Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 9 de agosto de 2009

EZLN

Líder evangélico lanza demanda penal contra el Frayba y ejidatarios de Mitzitón

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios, Esdras Alonso González, demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) al director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón. Por r su parte, el gobierno de Chiapas divulgó un boletín sobre los acontecimientos en Mitzitón, citando su Ley Contra la Discriminación y su pronunciamiento a las juntas de buen gobierno zapatistas (2008). (La Jornada. Se anexa)

ACTEAL

Zedillo cometió en Acteal crímenes de lesa humanidad que se busca ocultar: Vera

La decisión que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal en los próximos días “no es sobre la veracidad de los hechos (de la masacre), sino por el debido proceso de quienes están acusados y plenamente identificados como culpables, pues en las pesquisas hubo un manejo deshonesto, que se hizo a propósito, para que no se concluya que son criminales”, afirmó Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que “políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas”. Sin embargo, subrayó que el “juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita”, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es “la impunidad”. (La Jornada, El Universal)

Los culpables de la masacre no deben quedar libres, exige Felipe Arizmendi

La masacre de Acteal no debe quedar impune y debe esclarecerse la verdad para ejercer la justicia, señaló Felipe Arizmendi Ezquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, respecto del dictamen que emitan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo interpuesto por indígenas de Chenalhó presos por su participación en la matanza de 45 tzotziles el 22 de diciembre de 1997. En un comunicado, el prelado dijo que las inconsistencias en el juicio que puedan encontrar los magistrados de la Corte no avalarán la inocencia de los detenidos: “una cosa es la inconsistencia jurídica de una acusación, y otra que sean o no culpables en verdad. Puede haber una inocencia jurídica, pero una culpabilidad real. Sin embargo, ésta debe demostrarse jurídicamente, para que la autoridad proceda”. (La Jornada)

Piden cuentas a gestión zedillista por Acteal

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió que el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, explique a la nación por qué se fabricaron pruebas para responsabilizar a cuarenta indígenas de la matanza de Acteal, Chiapas, en 1997, y en consecuencia a quién se encubrió con esta acción. Del mismo modo y con carácter de “urgente” el partido del sol azteca demandó a la PGR cite a comparecer a Jorge Madrazo Cuéllar, quien entonces fungía como procurador para que detalle los motivos “forzados o conscientes” que lo llevaron a ejercer acción penal en contra de indígenas inocentes, según lo advierte una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que será votada esta semana. De acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente nacional del PRD y actual diputado federal electo, Ernesto Zedillo “tiene la obligación moral” de dar una explicación del actuar de quienes fueron sus subordinados; mientras que Madrazo Cuéllar, al ser el responsable directo de la investigación junto con sus fiscales deben comparecer de manera inmediata ante el Ministerio Público federal como parte de la revisión a la que debe ser sometido el expediente. (Excélsior)

Vergonzoso, si la Corte decide liberar a paramilitares: Ibarra

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, advirtió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deberán enfrentar “la vergüenza” de que se libere a los paramilitares que masacraron a 45 indígenas en Acteal, si deciden ampararlos. Los ministros deberán también ser conscientes de que con esto exponen a los sobrevivientes y testigos de esa matanza a las represalias de los asesinos. Luchadora social desde hace casi cuatro décadas, la legisladora dijo que en México no existe la justicia en ningún nivel, porque lo que prevalece son jueces y magistrados corruptos y ministros del más alto tribunal que prefieran irse de vacaciones en lugar de atender los reclamos de los padres dolientes de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC, o permiten la impunidad de los asesinos de indígenas chiapanecos. La Suprema Corte, insistió, ha tenido muchas fallas, “no sólo el insulto al dolor de los familiares de los menores de la guardería de Hermosillo, están también las muertas de Juárez, los presos de Atenco, el caso no resuelto de los miembros de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero esto que pretende hacer con quienes asesinaron sin piedad a niños, ancianos y mujeres embarazadas de Acteal, es ya inconcebible. (La Jornada)

Abogado insiste en que hay inocentes encarcelados por la matanza de Acteal

De acuerdo con Sergio Natarén Gutiérrez, abogado de cristianos evangélicos presos por la matanza de Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que el próximo miércoles se pronunciará sobre los amparos promovidos por los paramilitares recluidos en el penal El Amate– debería fallar en favor de éstos a fin de que puedan alcanzar la libertad tras 11 años y medio de cárcel. El litigante, quien profesa el citado credo, expresó que, dado lo expuesto en los expedientes, los ministros “deberían favorecer a los procesados, porque la gente es inocente; confiamos en las instituciones y en que haya un dictamen acorde con los lineamientos jurídicos; que se hagan valer los derechos de estas personas; lo que obra en la causa demuestra que no participaron en los hechos. Además hubo irregularidades en el procedimiento”. (La Jornada)
Desconocen en Acteal liberación de familiares

