Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 25 de junio de 2009

EZLN

Siguen en libertad responsables de los asaltos en Agua Azul

Hermann Bellinghausen escribe desde el municipio autónomo Comandanta Ramona, que a pesar de que el gobierno del estado proclamó en abril haber detenido a la “banda de asaltantes” que asolaba el trayecto entre Agua Azul y Agua Clara, en la carretera Ocosingo-Palenque, La Jornada recabó testimonios de que los atracos continúan, precisamente en el tramo de Betel Yochip, donde la Junta de Buen Gobierno zapatista de Morelia identificó a los verdaderos delincuentes, sin que las autoridades judiciales hayan intentado investigarlos o detenerlos.(La Jornada. Se anexa)

Indígenas piden a la SRA que les reubiquen predio

Elio Henríquez escribe que los habitantes del poblado San Juan Tzeltal, municipio de Ocosingo, solicitaron nuevamente a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que los reubique en un predio situado en Playas de Catazajá, debido a que desde 1994 tienen diferencias con bases de apoyo zapatistas por la disputa de 280 hectáreas. "Lo que queremos es ya no vivir en tensión constante y poder trabajar en paz", afirmaron los representantes del poblado, pertenecientes a la Coordinación Nacional de Pueblos Indios (CNPI). Agregaron que desde 1993 solicitaron a la SRA que legalizara del terreno de 280 hectáreas en el que habitan y que tomaron en esas fechas. Agregaron que la solicitud "avanzó pero la SRA no ha podido entrar a medir debido a que los zapatistas se oponen porque dicen que esos son terrenos recuperados por ellos". (Cuarto Poder)

CHIAPAS

La resistencia a pagar altas tarifas de la CFE en Chiapas llega a 40% de usuarios

En las últimas tres décadas los movimientos sociales de resistencia al pago de las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han incrementado hasta alcanzar a 40 por ciento del total de los usuarios en Chiapas, entre ellos las autoridades municipales. La suma de los adeudos, al cierre de mayo pasado, rebasaba 780 millones de pesos. Los movimientos de protesta contra la paraestatal no se han reducido al no pago, y a las manifestaciones y mítines que cada mes se organizan en toda la entidad –el último fue el pasado fin de semana en tres municipios de la zona fronteriza: Comitán, Chicomuselo y Motozintla– se añaden hasta acciones violentas. Las comunidades que se mantienen en resistencia contra los cobros de la paraestatal tienen origen y militancia variadas. Hay desde grupos de ciudadanos independientes como la organización Dos Valles Valientes, ubicada en el municipio de Cintalapa, hasta simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). También se encuentran autoridades municipales. El superintendente de la CFE en Chiapas, Joaquín Sumano Leyva, consideró que “el factor principal que ha contribuido a la cultura del no pago son las organizaciones políticas o grupos que promocionan en las zonas indígenas, donde se encuentra el grueso de los morosos”. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Etnias de Guerrero inician huelga de hambre en las instalaciones de la CDI

Indígenas y afromexicanos de Guerrero, que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) desde el pasado lunes, iniciaron ayer una huelga de hambre. Dirigentes de la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) anunciaron que diez de los más de 200 integrantes de su organización que se encuentran en plantón permanecerán sin ingerir alimentos hasta que se resuelvan sus demandas. La huelga se instaló simultáneamente frente a la CDI, en la delegación Benito Juárez, y frente a la sede de Naciones Unidas en Polanco, donde mantienen un contingente solicitando la mediación de ese organismo. El conflicto inició el pasado 21 de mayo con la destitución del delegado estatal de la CDI, Guillermo Álvarez Nicanor, quien fuera nombrado en el cargo en octubre de 2007 por un acuerdo entre la comisión y la CEIA, y la designación “de manera unilateral por parte de la CDI” de Gonzalo Solís Cervantes como nuevo delegado. Martha Sánchez, integrante de la coordinación de la CEIA, dijo que no cederán hasta que los atienda el director de la CDI, Luis H. Álvarez, y les resuelva sus demandas. “No estamos peleando por un cargo, estamos defendiendo nuestro derecho a la consulta y luchando por un cambio en la política hacia los pueblos indígenas”, aclaró. (Milenio)

