Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 16 de julio de 2009

EZLN

Presionan funcionarios para que se afilien al PAN

Campesinos de la costa chiapaneca denunciaron al delegado de gobierno de presionarlos para que manifiesten su respaldo abierto a los diputados electos del PAN a cambio de programas sociales. Según los inconformes quienes se han declarado simpatizantes de La Otra Campaña del EZLN en 22 comunidades de los municipios de Tonalá y Pijijiapan han sido supuestamente presionados desde el inicio de las campañas electorales hasta su reciente culminación para apoyar al ahora electo diputado panista Carlos Martínez ex contralor del estado. Martínez, fue uno de los colaboradores más cercanos del ex gobernador Pablo Salazar. “Martínez Martínez, nos quiere obligar a afiliarnos al PAN o dice que de lo contrario nos irá muy mal con el gobierno del presidente (Felipe Calderón) y que la SEDESOL dejará de apoyar a muchas comunidades de la costa sino sumamos el apoyo al partido y a él”. Incluso, los rebeldes indican que el aspirante panista y ex alcalde de Tonalá, José Marroquín, está condicionando los apoyos y programas sociales de la SEDESOL para esta región. Los campesinos, acusan al delegado y subsecretario de gobierno Istmo-Costa, Mario Ramón Becerra y Miguel Ángel Gordillo, respectivamente, de apoyar la iniciativa de Marroquín. “Todos ellos, quieren que nos convirtamos en panistas, que los apoyemos en sus sucios intereses, pero no lo haremos. Somos zapatistas y no queremos nada con ningún partido político”, sentenció un portavoz de los seguidores de la Otra Campaña en Tonalá, sitio donde el Subcomandante Marcos, líder insurgente, impulsó su movimiento de resistencia. Finalmente, los denunciantes quienes omitieron su nombre por razones de seguridad, dijeron que entre sus inconformidades está la resistencia al pago de energía eléctrica contra la CFE. (Expreso de Chiapas)

Exigen liberar a activistas campechanos

El Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas exigió a los gobiernos federal y de Campeche la liberación inmediata de Sara López González, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liscano y Élmer Castellanos, acusados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera injusta y arbitraria. Reconoció que los activistas campechanos desde sus tierras están luchando, al igual que nosotros, por tarifas justas de luz. Ante la criminalización de la protesta social y el movimiento de resistencia civil de Campeche, el organismo costeño, adherente de La Otra Campaña del EZLN, advirtió que, “de no liberarlos de inmediato, tomaremos carreteras por tiempo indefinido, las presidencias municipales de Tonalá y Pijijiapan y la Subsecretaría de Gobierno Istmo-Costa, como protesta por nuestros presos y presas de Candelaria, y para que sepan que no están solos, que acá tienen compañeros de lucha y no vamos a descansar hasta no verlos fuera de la cárcel”. (La Jornada)

Producción de cine zapatista se exhibe en cárcel de Ecuador

La insurgencia zapatista, las costumbres de los poblados en la selva de México y la riqueza natural de esa región se funden en una historia de amor que retrata el cineasta mexicano Alberto Cortés, en una película exhibida en un inusual escenario: la cárcel de mujeres de Quito. Corazón del tiempo se presentó ante más de 200 presas como parte del festival de cine latinoamericano Cero Latitud, que se desarrolla en esta capital. La cinta narra la historia de amor entre Sonia, una joven comprometida con un vecino, que luego se enamora de un insurgente del EZLN. La filmación tomó más de cuatro meses en el 2007 y la cinta se estrenó en agosto de 2008 ante 1700 personas en las comunidades zapatistas. Cortés habla con orgullo de una "coproducción zapatista" donde la organización se encargó, entre otras cosas, de la logística. "Nos abrieron su organización para poder producir la película" y los "actores" son los mismos pobladores, las "bases de apoyo zapatista", afirmó. Sobre el EZLN señaló que desde su levantamiento armado en enero de 1994 "hemos sido testigos de sus propuestas políticas y sociales pero aquí estamos en presencia de lo que pueden hacer en el terreno artístico y cultural porque más allá de todo es una película de ellos", comentó Cortés. (www.chron.com)

