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México, D.F, 6 de agosto de 2009

ACTEAL

Acteal: encerraron a inocentes

No hay duda. Les fabricaron pruebas, testigos y se cometió un cúmulo de irregularidades para culparlos por la matanza de Acteal perpetrada el 22 diciembre de 1997. Han pasado 11 años de su vida en la cárcel y son inocentes. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista a liberarlos. (El Universal, Prensa Latina, Terra México. Se anexa)

CHIAPAS

Reingresan al PRI los evangélicos de Mitzitón

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, que el Ejército de Dios, de la Iglesia evangélica Alas de Águila, ingresó este lunes al PRI, al afiliarse a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Así, vuelven al redil los miembros de la agrupación religiosa encabezada por el ex pastor Esdras Alonso González. Ya habían sido priístas en el pasado. Con ello, los evangélicos de Mitzitón, flagrantes traficantes de indocumentados y denunciados como responsables de la muerte del ejidatario de la otra campañaAurelio Díaz Hernández hace dos semanas, son acogidos ahora bajo el ala protectora del PRI. De todos modos, la protección oficial con que cuentan es bastante evidente, así como su respaldo a planes gubernamentales como la autopista a Palenque. (La Jornada. Se anexa)

Un hecho UNICH en Las Margaritas

En una intensa gira de trabajo en el municipio de Las Margaritas en pro de la educación, el Gobernador Constitucional del Estado, Juan Sabines Guerrero, el presidente municipal de Las Margaritas, Rafael Guillén Domínguez, y el rector general de la UNICH, Andrés Fábregas Puig, colocaron la primera piedra de lo que marca el inicio de la obra para edificar la Universidad Intercultural de Chiapas, además de la entrega de materiales para la construcción de aulas prefabricadas y la entrega de certificados del Instituto de Educación Para los Adultos. En este mismo contexto, habló de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente el de la educación, con la meta de reducir el número de personas que no sepan leer ni escribir, que los niños cuenten con aulas dignas y que tengan acceso a una educación de calidad; además de poder alcanzar un mejor desarrollo con la educación superior. Finalmente, al colocar la primera piedra para la construcción de la universidad en el municipio de Las Margaritas, dijo que el poder contar con una institución de este tipo, significa un impulso a un esfuerzo que se ha hecho toda la vida para poder sacar a los hijos adelante. Además de tener una alternativa para este municipio, tan representativo para el estado de Chiapas, de salir adelante, con carreras específicas para la región, como turismo alternativo y lenguas y cultura. (Diario de Chiapas, El Heraldo de Chiapas)

Solicitan reconexión de servicio a evangélicos

Indígenas de la comunidad de Shulbó, municipio de Zinacantán, denunciaron que caciques tradicionalistas de dicha localidad no permiten que un grupo de 28 evangélicos tenga servicio de agua entubada, luz eléctrica y línea de teléfono, ya que se han negado a pagar cooperaciones para fiestas tradicionalistas, por lo que piden al Gobierno de Chiapas la aplicación de la ley. Antonio Vázquez Méndez, presidente de la Alianza Evangélica de Zinacantán, dijo que "antes había siete problemas lo que es en Zinacantán, ya se superaron los demás, pero en la comunidad de Shulbó se oponen los tradicionalistas y las autoridades locales a que reconecten el servicio, por eso le pedimos al señor gobernador Juan Sabines que aplique la ley", señaló Antonio Vázquez. (Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

CFE reinicia los cortes masivos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reemprendió los cortes masivos de energía eléctrica en comunidades en resistencia al pago de los altos recibos, pero con ello también afecta a quienes se encuentran al corriente en sus compromisos con la paraestatal. Por lo menos ocho comunidades del municipio de Pijijiapan quedaron sin fluido cuando personal de la CFE quitó una cuchilla en la comunidad "San Isidro", denunció el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Responsabilizaron de ello al agente comercial en esa zona, Maritza López Selvas, quien dicen está creando confrontaciones entre los habitantes que participan en la resistencia civil y los que cubren normalmente sus recibos, aunque sea de altas cantidades. Asimismo, denuncia que a través de los programas sociales instrumentados por el gobierno, como Oportunidades, se está condicionando los apoyos, ya que obligan a las personas que para otorgarles el mismo, tienen que presentar su recibo de luz actualizado y pagado. (Cuarto Poder)

