Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 8 de agosto de 2009

EZLN

Llama gobierno a mesa de diálogo por conflicto en Mitzitón

Los acontecimientos recientes en la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas obligan al Gobierno del Estado de Chiapas a informar, precisar y aclarar lo siguiente: tal como se menciona en el inciso 8 del 2º Pronunciamiento del Gobierno de Chiapas a las Juntas de Buen Gobierno, “el proyecto carretero de San Cristóbal a Palenque, si bien es real, esta en proceso de ser un Proyecto Ejecutivo en donde aún se estudia la viabilidad precisa de su trazo, dado el extremo cuidado en la no afectación de tierras comunitarias o colectivas, zonas arqueológicas, en impactos ecológicos y para evitar la división de comunidades.” (Expreso Chiapas. Se anexa)

Cumplen 40 años las FLN que vieron nacer al EZLN

Este jueves 6 de agosto las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización que vio nacer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 40 años de existencia. Las FLN fueron fundadas por Salvador y Manolo, originarios del estado de Veracruz, así como por Alfonso de Yucatán, Ricardo, Teodoro, Alfredo y César, que eran de Monterrey y decidieron trasladarse a Chiapas para hacer crecer las FLN. De sus fundadores el único sobreviviente desde el 6 de agosto de 1969 a la fecha, es Fernando Yánez, encargado de la seguridad del subcomandante insurgente Marcos, durante la afamada marcha zapatista de los 1111. Cuando le hicieron una entrevista publicada en la revista Rebeldía a Yánez, acerca de por qué eligieron Chiapas para hacer crecer las FLN contestó: ¿Por qué Chiapas no? La respuesta es que ellos (sus compañeros) conocieron la situación de esa región, no sólo desde el punto de vista geográfico y estratégico que tenía y tiene para México, sino que constataron que las condiciones sociales, económicas y políticas, donde incluimos el racismo y todo lo que parece que no tiene que ver con la política pero sí tiene que ver, y que ahí prevalecía bien marcadamente. (Expreso Chiapas)

ACTEAL

Culpa de la PGR, si quedan libres asesinos de Acteal, dicen ministros

La liberación de al menos 12 paramilitares, acusados de matar a 45 indígenas en Acteal, Chiapas, será responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) por no haber integrado legalmente la averiguación previa y por errores de procedimiento, sostuvieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rechazaron que su decisión implique la impunidad en el castigo de los responsables. Ante la inminente concesión del amparo a 41 implicados en los hechos –en la sesión del próximo miércoles de la primera sala de la Corte–, los funcionarios precisaron que la sentencia de la Corte no señala responsabilidad o inocencia en los cargos que se imputan a los acusados; sino que la decisión se basa en que deben ser dejados en libertad por las violaciones procesales cometidas durante la averiguación previa y el juicio en su contra. Respecto a la posibilidad de que resulten beneficiados paramilitares que agredieron a los integrantes de la comunidad de Las Abejas, como lo han advertido representantes de diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, los ministros dijeron que, así como podían beneficiarse responsables directos de los homicidios, también saldrán libres indígenas que llevan casi 12 años de prisión a pesar de ser inocentes. Señalaron que la PGR no demostró que fueran éstos los autores materiales de los mismos y ni siquiera, en muchos de los casos, que los acusados hubieran estado en el lugar de los hechos. Respecto de la violación en el procedimiento, comentaron que los interrogatorios a los acusados y algunos testigos de cargo se efectuaron sin la presencia de un traductor que hablara la lengua indígena del compareciente. (La Jornada)

“Hay que reparar agravios en Acteal”

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas tiene la obligación constitucional y legal de acatar las disposiciones de la SCJN, si como se ha informado su resolución en el caso Acteal deja en libertad a los acusados, señaló el presidente del organismo, Juan Gabriel Coutiño. Por su parte, la presidenta del Congreso del estado, Ana Elisa López Coello, consideró que este caso se debió investigar a fondo desde un inicio, tal y como la ciudadanía lo pidió para esclarecerlo. Advirtió que habría que reparar dos agravios: el de los presos tras purgar una pena que no correspondía; y las víctimas y sus familiares que esperan justicia, clamor que quizá crecerá. (El Universal, Crónica, Expreso Chiapas)

La SCJN no ha tocado el fondo del tema, indica el Centro Fray Bartolomé

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que el dictamen hasta ahora emitido por la SCJN en favor de otorgar la libertad a quienes cometieron la masacre de los 45 indígenas de Acteal, sólo está juzgando las deficiencias que hubo en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad que cometieron los actuales detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas. (La Jornada, Expreso Chiapas. Se anexa)

