Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 24 de junio de 2009

EZLN

CFE emite demanda contra la Resistencia Civil Luz y Fuerza

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) demandó ante la PGR a la Organización de Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo Región III Fronteriza, adherida a La otra campaña, que impulsa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después de arrojar en las puertas de la paraestatal 40 medidores. Más de 40 usuarios fueron demandados por los delitos de robo de fluido eléctrico y daños a propiedad ajena. Los cargos de responsabilidad serán por más de 18 mil pesos, dinero que tendrán que absorber las familias que decidieron "arrancar" los medidores y tirarlos en las puertas de la CFE ubicada en Comitán, durante una manifestación. El movimiento de resistencia contra los excesivos cobros de la CFE ha crecido en los últimos días en la región. En un encuentro que se realizó en San Cristóbal de Las Casas, el 16 y 17 de mayo, habitantes de cientos de comunidades de más de 45 municipios, adheridos a La otra campaña del EZLN se declararon en rebeldía contra lo que consideran los "altos cobros" de la CFE. (Cuarto Poder)

El gobierno de Chiapas “criminaliza” la protesta social, denuncia el CDHFBC

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó al Gobierno de Chiapas de tergiversar información sobre conflictos sociales, practicar “la censura de los medios de comunicación” y establecer “campañas mediáticas” como estrategia contra los derechos humanos. En particular, consideró la detención en abril, y la posterior liberación de Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, como una “acción mediática dentro de la operación de control territorial del gobierno en la región de Agua Azul”, con informaciones falsas e intentando una suerte de celada publicitaria a la Junta de Buen Gobierno (JBG) del caracol zapatista de Morelia. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Hay distanciamiento entre Alcalde y Síndico

El conflicto entre católicos tradicionalistas y evangélicos de la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, Chiapas, que aparentemente se solucionó hace casi un mes, mantiene distanciados al alcalde Antonio de la Cruz Jiménez y al síndico del Ayuntamiento, Manuel de la Cruz. Hay quienes definen el conflicto como un asunto de "orgullo" entre los dos funcionarios, y otros como un tema de dinero que no han sido capaces de resolver.  Según versiones de pobladores de Nachig, el asunto tiene que ver con una patrulla de la Policía y un vehículo que utilizaba el Síndico, originario de la citada comunidad, dañados durante un zafarrancho. Para agarrarle el hilo a la madeja hay que recordar que habitantes de Nachig retuvieron la noche del pasado 28 de mayo al síndico y al líder municipal del PRD, Francisco Gómez Pérez, acusados de permitir la reconexión del servicio de energía eléctrica a familias evangélicas. (Cuarto Poder)

Autoridades envían oficio a CDI

Autoridades ejidales del municipio de Rayón, Chiapas, emitieron un oficio a la Dirección de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas para exponer la necesidad de una escuela de educación superior en esa zona. Los ejidatarios expusieron en el oficio la existencia de una universidad que hasta la fecha no goza de reconocimiento. Señalan que la alta demanda de estudiantes para ingresar a la educación superior en la Zona Norte del estado es un problema que debe tener solución por parte de las autoridades educativas. En ocasiones anteriores, el coordinador de la Universidad Indígena de Chiapas (UICh), Benjamín Cocom Cantú, ha señalado que ante la falta de una escuela pública del nivel superior en la región, han gestionado el reconocimiento de la primera universidad pública municipal ante los gobiernos Federal y Estatal, sin embargo, comentó que están a la espera de una respuesta final. (Cuarto Poder)