Instalan indígenas huelga de hambre en la ONU

Integrantes de la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) nuevamente sufrieron agresiones y empujones de la Policía Federal, cuyos agentes intentaron replegar a unos 300 manifestantes que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) en el Distrito Federal; en esta ocasión los antimotines golpearon a dos guerrerenses. Ante esta situación, exigieron la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De igual forma, 10 personas comenzaron una huelga de hambre para exigir respeto al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a consulta. En entrevista, Bruno Plácido Valerio, de la comisión de seguimiento de la CEIA, relató que a las 9 de la mañana de este miércoles más de 300 policías federales intentaron replegar a los manifestantes. “Golpearon a dos de nuestros compañeros, los empujaron y los tiraron para que pudieran entrar los trabajadores, y nos siguen amenazando (los policías) que sólo están esperando una orden para desalojarnos, pero nosotros no nos vamos a mover hasta que nos den una mesa de diálogo con el director de la CDI, Luis H. Álvarez”, aseguró. (La Jornada Guerrero)

Se intensificó la criminalización de radios comunitarias en 2009

Este año, el gobierno de Felipe Calderón intensificó la criminalización de las actividades de radios comunitarias, a las que con acciones policiacas reprime su derecho a ejercer su libertad de expresión, denunciaron organizaciones de la sociedad civil. En conferencia de prensa denunciaron la persecución penal del Gobierno Federal en contra de Rosa Cruz, artesana purépecha e integrante de la radio comunitaria Uekakua, en Ocumicho, Michoacán, el cual a finales de enero fue “violentamente” cerrada por al menos un centenar de elementos de la Agencia Federal de Investigación. Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), indicó que junto con otras organizaciones no gubernamentales han asumido la defensa de Rosa Cruz, quien tiene una suspensión luego que el día 13 de este mes recibió un citatorio para comparecer  ante el agente del Ministerio Público de la Federación, radicado en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que alcanza hasta 12 años de prisión por la utilización del espectro radioeléctrico sin la concesión o permiso. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Bueno… son indios, no gente

Francisco Gómez Maza escribe en su análisis que “es una obviedad afirmar que México es una sociedad racista, no obstante que en la inmensa mayoría de los mexicanos corre sangre indígena. Esta breve narración me sale, conociendo la noticia de que indígenas y afro mexicanos del estado de Guerrero han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, la grave, sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos por parte de representantes de los gobiernos federal y estatal. Agrupados en su mayoría en la Convención Estatal Indígena y Afro mexicana (CEIA), los demandantes, expusieron ante la representación de UN en ciudad de México que en este país se desconoce el derecho que tienen a la consulta bajo el consentimiento previo, libre e informado, al imponérseles en Guerrero a Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la Comisión (gubernamental) Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Los indios y afro mexicanos guerrerenses sólo ponen en la mesa su derecho a la libre determinación expresada en el ejercicio de la autonomía, para participar plenamente en la construcción de su propio desarrollo, respetando y valorando ‘la enseñanza de nuestros ancestros para con el territorio y los recursos naturales, lo tangible e intangible de nuestra madre tierra’. Sin otra opción, la CEIA, decide trasladarse este 22 de junio, de esa entidad al sur del país hacia la capital mexicana a fin de hacer valer sus derechos. Lo único que piden al Gobierno Federal es respeto absoluto al derecho que tienen a la consulta, el cambio de la política dirigida hacia los pueblos indígenas del Estado mexicano y que las instituciones dejen de convertirse en empresas de libre mercado. Además, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Pero… por duro y fuerte que parezca: Son indios y los indios no tienen cabida en el modelo social que han escogido las autoridades para normar la vida de los mexicanos”. (Expreso Chiapas)