ONG foránea critica al sistema judicial

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) censuró la posible puesta en libertad de algunos de los sujetos condenados por la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997. La organización internacional –que revisó las violaciones a derechos humanos en ese caso– señaló que en México las irregularidades en los procesos judiciales son constantes, por lo que es criticable que debido a “defectos de forma” la SCJN pueda resolver que se deje en libertad a los sentenciados por la masacre de 45 indígenas. La CCIODH subrayó que en México “las dificultades sobre el debido proceso ocurren con toda normalidad en la mayoría de los casos –Chiapas, Atenco (estado de México) y Oaxaca, entre otros– y no son condición para que la justicia dictamine en su contra y revoque las sentencias que se ha dictado bajo esas condiciones”. La ONG destacó que la Corte aceptó la indagatoria de los hechos “con argumentos que se vuelven en su contra”, pues en México las investigaciones, “como norma”, se hacen sin respeto a las reglas de obligado derecho. “Es verdad que no hubo traductores, pero en ningún caso exculpa por gran cantidad de pruebas y testimonios que señalan que ellos fueron los actores de los crímenes por los que fueron juzgados y condenados. En otros casos, tanto la SCJN como tribunales estatales y federales no han aceptado estos argumentos, como el caso de los indígenas de Bachajón o los condenados de Atenco. ¿Por qué ese doble rasero de la justicia?”. (La Jornada, El Heraldo de Chiapas, Expreso Chiapas)

Temen por su vida testigos de la masacre; muchos preparan éxodo

Ángeles Mariscal escribe desde Acteal, Chiapas, que “Nosotros estamos seguros: ellos los mataron; ellos los mataron y yo estuve ahí, y los vi, porque también me dispararon. Quedé tirado pero los oía y sé quiénes son, porque de por sí nos conocemos, porque somos de estos parajes”, explica Victorio Vázquez. Expresa que se siente “muy indignado, con temor y miedo de que cuando salgan nos vengan a matar porque ya nos han amenazado por haberlos acusado que ellos fueron”. Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la Sociedad Civil Las Abejas, organización a la que pertenecieron los muertos de Acteal y en la que siguen militando los sobrevivientes, refiere que hay un sentimiento generalizado de miedo y preocupación. “Es como si en nuestro país no existiera la ley. Las Abejas siempre hemos luchado en favor de la paz, y los paramilitares nos querían obligar a que les cooperáramos para comprar armas y luchar contra los del EZLN, por eso las autoridades de gobierno les dieron las armas, y los policías los custodiaban. Ellos prepararon bien la masacre y por eso nos duele que ahora sea como si no existiera la ley en nuestro país y quieran dejarlos en libertad. Si los liberan –añade– pueden generar más violencia, más desplazamientos. Algunos ya dijeron que van a volver a desplazarse si salen de la cárcel los paramilitares. Entonces ¿dónde está la ley?, ¿dónde está la justicia?, ¿cuándo van a hacer justicia contra los autores materiales?”, se cuestiona el dirigente indígena. (La Jornada)

Oración y ayuno por la verdad y la justicia en el caso Acteal

La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de la Comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, llevará a cabo la próxima semana en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, una Jornada de Oración y Ayuno por la Verdad y la Justicia para que la SCJN no libere a 40 paramilitares que participaron en la masacre de 45 indígenas en Acteal en 1997. Informa que la acción la realizarán para ejercer su derecho de exigir justicia y verdad en la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997. En ese sentido los sobrevivientes de la masacre invitan a todas las organizaciones solidarias a sumarse a esta Jornada y realizar actos simultáneos en sus lugares de origen exigiendo castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como justicia por este crimen de lesa humanidad. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Expreso Chiapas)

Lamentable atraso en impartición de justicia en Acteal: diputado

La tardanza en el deslindamiento de responsabilidad en el caso Acteal es lamentable, pues no permite cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia de nuestra entidad, dijo Javier Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado de Chiapas. Enfatizó que tuvieron que pasar 10 años para que se reconociera la inocencia de las 40 personas acusadas de participar en la masacre, por lo que espera su pronta liberación y el esclarecimiento de los hechos, sino la SCJN aplicaría una "justicia en partes". Sin embargo, reconoció que existen organizaciones y grupos civiles que no están de acuerdo con que las autoridades judiciales emitan un auto de libertad que tenga efectos en los presuntos implicados, por lo que los exhortó para que reflexionen sobre esa posibilidad y se conserve la paz social en Acteal. (El Heraldo de Chiapas)

