Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de agosto de 2009

ACTEAL

Acteal, una larga cadena de pesquisas y muy poca justicia

Con el asesinato de 45 indígenas en Acteal, cometido el 22 de diciembre de 1997, inició el florecimiento de grupos paramilitares en zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya existencia era desmentida y se consideraba un mito. Hoy, a casi 12 años de los hechos, sólo cinco de los indígenas civiles detenidos confesaron su participación; pero según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (que apoya a Las Abejas en el proceso) las investigaciones carecieron en todo momento de técnica científica. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Indígenas piden la mediación de autoridad

Una decena de indígenas mame de la comunidad Chespal Viejo instalaron un plantón frente a la Presidencia Municipal de Tapachula para denunciar que terceros pretenden desalojarlos de sus tierras y advirtieron que se defenderán con lo que tengan a la mano. Isidro Díaz Zacarías y Paula Díaz Pérez, señalaron que del conflicto ya tienen conocimiento las autoridades de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría Agraria, pero no los han atendido y ello ha originado la agudización del problema que puede terminar en un enfrentamiento. Y es que señalan que les han dado un plazo de 48 horas para que salgan de sus tierras, en donde nacieron y crecieron, dedicados al cultivo del café, maíz, frijol y frutales, y donde además cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica y carretera. Portando pancartas, los indígenas pidieron la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de encontrar la solución más adecuada sin llegar a los hechos de violencia. Ello porque según dicen que el Tribunal Agrario ha dado fallos amañados a favor del grupo que quiere apoderarse de sus parcelas, a pesar de que el expediente agrario con el que cuentan carece de valor jurídico. (Cuarto Poder)

Lidera Chiapas casos de A H1N1

En los últimos cinco días se registraron casi mil nuevos casos de personas confirmadas con el virus de la influenza A H1N1. Mientras que el número de muertos se mantuvo igual. De acuerdo al reporte sobre la situación actual de la epidemia elaborado por la Secretaría de Salud, continúa aumentando el número de casos en entidades federativas como Chiapas, Yucatán, Jalisco, Veracruz y Tabasco. Del 29 de julio al 3 de agosto se observa que Chiapas pasó de tener dos mil 835 casos a tres mil 44 casos; Yucatán, de dos mil 240 a dos mil 535 y Jalisco, de 885 a 956. (El Universal, Reforma)

ASUNTOS INDÍGENAS

Blinda organismo indígena inversión para infraestructura en Guerrero

El delegado de la CDI en Guerrero, Gonzalo Solís Cervantes, informó que se ha realizado un blindaje de los recursos económicos destinados a obras de infraestructura básica en las regiones indígenas de Guerrero, como una medida para garantizar el desarrollo de las etnias. De los 820 millones de pesos destinados a Guerrero este año, se ha blindado la inversión de 650 millones de pesos para obras de ampliación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, caminos, puentes, drenaje y alcantarillado. (Notimex)

Combaten violencia a mujeres indígenas

La CDI y el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) firmaron un convenio para que éste imparta talleres sobre derechos humanos y combate a la violencia intrafamiliar a indígenas. El proyecto se realizará por primera vez en el Estado, gracias a que la CDI aportó más de 450 mil pesos para que el IMUG sea el ejecutor. Alfredo López Plascencia, delegado de la CDI en el Guanajuato, informó que en Guanajuato habitan más de 50 mil indígenas en 11 municipios, con un enorme grado de marginación en vivienda y educación. (www.am.com.mx)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Religión

Carlos César Núñez Martínez escribe en su columna Portafolios Político que “el secretario General de Gobierno, Carlos Noé Castañón León, debe poner ojo de chicharo en la comunidad indígena de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas; donde los demonios andan sueltos entre católicos tradicionalistas y evangélicos, no lo vayan a agarrar desprevenido. Al igual que en la región de Cuxuljá, municipio de Ocosingo, donde integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo S.C. (ORCAO S.C.), denunciaron haber sido desalojados por zapatistas de Moisés Gandhi; no hay que darle tregua a los enemigos de la gobernabilidad en Chiapas, hay que poner a trabajar a la burocracia que hace las veces de operadores políticos en la Secretaría General de Gobierno. No se debe olvidar que existen desestabilizadores que asechan la posibilidad de entrar en acción, siempre y cuando los operadores y negociadores políticos no cumplan con su chamba; si el responsable de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado no puede con el paquete, mejor que renuncie y deje el puesto para quien cuente con capacidad. Se debe aplicar la ley a los presuntos zapatistas que el pasado 31 de julio, desalojaron a los habitantes de los predios Bosque Bonito y la Fracción El Prado que vienen habitando desde 1994, quienes fueron beneficiados con la compra de tierras a través del Fideicomiso 95; entrega de tierras de la que no es ajeno y conoce muy bien Jorge Constantino Kánter, entonces líder de la Organización de Pequeños Propietarios ‘Doctor Belisario Domínguez’. Los desalojados integrantes de la ORCAO S.C. de Ocosingo, piden la intervención de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales; parroquias Diócesis y todas las iglesias católicas, su intervención para encontrar solución a sus problemas. Curiosamente, muchos de los organismos a los que les están pidiendo su intervención por el desalojo, estuvieron involucrados en el movimiento zapatista de 1994; razón de más para que las autoridades encargadas de la seguridad interna del estado, intervengan lo más pronto posible para evitar que la sangre llegue al río.” (Cuarto Poder)

