Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 18 de febrero de 2009

CHIAPAS

Garantizan justicia en Chiapas; preso del pasado obtiene libertad

En una inserción se informa que resultado de una exhaustiva revisión de expedientes, el Gobierno del Estado de Chiapas otorgó la libertad a Miguel Gómez Gómez, como parte de los trabajos de la Mesa de Reconciliación instruida por el Gobernador Juan Sabines Guerrero. Este martes el Secretario de Gobierno, Noé Casteñón León, encabezó este acto acompañado del Procurador General de Justicia del Estado, Racial López Salazar; el titular del Poder Judicial, Magistrado Juan Gabriel Coutiño Gómez, y del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Óscar Salinas Morga. En presencia del Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Diego Cadena Gordillo, el encargado de la política interna de Chiapas, refrendó el compromiso del Gobierno de Juan Sabines con la justicia y el estado de derecho. Por su parte, el representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas agradeció en nombre de sus compañeros la labor de la Mesa de Reconciliación y destacó los avances en materia de justicia en la entidad. En enero de 2007, con la participación concertada de los tres poderes del Estado, así como de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, se instaló formalmente la Comisión Especial de Ley de Sentencia Suspendida y Libertad Anticipada (hoy Mesa de Reconciliación) cuya tarea ha sido revisar la situación legal de las personas que distintas organizaciones sociales consideran injustamente detenidas, así como de diversas solicitudes de carácter individual. (La Jornada)

Autorizan más de 23 mdp para obra

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado autorizaron un recurso de 23 millones 38 mil 300 pesos con 77 centavos para la construcción del camino Chiapilla - San Lucas - Pozo Colorado, que unirá a la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas con la zona del Grijalva. Los diputados locales Rodrigo Rosales Franco y Ana Elisa López Coello manifestaron que esta obra se logró gracias a las gestiones realizadas ante la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas. "Estaremos atentos para que este camino inconcluso desde el sexenio pasado pueda ser una realidad en su totalidad. Agradecemos a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en especial a don Luis H. Álvarez, y al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero por su disposición en beneficio de este proyecto", concluyó López Coello. (Cuarto Poder)

Vuelven los altos cobros de la CFE

Autoridades y habitantes del ejido Santo Domingo, municipio de Ocosingo, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarifas justas por el consumo de luz, ya que les ha llegado cobros de 500 hasta mil pesos por el consumo de energía eléctrica lo que consideran un abuso. El Presidente del comisionado ejidal, Jerónimo de la Cruz Maldonado y José Hernández López, Presidente del Consejo de Vigilancia, refieren que debido a los altos cobros que la CFE venía realizando en dicha localidad de la Selva Lacandona, a principios de 2006 la asamblea acordó declarase en resistencia. (Cuarto Poder)

Total legalidad al caso Herrán

El proceso judicial en contra del ex fiscal de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, se está llevando a cabo "con toda legalidad", afirmó el Secretario de Gobierno, Noé Castañón León. Luego de aclarar que desconoce los pormenores porque se trata de un caso de carácter judicial, agregó: "Es un proceso como cualquier otro, que está llevándose a cabo con una instrucción muy precisa y aplicándose de manera justa la ley." Dijo que la entidad está "en un clima de paz y tranquilidad" y descartó que el encarcelamiento de Herrán Salvatti pudiera provocar hechos de violencia en la entidad. (Cuarto Poder, La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

El CISEN y la SEDENA también deben rendir cuentas por caso de eperristas

El Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos Hasta Encontrarlos, que reclama la presentación con vida de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, sostuvo que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es sin duda de gran importancia, porque refleja que el Estado mexicano es el responsable de su desaparición, y pidió que el exhorto se amplíe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por tener también competencia en los hechos. Es necesario que las investigaciones incluyan a ambas instancias y que el castigo se extienda a todas aquellas personas que participaron en la detención y desaparición de nuestros familiares, sin importar el cargo que tengan, afirmó Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los guerrilleros, durante una conferencia de prensa ofrecida con miembros de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Documentales zapatistas

En El Correo Ilustrado, se informa que: “Este miércoles 18 a las 18 horas, se proyectarán cinco breves documentales sobre la construcción de la autonomía zapatista: Tierra sagrada, Educación en resistencia, Mujeres unidas, Viva la vida, muera la muerte y Caracoles: los nuevos caminos de la resistencia. Calle de Zapotecos 7 bis, colonia Obrera. Tel. 5761-4236. El Rincón Zapatista y cibercafé Comandanta Ramona.” (La Jornada)

Militares en la Recomendación 07

Miguel Ángel Granados Chapa escribe en su columna Plaza Pública que “la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 24 de mayo de 2007 se produjo probablemente en el marco de una movilización del Ejército y policías estatales y municipales en Oaxaca. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiso averiguar el alcance de la participación militar en ese episodio, formalmente suscitado por la presencia de agentes policiacos chiapanecos, a los que antes de su identificación se consideró como un ‘grupo armado’, la Secretaría de la Defensa Nacional rehusó colaborar con la oficina del Ombudsman nacional. Ello no obstante, entre los destinatarios de la Recomendación 07/2009, relativa a aquella desaparición, no se encuentra la autoridad castrense.” (Reforma)

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