Validan sentencia emitida por la SCJN

La inminente liberación de 40, de 86 indígenas presos acusados de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 representa un reconocimiento a la inocencia de quienes fueron detenidos arbitrariamente por la PGR, asentó Rubén Gabriel Soberano Velasco, consejero de la Barra Chiapaneca de Abogados. Reveló que desde un principio en las audiencias y en todas las diligencias que se llevaron a cabo para este juicio se denotó una falsificación de pruebas y testimonios por parte del Estado. Es decir, un traductor, les habría puesto en sus bocas a los indígenas palabras que nunca dijeron y los Ministerios Públicos dieron por hecho tales argumentos procediendo a la condena. "Ahorita ya se sabe en España, Alemania, qué es lo que pasó en Chiapas, otra vez Chiapas vuelve a ser noticia mala, no por el Gobierno del Estado sino que hubo una actuación dolosa del Ministerio Público en aquel entonces que era comandado por Madrazo Cuellar y se nota y quedó demostrada, la Corte denota la mala fe del Ministerio Público en las averiguaciones previas" subrayó. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

Centenar de indígenas renuncia a la OPDDIC

Más de un centenar de indígenas que militaron en la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), tomaron la determinación de renunciar a su membresía. Lo anterior, por considerar que se han desvirtuado los principios y que OPDDIC no se ha cumplido con los objetivos que se buscaron desde su integración. Los representantes dieron a conocer a la sociedad en general y a los medios de comunicación, que mediante asamblea general renunciaron a la citada agrupación con fuerte presencia en algunas comunidades de la Selva Lacandona. De acuerdo con Caralampio Ruiz Pérez, Teodoro Hernández Cruz y Juan Mendoza Lorenzo, presidente del comisariado ejidal, agente auxiliar municipal y consejo de vigilancia, respectivamente, los acuerdos fueron tomados en el ejido "La Unión" del municipio de Ocosingo, tras considerar que la comunidad manifiesta ampliamente su voluntad de renunciar a la organización. Se asegura que la renuncia de los 102 indígenas tzeltales es parte de una desbandada que se avizora para los próximos días, esto como reacción a los múltiples señalamientos que en los últimos meses han pesado sobre esa organización, al ser acusada de ser la principal hostigadora de grupos seguidores del grupo armado que se levantó en armas en el 94. (Cuarato Poder)

Pastor evangélico demanda a Director del Frayba ante la PGR

El pastor evangélico Esdras Alonso González presentó una demanda penal en la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Director del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" y habitantes de la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas. El dirigente de la organización Alas de Águila y asesor legal de los evangélicos de Mitzitón, dijo que la PGR inició la averiguación APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 en contra de Diego Cadenas Gordillo, director de dicho centro; así como de Silviano Pérez Díaz, Juan Díaz Heredia y Manuel López Heredia, además contra del periodista Herman Bellinghausen, "porque han estado golpeándonos por Internet diciendo mentiras contra nosotros". Informó que los delitos por los cuales se integró la averiguación son: ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y allanamiento de morada. (Cuarto Poder, Milenio)

Conflicto de límites, grave en Chiapas

El conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca debe retomarse desde su origen y no llevarlo al camino de la política, porque de lo contrario nunca se llegará a una solución, dijo el diputado de la Comisión Legislativa para la Atención del Caso Chimalapas, Juan López Girón. Indicó que todas las instancias están contribuyendo, pero la Reforma Agraria debe ya encontrar el expediente agrario que al parecer data de 1950 y hacer el análisis profundo porque en tanto los conflictos sociales en la zona siguen. (Cuarto Poder)

GRUPOS ARMADOS

Moctezuma II sirve de guía para tratar la guerra sucia

En una suerte de “rompecabezas histórico”, la dramaturga y directora Juliana Faesler lleva a escena la historia del emperador Moctezuma II. En esta propuesta, que forma parte de su trilogía mexicana, Faesler parte de la ópera Montezuma del compositor Carl H. Graun y la enriquece con extractos de historiadores y especialistas en la época prehispánica, como Alfredo López Austin y Miguel León Portilla, además de tener guiños a la época contemporánea y los grupos guerrilleros activos actualmente en el país. La obra Moctezuma II. La guerra sucia se estrena el 13 de agosto en el Teatro de la Ciudad, y contará con música en vivo, gracias a una orquesta de cámara dirigida por José Areán. “Hay una reflexión de por qué Moctezuma actuó de tal o cual manera y hay un intento de entender de dónde surgen los movimientos subversivos en el país, quiénes son, cuál es la lucha, y con mucho respeto intentamos entender quién es el EZLN o el EPR, y qué nos motiva a luchar por la tierra, la libertad y la justicia”, comenta Faesler. (Excelsior)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La Tercera Guerra Intestina

En este artículo se resalta que “1810–1910–2010. Como si se tratara de una fatal cábala numerológica, muchos piensan que en el año próximo México volverá a estar en guerra; la buena noticia es que no lo estará; la mala es que ya lo está. Por otra parte, los grupos subversivos (guerrilla tradicional), están en una posición –sospechosa– de absoluto silencio. Hace unos días algunos periodistas estuvieron en contacto con el líder del Ejército Zapatista, y aunque no pudieron sacarle una entrevista, les dijo que próximamente habría grandes noticias.” (Expreso Chiapas. Se anexa)

Fabricación de culpables.

