Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 20 de julio de 2009

EZLN

Campaña contra indígenas que apoyan la resistencia al no pago de la energía

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que al ser un terreno de lucha especialmente sensible y elocuente para las comunidades y barrios populares, la resistencia a los abusos y la desigualdad en el servicio eléctrico ha resultado fértil para el descontento y la organización, y por tanto es perseguido o manipulado por las autoridades federales y estatales. No sólo eso: su “objetivo principal” es “favorecer la división”. Por medio de ellos, “los gobiernos federal y estatal buscan deshacer el tejido social”. Son usados de forma estratégica, “aprovechándose de la pobreza de las comunidades”, e intentan deslegitimar el proyecto de autonomía de las bases zapatistas. (La Jornada. Se anexa)

Crearán asamblea contra la impunidad

El Colectivo de Abogados Zapatistas y las organizaciones adherentes a La otra campaña en Guerrero propusieron crear una asamblea nacional contra la impunidad y por la justicia autónoma, ante la “instauración en avance de un Estado policiaco-militar” y el incremento de la persecución política y la tortura junto con las matanzas y desapariciones. Tal política –dijeron– se propaga con el estado de excepción ya vigente en varias partes del territorio y es auspiciada por Estados Unidos, Colombia, Israel, España y Francia; mientras los candidatos de siempre gastan miles de millones de pesos en campañas y el titular del Poder Ejecutivo adopta la militarización del país y la guerra contrainsurgente para aplastar los focos de resistencia que se hacen sentir. El acuerdo se concretó en una reunión de la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad celebrada el sábado en la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero, unas 20 agrupaciones provenientes de Chiapas, Campeche, Oaxaca y el Distrito Federal. (La Jornada)

CHIAPAS

Chiapas rechaza primer lugar en caso de gripe A

El Gobierno de Chiapas rechazó mediante un anuncio de prensa ocupar el primer lugar del país en cifra de enfermos por la gripe A y sostuvo que sólo es el que más contagios ha diagnosticado. Ello después de que la Secretaría de Salud federal señalara que Chiapas tiene dos mil 205 casos de la gripe A, el 16.1% de los 13 mil 646 que hay en todo el país. La estadística federal muestra a Chiapas por delante del Distrito Federal (dos mil 151 casos), Yucatán (mil 681), Tabasco (720) y Veracruz (712). Según el gobierno chiapaneco, encabezado por Juan Sabines, la primera posición en diagnosticar los casos se debe a que en el estado "se busca a las personas con síntomas de la enfermedad" y "no se espera a los enfermos en los hospitales". (El Universal, Reforma)

ASUNTOS INDÍGENAS

La vía Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca es progreso, a pesar de daños

El alcalde de Metlatónoc, Roberto Guevara Maldonado, opinó que la carretera que se construye desde el municipio hasta Tlacoachistlahuaca es una obra necesaria, no obstante los daños que ha causado en las casas y terrenos de varios vecinos que reclaman a las autoridades sean reparados; sin embargo, se pronunció porque el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), admita que sí se han ocasionado daños en las propiedades e indemnice a los afectados. Este lunes, en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) en La Montaña, en Tlapa, se efectuará una reunión de seguimiento sobre el problema entre los representantes de los vecinos afectados y funcionarios de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

ABC; nadie asume su responsabilidad

José Contreras escribe en su artículo que “a un mes y medio del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 48 niños, prevalecen la impunidad y la ausencia de justicia. Los altos cargos dentro del servicio público son en todos los casos cargos políticos y quienes los ostentan están sujetos a responder en determinado momento, por responsabilidades políticas. Pero en el caso de la guardería ABC nadie ha asumido este tipo de responsabilidad. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de la comunidad de Acteal, en la zona de influencia del EZLN en Chiapas, fueron asesinados por presuntos paramilitares. A los pocos días de los hechos fue cesado el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, por el presidente Ernesto Zedillo. Y días después renunció el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro. Ambos servidores públicos –uno, titular del gobierno del estado y el otro responsable de la política interna a nivel federal– estaban muy lejos de estar directamente involucrados en la matanza de Acteal, desde el punto de vista penal. Sin embargo, con dejar sus cargos asumieron una responsabilidad política, al no haber sido capaces, cada uno en su ámbito de competencia, de evitar una masacre como la de Acteal. En el caso del incendio de la guardería ABC nadie ha querido asumir una responsabilidad política, como sí ocurrió en los casos anteriormente citados.” (Crónica)