CDI

Etnias de Guerrero exigen a otro delegado

Integrantes de las comunidades originarias de Guerrero continuaron ayer en plantón frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el fin de protestar por la designación de un delegado que no está vinculado a la problemática de las etnias y cuyo nombramiento se generó sin que se haya tomado en cuenta su opinión. Recordaron que en 2007 se pactó con la CDI, que en consulta con los pueblos originarios se nombraría a un delegado estatal que fuera miembro de las propias comunidades. Sin embargo, ni ese organismo ni el gobierno estatal han respetado el acuerdo ni su derecho a emitir sus puntos de vista en la toma de decisiones que afectan su desarrollo, explicaron. Ayer los manifestantes dialogaron con algunos integrantes de la CDI, pero no hubo ninguna solución satisfactoria a su demanda de retirar al delegado Gonzalo Ramón Solís y designar a otro, que realmente conozca los problemas de la zona y cuyo nombramiento sea fruto de la consulta a los propios indígenas. Dado lo anterior, informaron que permanecerán en plantón y que realizarán una huelga de hambre para que el titular de la CDI, Luis H. Alvarez, resuelva la situación. (La Jornada)

Golpean policías federales a mujeres nahuas en la CDI

Integrantes de la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) denunciaron amenazas e intimidaciones del Gobierno Federal contra los más de 300 plantonistas de Guerrero, que se mantienen afuera de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la ciudad de México, donde agentes de Gobernación les advirtieron que serán golpeados y desalojados del lugar. Cuatro de las manifestantes fueron golpeadas por policías. Tres de ellas, Arnulfa Santos Flores, Lucía Pineda Gerónimo y Angela Alejandro Lorenzo fueron agredidas con los escudos por los policías antimotines, y Ana González Castro, nahua de 16 años, fue pateada en la espalda, reportó la CEIA. Ante esta situación, representantes de los cinco pueblos indígenas de Guerrero anunciaron que este miércoles se instalarán en huelga de hambre en las afueras de la CDI, para exigir solución y respeto a los derechos establecidos en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y tomarán las oficinas en Guerrero. El coordinador de la CEIA, Bulmaro García Zavaleta, reprochó que la manifestación de los indígenas, que fue pacífica y buscan hacer valer sus derechos y solución a sus problemas, recibió como respuesta intimidación y agresión, mientras que la CDI mostró cerrazón, porque le apuesta a que los manifestantes se desgasten.(La Jornada Guerrero)

GRUPOS ARMADOS

EPR: próximos comicios, “sin legitimidad”

En la medida que se acerca el 5 de julio, los mexicanos “vamos comprobando día a día que no estamos ante un proceso electoral más, (sino) frente a unos comicios desacreditados y carentes de toda legitimidad, que abarcan al sistema electoral en pleno, como partidos políticos y, por supuesto, a la mayoría de candidatos, quienes temen, sobre todas las cosas, aun desde el usufructo del poder ilegítimo, que sea desenmascarado una vez más el régimen tal cual es: antidemocrático, antipopular y represivo”, sostuvo el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Lo importante de esta coyuntura electoral “es el rechazo al régimen, en un principio espontáneo, hoy organizado, que diferentes sectores del pueblo lo hacen público y anuncian que anularán su voto mediante diferentes expresiones políticas”, anotó en un comunicado. (La Jornada)

En busca de guerrilleros, militares torturan a pobladores de la sierra de Guerrero: AI

Amnistía Internacional (AI) denunció que durante un operativo militar contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en tres comunidades de la sierra de Guerrero, integrantes del Ejército torturaron, amenazaron y hostigaron a los pobladores de esas regiones, incluidos mujeres y niños. Ante ello, emitió una recomendación urgente, por el temor de que esta población vuelva a ser víctima de abusos y delitos cometidos por soldados. El documento fue dirigido al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de la entidad, Zeferino Torreblanca; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, y a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Sobre este caso, AI documentó que del 9 al 13 de junio varios militares incursionaron en las localidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, del municipio de Coyuca de Catalán, donde torturaron a dos hombres y agredieron, amenazaron y hostigaron con armas a mujeres y niños. El organismo internacional exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos, y que garanticen la seguridad de los residentes de esos sitios contra futuros ataques, pues “existe ese inminente peligro”. AI precisó que el pasado 9 de junio 60 soldados llegaron hasta estas comunidades disparando al aire y contra los lugareños. Agregó que el día siguiente llegaron más militares, que sumaban alrededor de 500. (La Jornada)

TEXTOS

El gobierno de Chiapas “criminaliza” la protesta social, denuncia el CDHFBC
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó hoy al gobierno de Chiapas de tergiversar información sobre conflictos sociales, practicar “la censura de los medios de comunicación” y establecer “campañas mediáticas” como estrategia contra los derechos humanos.

