Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 7 de febrero de 2009

GOBIERNO FEDERAL

“Blindarán” contratos del Cisen

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, busca blindar jurídicamente al CISEN en materia de contrataciones, licitaciones y adquisiciones, con la creación de una consejería jurídica que velará por estos asuntos. La nueva oficina también podrá fungir como representante de la SEGOB y como coadyuvante de los ministerios públicos federales o locales, en lo relacionado a la integración de averiguaciones previas o procesos penales en los que haya interés jurídico del CISEN. Se trata de que el CISEN ejerza, “de manera oportuna y eficiente las atribuciones que le otorga la ley en materia presupuestal y para la atención de asuntos jurídicos”, señala el acuerdo que entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. El año pasado, el Congreso solicitó la renuncia del director del Cisen, Guillermo Valdés, como consecuencia de la contratación de una empresa para dar seguimiento al Poder Legislativo, hecho que reveló El Universal en mayo de 2008. (El Universal)

CHIAPAS

Necesaria, comisión de la verdad contra Herrán

La carta detectada a Mariano Herrán Salvatti, despierta una nueva época de terror en contra de quienes se atrevan a denunciar las injusticias, y eso obliga a las autoridades a permanecer alertas ante cualquier evento que enrarezca la vida de nuestros pueblos. David Ramos Hernández, dirigente de la Alianza por la Paz en Chiapas, dijo que es necesaria la creación de una comisión de la verdad para esclarecer todos los delitos cometidos por Mariano Herrán Salvatti y Pablo Salazar Mendiguchía en el estado. Mencionó que Chiapas vivió seis años de represión y de graves violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos y por donde sea hay personas agraviadas ante la tiranía implementada por Pablo Salazar. Ramos Hernández, quien permaneció en la cárcel en el sexenio pasado y que luego de aplicar el gobierno de Sabines Guerrero indulto a los presos políticos, logró su libertad, dijo que la detención de Mariano Herrán crea un ambiente de distensión política. Sobre todo porque el actual gobierno inició un proceso de paz con las organizaciones campesinas y sociales, y por lo tanto crea un ambiente favorable en el restablecimiento del Estado de Derecho, sin embargo, no se descartan atentados contra los ciudadanos e incluso contra instituciones del estado. (Cuarto Poder)

Le incautan joyas valuadas en 10 mdp

Peritos tendrán que determinar el monto total de lo que se ha encontrado en joyas en las propiedades de Mariano Herrán Salvatti, aunque hasta el momento especialistas consultados por este medio señalan que la cifra rebasa los 10 millones de pesos. Relojes de lujo así como joyas con diamantes forman parte de lo incautado por las autoridades estatales, aunque el más reciente hallazgo revela que Herrán tenía un gusto especial por los relojes de mano. En una de las viviendas cateadas por las autoridades en Tuxtla Gutiérrez se logró detectar más de una cuarentena de relojes que Herrán buscaba, así lo revela la carta que escribió con puña y letra, que se vendieran de manera pronta. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas no ha dado a conocer el monto de las joyas incautadas a Herrán Salvatti. (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Convoca la CDI proyectos para las comunidades

Alcaldes de 14 municipios de los Altos de Chiapas se reunieron ayer con el delegado estatal de la CDI, Jesús Caridad Aguilar Muñoz, quien los convocó a que presenten proyectos para impulsar la equidad de género y para evitar la violencia en las comunidades indígenas. "Estamos trabajando en proyectos de erradicación de la violencia y la equidad de género e invitamos a los presidentes municipales a una primera plática para darles a conocer en qué consiste el programa y el tipo de montos que pueden ejercer directamente de la CDI", explicó en entrevista el funcionario estatal al concluir el encuentro. Dijo que la dependencia cuenta con recursos económicos para impulsar los proyectos relacionados con los temas citados, pero los ayuntamientos, conjuntamente con las presidentas de los institutos DIF municipales, deberán de presentar los proyectos correspondientes, como se les explicó durante la reunión que se efectuó en las instalaciones de la CDI ubicadas en esa ciudad. "Hay recursos para cada Ayuntamiento; el monto será en función de la propuesta que nos hagan; pueden ser de 100 mil pesos, de 300 mil o 500 mil; hasta donde cada ayuntamiento tenga capacidad de trabajar en las comunidades y pueblos indígenas", precisó. Aguilar Muñoz manifestó que uno de los requisitos es que los Cabildos deberán de poner el 30 por ciento del costo del proyecto, aunque no necesariamente en dinero sino en personal o infraestructura. "Ellos ponen el 30 por ciento en especie y nosotros les damos el 70 por ciento en efectivo para la aplicación de estos programas". Señaló que cada proyecto será diferente pues dependerá de la propuesta que cada Ayuntamiento haga con el conocimiento de su pueblo y de las reacciones que pueda haber. Dijo que podrán ser pláticas o cursos de capacitación a los grupos de mujeres y hombres porque se trata de equidad. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Juicio histórico a Zedillo

Jaime Avilés escribe en su columna Desfiladero que “el domingo pasado, La Jornadapublicó en primera plana un recuadro que resume, en siete balazos (periodísticos), el desastre provocado por la política económica de Ernesto Zedillo (1994-2000). Veamos… El llamado rescate bancario, que se consumó cuando a petición de Zedillo el Congreso convirtió en deuda pública las deudas de particulares que se encontraban en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ‘representa a precios actuales 2 billones 577 mil millones de pesos’. Zedillo, como salta a la vista, sembró el terror económico en nuestro país. Pero además quedó señalado como responsable de tres matanzas de indígenas y campesinos: la de Acteal, Chiapas (22 de diciembre de 1997), la de El Charco, Guerrero (7 de junio de 1998) y la de El Bosque, Chiapas (10 de junio de 1998). Y no podemos pasar por alto que, mientras la carnicería de Acteal perseguía una finalidad estratégica –militarizar los Altos de Chiapas para neutralizar a las fuerzas del EZLN que no habían entrado en acción–, las otras dos, efectuadas con tres días de diferencia, fueron un pretexto para justificar un nuevo y repentino desplome del peso ante el dólar.” (La Jornada)

Condenan agresiones a comunidades zapatistas

En El Correo Ilustrado, Ramón Vera Herrera, Silvia Ribeiro, Ana de Ita y Luis Hernández Navarro informaron que: “Queremos condenar públicamente las agresiones y ataques continuos a las comunidades zapatistas en Chiapas, por parte de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo/ Unorca-Chiapas). Las acciones de ORCAO van en directa contradicción con los principios y formas de acción de los movimientos campesinos internacionales que en varias ocasiones han expresado su apoyo y solidaridad con el movimiento zapatista. El gobierno de Juan Sabines –al igual que los de sus predecesores– fomenta este tipo de agresiones mediante la distribución arbitraria de financiamientos y proyectos; apoya de facto la acción de grupos paramilitares que operan con la fachada de organizaciones “de lucha agraria” –una cruel ironía. Siendo beneficiaria de la extensa reforma agraria que realizaron los zapatistas con las tierras recuperadas de los hacendados después de 1994, ORCAO renta y vende sus tierras, después invade tierras de bases zapatistas, hiere y roba animales, y agrede violentamente a estas comunidades zapatistas, quienes con prudencia han evitado que el conflicto desborde sus proporciones. Condenamos todas estas acciones de ORCAO, a la que seguiremos denunciando, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con la luchas de las comunidades zapatistas.” (La Jornada)

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