Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 27 de febrero de 2009
EZLN
Denuncian incursión militar en comunidad rebelde de Chiapas
Hermann Bellinghausen escribe desde Oventik, Chiapas que la junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo denunció incursiones de tropas federales en la comunidad rebelde de Tivó, cercana a este centro del gobierno autónomo, y sobrevuelos de aviones y helicópteros sobre comunidades zapatistas en los Altos y el caracol de Oventic, en la denuncia más grave de acciones militares en territorios zapatistas desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón. (La Jornada, Proceso. Se anexa)
CHIAPAS
Entregan recursos
El director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol), Ramiro Ornelas Hall, notificó para Chiapas una inversión del orden de los 16 millones de pesos para el Programa Empleo Temporal (PET). Aunado ello -dijo- a la aportación del Gobierno del Estado (ocho millones de pesos), con lo cual se estima invertir este año una suma de 24 millones de pesos al sector vulnerable de la entidad. De gira por los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, el funcionario calderonista arrancó este programa con una entrega de 525 mil 525 pesos, con un complemento adicional del gobierno local que sumó un monto total de 750 mil. (Cuarto Poder)
Evangélicos respetarán acuerdo con el Secretario de Gobierno
Los indígenas evangélicos de varias comunidades del municipio de Zinacantán que han sido privados de los servicios de agua entubada y de energía eléctrica por los católicos tradicionalistas, respetarán el acuerdo que firmaron en días pasados con el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, informó el pastor Esdras Alonso González. Precisó que dicho acuerdo establece que si en un tiempo determinado no les reinstalan los servicios se aplicará el Estado de Derecho y no permitirá actos de intolerancia religiosa. Afirmó que si después del plazo que se ha dado a las autoridades comunitarias de los parajes donde los protestantes han sido privados de agua y luz no han resuelto el problema, el gobierno estatal tendrá que aplicar el Estado de Derecho, como se establece en el acuerdo suscrito el 2 de febrero. (Cuarto Poder)
Piden universidad y un viaje por el interior de Chiapas
Ejidatarios de "Roberto Barrios", municipio de Benemérito de las Américas, acompañados de estudiantes y futuros egresados del Cobach 125 en la selva, gestionaron ante el Congreso del Estado de Chiapas la posibilidad de un viaje de estudios por la entidad, así como un plantel de la Universidad Tecnológica de la Selva. El representante ejidal Fernando Cruz del Ángel, sostuvo que durante los últimos siete años ha estado dedicado a ejecutar trámites educativos en bien de los municipios de la Región Selva de Chiapas.
Argumentó que para lograr este objetivo se cuenta con un Comité Regional, integrado por los alcaldes de Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas y Maravilla Tenejapa, quienes están en la mejor disponibilidad de invertir y concretar dicho proyecto universitario. (Cuarto Poder)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
San Andrés Larráinzar: 13 años después
Jaime Martínez Veloz menciona en su artículo que “en retrospectiva es posible afirmar que la etapa que culmina con la firma de los acuerdos de San Andrés fue la más fructífera del diálogo, no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó. Las fuerzas políticas mexicanas tienen el compromiso de poner en juego todos los instrumentos políticos y las atribuciones republicanas a su alcance, por concretar la aspiración y los anhelos de los pueblos indios de México convenidos hace 13 años entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar.” (La Jornada. Se anexa)
Tsumani político
Francisco Garfias comenta en su columna: “Lo que se le viene al gobernador perredista de Guerrero, Zeferino Torreblanca, es un tsunami político. El asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas García y Manuel Ponce Rojas, supuestamente vinculados con el ERPI, lo tienen contra la pared. Los dos indígenas fueron encontrados muertos, con huellas de tortura, el pasado 21 de febrero. Ambos eran síndicos del municipio de Ayutla de los Libres, donde tiene su principal asiento esa organización guerrillera, que se escindió del EPR en noviembre de 1998. Torreblanca sabe que crecerá la ola de protestas de las organizaciones más radicales de defensa de los derechos humanos. Ya está enterado de que le quieren cargar los muertitos. Por lo pronto, once organizaciones indígenas del estado asegurarán que los tres niveles de gobierno son culpables de la desaparición, la tortura y el asesinato de los indígenas mixtecos. ‘Z’, como abrevian en los periódicos de Guerrero al referirse al gobernador, busca adelantarse a los acontecimientos, con la creación de una fiscalía especial para investigar el caso. Este viernes, en rueda de prensa, dará a conocer la integración y los lineamientos de la fiscalía especial. Le podemos adelantar que propondrá que Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso local, cabeza política de la Asociación Nacional Cívico Revolucionaria (integrada por ex guerrilleros de Genaro Vázquez Rojas), se integre a la investigación. El tema tiene aristas muy complicadas también a nivel federal. Fuentes del gobierno del estado aseguran que desde noviembre de 2007 el gobierno central hizo saber a Zeferino que las Fuerzas Armadas iban a pasar la barredora en el municipio de Ayutla, donde se registraban repetidamente asaltos a los vehículos del Programa Oportunidades, secuestros y robos. ‘Z’ se opuso al operativo militar. En esos momentos estaba en su apogeo el conflicto magisterial que llevó al bloqueo de la Costera, en Acapulco, y no quería abrir otro frente, pero en la Ciudad de México no lo entendieron”. (Excélsior)
TEXTOS
Denuncian incursión militar en comunidad rebelde de Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada
Oventik, Chis., 26 de febrero. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo denunció incursiones de tropas federales en la comunidad rebelde de Tivó, cercana a este centro del gobierno autónomo, y sobrevuelos de aviones y helicópteros sobre comunidades zapatistas en los Altos y el caracol de Oventic, en la denuncia más grave de acciones militares en territorios zapatistas desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón.