TEXTOS

Campaña contra indígenas que apoyan la resistencia al no pago de la energía Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al ser un terreno de lucha especialmente sensible y elocuente para las comunidades y barrios populares, la resistencia a los abusos y la desigualdad en el servicio eléctrico ha resultado fértil para el descontento y la organización, y por tanto es perseguido o manipulado por las autoridades federales y estatales.

El estudio Las experiencias de resistencia civil al no pago de la energía eléctrica del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac, diciembre de 2008) hace eco a lo que sostienen las comunidades en resistencia al pago: “Los programas asistenciales de gobierno no son más que migajas del presupuesto federal disfrazadas de beneficios”. Promueven “la individualización, generan dependencia, desmovilizan y no combaten las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad”.

No sólo eso: su “objetivo principal” es “favorecer la división”. Por medio de ellos, “los gobiernos federal y estatal buscan deshacer el tejido social”. Son usados de forma estratégica, “aprovechándose de la pobreza de las comunidades”, e intentan deslegitimar el proyecto de autonomía de las bases zapatistas.

Sus efectos en comunidades en resistencia son claros, afirma Ciepac. El programa Oportunidades Energético funciona “como mecanismo de presión”, haciendo coincidir la entrega bimensual del apoyo financiero con el de luz, algo “absurdo” frente al hecho de que muchas comunidades indígenas y campesinas llevan más de 10 años en resistencia al pago.
A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve la formación de “lecturistas comunitarios” entre los propios habitantes para forzar los pagos, y “condiciona el salario de los lecturistas al pago de recibos”, lo que induce división y conflictos.

El condicionamiento de los programas “ha tenido como objetivo debilitar la resistencia civil”. Las instituciones exigen el pago para entregar programas asistenciales y servicios elementales. “Para obtener o renovar una credencial de elector, el Instituto Federal Electoral ha exigido como comprobante de domicilio el último recibo de luz con sello de pago, en ocasiones negándose a recibir cualquier otro comprobante”.

La Jornada documentó en la zona norte del estado que antes de los comicios del 5 de julio, los propios partidos políticos retuvieron los recibos pagados de sus electores, hasta pasadas las elecciones.

De acuerdo con Ciepac, que además de documentar las experiencias de resistencia a los pagos de energía eléctrica, ha acompañado a la Red Estatal de Resistencia Civil, el más reciente intento de la CFE y el gobierno de Chiapas para provocar división comunitaria y debilitar el movimiento de resistencia es el programa Luz Solidaria, presentado como el “más importante de la historia”, un “acto de justicia social”. Esto coincide con que la entidad registra más usuarios en resistencia al pago.

Para diciembre de 2004 incluía 290 mil 673 personas; en junio de 2008, 427 mil 420. (Es probable que estas cifras oficiales, como las de educación, salud y población, ignoren o subregistren a las comunidades autónomas).

Ante esto, la CFE ha recurrido a los cortes masivos de energía, “todo un desmantelamiento (que) arrasa con el cable para evitar que las comunidades vuelvan a conectarse”, aunque haya sido comprado e instalado por los mismos habitantes.

En los operativos de corte, “la CFE nunca trabaja sola”. Se mueve con policías municipales y estatales. En 2008, solamente en comunidades de la Red Estatal se dio en promedio un corte por semana.

Son muchos los movimientos en Chiapas. El Consejo Regional Autónomo de la Costa sostiene una resistencia organizada y razonada en comunidades de Tonalá y Pijijiapan. Otro tanto hace Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte. Ambos movimientos han sido adherentes muy activos de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

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