La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor. En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria y exigen justicia para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 personas, el 22 de diciembre de 1997. En esta comunidad tzotzil, desde hace años intentan superar el odio y el rencor que dejó aquella masacre y el posterior encarcelamiento de los acusados en el penal El Amate.  A más de una década del trágico suceso, jóvenes como Edilio Gutiérrez dejaron el terruño para tratar de olvidar.  Desde aquel día las familias han resentido también la muerte de tres mujeres y tres niños. Incluso, algunas madres tuvieron que casarse con otros hombres de la comunidad para poder asegurar el sustento para sus hijos. Celso Gutiérrez Santís, de 19 años, tuvo que enfrentar el sufrimiento y el desamparo cuando apenas tenía 8 años.  Sin embargo, Gutiérrez Santís aún recuerda cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendieron a su padre Antonio Gutiérrez Santís, quien fue sentenciado a 25 años de prisión. (El Universal)

CHIAPAS

Celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

A 15 años de su proclamación, la Secretaría de Pueblos Indios de Chiapas (Sepi) celebró ayer en sus instalaciones el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con ponencias y eventos culturales. El titular de la dependencia, Marcos Shilón Gómez, destacó la importancia de esta conmemoración, pues se recuerda la riqueza de los pueblos nativos del estado y del mundo. "Como pueblos indígenas y como jóvenes indígenas tenemos claro hacia donde queremos ir, el papel que estamos jugando en cada disciplina que sabemos hacer y tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad", expresó. En el marco del festejo, se reflexionó sobre el derecho de las poblaciones autóctonas y el papel que juegan los jóvenes en el desarrollo de las propias comunidades de las cuales son oriundos. (El Heraldo de Chiapas)

Privilegiar el diálogo para resolver conflicto

El subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, Enrique Guillermo Ramírez Coronado, sostuvo que a pesar de que se han presentado algunos incidentes en comunidades indígenas que profesan diversos tipos de credos religiosos, la reconciliación y el respeto entre comunidades se ha ido acrecentando durante la actual administración.  Ramírez Coronado dijo que el Gobierno del Estado que encabeza Juan Sabines Guerrero, ha privilegiado el diálogo como herramienta básica para dirimir cualquier tipo de diferencias que puedan tener las familias que profesen distinto credo religioso. "Hemos logrado que haya una armonía entre las comunidades, en el momento en que algunos grupos deciden cambiar de religión, procuramos estar atentos de cómo interactúan con el resto de su comunidad, a fin de evitar algún tipo de rispidez, en ese sentido hemos avanzado en varias partes del estado", acotó el funcionario estatal. (Cuarto Poder)

Chiapas es un estado seguro, indica Córdova

Tras un mes de confrontaciones entre el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, por la propagación acelerada del virus A/H1N1 en la entidad, el funcionario federal indicó que ese estado es “seguro”, al igual que cualquier otro del país, por lo que no existe ningún riesgo al visitarlo.“Chiapas es un estado hermoso, y no hay ningún problema para que vengan a visitarlo”, expuso al reunirse con Sabines.  De esta forma, Córdova y Sabines limaron definitivamente sus asperezas, que se agravaron el 22 de julio, luego de que el titular de la Ssa afirmó que el ex secretario de Salud local, Adrán Pérez Vargas, era portador del virus. Sabines acusó entonces a Córdova Villalobos de encabezar una “campaña de discriminación” contra el estado y provocar daños a las finanzas públicas.  El secretario federal, a su vez, rechazó discriminación y recordó que la notificación de los casos es obligatoria. “Si yo tuviera influenza, se los diría y me retiraría”. Dos semanas después, Córdova Villalobos recomendó ahora que no hay motivo para alarmarse, porque se ha registrado una disminución de 50 por ciento de los contagios, ya que de 10 personas a las que se les practica la prueba sólo cinco salen positivas. (Milenio)