Piden integrar agenda indigenista

La Federación debe cancelar las reglas de operación para que los apoyos a los pueblos indígenas aterricen en las nueve etnias de Chiapas, pues actualmente al menos tres de ellas están olvidadas, sobre todo la mam, chuj y cakchiquel, por el nivel de población, dijo el diputado perredista Antonio González Chamlati. Dijo que el INEGI debe llevar a cabo una encuesta en el Estado para conocer de fondo cuántas comunidades indígenas existen y clasificar los grupos étnicos y la ubicación de cada uno de ellos, con el fin de disminuir las trabas en las reglas de operación, en el caso concreto de la Coordinación para el Desarrollo Indígena (CDI) que es donde radica la situación. De lo que se trata, indicó, es que aterricen los proyectos o los recursos de los mismos y eso se debe a que el trabajo del INEGI no ha sido suficiente. Por otro lado el Congreso de la Unión debe contemplar como parte de la agenda legislativa más apoyos hacia los indígenas, sin que se les afecte por las reglas de operación. Reiteró que las reglas de operación para los programas destinados a los indígenas, se deben flexibilizar y por lo tanto están obligados a llevar a cabo una revisión de estos lineamientos. Consideró como grave el hecho de que a la falta de acceso a los recursos, el presupuesto que se destina para Chiapas así sea poco, se tenga que regresar por no ejercerlo. (Cuarto Poder)

En Chiapas la equidad de género es una realidad

En Chiapas, los trabajos para promover la equidad de género y empoderar a la mujer chiapaneca son hechos. Actualmente, el gobierno de Juan Sabines Guerrero trabaja bajo ejes temáticos que coadyuvan en el fortalecimiento a las políticas de equidad de género y de oportunidades de desarrollo para la mujer, acorde a los Objetivos de de Desarrollo del Milenio, de la ONU. El Ejecutivo estatal dijo que las nuevas oportunidades para la mujer chiapaneca, relacionadas en materia de salud, educación y trabajo, se enmarcan en un plan estratégico donde a las madres de familia, estudiantes, empleadas, inversionistas, se les garantiza el respeto a su derechos, con un gobierno que en los hechos atiende las necesidades de este sector. (Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La injusticia de Acteal

En esta Editorial se menciona que “la tradición judicial mexicana desde tiempos coloniales ha permitido que el Estado se sirva de jueces, magistrados y ministros para encarcelar inocentes por razones políticas. Uno de los casos paradigmáticos de la injusticia nacional es el proceso llevado a cabo contra los supuestos responsables de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Con tal de presentar culpables ante la opinión pública, mexicana e internacional, la PGR fabricó testigos y pruebas, falsificó la escena del crimen e hizo caso omiso de las declaraciones contradictorias entre los testigos. De 120 inculpados, 40 han pasado los últimos 11 años de su vida en prisión por la deliberada violación al debido proceso. Es de celebrarse que los ministros de la Suprema Corte tuviesen la voluntad de retomar el expediente y reconocer este crimen contra 40 personas cuyo único error fue estar cerca cuando al gobierno se le ocurrió fabricar culpables. Este hecho nos deja una lección: si no se garantiza el debido proceso en México no existirán tampoco igualdad ni justicia, piedras angulares de una verdadera democracia.” (El Universal)