Los hechos no son aislados. A finales de diciembre pasado, los patrullajes y controles militares aumentaron sensiblemente en la selva fronteriza, y esta semana se reanudó la presencia del Ejército en el crucero Xhanil, municipio de Chilón, a pocos kilómetros de las cascadas de Agua Azul. Indígenas de esa región, correspondiente al caracol de Morelia, han escuchado versiones de que se reinstalaría allí un campamento militar.
La JBG de los Altos detalla que “desde el 21 de febrero hubo un patrullaje de helicóptero en varias comunidades del municipio (autónomo) San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres, principalmente en el centro del caracol de Oventic, y en otros municipios cercanos”. No es la primera vez. Desde el comienzo del año ha habido sobrevuelos de aviones y helicópteros en los Altos, pero en estas últimas fechas se han incrementado, así como las movilizaciones militares terrestres.
El pasado día 24, dos camiones y una camioneta con tropa llegaron al vecino municipio oficial Santiago del Pinar, “con el pretexto de un operativo para buscar plantíos de mariguana”. En la tarde, un camión del Ejército se dirigió a la comunidad Talomwits y llegó a Tsajaló, donde la mayoría son priístas, y acamparon una noche. Los elementos castrenses no iban solos, sino guiados por algunos priístas de San Andrés, también uniformados como los soldados.
El miércoles 25, en lugar de dirigirse donde supuestamente hay mariguanas, se dirigieron a Tivó, cerca de las casas de los compañeros bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), donde claramente se ve que no hay plantíos de mariguana, sólo casas y hortalizas. La tarde de ayer, los soldados retornaron a Santiago del Pinar, donde permanecen hasta ahora.
La JBG denuncia las acciones del mal gobierno a través de su Ejército y de personas afiliadas al PRI. Se trata de “una provocación y un pretexto para meter soldados a nuestras comunidades.
Todo el mundo sabe que en los municipios autónomos está prohibido la siembra, el tráfico y el consumo de drogas, y son reglamentos que se tienen que cumplir en territorio zapatista. Pero a la gente que pertenece a los partidos políticos les vale poco estos reglamentos y se dedican a realizar actividades ilícitas, respaldados por los malos gobiernos, la policía y el Ejército federal.
Hasta ahora no se han encontrado cultivos de bases zapatistas, sostiene la JBG. “Todos son de personas de dife- rentes partidos políticos y paramilitares, y son ellos quienes guían el operativo. Se ve claro que es un plan del mal gobierno para hacernos la guerra”. Cada vez que los soldados llegan a buscar plantíos, “sólo arrancan los más grandes y dejan los pequeños para que crezcan y así tengan pretextos para volver en otro operativo”.
Los soldados vienen a cosechar la mariguana y dejan los chiquitos para cosechar posteriormente, porque no dicen nada; saben exactamente quiénes son los dueños del terreno donde hay plantíos y quedan libres los involucrados.
El otro objetivo es entrar a las comunidades zapatistas para estudiar, controlar, provocar y hostigarlas. Según la JBG, los guían paramilitares para conocer y entrar a atacar o detener a los compañeros cuando quieran; los federales andan diciendo que no van a detener los dueños aunque encuentren cosechas, que llevan la instrucción de que sólo van a destruir.
San Andrés Larráinzar: 13 años después
Jaime Martínez Veloz /La Jornada
En retrospectiva es posible afirmar que la etapa que culmina con la firma de los acuerdos de San Andrés fue la más fructífera del diálogo, no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó.