ASUNTOS INDÍGENAS

Toca a indígenas el 1.6 por ciento del gasto

Para 2009, el Congreso etiquetó 37 mil 603 millones de pesos para los indígenas, de los poco más de 2 billones de pesos del gasto programable, lo que representa un aumento de 17 por ciento respecto a 2008. La mayor parte de esos recursos se ejerce a través de la SEDESOL, la CDI, la SEP, y las aportaciones federales para estados y municipios. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y la Organización Gestión Social y Cooperación (GESOC), los resultados de los programas enfocados a los grupos indígenas dejan qué desear. En su revisión del gasto de 2007, la ASF concluyó que la cobertura de los programas de la CDI es reducida y carecen de indicadores para conocer el impacto que tienen en las poblaciones indígenas. Ese año se presupuestaron 7 mil 24 millones de pesos, 30 por ciento más que el anterior, y sólo se ejercieron 5 mil 200 millones. La propia CDI reconoce que el gasto destinado a los indígenas ha mantenido un curso errático en esta Administración. "Sería importante incrementar la participación del sector salud y el agropecuario (que disminuyó en 21 por ciento entre 2007 y 2008) ya que en materia de acceso a los servicios de salud el rezago en la población indígena aún es considerable. Sólo el 27.3 por ciento de la población indígena es derechohabiente de algún tipo de servicio de salud", señaló en su informe de actividades del año pasado. (El Siglo de Torreón, Reforma)

Fallan ejecutivo y legislativo

Para Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, tanto el Ejecutivo como el Legislativo fallaron en su compromiso de dejar de ver a los integrantes de las etnias como menores de edad. Matías considera “obsceno” que la CDI haya renunciado en esta administración a atender las necesidades urgentes de las etnias e incurrido en subejercicios. “¿Cómo va a haber avances sino hay capacidad de operación? Estamos en una paradoja alarmante: los indígenas piden recursos; el legislativo los autoriza y el Ejecutivo no los da o los da tarde”, reprocha. (Reforma)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Ecos de Acteal: violencia, acoso e impunidad

En este Editorial se destaca que “a pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo que podría dejar en libertad a la mitad de los paramilitares presos por la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios –organización protestante que opera con estructura militar–, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Diego Cadenas Gordillo.” (La Jornada. Se anexa)
Acteal: impunidad y crisis del aparato de justicia

R. Aída Hernández Castillo escribe en su artículo que “la potencia e indignación son las dos palabras que resumen el sentir sobre el caso de Acteal, de quienes hemos apostado a la legalidad y a la reivindicación de los derechos humanos como espacios de lucha para el acceso a la justicia.” (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Líder evangélico lanza demanda penal contra el Frayba y ejidatarios de Mitzitón
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios, Esdras Alonso González, demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) al director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón.

Reveladoramente, argumentó: “Lo mismo hicieron en Acteal en 95, 96 y 97 (sic), cuando llevaron a nuestra gente a la cárcel de una manera que se ensañaron contra ellos, por eso responsabilizamos al Frayba si algo vuelve a pasar con nuestros hermanos; no es un hecho aislado”, declaró Alonso González este viernes a los reporteros en el quiosco de esta ciudad, acompañado por el pastor Refugio Díaz Ruiz.

El dirigente, quien fue uno de los primeros defensores de los paramilitares detenidos en 1998, junto con el también pastor Arturo Farela (siendo el primero, de oficio, Pedro Raúl López, hoy ombudsman estatal de los defensores de derechos humanos, y no “una pasante de 19 años”, como sostienen sus nuevos defensores mediáticos), aprovechando que la mitad de los presos por la masacre de Acteal podrían salir libres, informó, en su cárácter de asesor legal de los evangélicos de Mitzitón, que la PGR inició la averiguación APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 contra Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBC; los indígenas Silviano Pérez Díaz, Juan Díaz Heredia y Manuel López Heredia, y el periodista Hermann Bellinghausen, “porque han estado golpeándonos por Internet diciendo mentiras contra nosotros”. Los delitos que integran la averiguación son “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y allanamiento de morada”.

Sostuvo que los evangélicos de Mitzitón han sido agredidos desde 1999 por los “católicos tradicionalistas”. Resaltó la existencia de 11 averiguaciones previas “escondidas” en la Fiscalía Altos, adonde “tristemente las mandaron, porque era de competencia indígena”. El mismo Alonso González ha sido acusado de promover la posesión de armas para el grupo evangélico Guardián de tu Hermano (antecedente del Ejército de Dios) en el barrio La Hormiga.

En entrevista para la radio sancristobalense XEWM, el ex pastor “pidió” al gobierno y al Instituto Nacional de Migración investigar “la calidad migratoria” del enviado de La Jornaday que, “como extranjero”, qué hace en Chiapas y Mitzitón. Lo mismo pidió para Cadenas Gordillo, por “meter extranjeros a las comunidades”.