En esta Editorial se escribe que “una de las razones por las que expertos juristas se han opuesto a la pena de muerte en México, se relaciona precisamente con el tema de la fabricación de culpables que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone sobre la mesa en el caso concreto de Acteal. Con esta resolución que es probable que alcance la unanimidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda demostrado que las autoridades de la PGR, se concretaron  solamente a seguir la inercia de los acontecimientos y a dar valor a los testimonios que un grupo de interés instrumentó. (Diario de Chiapas. Se anexa)

Acteal

Carlos César Núñez Martínez subraya en su columna Portafolios Político que “ahora resulta que la Procuraduría General de la República, actuó con ligereza en la masacre de Acteal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está por amparar a unos cuarenta encarcelados; situación que nos lleva a pensar en que habrá una nueva investigación para determinar quiénes y por qué ordenaron el asesinato de 22 mujeres, 18 niños y seis hombres aquel lamentable 22 de diciembre de 1997. Después de 11 años de la masacre, unos 40 indígenas encarcelados como responsables de los hechos podrían alcanzar su libertad, situación que les permitiría contra demandar a quienes como testigos falsos los acusaron ante las autoridades de justicia; así como demandar el pago millonario de daños morales causados, si cuentan con un buen abogado. En la contra demanda, podrían incluir a varios guerrilleros de sotana y organizaciones no gubernamentales vinculadas al movimiento armado, como el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas. El caso Acteal no debe quedar impune, las nuevas investigaciones que se realicen del caso deben esclarecer la masacre de los 45 indígenas, así como aclarar quién o quiénes están involucrados intelectual y materialmente en los lamentables sucesos; analizar si están inmiscuido políticos nacionales y locales, porque después de los hechos (3 de enero de 1998), renunció a la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, cuyo lugar fue ocupado por Francisco Labastida Ochoa, hoy senador de la República por el PRI. Mientras que el 7 de enero de 1998, Julio César Ruiz Ferro, gobernador interino de la entidad, renunció al cargo que asumió en su lugar Roberto Albores Guillén, compadre de Francisco Labastida Ochoa. Era el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien llegó a la candidatura presidencial del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando se cometió la masacre de Acteal; su procurador General de la República, era Jorge Madrazo Cuellar, quien tendrá mucho que explicar de la ligereza con que actuó la institución llegado el momento.” (Cuarto Poder)

Acteal, a 12 años

Jesús Belmont Vázquez destaca en su columna Líderes Políticos que “¿A qué intereses sirvieron los altos funcionarios de la PGR cuando desviaron las investigaciones del caso Acteal? A quién o quiénes protegían? El entonces presidente Ernesto Zedillo y su procurador Jorge Madrazo, deberían explicar cómo fue que lejos de investigar y dar con los culpables de la masacre, enviaron a prisión a inocentes fabricándoles pruebas y comprando testigos para inculparlos. Lo sucedido en Acteal a finales de 1997 fue una matanza realizada con alevosía, premeditación y ventaja. No fue un conflicto religioso ni étnico. No se trató de un enfrentamiento como lo presentó el gobierno de aquel entonces; se trató de una ejecución múltiple. Juristas del Centro de Investigación y Docencia Económicas detectaron graves fallas en los procedimientos y revelaron que gran parte de las pruebas y testimonios, eran dudosos. La pregunta que flota en el aire es si ahora se reanudarán las investigaciones para castigar a los verdaderos culpables de aquella masacre, trátese de quien se trate, sin importar jerarquías políticas ni cargos públicos.” (Cuarto Poder)