En contraste con lo que sucedía en el contexto del proceso de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, en el ámbito nacional la crisis se advertía ya en toda su magnitud. Aún no había tocado fondo, pero ya se hablaba de que era la crisis más grave de los tiempos recientes.
En efecto, hasta octubre de 1995 se había registrado una inflación mayor a 40 por ciento y la tasa de desempleo era la más alta desde 1987. Se perdieron durante esos meses 780 mil puestos de trabajo. Los expertos señalaban que, por primera vez, la economía informal ocupaba más mexicanos que la formal.
La caída del PIB en el segundo semestre de 1995 se calculaba en 10 por ciento, la más grave de los 50 años anteriores. Ante este panorama, más de 10 mil millones de dólares habían salido del país entre enero y junio de ese año.
Los bancos zozobraban y el problema del Fobaproa ya se gestaba. Este fondo daba aportaciones multimillonarias a los bancos con facilidad y sin que se viera claro ninguna mejoría en su situación. Los partidos de oposición cuestionaban el funcionamiento del fondo y la forma en que habían sido privatizados los bancos.
En medio de este contexto, en San Andrés Larráinzar se encuentran también dos lenguajes o, mejor todavía, varios lenguajes. El del EZLN es incisivo y desconfiado. A pesar de ello, dialoga y negocia.
El lenguaje del gobierno federal es inseguro, esquivo y siempre trata de investirse de un ropaje institucional que en los hechos no tiene. La delegación negocia sin saber adónde se dirige el barco y trata de retomar una iniciativa que en los hechos siempre tuvieron los zapatistas. A pesar de todo, ellos también negocian.
También están los otros lenguajes. Los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tratan a cada paso de hacer a un lado sus diferencias de concepciones partidarias y de sus intereses y afinidades personales para lograr primero consensos internos y luego servir de puente entre las partes. Cuesta trabajo, pero lo logran.
Así, el lenguaje de la Cocopa y la Conai se va construyendo a cada paso para constituirse en el intento de dos instancias por traducir al lenguaje de la paz los desafíos de cada parte.
El EZLN insistía en que San Andrés se opinara sobre todos los problemas nacionales. En principio, la delegación gubernamental se resiste. Sólo se debe acordar la paz y, después, se podrá opinar de lo que se quiera. ¿Cómo se puede alcanzar la paz sin opinar de las causas que han llevado al estallamiento del conflicto?
Las causas profundas del conflicto armado en Chiapas son las mismas que las de muchas otras muestras de inconformidad pacífica que existen a lo largo y ancho del país: injusta distribución de la riqueza; míseras condiciones de vida y un sistema político con rasgos excluyentes y autoritarios. En el caso de las comunidades indígenas, los pobres entre los pobres, se acentúan porque se les agrega una opresión racista hacia sus formas culturales e incluso hacia su propia existencia étnica.
Para los miembros de la Cocopa de aquellos tiempos, la solución del conflicto pasaba y pasa por el impulso a la reforma democrática del Estado, que es, finalmente, el escenario en el que los acuerdos que se establecen entre las partes podrán llevarse al terreno de los hechos.
En esencia, el EZLN demanda lo mismo que otros muchos millones de mexicanos: democracia, paz con dignidad, justicia y un desarrollo económico y social incluyente. Las agendas del conflicto y de la reforma democrática del Estado están hermanadas. Por esto, la propuesta de la Cocopa por incluir al EZLN en el diálogo nacional no sólo resultaba deseable, sino que además era indispensable. La historia del México contemporáneo ha demostrado que EZLN es un actor político cuya trascendencia no debe ni puede escatimarse. Las dirigencias partidarias y el gobierno de Zedillo se encargaron de que este esfuerzo sincero fracasara.
El clamor de nunca más un México sin nosotros es explicable cuando las comunidades indígenas han sido sometidas a una opresión centenaria, durante la cual han perdido tierras y derechos, aunque no se ha logrado aniquilarlos ni despojarlos de su rica cultura, parte de las raíces de nuestra patria.
Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar convenidos entre el gobierno federal y el EZLN hace 13 años son la expresión de una de las construcciones políticas más importantes de las dos décadas pasadas y son una referencia fundamental en la construcción del México democrático al que aspiramos. No hay ni puede haber avance democrático en México sin su cumplimiento.
Las fuerzas políticas mexicanas tienen el compromiso de poner en juego todos los instrumentos políticos y las atribuciones republicanas a su alcance, por concretar la aspiración y los anhelos de los pueblos indios de México convenidos hace 13 años entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar.
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