Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 10 de julio de 2009

EZLN

Acuerdan retener a funcionarios si no liberan a tzeltales acusados de asalto

Los cinco indígenas del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, que fueron liberados el pasado lunes mediante el desistimiento de la acción penal por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), reiteraron que fueron “torturados” para que se declararan culpables de robo con violencia y delincuencia organizada, por su supuesta participación en asaltos en la carretera que comunica esta ciudad con Palenque. Gerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara y Pedro Demeza Deara, adherentes de La otra campaña, exigieron la liberación de sus otros dos compañeros presos desde mediados de abril en el penal de El Amate; “son inocentes como nosotros”, afirman. Desde hace casi tres meses, los cinco tzeltales estaban recluidos en la prisión número 14, ubicada en El Amate, municipio de Cintalapa, donde aún están los hermanos Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, acusados de los delitos mencionados, incluidos en el mismo expediente penal. (La Jornada)

Dan libertad a 5 indígenas presos

Mediante el desistimiento de la acción penal por parte de la PGJE, el lunes pasado fueron liberados cinco de los siete indígenas del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón, detenidos a mediados de abril, acusados de participar en asaltos en la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque. Lo anterior lo informaron los propios indígenas en conferencia de prensa ofrecida en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Los cinco tzeltales, adherentes de La otra campaña zapatista, exigieron la liberación de sus otros dos compañeros presos desde mediados de abril en el Penal de El Amate. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

“Violenta expulsión” de 138 indígenas del ejido Damasco por la Opddic

Hermann Bellinghausen escribe que diez familias indígenas –un total de 138 personas– fueron expulsadas del ejido Damasco (municipio de Ocosingo, Chiapas) por miembros de la Organización para las Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Hoy denunciaron los maltratos que sufrieron desde febrero de 2008 y que arreciaron en marzo pasado. (La Jornada. Se anexa)

Denuncia ONG vejación contra activista de Chiapas

El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos solicitó la intervención urgente del presidente Felipe Calderón, así como del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por el caso del arresto arbitrario y la agresión policiaca que sufrió José Emilio Nandayapa Déciga, activista cultural por la libertad de expresión. El observatorio, que es un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (Omct) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció que tiene información de que el pasado 27 de junio, aproximadamente a las 2 de la mañana, Nandayapa Déciga “fue interceptado por dos agentes de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes le pidieron que se detuviera para una ‘revisión de rutina’. “Lo dejaron ir porque no le encontraron nada, pero minutos más tarde otra camioneta de la misma corporación le salió al paso, de la que descendieron tres agentes –uno llamado Juan Carlos–, quienes lo forzaron a subir al vehículo y acostarse boca abajo, con las manos detrás de la cabeza. Fue golpeado, pateado, le pisaron la espalda, la cabeza y las piernas. Mientras lo agredían le decían: ‘qué bonito peinado subversivo tienes, ahí está tu revolución, saca las armas y las drogas’. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

El indigenismo siempre será política de Estado

Gilberto López y Rivas escribe en su artículo que “una de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano. (La Jornada. Se anexa)

Autonomías indígenas en México

Carlos Montemayor escribe en su artículo que “las políticas de la Colonia y del México actual sobre los pueblos indígenas han sido no un conjunto ordenado y etiquetado de planes y programas para beneficiar a los pueblos, sino parte de un proceso político y social conflictivo a lo largo de cinco siglos. Este proceso ha tenido como eje recurrente el cuestionamiento de la condición política de los pueblos indígenas y de sus derechos agrarios. Cinco siglos no han logrado destruir totalmente los fundamentos de la vida colectiva indígena. El levantamiento armado ha sido a menudo la respuesta a los reiterados intentos de desaparecer los valores de sus comunidades. La propiedad comunal de la tierra aparece como más compleja e importante que la individual: se trata de un ordenamiento cultural en que el trabajo, la economía y la integración política de los individuos y las familias se asumen como un sistema de valores también colectivo. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional propició, entre otras cosas, el debate sobre ciertas cuestiones fundamentales en torno a los derechos de los pueblos indígenas: el reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público, el reconocimiento de territorios y gobiernos autónomos indígenas, así como la recomposición de los municipios de acuerdo con los pueblos indios que los habiten.” (La Jornada)