Ese niño en la intemperie

María Teresa Priego describe en su artículo que “principios de diciembre de 1997. En lo alto de un cerro en Chiapas. Hombres, mujeres, niños, apenas cubiertos. Indígenas tzotziles. Pertenecen a la agrupación ‘Las abejas’, fundada en 1992. Intentan salvarse. Sabían que vendrían por ellos. Ricardo Rocha fue a buscarlos, hasta que los encontró: ‘Dios bendito, este es… el campamento’, la frase angustiada del periodista se escucha como apenas un murmullo. Imágenes, voces del último refugio de una comunidad desesperada, a la que Rocha intentó hacer escuchar. Televisa transmitió el reportaje. Sabemos lo que dijeron ‘las autoridades’: aquello no era más que un montaje elucubrado con el deseo de ‘desestabilizar al país’. A Rocha le dijeron que la situación estaba ‘bajo control’, que se ‘tomarían medidas preventivas’. Que se quitara de en medio. Los dejaron solos. Horriblemente desamparados. Porque de eso se trataba. Ese 22 de diciembre llegaron por ellos. Dispararon contra la ermita. ¿Alguien podría olvidarlo? Contra una comunidad desarmada que rezaba. En 2004, la Clínica de Interés Público del CIDE decidió tomar la defensa de los acusados. El 5 de agosto la Corte emitió su fallo: ‘Manipulación del sistema de justicia a favor del Estado’. Falsificaciones. Apresuramientos. Tan pronto como un grupo de abogados comprometidos y eficaces tomó el caso, la injusticia —al parecer— resultó flagrante. 2001. La comandanta Esther ante la Cámara de Diputados:’“Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. La situación es muy dura. Desde hace muchos años hemos venido sufriendo el dolor, el olvido, el desprecio, la marginación y la opresión. Sufrimos el olvido porque nadie se acuerda de nosotras. Nos mandaron a vivir hasta en el rincón de las montañas del país para que ya no llegue nadie a visitarnos o a ver cómo vivimos’. O ‘a ver’ cómo dejaron, cómo dejan de vivir. En el reportaje realizado por Ricardo, en un ‘rincón de las montañas del país’, un hombre le dijo: ‘Nosotros no queremos que se maten entre campesinos, nosotros no queremos matar a nuestros compañeros’. Las ‘abejas’ rezaban por la paz. Y aquel niño flaquito temblaba, cubierto apenas con su camisetita de algodón. Temblaba de frío y como si ya supiera… quizá sí. Sabía. La huida. Las palabras y los rostros aterrados de los adultos. Sabía que no había cobija con qué protegerse. Sabía que entre la neblina seres más brutales, más helados que la temperatura, que la intemperie, que el viento, subían la montaña. Venían armados. Venían por ellos.” (El Universal)

Acteal

Rafael Cardona apunta en su columna El Cristalazo que “Emilio Chuayffet, depuesto secretario de Gobernación con motivo del crimen colectivo de Acteal, está a punto de regresar a San Lázaro como diputado federal. Hoy se cree con posibilidades no sólo de volver al Poder Legislativo, sino hasta de coordinar la ahora poderosa bancada tricolor. Después de las revelaciones y afirmaciones de la Suprema Corte en torno de la fabricación de culpables en la investigación del horrible caso, Chuayffet podría, quizá ahora, reconciliarse con su conciencia (si la tiene) y explicar cómo fueron fabricados los culpables. Obviamente no lo va a hacer. La disciplina es primero; el silencio después.” (El Diario de Chiapas)

Asamblea Nacional Indígena en Xayacalan

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que “todo está listo en las tierras recuperadas de Xayacalan, comunidad indígena de Ostula, Michoacán, para iniciar este sábado los trabajos de la Asamblea Nacional Indígena Extraordinaria, reunión que reviste particular importancia por la actual embestida que los tres niveles de gobierno y los partidos políticos de todos los colores, en complicidad con las empresas trasnacionales, han emprendido contra los territorios de los pueblos, naciones y tribus indígenas del país. Y también por la decisión de estos pueblos de resistir, construir su autonomía y reivindicar su legítima autodefensa. No es casualidad que la Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) se realice precisamente en el paraje recuperado recientemente por los nahuas del litoral del Pacífico michoacano, en este momento símbolo de la resistencia y de la puesta en práctica del derecho a la autodefensa indígena.” (La Jornada)