CHIAPAS

Indígenas rescatan a siete funcionarios retenidos en Oxchuc

Unos cien indígenas del municipio de Oxchuc rescataron a siete funcionarios municipales que habían sido retenidos horas antes en una comunidad, cuyos habitantes exigen al alcalde priísta, Jaime Sántis Gómez, la entrega de láminas, informaron fuentes gubernamentales. Agregaron que el rescate provocó un enfrentamiento a golpes, con saldo de por lo menos un indígena lesionado y la retención de dos vehículos oficiales. Explicaron que los indígenas utilizaron un marro y una camioneta para derribar una parte de la cárcel rural y rescatar a los funcionarios la noche de este martes. Dijeron que el martes a las 13:00 horas aproximadamente, pobladores de la comunidad de El Paraíso, municipio de Oxchuc, retuvieron a siete funcionarios municipales, entre ellos la regidora Eva Sántis, en protesta por que el Alcalde sólo ha entregada láminas para los techos de sus casas, a sus partidarios. (Cuarto Poder, La Jornada)

Toma la OCEZ tierras en Chiapas; policías en alerta

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) se apoderaron de cinco predios con una extensión de aproximadamente 500 hectáreas, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, para exigir que se atiendan sus demandas de tierras. Con el mismo objetivo, 13 miembros de la OCEZ cumplieron este miércoles tres días en huelga de hambre en San Cristóbal de las Casas. Hombres, mujeres y niños se adentraron el miércoles en los predios El Nilar, El Encanto, La Noria, El Caracol, El Sauz y La Ceiba, cada uno de los cuales mide entre 77 y 80. En tanto, el dirigente de la OCEZ, José Manuel Hernández de la Torre, informó que el gobierno de Chiapas le ofreció comprar 235 hectáreas divididas en cuatro predios, pero no se comprometió a resolver la dotación de otras 450 hectáreas. Señaló que se consultará la propuesta gubernamental con las bases de la OCEZ y este jueves la comisión negociadora llevará la respuesta al gobierno de Chiapas. (La Jornada)

Concluyen trabajos de medición en dos predios

Este martes concluyeron los trabajos de medición realizados por siete topógrafos de la Universidad de Ciencias y Artes (UNICACH) en la línea que divide a los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, con el fin de tratar de buscar una solución al problema de límites entre ambos pueblos, que data desde hace más de 30 años. De acuerdo con fuentes gubernamentales, los resultados de las mediciones hechas en campo, en el lugar del conflicto, serán entregados en 20 días a los miembros del Grupo Interdisciplinario, formado por expertos, para que den su opinión a las autoridades estatales y que éstas tomen una decisión acerca de la posible solución al problema. (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

500 unidades básicas de vivienda para familias.

Para reducir la pobreza patrimonial en las comunidades indígenas del país, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el gobierno de Michoacán y siete ayuntamientos de Morelia, conjuntaron recursos para edificar 500 Unidades Básicas de Vivienda en beneficio de familias de menores ingresos. La inversión conjunta para la edificación de las viviendas, se integró con la aportación del FONHAPO y la CDI, de 20 millones de pesos, en tanto el Gobierno de Michoacán destinó 3 millones 150 mil 525 pesos, los siete municipios contribuyeron con 5 millones 774 mil 475 pesos y los propios beneficiarios con 825 mil pesos de manera global, para alcanzar un total de 29 millones 750 mil pesos. (www.mimorelia.com)

Combate a la mortalidad materna y la violencia contra las mujeres

El Instituto Hidalguense de las Mujeres aplica una estrategia orientada a prevenir y disminuir la mortalidad materna, así como la violencia contra las mujeres en poblaciones de mayoría indígena en siete municipios de la Huasteca Hidalguense. Mediante la realización de talleres de sensibilización e información dirigidos a mujeres y hombres de estas comunidades, se espera incidir en la transformación de conductas que permitan erradicar de sus usos y costumbres las manifestaciones de violencia de género, que impiden el sano desarrollo de las mujeres. Carmen Dorantes, titular del IHM, informó que esta estrategia se hace posible con recursos liberados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que a través de sus delegación estatal presidida por María Luisa Gabriela Lugo Medina, asignó la cantidad de 700 mil pesos que será utilizado en la investigación del problema de la violencia de género en las comunidades huastecas, así como para la concientización respecto al daño que causa. (El Sol de Hidalgo)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La ex Comed

