera Maldonado, Mario Vela Pallares, Emilio Cruz Sánchez, Aleida Hernández Cervantes, Jorge Peláez, Liliana López López, Jesús Guzmán Flores, Diana López Montaño y Mayra Monserrat Eslava  Informan que: “El 25 de junio como a las 9:30 horas fue detenido por la Policía Federal el compañero Bruno Plácido Valerio, frente a las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mientras participaba en un plantón para exigir el respeto a los derechos de los pueblos autóctonos y el cumplimiento de compromisos firmados en días pasados. Bruno Plácido Valerio es un compañero comprometido con los pueblos indígenas de Guerrero y un activo participante en la construcción del sistema de justicia comunitaria, que más de 40 municipios de ese estado han construido a través de los años, para asegurar que sus habitantes puedan vivir en tranquilidad, frente al fracaso de las instancias estatales en brindarla. Por esa razón exigimos su libertad inmediata y el cese de la represión contra los luchadores sociales en nuestro país.” (La Jornada)

Solicitan apoyo

En El Correo Ilustrado, Santiago Trinidad, Luis Hernández, Marcelino Díaz, Martha Sánchez y Blanca Estela Santamaría informan que: “Los pueblos indígenas de Guerrero estamos instalados en las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco, exigiendo a Felipe Calderón y Luis H. Álvarez Álvarez el respeto al derecho de consulta estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Hemos sido reprimidos la mañana del jueves, y detuvieron a nuestro compañero Bruno Plácido Valerio. Solicitamos el apoyo de la sociedad a este movimiento y la huelga de hambre instalada ayer, con víveres, cobijas, plásticos, colchonetas, agua, medicamentos.” (La Jornada)

Desaparición forzada: herida abierta de la guerra sucia

Gilberto López y Rivas escribe en su artículo que “el crimen de Estado y lesa humanidad de la desaparición forzada, que no prescribe y es de carácter continuado a los familiares de las víctimas, ha sido parte de la guerra sucia del Gobierno mexicano contra la oposición de izquierdas durante décadas y hasta el día de hoy, como lo prueba –entre muchos otros– el actual sumario paradigmático de Edmundo Reyes Maya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres niveles de gobierno, incluyendo miembros de las fuerzas armadas, el 25 de mayo de 2007. Precisamente sobre este tema, el día de ayer se presentó en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, el estremecedor documental Caso Rosendo Radilla, herida abierta de la guerra sucia en México, dirigido por Gabriel Hernández Tinajero y Berenisse Vásquez Sansores, y producido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Witness, en 2008. El video relata la historia de Tita, la hija de Radilla, y la de muchas otras familias de desaparecidos en su búsqueda por conocer la verdad sobre lo ocurrido a sus padres, hijos, hermanos o esposos, en su exigencia de que el Estado mexicano reconozca su culpabilidad en la comisión de estas transgresiones graves y en la demanda de castigo a los responsables de las mismas. El caso Radilla cobra trascendencia singular debido a que 34 años más tarde de ocurrida la detención-desaparición forzada llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de México enfrenta cargos actualmente por crímenes de lesa humanidad. ¿A qué militares protegen las actuales autoridades del Estado mexicano que se niegan a reconocer que el caso de los militantes del EPR constituye un crimen de desaparición forzada? ¿Por qué la CNDH no tocó ni con el pétalo de una recomendación a la Sedena? ¿Cuál es la razón del mutismo de la Procuraduría General de la República?” (La Jornada)

TEXTOS

Patrullaje militar en paraje turístico cuidado por bases zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Agua Clara, Chis., 25 de junio. El pasado lunes, decenas de ejidatarios oficialistas intentaron impedir el paso a la caravana civil nacional e internacional que llegó aquí para solidarizarse con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que mantienen una guardia en este paraje ribereño, en defensa del proyecto alternativo de turismo que estableció el gobierno autónomo zapatista en octubre pasado.