EZLN

“Violenta expulsión” de 138 indígenas del ejido Damasco por la Opddic
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Diez familias indígenas –un total de 138 personas– fueron expulsadas del ejido Damasco (municipio de Ocosingo, Chiapas) por miembros de la Organización para las Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Hoy denunciaron los maltratos que sufrieron desde febrero de 2008 y que arreciaron en marzo pasado.

Los agresores, abiertamente protegidos por la Secretaría de Gobierno estatal y su delegado en la región, José Manuel Morales Vázquez (identificado como militante del PAN), expulsaron “de forma violenta” a los ejidatarios y los privaron de sus derechos agrarios. El grupo de Opddic, “unas 30 personas”, es encabezado por el comisariado ejidal, Pablo Espinosa Jiménez, y por Miguel Hernández Gómez, quienes dicen pertenecer a la Opddic, señalada como paramilitar en distintas partes de la selva y la zona norte de Chiapas. “Nuestras casas fueron robadas y saqueadas, dos bodegas quemadas en su totalidad”, exponen los afectados.

“Todo comenzó en febrero de 2008, cuando el delegado Morales Vázquez pretendió ganar gente para ingresar al PAN, presionándonos por medio del comisariado ejidal. Como no aceptamos, nos amedrentaron y amenazaron durante un año, para lo que utilizaron toda la maquinaria política del delegado, quien dispuso de la radio para chantajearnos y de varias patrullas de la policía sectorial para atemorizar a nuestras familias”, agregan.

Los afectados, que aseguran no pertenecer a ningún partido político, producen y exportan miel de abeja, “de manera independiente”, desde hace más de 30 años, además de carpintería, crianza de ganado bovino y comercio. “Fuimos mejorando en la calidad de vida, lo que causó envidia a ciertos lideres, porque ellos solamente se dedican a extorsionar a la gente y depender del gobierno.”

En 1976, los ejidatarios expulsados hoy adquirieron dos solares para una tienda y un taller de carpintería. El pasado 17 de marzo, mientras se encontraban en audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtla Gutiérrez, los de la Opddicc, que disputan los mencionado solares, “advirtieron al magistrado Rafael García Cimerman (sic) que si no sentenciaba en favor de ellos, en ese instante iban a ordenar que se quemaran nuestras casas; dicho y hecho, el comisariado llamó por celular a Miguel Hernández Gómez dándole la orden de que procedieran a lo acordado”. Ese día quemaron las bodegas, robaron y saquearon casas y tiendas, destruyeron los suministros de agua y energía y expulsaron a las familias, “tirando nuestras pertenencias a orillas de la carretera”.

Los de la Opddic –señalan los expulsados– “amarraron como animal” al menor Francisco Moreno Méndez, acusándolo de violación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, sembrándole una pistola de juguete, y lo consignaron ante el Ministerio Público de Ocosingo. “Como todo era fabricado, días después lo dejaron en libertad. A otro menor lo amarraron cerca del fuego de nuestras bodegas, para culparlo del incendio.”

Las pérdidas materiales ascienden a un millón 500 mil pesos. Desde las calles de Palenque, donde “viven” desde ahora, expresan: “Nadie nos hace justicia. Queremos pensar que no todo el pueblo está involucrado en nuestra expulsión, sino que son unos cuantos, liderados por el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y un agente municipal, contra quienes varios particulares han interpuesto denuncias por extorsión, amenaza y fabricación de delitos”. Señalan al delegado de Gobierno “como autor intelectual del desplazamiento forzado”.