Carlos Montemayor escribe en su artículo que: los integrantes de la ex Comisión de Mediación (Comed) entre el PDPR-EPR y el gobierno federal nos hemos reunido varias veces con el propósito de ponderar los llamados de las partes a retomar la mediación. Tuvimos una sesión el 7 de julio de 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San José, Costa Rica, juzgaba al gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Es la primera vez que se somete al Estado mexicano a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

La ex Comed
Carlos Montemayor /La Jornada

Los integrantes de la ex Comisión de Mediación (Comed) entre el PDPR-EPR y el gobierno federal nos hemos reunido varias veces con el propósito de ponderar los llamados de las partes a retomar la mediación. Tuvimos una sesión el 7 de julio de 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San José, Costa Rica, juzgaba al gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974.

Es la primera vez que se somete al Estado mexicano a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la audiencia en representación del gobierno mexicano y argumentó que el tiempo transcurrido eximía al Estado de la responsabilidad de esa desaparición forzada. Pasó por alto que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual significa que son sancionables sin importar el tiempo que transcurra entre su comisión y el castigo a los culpables, y sin importar la fecha en que México haya suscrito el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. En consecuencia, se puede juzgar al Ejército y al gobierno mexicanos por un crimen iniciado hace 35 años, pero que como delito continuo se sigue cometiendo hasta en tanto no se presente al desaparecido.

Hace unas semanas concluí un peritaje historiográfico para la CIDH en el que se aclaran los procedimientos usuales de las aprehensiones colectivas que tanto el Ejército como las corporaciones policiacas han efectuado en México en zonas urbanas y rurales.

En los años 70 se aplicó el mecanismo ilegal y violento de los retenes militares. Sin órdenes giradas por jueces ni autoridad legal para ejercer funciones policiales de vigilancia en caminos federales y estatales, el Ejército actuó como poder único y de excepción durante muchos años en poblados y carreteras del estado de Guerrero. Autoridades civiles federales, estatales y municipales se plegaron a esas órdenes, que implicaron violaciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la responsabilidad de los mandos militares. Los retenes operaban como extensas redes de captura selectiva.

En uno de esos retenes, cerca de Atoyac, entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo en un autobús de pasajeros en compañía de su hijo menor, quien fue testigo del secuestro.

El delito de lesa humanidad denominado “desaparición forzada de persona” tiene signos de renuevo en los primeros años del siglo XXI con los 28 trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2007; la desaparición temporal y posterior asesinato, en febrero de 2009, de los líderes mixtecos guerrerenses Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y la desaparición de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, el 17 de marzo de este año.

El 13 de febrero de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 7/2009 relativa al caso de la desaparición forzada de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En esa recomendación se afirma que, ante la comunidad internacional, México se encuentra
“… dentro de los países que registran un mayor número de casos de desaparición forzada de personas pendientes por aclarar; tan es así, que de los 532 casos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, respecto de los cuales esta Comisión Nacional se pronunció en su Recomendación 26/2001, 179 de ellos se encuentran incluidos en los 208 casos que en total reclama el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas al gobierno mexicano.”

Quienes fuimos parte de la Comed hemos expresado que no somos insensibles a las peticiones de las partes ni mucho menos a las de los familiares de las víctimas directas del ilícito. Pero los hechos de la parte gubernamental no arrojan un indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a la disolución de la Comed. Somos conscientes de la importancia de la mediación, pero no queremos contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los derechos humanos en nuestro país.

El pasado 13 de julio acordamos, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, solicitar por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública la información que la Sedena, el Cisen y la PGR tengan sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR y que sea relevante y de urgente conocimiento para familiares de las víctimas y la sociedad toda.

Decidimos enviar copia del expediente de la ex Comed a la CIDH, como elemento para sus deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla, y lo mismo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. El comunicado que preparamos puede consultarse en: www.serapaz.org.mx

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