La oportunidad de la Corte

Guadalupe Barrena  escribe en su artículo que “la Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad en los próximos días de infundir color y contenido al estado de derecho en México cuando decida sobre el caso Acteal. Con esta decisión, la Corte puede establecer importantes estándares de conducta para la investigación de los delitos. La acusación en el caso Acteal se vale de pruebas insuficientes e ilegales. Coacción o fabricación de testigos, evidencia destruida o extraviada se cuentan entre recursos de la parte acusadora. Si la Constitución mexicana enmarca los valores de un Estado democrático, la Corte abonará a su legitimidad admitiendo que hay consecuencias para la violación de la ley dentro del proceso penal. Primero, la Corte debe responder si las instituciones responsables de investigar y perseguir los delito, estuvieron a la altura de las circunstancias frente a uno de los incidentes más sombríos de la década de los 90: 45 hombres, mujeres y niños fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997. Al menos hay tres alternativas: 1) la Procuraduría actuó con diligencia pero no remontó la prueba debida para que las personas procesadas fueran encontradas culpables; 2) la Procuraduría actuó con negligencia, obtuvo pruebas de manera ilegal y, por lo tanto, el caso contra los acusados de la matanza no puede sostenerse; o 3) las pruebas del voluminoso expediente contra los acusados son legales y suficientes para ratificar su condena. Los jueces tienen poder y deben usarlo para hacer valer las reglas. La Suprema Corte puede colocar al juez en el centro del la justicia penal.” (El Universal)

Ni testigos ni armas ni defensa

Héctor Aguilar Camín, escribe en su columna Día con día que: “aparte de la arbitrariedad de inicio en la forma y el fondo de las detenciones, el juicio de Acteal por la matanza indígena del 22 de diciembre de 1997, carece de rigor en materia de testigos, de pruebas y de garantías de defensa para los acusados. Testigos. La Procuraduría General de la República ofreció 300 testigos de cargo. De ellos, sólo 40 habían estado presentes en los hechos del 22 de diciembre de 1997. Los otros 260 eran de oídas: sabían de lo sucedido, pero no habían estado allí”. (Milenio. Se anexa)

TEXTOS

Caso Acteal: encerraron a inocentes
Carlos Avilés/El Unviersal

No hay duda. Les fabricaron pruebas, testigos y se cometió un cúmulo de irregularidades para culparlos por la matanza de Acteal perpetrada el 22 diciembre de 1997. Han pasado 11 años de su vida en la cárcel y son inocentes. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista a liberarlos.

Son al menos 40 indígenas que de manera injusta fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) y sentenciados por jueces y magistrados federales. A todos se les atribuyó ser responsables de la matanza ocurrida antes de la Navidad de 1997.
En esa ocasión fueron asesinados 45 indígenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.

Las investigaciones de estos hechos corrieron a cargo de la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República. Unos meses después, la dependencia consignó a más de 80 personas como responsables de la matanza.

Ahora, a más de una década de distancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detectó irregularidades en los procesos de al menos la mitad de los sentenciados de 20 a 40 años de prisión por lesiones y homicidio calificados y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Son una muestra de los defectos que enfrenta el sistema de justicia en el país, a decir de los propios ministros.

Después de revisar los expedientes de 57 de los acusados, que lograron que sus casos llegaran a la Suprema Corte gracias a que un grupo de académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) asumió su defensa, la mayoría de ministros de la Primera Sala del alto tribunal concluyó que al menos 40 de ellos son inocentes.

Por eso, en la revisión de sus casos, programada para el miércoles 12 de agosto, la mayoría de ministros votará por amparar a casi 40 indígenas, para que queden en libertad inmediata, de acuerdo con datos recabados por este diario en la Suprema Corte de Justicia.

El total de indígenas que pueden quedar libres en los próximos días aún no está definido. Se calcula que el número alcance los 40, porque al grupo restante de los 57, es decir a unos 17, la Corte también prevé ampararlos, pero sólo para el efecto de que se reponga parte de sus procedimientos y se corrijan algunas irregularidades detectadas en sus juicios.

En estos casos la mayoría de ministros no tiene la certeza absoluta de su inocencia o de que las irregularidades detectadas en sus casos hayan sido de tal magnitud que ameriten que se les deje en libertad de inmediato.