Tanto la caravana como los indígenas enviados por la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia para acompañarlos decidieron evitar la inesperada confrontación y apelaron a las autoridades de la región autónoma San José en Rebeldía, a la que pertenece Agua Clara. Los representantes priístas se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para asesorarse con el gobierno estatal.

Herminio, ejidatario del lugar y responsable del plantón, relata que horas más tarde la caravana entró al balneario acompañada por bases de apoyo zapatistas que impidieron una eventual agresión. “Desde entonces, un carro del gobierno está pasando a preguntar a los priístas sobre nosotros, pero no se han atrevido a entrar”.

Es un episodio más de las tensiones en la zona, donde en abril se desató un operativo policiaco para desalojar a ejidatarios de la otra campaña. A la fecha, la Policía Estatal Preventiva mantiene presencia masiva. Hoy, tropas del Ejército federal han realizado inusuales patrullajes. “Pasaron como nueve veces; van y vienen”, dice Herminio.

Ubicado en el tramo carretero entre el crucero de Agua Azul y Palenque, el balneario está a orillas del río Xumuljá, el cual nace de la unión de los ríos Pashilá y Agua Azul, que atraviesan el municipio de Chilón hasta aquí, ya en Salto de Agua, pero contiguo al atribulado ejido San Sebastián Bachajón, el de los siete campesinos de la otra campaña encarcelados en abril bajo cargos de “asaltantes de caminos”.

Se trata de un balneario más modesto y menos concurrido que Agua Azul. Antes formaba parte del rancho Agua Clara, propiedad del ingeniero Flavio Coutiño. Los índígenas que vivían dentro o en las inmediaciones de la finca la ocuparon después del levantamiento del EZLN, en 1994, aunque como sucedió en muchos casos, no se asumían como zapatistas.

Hacia 1996, un organismo civil –con respaldo gubernamental– impulsó la construcción de un hotel para los paseantes en el ahora ejido Agua Clara. Herminio aprendió a ser chef y se encargó de la cocina. Cuando él y otros indígenas se declararon abiertamente zapatistas fueron echados. Como también son campesinos, se dedicaron a cultivar las generosas tierras que rodean el río.

El grupo priísta convirtió el inmueble en cantina y “hotel de paso” para policías y soldados, y cayó en el abandono. Los turistas dejaron de llegar. En octubre de 2008, la JBG decidió restaurar las instalaciones, limpiar las orillas del río y establecer el balneario El Salvador, impulsando un proyecto de turismo no mercantilista que privilegia la conservación natural y el cuidado de la ribera.

Fue entonces que los priístas “recordaron” el uso turístico del paraje y pusieron una caseta de cobro cerca de la carretera a Palenque, luego de que las bases zapatistas del municipio autónomo Comandanta Ramona establecieran una en el acceso al río. Hoy, el visitante paga 20 pesos a los priístas de la sociedad Chen Ajaw, y 10 a los zapatistas encargados de cuidar el paraje.

Las tensiones y agresiones contra los simpatizantes del EZLN se agudizaron, mientras en el tramo carretero de Betel Yochip se multiplicaron los asaltos a autobuses de turistas. En diversas ocasiones, los priístas de esa comunidad y de Agua Clara, asociados con la Policía Estatal de Caminos, buscaron culpar a las bases zapatistas de los atracos, encubriendo directamente a los verdaderos delincuentes.

A principios de 2008 se había dado la aprehensión, tortura y encarcelamiento de los zapatistas Eliseo Silvano (padre e hijo del mismo nombre). Ante el escándalo internacional, la movilización civil por la injusta detención de los indígenas y la flagrancia de los policías en los actos de tortura y falsos testimionios, pronto fueron liberados. Los atracos prosiguieron, aunque ya fue evidente la connivencia entre priístas y policías que protegían (y protegen) a los verdaderos asaltantes, identificados por la JBG como pobladores de Agua Clara y Betel Yochip.

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