Por su parte, el gobierno de Chiapas divulgó un boletín sobre los acontecimientos en Mitzitón, citando su Ley Contra la Discriminación y su pronunciamiento a las juntas de buen gobierno zapatistas (2008).

En cuanto al proyecto carretero San Cristóbal-Palenque, denunciado como origen del conflicto que ya causó la muerte de un ejidatario opuesto a ella en sus tierras, dice que, “si bien es real, está en proceso de ser un proyecto ejecutivo”, y “aún se estudia la viabilidad precisa de su trazo, dado el extremo cuidado en la no afectación de tierras comunitarias o colectivas, zonas arqueológicas, impactos ecológicos y para evitar la división de comunidades”.

El proyecto “no se asocia a ningún tipo de boom de inversiones, ni mucho menos instrumenta estrategia alguna para el despojo o la adquisición de tierras”, sólo responde “al generalizado reclamo por la inviabilidad de la actual carretera”.

Refiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no ha concluido el proyecto, ni el gobierno de Chiapas tiene conocimiento del trazo definitivo”, pero asegura que la autopista “no pasa por Mitzitón, por lo que nadie en dicha comunidad debe dejarse sorprender por quienes no les conviene a sus intereses particulares la paz duradera que vivimos en Chiapas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por parte del EZLN”.

El gobierno chiapaneco se comprometió a que, una vez que se conozcan el proyecto y el trazo, “se darán a conocer a parajes, comunidades, ayuntamientos y autoridades de cualquier índole”. Llama a una “mesa de atención y acuerdos para Mitzitón, en la delegación de Gobierno de San Cristóbal”, bajo la consideración de que los problemas “agrarios, religiosos y sociales” se deben “destensar” para “garantizar la convivencia social y armónica de la comunidad”. Para ello solicita “respetuosamente” al demandado CDHFBC “su voluntad de intervención para coadyuvar a la mediación entre las partes inconformes”. También convoca a la presidencia municipal de San Cristóbal, a las autoridades de la comunidad “y a los representantes de los diversos grupos religiosos”.

Esta “decisión unilateral” del gobierno de Chiapas (que no menciona al indígena muerto y los cinco heridos del 21 de julio) “es una muestra más de la voluntad permanente para la distensión de conflictos sociales a través de la apertura al diálogo”.

Ecos de Acteal: violencia, acoso e impunidad
Editorial/La Jornada

A pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo que podría dejar en libertad a la mitad de los paramilitares presos por la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios –organización protestante que opera con estructura militar–, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Diego Cadenas Gordillo, y de ejidatarios de la comunidad de Mitzitón por los delitos de ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y allanamiento de morada”.

Las acusaciones van dirigidas también en contra del reportero y articulista de La Jornada Hermann Bellinghausen, cuya “calidad migratoria” –según el líder evangélico– debe ser “investigada” por el Instituto Nacional de Migración, solicitud del todo improcedente y disparatada –pues el periodista es mexicano por nacimiento– que, en sí misma, da cuenta de la desinformación y la mala fe con que se conduce el dirigente mencionado.

Más allá de este despropósito, es necesario señalar que las denuncias referidas se inscriben en el contexto de un recrudecimiento reciente de la violencia en Mitzitón, a raíz del proyecto de construcción de una carretera entre San Cristóbal y Palenque, cuyo primer tramo está proyectado para pasar por esta localidad, y que cuenta con el ostensible respaldo del Ejército de Dios: el pasado 21 de julio, seguidores de este grupo asesinaron al campesino tzotzil Aurelio Díaz Hernández, quien encabezaba acciones de defensa de tierras comunales en las que se pretende construir el camino mencionado.

El notable incremento de la presencia del Ejército de Dios, su creciente activismo y su reciente reincorporación a la vida política formal –apenas el pasado jueves la organización ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional, por la vía de la Confederación Nacional Campesina– no parecen deberse a la casualidad y antes bien son demostraciones de fuerza política y armada moralmente alentadas por el previsible fallo de la SCJN en torno a la liberación de los implicados en el caso Acteal. Cabe señalar que Alonso González, fundador del Ejército de Dios, fue uno de los primeros defensores de tales acusados y que en distintas ocasiones ha señalado el supuesto “ensañamiento” y la “injusticia” cometidos contra los paramilitares detenidos.