Pero con esta decisión se abrirá la posibilidad de que se revisen nuevamente los casos de este segundo grupo, con el fin de que si hay elementos también se les deje en libertad.
La última puerta a la libertad

Después de pasar por diferentes instancias, de sufrir aplazamientos, cambios de jueces, falta de traductores, de enfrentar 10 años de prisión, a lo largo del primer semestre de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo —en diferentes momentos— los amparos que promovieron 57 indígenas que fueron hallados culpables, en dos instancias de los hechos de Acteal.

Era su última opción. Su última carta. Y la SCJN les abrió ésa, su última puerta, en un hecho único, porque el máximo tribunal del país casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio.

La Corte atrajo su caso por su importancia y trascendencia a nivel nacional, y porque se trata de un asunto que “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar”.

Pero también por los criterios que permitan establecer que estos casos no se repitan.

Además, al resolver estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende combatir a futuro las irregularidades que se cometen en relación con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedita.
Y todo está listo para que la sentencia final de este caso se dicte en la sesión pública del miércoles 12 de agosto.

Reingresan al PRI los evangélicos de Mitzitón
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de agosto. El Ejército de Dios, de la Iglesia evangélica Alas de Águila, ingresó este lunes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al afiliarse a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Así, vuelven al redil los miembros de la agrupación religiosa encabezada por el ex pastor Esdras Alonso González. Ya habían sido priístas en el pasado.

Con ello, los evangélicos de Mitzitón, flagrantes traficantes de indocumentados y denunciados como responsables de la muerte del ejidatario de la otra campaña Aurelio Díaz Hernández hace dos semanas, son acogidos ahora bajo el ala protectora del PRI. De todos modos, la protección oficial con que cuentan es bastante evidente, así como su respaldo a planes gubernamentales como la autopista a Palenque.

Surgidos de las filas de los expulsados por los caciques priístas de San Juan Chamula en décadas pasadas, los evangélicos de Alas de Águila, como muchos chamulas de la diáspora entre los años 70 y 90, se unieron entonces nuevamente al PRI en San Cristóbal de las Casas, Teopisca y los demás municipios chiapanecos donde se asentaron. Sus dirigentes y pastores no indígenas eran afines a los gobiernos priístas.

Con la llegada de un gobernador presbiteriano bajo las siglas del PRD y el PAN (Pablo Salazar Mendiguchía), oscilaron hacia el sol azteca, y allí estaban en 2006 cuando votaron por Andrés Manuel López Obrador y Juan Sabines Guerrero. Hoy tienen un regidor perredista en el ayuntamiento coleto, gobernado por el priísta Mariano Díaz Ochoa (con quien mantienen una relación amigable).

En presencia del dirigente nacional de la CNC, el diputado Jorge Enríque Hernández Bielma, la presidenta del comité directivo estatal del PRI, la también diputada Arely Madrid Tovilla (ex procuradora del estado en tiempos de Roberto Albores Guillén), tomó protesta a los dirigentes del Ejército de Dios.

En representación de Esdras Alonso González, su hermano Álvaro declaró que la organización celebraba su anexión a la confederación priísta “para ayudar a sus hermanos en los Altos de Chiapas en el área cristiana evangélica campesina, y porque reconocen que la CNC es una organización seria, para poder avanzar en las aspiraciones del área social de producción y otros aspectos de la vida social del estado”. Aseguró que el Ejército de Dios “y otras organizaciones sociales” aportaban 15 mil integrantes a la central campesina.

El dirigente nacional Hernández Bielma consideró “histórica” la fecha, ya que una agrupación religiosa “tiene la necesidad de apoyos y proyectos, pero también de participar activamente dentro de una organización”. También dijo que la nueva afiliación busca “coadyuvar en el desarrollo sustentable de los productores de la entidad, desde la misión evangelizadora en concurrencia con los estatutos que rigen a la organización campesina”.

Celebró la “tremenda fortaleza” de las organizaciones evangélicas, “muy bien conformadas en su figura y sin perder su identidad, y como Ejército de Dios pasan a formar parte de la CNC, como organización religiosa con estructura y presidencia”.