Ostula en el horizonte de la resistencia indígena

Carlos González García menciona en su artículo que “resulta histórica, por diversas razones, la recuperación de una significativa franja de tierras comunales lindantes con el océano Pacífico que el pasado 29 de junio realizó la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, a partir de una férrea y paciente organización sustentada en estructuras tradicionales y en el despliegue de una disciplinada guardia comunal que en el momento oportuno logró rechazar los violentos ataques realizados en contra de niños, hombres y mujeres inermes por numerosos pistoleros adscritos al crimen organizado y patrocinados por aquellos caciques de La Placita, Michoacán, que a lo largo de 40 años se habían apoderado de las tierras hoy recuperadas. La autodefensa indígena y campesina en nuestro país no es novedosa, siempre ha estado presente en el corazón de las luchas de resistencia contra el despojo de las tierras comunales. La médula programática del zapatismo histórico se encuentra en el artículo 6 del Plan de Ayala. A lo largo de la segunda y tercera décadas del siglo XX una constante en las reivindicaciones agrarias fue la exigencia de indígenas y campesinos para no ser desarmados y desorganizados por los sucesivos gobiernos ‘revolucionarios’. Vistas así las cosas, la autodefensa indígena organizada por Ostula tiene raíces profundas y también mucho de original, pues, en primer lugar es prohijada por una comunidad organizada en un movimiento civil, pacífico y declaradamente constitucional. En segundo lugar, esta autodefensa se apoya en una proclama pública, el Pronunciamiento sobre la autodefensa indígena del 14 de junio de 2009, que con toda claridad alude a la autodefensa indígena como derecho inherente al ejercicio de la autonomía indígena y de la soberanía popular, sobre la base de disposiciones constitucionales y de derecho internacional.” (La Jornada)

TEXTOS

Llama gobierno a mesa de diálogo por conflicto en Mitzitón
Expreso Chiapas

Los acontecimientos recientes en la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas obligan al Gobierno del Estado de Chiapas a informar, precisar y aclarar lo siguiente:

1.- La cultura de paz que promueve el Gobierno del Estado se fundamenta en el respeto a las diferencias y en el garantizar los derechos humanos de todos los habitantes del estado, así como en trabajar en unidad para erradicar la pobreza.

Por ello, en los últimos años se ha modificado sustancialmente el marco jurídico del Estado en materia de derechos humanos, que convierte a Chiapas en un estado vanguardista en la materia, de acuerdo a los parámetros internacionales.

Parte de ello es la Ley Contra la Discriminación orientada a retirar de la sociedad chiapaneca toda práctica discriminatoria, tanto en la vida familiar, en la práctica religiosa, en la calidad de preliberado, de migrante, de origen étnico, entre otros.

2.- Tal como se menciona en el inciso 8 del 2º Pronunciamiento del Gobierno de Chiapas a las Juntas de Buen Gobierno http://www.chiapas.gob.mx/comisionantelarealidad/pronunciamientos-recientes/doc-20080211: 8.El proyecto carretero de San Cristóbal a Palenque, si bien es real, esta en proceso de ser un Proyecto Ejecutivo en donde aún se estudia la viabilidad precisa de su trazo, dado el extremo cuidado en la no afectación de tierras comunitarias o colectivas, zonas arqueológicas,  en impactos ecológicos y para evitar la división de comunidades. Dicho proyecto no se asocia a ningún tipo de “boom” de inversiones, ni mucho menos instrumenta estrategia alguna para el despojo o la adquisición de tierras, por el contrario responde al generalizado añejo reclamo de los habitantes de esos municipios de Chiapas por la inviabilidad que la actual carretera (construida hace casi 50 años) representa”.

3.- Al día de hoy la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República no ha concluido el proyecto ejecutivo, ni el Gobierno de Chiapas tiene conocimiento del trazo definitivo, y es que, lo que sí se puede asegurar, es que la autopista no pasa por la comunidad de Mitzitón, por lo que nadie en dicha comunidad debe dejarse sorprender por quienes no les conviene a sus intereses particulares la paz duradera que vivimos en Chiapas desde la VI Declaración de la Selva Lacandona por parte del EZLN.

4.- El Gobierno de Chiapas se compromete a que de una vez que se conozca el proyecto ejecutivo y por ende el trazo definitivo, se dará a conocer a los Parajes, a las Comunidades, los a los Ayuntamientos y a las Autoridades de cualquier índole, antes de iniciar dicha obra, reiteramos que la autopista San Cristóbal - Palenque no debe ser motivo de discordia, pues aún no se conoce el trazo definitivo.

5.- Sin embargo, la problemática de Mitzitón tiene componentes agrarios, religiosos y sociales que se deben destensar para garantizar la convivencia social y armónica de la comunidad.

6.- El Gobierno de Chiapas convoca a instalar una Mesa de Atención y Acuerdos para Mitzitón, en la delegación de Gobierno de San Cristóbal, a la brevedad.

7.- En tal virtud solicitamos respetuosamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, su voluntad de intervención para coadyuvar  a la mediación entre las partes inconformes.

8.- Asimismo convocamos a participar a la Presidencia Municipal de San Cristóbal, a las autoridades de la comunidad, así como a los representantes de los diversos grupos religiosos de la comunidad de Mitzitón.

Esta decisión unilateral por parte del Gobierno de Chiapas, es una muestra más de la voluntad permanente para la distención de conflictos sociales a través de la apertura al diálogo, el cual debe ser inagotable para generar alternativas que garanticen la paz y los derechos de los habitantes de esa comunidad y de todo el Estado de Chiapas.