Como lo señaló el propio CDHFBC, el dictamen que deberá emitir el próximo miércoles la SCJN, presuntamente en favor de otorgar la libertad a los responsables de la masacre de 45 indígenas –15 de ellos niños– en Acteal, sólo se centra en juzgar las deficiencias con que se integraron las averiguaciones previas y el procedimiento jurídico, y omite, en cambio, el fondo del asunto: que los actuales detenidos cometieron un crimen de lesa humanidad y que están plenamente reconocidos por los propios habitantes de Chenalhó.

En suma, el máximo tribunal del país parece estar a punto de sentar un precedente nefasto –otro más– que amenaza con ser un nuevo acicate para la violencia en el sureste del país, y que configuraría una ecuación por demás perversa si se combinase con el avance de las acciones de hostigamiento en contra de los organismos humanitarios y periodistas, cuya única labor ha sido dar testimonio constante de los hechos ocurridos en la región.

La actitud de las instancias oficiales en el caso Acteal no sólo ha cancelado el acceso de las comunidades afectadas y las familias de las víctimas a la impartición de justicia, al no haber presentado hasta ahora a ninguno de los autores intelectuales de ese crimen de lesa humanidad; hoy, además, con la previsible liberación de parte de los autores materiales, la SCJN parece dirigirse hacia un nuevo escenario de escándalo, indignación y vergüenza nacional.

Acteal: impunidad y crisis del aparato de justicia
R. Aída Hernández Castillo */La Jornada

La impotencia e indignación son las dos palabras que resumen el sentir sobre el caso de Acteal, de quienes hemos apostado a la legalidad y a la reivindicación de los derechos humanos como espacios de lucha para el acceso a la justicia. La noticia de que 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal están a punto de quedar en libertad, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorga el amparo solicitado alegando fallas en la argumentación jurídica, pone una vez más en evidencia la impunidad que sigue prevaleciendo en nuestro país.

Esta decisión no se tomaría con base en una inocencia probada, ya que existen testigos presenciales que los señalan como participantes directos en la masacre y que han sido ratificados y constan en los expedientes judiciales del caso (ver la página www.frayba.org.mx/informes.php), sino con base en los errores de procedimiento que se cometieron a lo largo de estos 11 años, en los que las autoridades correspondientes les han ido otorgando amparo tras amparo, a pesar de las protestas y reclamos de los sobrevivientes.
Si la decisión de la Suprema Corte de Justicia deja en libertad a estos asesinos no sólo estará enviando un mensaje de que “cualquiera que trabaje para el Ejército, para el gobierno, haciendo trabajo sucio, gozará de impunidad, será defendido por las autoridades” como declaraba recientemente el ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Pablo Romo, sino que paralelamente se estará enviando un mensaje a quienes aún creíamos que las leyes podían ser una herramienta para alcanzar la justicia y la equidad, de que en el contexto político actual de nuestro país esta vía se encuentra agotada, ya que el Poder Judicial esta cooptado y controlado por los grupos de poder.

Lamentablemente, las fallas en el debido proceso son una práctica constante en nuestro sistema judicial, pero solamente se reconocen y se utilizan para anular sentencias cuando hay intereses políticos de por medio, como fue en los casos de las acusaciones de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por sus responsabilidades en la masacre de 1968. Los investigadores y abogados del CIDE podrían haber tomado para su litigio estratégico los casos de cualquiera de los 8 mil 767 indígenas que según el censo penitenciario más reciente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se encuentran presos, ya que 95 por ciento de ellos no ha contado con apoyo de traductor, lo cual viola por principio su derecho al debido proceso, ya que la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas aprobada en julio de 2001 establece en el artículo segundo el derecho a ser asistido por un intérprete.

Mientras que los paramilitares de Acteal están a punto de ser liberados, miles de hombres y mujeres indígenas pobres están presos, muchas veces sin saber de qué se les acusa, convirtiéndose en mano de obra casi esclava en la pujante industria penitenciaria.

Entre ellos mi amiga Honoria Morelos, una anciana náhuatl de 70 años, de Atlixtac, Guerrero, quien lleva seis años encerrada en la prisión femenil de Atlacholoaya, Morelos, sin contar nunca con la asistencia de un traductor y sin entender a ciencia cierta los cargos que se le imputan. Mis gestiones por liberarla no han sido tan efectivas como las del equipo del CIDE, pues su caso, como el de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y los de miles de hombres y mujeres presos injustamente no “revisten un interés superlativo” para los grupos de poder que siguen gobernando este país como si fuera su finca personal.

* Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

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