Adelantó que los nuevos priístas “participarán en lo productivo y lo político”. Esto quiere decir “que la organización, en la forma de respetar y de pensar las creencias, encuentra un lugar en la CNC, y por supuesto que tendrán este espacio para que puedan desarrollarse como seres humanos”.

El dirigente estatal de la CNC, Antonio Zuarth Esquinca, dijo a su vez: “Que no exista duda de que (Alas de Águila) conformará un excelente equipo”, y se tomarán en cuenta “sus aspiraciones políticas en el momento que así lo manifiesten, porque solamente así harán más grande al partido y a la organización”.

Este fue un guiño no muy cifrado al líder del Ejército de Dios, Esdras Alonso, y a su nada disimulada intención de llegar a presidente municipal de San Cristóbal. Ha renunciado a ser ministro de culto para no tener impedimento legal en caso de ser candidato. Otros representantes evangélicos que ingresaron al PRI son Josué Rodríguez Salazar, Silvano Gómez Santiz, Gerardo Yáñez Vélez y Juan Collazo Hernández.

Apenas la víspera, 14 cooperativas de Alas de Águila habían creado la Unión de Cooperativas para el Desarrollo de Chiapas, para exigir recursos al gobierno. El presidente de la unión, Álvaro Alonso, declaró que su primer objetivo es “activar a nuestros hermanos en la producción de diversos productos agrícolas”.

Ni testigos ni armas ni defensa
Héctor Aguilar Camín

Aparte de la arbitrariedad de inicio en la forma y el fondo de las detenciones, el juicio de Acteal por la matanza indígena del 22 de diciembre de 1997, carece de rigor en materia de testigos, de pruebas y de garantías de defensa para los acusados.

Testigos. La Procuraduría General de la República ofreció 300 testigos de cargo. De ellos, sólo 40 habían estado presentes en los hechos del 22 de diciembre de 1997. Los otros 260 eran de oídas: sabían de lo sucedido, pero no habían estado allí.

Los testimonios de los 40 que sí estuvieron presentes son contradictorios. En su primera declaración los testigos hablan de entre 4 y 12 atacantes. En las siguientes, hablan de cientos, con nombres y apellidos, comunidad y oficio, coincidiendo todos en que se trataba de “paramilitares”. El magistrado de apelación resumió estas deficiencias en un párrafo:

Hay discrepancias relativas al número de agresores, número de personas que estaban orando en el interior de la iglesia, cómo vestían los atacantes, si iban o no cubiertos con pañuelos o capucha el tiempo que duró el ataque, sin poder precisar quiénes hicieron disparos y en contra de quién. (Foja 1867 de la Sentencia de Apelación).

Pruebas. Todos los procesados, acusados de disparar, dieron negativo en la prueba de radizonato de sodio: no habían disparado. Las armas presentadas como utilizadas en el ataque fueron denunciadas por uno de los atacantes, José Mucio Vázquez Luna, a quien la PGR dio trato de testigo protegido. Estas armas no coinciden en sus calibres con los casquillos encontrados en el lugar de los hechos. “Unos y otros proyectiles”, dice el perito Pedro Antonio Nava, “fueron disparados por armas diferentes” (Tomo II de la causa penal 224/97).

Defensa. El Ministerio Público nombró un defensor público a los inculpados. El nombramiento recayó sobre una pasante en derecho de 19 años de edad: Griselda Castañeda Gamboa. Durante declaraciones claves del juicio, como las del primer testigo de la PGR, Agustín Arias Pérez, nunca hubo un abogado defensor. (Tomo I y II de la causa penal 223/97). La defensa fue llevada por biólogos como Manuel Anzaldo Meneses, pastores evangélicos como Arturo Farela y el defensor público de la Federación. Hasta que llegó la Clínica de Interés Público del Cide, en el año 2004.

De modo que puede decirse que en el juicio de Acteal bien a bien no hubo testigos, ni pruebas ni defensa de los acusados.
(Mañana: La impunidad pendiente).

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