Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 4 de febrero de 2009

CHIAPAS

Inicia la PGR indagatoria contra Herrán

Mariano Herrán Salvatti, enfrentará un nuevo proceso en la PGR por su presunta responsabilidad en la violación de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Fuentes de alto nivel de la PGR informaron que este martes autoridades del gobierno de Chiapas entregaron los primeros elementos de prueba para integrar la averiguación previa en su contra. La representante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos del gobierno de Chiapas, Marisela Fabiola Fuentes Campos, entregó al agente del Ministerio Público de la Federación 16 fojas certificadas de la averiguación previa número FESP/013/2009-01, en la cual se establece la presunta responsabilidad de Herrán Salvatti. Agentes investigadores encontraron en el lugar 19 armas de fuego, la mayoría, según el reporte, sin documentos que acreditaran su legal posesión o portación. Entre el material asegurado destaca una subametralladora marca Intratec, calibre nueve milímetros; una pistola Smith & Weson, .40 milímetros, y una pistola FMJ, .45 milímetros. (Excélsior, Crónica, Milenio, Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

Formal prisión a ex colaboradora

El Juzgado Tercero del Ramo Penal en Chiapas notificó el auto de formal prisión a Delia Pérez Ornelas, una de las colaboradoras financieras de Mariano Herrán Salvatti, por los delitos de peculado, asociación delictuosa y ejercicio ilegal del servicio público cometidos en agravio del patrimonio del Estado y de la sociedad. La ex funcionaria estatal fue detenida por la Policía Ministerial el pasado 26 de enero en la ciudad de Tapachula, y enfrentará su proceso legal, recluida en el centro penitenciario El Amate del municipio de Cintalapa. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que Pérez Ornelas presuntamente cometió esos delitos cuando fungía como jefa de la Unidad de Recursos Financieros y Contabilidad de la Secretaría Estatal de Economía, a cargo de Herrán Salvatti.  Al ex servidor público, procesado también en El Amate, se le integra una averiguación por presunto peculado de 170 millones de pesos, que se añade a la de 6 millones de pesos, que entre otros probables delitos, motivó su detención el pasado 24 de enero en esta capital. (Cuarto Poder)

Exigen correr de Los Chimalapas a chiapanecos

Comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, mantienen bloqueado el camino principal que comunica al ejido Gustavo Díaz Ordaz, del municipio chiapaneco de Cintalapa, desde hace 21 días, para impedir el paso de tres camiones cargados con 42 metros cúbicos de madera talada en una zona protegida y para exigir que el gobierno federal reubique a los chiapanecos que viven y explotan la riqueza de la selva zoque de este estado. El conflicto que estalló el pasado 13 de enero, cuando los chiapanecos intentaron hacer pasar los camiones con los rollos de madera de pino, tiene en realidad un antecedente más de fondo que el de la explotación forestal y deriva de la ocupación de tierras comunales oaxaqueñas por parte de más de 32 ejidos y comunidades chiapanecas, por una resolución presidencial emitida en 1967 que otorga a Los Chimalapas 134 mil hectáreas. (Excélsior)

ASUNTOS RELIGIOSOS

Obligan a evangélicos a repudiar creencias

Ocho indígenas tojolabales fueron arrestados más de 27 horas por autoridades ejidales y católicas de la comunidad 20 de Noviembre, municipio de Las Margaritas (en los Altos de Chiapas), y liberados tras firmar un “convenio” según el cual repudian su credo evangélico, bajo amenaza de ser expulsados del pueblo si retoman cualquier práctica protestante. A cada uno de los agraviados se le impuso una multa de 2 mil pesos por “cambiar de religión”. El comisario ejidal, Gonzalo Jiménez Luna, aplicó el castigo en términos de la “ley” local, que impone profesar la religión católica y apoyar económicamente los ritos oficiales. (La Jornada)

Indígenas logran un acuerdo sobre la libertad de cultos

Con la intervención de las autoridades estatales se logró que los indígenas católicos y evangélicos de la comunidad de Jomalhó, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, llegaran a un acuerdo para que en ese lugar se garantice la libertad de culto religioso. Mediante el acuerdo firmado por las partes se convino en que los católicos tradicionalistas pagaran 16 mil pesos por haber desmantelado un templo evangélico el pasado 26 de enero. El pago se le hizo al propietario del recinto, Juan Méndez Gómez, quien a su vez se comprometió a seguir cumpliendo con sus responsabilidades comunitarias relacionadas con trabajos en agua potable y cooperaciones para la escuela, para la conservación del camino y de energía eléctrica, así como aceptar cargos comunitarios. "La representación de la comunidad y las autoridades comunitarias manifiestan que en la comunidad de Jomalhó existe libertad religiosa y de culto para cualquier denominación", se asienta en el acta de acuerdo suscrita además por autoridades del Ayuntamiento de San Juan Chamula, de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y de la Secretaría de Gobierno. (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Consejeros chocholtecos exigen se respete su autoridad

Debido a la falta de atención que se le brindan a los consejeros que representan a sus respectivas etnias en la entidad oaxaqueña y sobre todo a la toma de decisiones que realiza Luis H. Álvarez, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), donde nombró sin autorización de ellos a Concepción Rueda Gómez como delegada estatal de la CDI en Oaxaca, Teofilo Soriano Rivera, consejero de los pueblos chocholtecos sigue inconforme debido a que no se respetan la autoridad de los concejeros estatales. Comentó que están realizando reuniones constantes para llegar a acuerdos que les permitan decidir sobre las actividades que desarrollarán, con el objetivo principal de que sus derechos como consejeros de los pueblos indígenas no les sean violados por parte del titular de la CDI, para que a cada uno de ellos se les sea tomado en cuenta y no se les utilice solamente cuando lo requieran. Soriano Rivera, manifestó que no puede ser posible que sencillamente el Gobierno Federal a través de la CDI, se este burlando de las propias leyes que aprobaron para defender y apoyar a los pueblos indígenas y que ellos mismos sean los que no respeten la ley, al ignorar las opiniones de los consejeros oaxaqueños. Expresó que ante esta situación que se esta padeciendo actualmente en los pueblos chocholtecos, el próximo 12 de febrero tendrán una reunión para definir la postura de los consejeros y lograr un acuerdo que permita nuevamente recuperar su identidad jurídica que tienen como representantes ante la CDI. (www.nssoaxaca.com)

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