TEXTOS

Siguen en libertad responsables de los asaltos en Agua Azul
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Municipio autónomo Comandanta Ramona,. A pesar de que el gobierno del estado proclamó en abril haber detenido a la “banda de asaltantes” que asolaba el trayecto entre Agua Azul y Agua Clara, en la carretera Ocosingo-Palenque, La Jornada recabó hoy testimonios de que los atracos continúan, precisamente en el tramo de Betel Yochip, donde la junta de buen gobierno zapatista de Morelia identificó a los verdaderos delincuentes, sin que las autoridades judiciales hayan intentado investigarlos o detenerlos.

Ocho indígenas fueron aprehendidos entre el 13 y el 18 de abril, acusados de los robos. Siete de ellos, ejidatarios de San Sebastián Bachajón y adherentes de la otra campaña, y uno base de apoyo del EZLN de la región San José de este municipio autónomo.

Los asaltantes identificados por la JBG, residentes de Agua Clara y Betel Yochip, son Miguel Hernández Moreno, Jacinto Hernández Moreno, Manuel Pérez Gómez, Pedro Gómez Cruz, Manuel Hernández Moreno, Sebastián Gómez Cruz y Sebastián Pérez Cruz (La Jornada, 9 de mayo).

Aunque el gobernador Juan Sabines se comprometió a investigar la denuncia zapatista, los verdaderos delincuentes siguen operando.

Detención de indígenas, la constante

Este martes, al denunciar la manipulación informativa del gobierno estatal en este tema, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) resumía que el estado pretende en esta región el despojo de “los territorios y el proyecto de vida de los pueblos indígenas, que organizadamente defienden y construyen otra manera de relación en su entorno”. Esto se evidenció tras el operativo policiaco de abril, que destruyó la caseta de ingreso a las cascadas de Agua Azul, las cuales han mantenido ejidatarios de San Sebastián hace años, resistiendo el hostigamiento de “agentes no estatales ligados al gobierno”.

La Policía Estatal Preventiva mantiene un campamento en el lugar de la caseta destruida, y la caseta de cobro del balneario es operada por empleados del gobierno. Los boletos llevan el sello de la Secretaría de Hacienda del estado, “una grave violación”, según el CDHFBC, ya que los ejidatarios adherentes a la otra campaña mantenían la caseta dentro de su ejido “como reivindicación a su derecho a la libre determinación, conforme el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los acuerdos de San Andrés”.

El CDHFBC consideró que Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, uno de los detenidos en abril, fue liberado en mayo como golpe mediático del gobierno, “en su intento por bajar la tensión y denuncia pública exigiendo la libertad de los tzeltales detenidos”. Dicho intento demuestra “negligencia y dolo, ya que Miguel estaba acusado de los mismos delitos que los demás indígenas, que siguen presos injustamente pese a haber sufrido las mismas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, con tortura y tratos degradantes”.

El accionar impune de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia “se ha convertido en el modus operandi, en la detención de indígenas de la región, sin órdenes de aprehensión (invocando ‘flagrancia’); torturados para autoinculparse, sin intérprete ni abogado que conozca de su cultura e idioma, como exige el artículo segundo constitucional”. Son privados de su libertad, procesados o sentenciados “por delincuencia organizada y robo con violencia”.

El gobierno del estado “esconde su verdadera intención: el control y explotación territorial de la región de Agua Azul por medio de la represión contra los pueblos que históricamente la han poseído”. Su objetivo es “operar los proyectos de inversión que su gabinete y el grupo de Roberto Albores Guillén han gestionado con el gobierno federal para administrar sitios arqueológicos y turísticos en territorio indígena”.

La “indigna” procuración de justicia en Chiapas, sostuvo el CDHFBC, supedita normas constitucionales y convenios internacionales “a los intereses económicos de un grupo”.

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