En particular, consideró la detención en abril, y la posterior liberación de Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, como una “acción mediática dentro de la operación de control territorial del gobierno en la región de Agua Azul”, con informaciones falsas e intentando una suerte de celada publicitaria a la junta de buen gobierno (JBG) del caracol zapatista de Morelia.

El 14 de mayo, Vázquez Moreno abandonó el penal de El Amate. Era uno de los tzeltales “detenidos y criminalizados por la acción de resistencia al proyecto de inversión del gobierno sobre el territorio indígena de la región por parte de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, explica el CDHFBC.

El comerciante zapatista había sido aprehendido, torturado, arraigado y encarcelado en abril junto con siete ejidatarios de la otra campaña, y exhibido como delincuente desde el primer momento, sin pruebas. Los otros, al no ser bases zapatistas, permanecen en prisión.

Sin notificar a sus defensores, Vázquez Moreno fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente al crucero Agua Azul, hasta la puerta de su casa. Pero no de un tirón, como se hizo creer entonces en la información gubernamental.

“El gobierno de Juan Sabines Guerrero está operando una campaña de desinformación y criminalización de la protesta social, usando el erario para realizar inserciones en prensa” donde afirmó que el 15 de mayo Vázquez Moreno fue “entregado en la sede de la JBG de Morelia”. Inquirida por el CDHFBC, la junta negó “enérgicamente” esa versión.

Según el pronunciamiento, “la intención del gobierno del estado era establecer un diálogo con las autoridades autónomas y ‘tomarse la foto’, (para) mediatizar el supuesto respeto a las JBG y los derechos humanos. La operación falló”.

Desde el 8 de mayo, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, “utilizó a Julio Toledo, presidente de la ARIC-Unión de Uniones, como su emisario ante la JBG”, con la instrucción de convencer a sus miembros de acudir a Ocosingo “a platicar porque ‘les iba a ayudar a liberar a los presos’, pero omitiendo que miembros de la secretaría los esperarían en un espacio pactado con el emisario”.

Pese a la “treta fallida”, la secretaría de Gobierno insistió en “tomar la foto” de la liberación “para mediatizarla”, y el indígena fue trasladado a su casa por los licenciados José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo; Marco Antonio Ruiz y Rigoberto Fino Nájera, quienes lo fotografiaron con su familia para la prensa local.

Miguel había sido detenido el 18 de abril por Rigoberto Urbina Zenteno y Sergio Luis Alfallo Pérez, elementos de la Policía Estatal de Caminos. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO) determinó su “legal detención” y tramitó su arraigo a partir del dicho de los propios policías aprehensores, presuntamente “asaltados” por el indígena.

El ahora liberado testimonió en su momento: “me esposaron, me subieron en su carro y me llevaron directo a Tuxtla Gutiérrez; dos días después me vendaron mi ojo y todo mi cuerpo sin moverme y fui obligado a firmar un papel y si no lo firmo, que me van a matar y me van a arrojar al río y pregunté si puedo leer el papel y me dijeron que no”.

El CDHFBC sostiene que Vázquez Moreno “fue detenido de manera ilegal, torturado y privado de su libertad bajo falsas acusaciones, de la misma manera que los siete adherentes de la otra campaña, todo esto dentro de la FECDO”. Repetidamente, el centro ha documentado cómo en esta fiscalía “se dan actos violatorios de derechos humanos de manera sistemática, a partir de la figura de ‘arraigo’”.

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