La SCJN no ha tocado el fondo del tema, indica el Centro Fray Bartolomé
Ángeles Mariscal/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que el dictamen hasta ahora emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de otorgar la libertad a quienes cometieron la masacre de los 45 indígenas de Acteal, sólo está juzgando las deficiencias que hubo en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad que cometieron los actuales detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas.

Diego Cadenas, presidente del organismo humanitario que ha acompañado en el proceso al grupo de sobrevivientes de la masacre, señaló que para estas personas, miembros de la sociedad civil Las Abejas, “no hay ninguna duda de que los que están sentenciados son culpables de participar en la masacre.

“Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido un error de identificación, porque son gente que se conoce desde niños; algunos hasta son familiares. Si en dado caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes”, dijo.

Añadió que la Corte se va a pronunciar por la forma y no por el fondo del asunto, “sólo va a juzgar si hubo un debido proceso, y no lo hubo porque desde el primer momento las autoridades movieron la escena del crimen; no hubo actitud diligente ni de la procuraduría del estado ni de la federal, y para nosotros esto fue premeditado, con vistas a facilitarles las cosas a los paramilitares la obtención de su libertad, como es probable que suceda”.

Ante la inminente liberación de los detenidos –añadió– queda en la impunidad la masacre, y la Procuraduría General de la República (PGR) quedará con las manos limpias al liberar a paramilitares presos que encubren un crimen de Estado.

“Si los liberan se encubre lo que fue la masacre: un crimen de Estado. Para nosotros este fue un crimen de Estado, una estrategia deliberada del gobierno para contrarrestar el avance, en este caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Si los liberan, los sobrevientes y familiares de las víctimas estarán en peligro de ser agredidos, porque ellos siguen teniendo las armas. También existe el peligro de que se afecte el tejido social de toda la zona, el riesgo del reagrupamiento de las bandas paramilitares, porque sería una especie de mensaje de que el Estado les está dando una garantía de impunidad”, añadió Diego Cadenas.

La acción de los paramilitares de Acteal “fue debidamente orquestada desde las altas esferas del poder; fue una estrategia militar y el Ejército Mexicano es transexenal; es como si se estuviera enviando un mensaje de que se va a reprimir cualquier sentimiento de insurgencia o protesta social, más allá del EZLN, sino contra cualquiera que se oponga a los proyectos económicos y de desarrollo impuestos por el Estado”.

Refirió que los grupos paramilitares que hasta el momento se han mantenido con bajo perfil, “siguen latentes en las comunidades e intentan reactivarse”.

El representante de Las Abejas sostuvo que si la SCJN quisiera actuar apegada a derecho, ni siquiera le hubiera permitido actuar al ministro Sergio Valls, un chiapaneco que fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y representante del Consejo de la Judicatura con el que fue presidente de la República durante la masacre, Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Es claro que los ministros van a actuar de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, y no a través de la justicia.” Diego Cadenas adelantó que, a fin de asegurar justicia, los sobrevivientes de la masacre ya solicitaron desde hace dos años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuma el caso, “porque creemos que en el sistema jurídico mexicano no se tiene asegurada la impartición de la justicia”.

La Tercera Guerra Intestina
Expreso Chiapas

1810–1910–2010. Como si se tratara de una fatal cábala numerológica, muchos piensan que en el año próximo México volverá a estar en guerra; la buena noticia es que no lo estará; la mala es que ya lo está. La ofensiva en contra de “parte” del crimen organizado –los de cuello blanco no los tocan– ha colocado a nuestro país en una verdadera guerra intestina: el Ejército Federal está en las calles de las ciudades combatiendo y los pistoleros de las diversas organizaciones delictivas, en una clara estrategia guerrillera (guerra de guerrillas), pone en jaque constantemente al gobierno de la república para después esconderse y preparar el próximo ataque.

Por otra parte, los grupos subversivos (guerrilla tradicional), están en una posición –sospechosa– de absoluto silencio a pesar de la gran problemática socioeconómica por la que está atravesando el país. Sólo faltan unos cuantos meses para 2010 y las condiciones están más que dadas para la reactivación de estos grupos que han permanecido en estratégica afonía.
Las señales están a la vista y algunos líderes socio-religiosos, irresponsablemente, tratan de aparecer como apaga fuegos con sus extinguidores llenos de gasolina, lanzan bombas de humo al demandar a periodistas y organismos de derechos humanos, pero con la artillería fija hacia un solo lugar: las bases zapatistas.