Este 6 de julio exigieron al Ministerio Público de Palenque que ejecutara una orden de aprehensión ya librada contra los agresores, lo que hizo en el crucero de Chancalá, para dejarlos en libertad una hora después. El operativo estuvo a cargo del comandante Hugo Delgado, quien explicó a los afectados que soltó a los de Opddic “por orden de allá arriba, refiriéndose al secretario general de Gobierno en Tuxtla”, según los desplazados.

El indigenismo siempre será política de Estado
Gilberto López y Rivas/La Jornada

Una de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.

Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas– afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas de la nacionalidad mayoritaria “mexicana”, o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantiene en sus “regiones de refugio”, siendo ambas políticas, en esencia, negadoras de las culturas indígenas y causantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el régimen priísta.

La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y el incumplimiento por los tres poderes de la Unión de los acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes-juntas de buen gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades.

Por ello, no es sorpresa que desde hace más de un mes, indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas y la Convención Estatal Indígena y Afroamericana de Guerrero estén denunciando ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –continuación panista del Instituto Nacional Indigenista (INI)– el nombramiento unilateral de Gonzalo Solís Cervantes como delegado estatal.

Con toda razón los integrantes de esas organizaciones indígenas, cuyos orígenes se remontan al Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, aducen que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho de consulta a los pueblos indígenas para todo aquello que les concierne. Su ejercicio incluso había sido pactado con la representación de la CDI en Guerrero desde 2007. No obstante, después de realizado ese proceso consultivo mediante el que resultó electo Guillermo Álvarez Nicanor, indígena nahua de ese estado, las autoridades de la CDI, encabezadas por Luis H. Álvarez, cuyo acercamiento a la problemática indígena se fundamenta únicamente en haber sido miembro de la Cocopa, pasaron sobre esos acuerdos, imponiendo al delegado de su conveniencia. Esto provocó la ocupación de la sede estatal de la comisión en Chilpancingo, Guerrero, por más de un mes, pero ante el fracaso de la protesta en ese ámbito, centenares de indígenas guerrerenses arribaron a sus oficinas centrales en la ciudad de México.

Ni el titular de la CDI ni el encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace (“operador político” vacacionando en España) recibieron a los manifestantes, quienes, por el contrario, sufrieron intimidaciones y provocaciones de la policía federal los días que permanecieron protestando e incluso fue arrestado Bruno Plácido Valerio, activo participante en la construcción del sistema de justicia comunitaria en Guerrero, a quien se acusa por los delitos de motín, ocupación de instituciones federales y lesiones. El dirigente fue liberado tras el pago de una fianza, mientras el plantón se levantó el 26 de junio pasado. Nuevamente, las organizaciones indígenas sufren en carne propia la estrategia de criminalización que los gobiernos panistas han impuesto como contención a los movimientos sociales.

Ante la negativa de las autoridades de la CDI de recibir a los manifestantes, las organizaciones participantes recurrieron a diversas acciones: huelga de hambre, demanda de mediación de la Organización de Naciones Unidas por conducto de su representación en México, exigencia de intervención de las cámaras de diputados y senadores, y comunicación con promotores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil organizada, recibiendo apoyo de estos actores políticos y sociales.

La Comisión Permanente de la 60 Legislatura, por su parte, mediante un punto de acuerdo, respaldó al Congreso de Guerrero –que se inclinó por la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas– e hizo suyo “el criterio de que la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades federativas del país, en igualdad de condiciones, deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tengan la suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal”.

Semejante resolutivo, sin embargo, aunque apoya el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, enfatiza de nuevo la relación paternalista de un organismo indigenista del Estado mexicano que decide en última instancia quién será su representante y qué políticas aplica en las regiones étnicas. Este acto legislativo, así como la insistencia en buscar cargos públicos que no logran una articulación real con los pueblos y sus autonomías refuerzan esa perspectiva estatista que tanto daño hizo al movimiento indígena en el pasado.

Un camino fructífero que abrió el movimiento indígena nacional a partir de 1994 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos autonómicos que establecen el poder de mandar obedeciendo. También es necesario no olvidar que el indigenismo siempre será política de Estado.

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