Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 15 de febrero de 2009

CHIAPAS

La CFE provoca conflictos entre habitantes indígenas de Chiapas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que representantes de comunidades de 50 municipios que conforman la Red Estatal de Resistencia Civil La voz de nuestro corazón, adherente a la otra campaña, acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sostener “una estrategia de provocación de conflictos en las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, al buscar corromper a diversas autoridades ejidales, comunales y municipales para que inciten a una parte de la población a enfrentarse contra las familias que participan en la justa y legítima lucha de resistencia en contra de las altas tarifas”. (La Jornada. Se anexa)

Destraban conflicto en Los Chimalapas

Las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, de San Miguel Chimalapa, aceptaron retirar el bloqueo que mantuvieron durante un mes en el camino que comunica con Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa, Chiapas, a cambio de la suspensión temporal de la explotación en bosques de pino por parte de los ejidatarios chiapanecos, informó Esteban Ortiz Rodea, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al término de la reunión interinstitucional celebrada en la capital chiapaneca para solucionar el conflicto por la posesión de tierras entre las dos comunidades, el funcionario federal también destacó la disposición de los pobladores de Rizo de Oro, Flor de Chiapas, Ramón E. Balboa y Rodulfo Figueroa, quienes accedieron a despejar el camino que comunica a San Antonio. “La reunión fue favorable y se tomaron acuerdos; funcionarios estatales y federales, junto con representantes comunales, coincidimos en sumar voluntades para atender este conflicto agrario”, aseveró. Resaltó que las comunidades en disputa acordaron permitirle al grupo de atención especial de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) medir sus respectivos terrenos y confirmar si corresponden a la extensión asentada en la resolución presidencial emitida hace 42 años. (Excélsior)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

CNDH a Calderón: la verdad sobre EPR

Ricardo Alemán escribe en su columna Itinerario Político que “exterminio, ¿respuesta a adversarios? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que diversas instituciones del Estado mexicano participaron en la desaparición forzada de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).  En recomendaciones enviadas a los gobiernos federal, de Oaxaca y municipal de esa entidad, a la PGR y a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, la CNDH llama al jefe del Estado —el presidente Calderón— a cumplir los postulados constitucionales y los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos. Por eso, recomienda ‘dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, dirigentes del EPR víctimas de desaparición forzada en un operativo realizado por policías estatales y federales y elementos del Ejército, el 24 de mayo de 2007. En el operativo —según la CNDH—, ‘se vulneraron los derechos de libertad personal, integridad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso’ —previstos en la Constitución— de ambos eperristas, a manos de servidores públicos del Estado, particularmente de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez.” (El Universal)

TEXTOS

La CFE provoca conflictos entre habitantes indígenas de Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Representantes de comunidades de 50 municipios que conforman la Red Estatal de Resistencia Civil La voz de nuestro corazón, adherente a la otra campaña, acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sostener “una estrategia de provocación de conflictos en las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, al buscar corromper a diversas autoridades ejidales, comunales y municipales para que inciten a una parte de la población a enfrentarse contra las familias que participan en la justa y legítima lucha de resistencia en contra de las altas tarifas”.

La red denunció actos de hostigamiento, amenazas de muerte e incluso asesinatos, auspiciados o solapados por la paraestatal, “en complicidad con las autoridades municipales”.

Un muerto y varios heridos en Sitalá

Durante la asamblea, iniciada el viernes y que concluyó hoy, La voz de nuestro corazón destacó hechos ocurridos en semanas recientes en la comunidad La Gloria, municipio de Venustiano Carranza, “hostigada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante órdenes de presentación” contra tres participantes de la resistencia, así como la confrontación entre indígenas en la comunidad Don Pedro, municipio de Sitalá, provocada por trabajadores de la CFE el pasado 6 de febrero.

En este último caso, un grupo de pobladores oficialistas, azuzados por trabajadores de la CFE, quisieron “cortar la luz a familias en resistencia, arrojando el saldo de un campesino muerto y varios heridos”, recordó la red estatal.

Dirigiéndose a la sociedad civil, al presidente Felipe Calderón, al gobernador Juan Sabines Guerrero y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, los representantes del movimiento civil de resistencia a las altas tarifas eléctricas rechazaron estas acciones y responzabilizaron “de manera directa a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la CFE, de lo que pueda suceder dentro y fuera de nuestras comunidades indígenas y campesinas”.

Esta resistencia, cabe señalar, está muy extendida en Chiapas desde la década pasada. En la costa, la frontera, la zona norte, los Altos y la selva Lacandona se manifiesta la oposición a los cobros excesivos de energía en comunidades pobres, mientras se exenta o “estimula” a las grandes empresas.

Es uno de los espejos más nítidos de la desigualdad, y si bien se manifiesta con especial contundencia en importante número de comunidades zapatistas, es una lucha común para centenares de comunidades y colonias urbanas de diversas adscripciones políticas.

Así, la Coordinación Estatal de Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), a raíz de la agresión en Sitalá, este viernes subrayó “la enorme responsabilidad de la CFE y del gobierno del estado” en el “lamentable suceso”, ya que en “vez de atender los justos y legítimos reclamos de cientos de comunidades ante las elevadas tarifas de energía eléctrica, han optado por criminalizar nuestra lucha y han recurrido a engaños, como sus programas Luz amiga, Tarifa vida mejor y ahora Luz solidaria, buscando por diversos medios confrontar y dividir a las comunidades y generar enfrentamientos entre quienes pagan el servicio y quienes nos encontramos en resistencia. Lo acaecido en Sitalá es un llamado serio de atención y una consecuencia de esta criminal política”.

En tanto, la asamblea de La voz de nuestro corazón se solidarizó con los pobladores de Candelaria, Campeche, otro lugar “donde la CFE busca utilizar las leyes para reprimir a los pueblos que defienden sus derechos”; también con los miembros del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), “quienes han sufrido amenazas y hostigamiento por parte del Estado”.

Hostigamiento

El jueves pasado, el Ciepac dio a conocer que Norma Iris Cacho Niño, coordinadora operativa de la organización no gubernamental, con sede en San Cristóbal de las Casas, ha padecido espionaje y hostigamiento telefónico después de la marcha-caravana de mujeres, que cruzó el país desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Chiapas y la cual se realizó entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Cacho participó activamente en esa protesta.

El asedio “se enmarca en un contexto de agresiones, amenazas y hostigamientos entre octubre de 2008 y enero de 2009 en San Cristóbal de las Casas, lo cual recuerdan el clima represivo que se vivió en Chiapas de 1995 a 1997”.

El Ciepac lo considera “parte de una estrategia amplia de represión contra las comunidades, organizaciones y personas, particularmente mujeres”, dentro de una “creciente tendencia represiva, fomentada desde los grupos de poder y diversas instituciones de gobierno”.

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