Si nos atrevemos a levantar la vista para tratar de vislumbrar un panorama más amplio, pareciera que existe una envestida general, una concertación de fuerzas centralizadas y focalizadas para afectar a los que aparentemente no se están moviendo. ¿Habrá información de inteligencia que anticipe beligerancia? ¿Quiénes participan en esta nueva concertacesión?

Tal vez sólo se trata del nerviosismo por el bicentenario de nuestra independencia; pero innegablemente, están dadas todas las condiciones para un resurgimiento insurgente: aumento de la pobreza (incluso la alimentaria), debilitamiento institucional, dispersión del Ejército Federal (por el combate a la delincuencia organizada), entre otros importantes factores internos y externos.

Hace unos días algunos periodistas estuvieron en contacto con el líder del Ejército Zapatista, y aunque no pudieron sacarle una entrevista, les dijo que próximamente habría grandes noticias. Todo es especulación, lo cierto es que tenemos muchos rezagos y el binomio crisis-guerra es el peor de los escenarios.

Y todo esto, aderezado con una filtración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se presume la liberación de 40 personas acusadas de ser los asesinos de 45 habitantes de la comunidad chiapaneca de Acteal, mismos que fueron condenados y ya purgaron 11 años de prisión; ahora resulta que saldrán libres –presumiblemente por vicios en el proceso judicial– con lo que se removerán viejas heridas y rencores latentes; pero... Usted... ¿Qué Piensa?”

Fabricación de culpables.
Editorial/Diario de Chiapas

Una de las razones por las que expertos juristas se han opuesto a la pena de muerte en México, se relaciona precisamente con el tema de la fabricación de culpables que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone sobre la mesa en el caso concreto de Acteal.

Por lo pronto este 12 de agosto del 2009, se hará justicia a 40 indígenas tzotziles, que se encontraban purgando penas de más de 35 años de prisión, por la masacre del 22 de diciembre.

Investigadores como el Director de la Revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, venían denunciando está situación desde hace varios años, cuando se descubrieran las irregularidades y las inconsistencias en la averiguación previa de esos hechos.

Con esta resolución que es probable que alcance la unanimidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda demostrado que las autoridades de la PGR, se concretaron solamente a seguir la inercia de los acontecimientos y a dar valor a los testimonios que un grupo de interés instrumentó.

Los que conocen el expediente como Aguilar Camín denunciaron en su oportunidad la fabricación de estos testimonios que han servido para mantener en la cárcel a los más de 40 indígenas tzotziles originarios de diversos parajes del municipio de Chenalhó.

Con respecto a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consigna el periódico El Universal, que luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, el máximo tribunal del país concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas, testigos y cometió irregularidades en el caso.

Las investigaciones se realizaron durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar como Procurador General de la República.

A los 40 indígenas se les acusó de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Ahora, a más de una década de los hechos, la Corte concluye que este grupo de 40 indígenas fueron acusados de manera injusta por la PGR y sentenciados por jueces y magistrados federales.

Los que vivieron esos tiempos recuerdan que dos fueron los objetivos del equipo de PGR que operó esta averiguación y posterior consignación: Enviar a prisión a la mayor cantidad de indígenas de Chenalhó sin importar si eran o no inocentes, y perseguir a servidores públicos para dar la impresión de que se había cometido un crimen de Estado.

Fueron precisamente la PGR de esa época y los grupos de interés, los que proporcionaron y aleccionaron a los testigos falsos, los que construyeron cuidadosamente la versión de que había sido un crimen orquestado por el gobierno, y por esa razón insisten en que deben ir a la cárcel el ex presidente Ernesto Zedillo, el ex Secretario de Gobernación y el ex Gobernador Julio César Ruiz Ferro.

Con esta resolución que en los próximos días habrá de dictar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debería abrirse una línea de investigación seria y responsable, para conocer hasta dónde, además de proporcionar testigos falsos, enviar a prisión a inocentes y crear la idea del crimen de Estado, estos grupos de interés y de interesados jugaron algún papel en la masacre de Acteal.

Lo importante es que la Suprema Corte de la Nación, con esta valiente y justiciera resolución que habrá de adoptar, pretende establecer criterios que combatan en el futuro las irregularidades que se cometan relacionadas con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa, así como a una justicia pronta y expedita.

Sin embargo, a la par de la declaratoria de inocencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de emitir por lo menos una recomendación para que los que falsificaron testimonios y los funcionarios que los avalaron, por lo menos reparen el daño ocasionado. 12 años de la vida de estos hombres quedaron en la prisión, sólo por la complacencia de un grupo de interés de la región de Chenalhó.

Alguna responsabilidad tendrían que aceptar todos, incluyendo los jueces y magistrados que ni siquiera se detuvieron a estudiar los elementos probatorios con los que se integraron las averiguaciones previas.

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