El primer testigo del caso Acteal

Héctor Aguilar Camín escribe en su columna Día con día que: “para detener y procesar a los responsables de la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República de la época actuó con el fondo y las formas del debido proceso judicial. No es un indicio menor de la prisa política con que actuó la dependencia, el hecho de que, una vez resuelta la emergencia con el encarcelamiento de más de 80 personas, la máquina acusatoria se detuvo: no se ejecutaron nunca otras treinta órdenes de aprehensión derivadas de la averiguación sobre la matanza”. (Milenio. Se anexa)

Los desenterradores de Acteal

Hermann Bellinghausen escribe en su artículo que “en un país en el que no se castiga nunca la responsabilidad gubernamental, por criminal que esta sea, un grupo de intelectuales y abogados se han dado a la noble tarea de abogar por unos indígenas de Chiapas que, consideran, están presos indebidamente, como culpables fabricados. Se trata de los paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997. Pues una cosa es cierta: todos los presos eran paramilitares. El grupo al que pertenecían debe no sólo las vidas de Acteal, sino muchas otras en los meses anteriores a la masacre.” (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Acteal, una larga cadena de pesquisas y muy poca justicia
Ángeles Mariscal/La Jornada

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de agosto. Con el asesinato de 45 indígenas en Acteal –cometido el 22 de diciembre de 1997– inició el florecimiento de grupos paramilitares en zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya existencia era desmentida y se consideraba un mito.

Tras la matanza, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, sólo aceptó la existencia de civiles armados y emprendió la detención masiva de adversarios de la organización civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas.

Entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, la PGR inició 13 averiguaciones previas y detuvo a 87 indígenas y 15 funcionarios de segundo y tercer nivel; iniciado el proceso, en el llamado Libro Blanco de Acteal sostuvo que la matanza derivó de un conflicto por la posesión de un banco de arena o fue una venganza por el asesinato de Agustín Vázquez Secum, cometido días antes por gente de Acteal.

La dependencia argumentó que meses antes del múltiple homicidio la disputa de Las Abejas y sus oponentes –entre los que había militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Frente Cardenista– produjo la muerte de una treintena de personas de ambos bandos sin que autoridades estatales y municipales intervinieran, lo cual desató el mutuo encono.

Con tal argumentación la PGR quiso invalidar la hipótesis de que la matanza fue cometida por un grupo paramilitar creado para contrarrestar el avance del EZLN; y la hoy extinta Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, creada ex profeso, concluyó tras casi cuatro años de investigación que la mayoría de grupos paramilitares no existieron.

Además –en agosto de 2001– el entonces fiscal Armando del Río Leal dijo que las 56 averiguaciones previas abiertas y la comparecencia de 948 personas no permitió acreditar la existencia de grupos civiles armados excepto Paz y Justicia, que más que un grupo paramilitar era una banda delictiva.

Hoy, a casi 12 años de los hechos, sólo cinco de los indígenas civiles detenidos: Roberto Méndez, Lorenzo Pérez, Alfredo Hernández, Felipe Luna y Mariano Luna confesaron su participación; pero según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (que apoya a Las Abejas en el proceso) las investigaciones carecieron en todo momento de técnica científica.

Ello –asegura– dejó en la impunidad a las autoridades locales, estatales, de la policía y el Ejército implicadas en los hechos, que sólo enmarcan la política contrainsurgente del Estado. Esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra en que las acciones paramilitares fueron parte de la estrategia implementada por el gobierno federal contra el EZLN, asegura.

Actualmente, salvo Jacinto Arias Cruz (ex alcalde de Chenalhó), todos los ex servidores públicos procesados están libres porque sus condenas no excedieron los 8 años; mientras de los 87 indígenas seis fueron absueltos y los demás purgan penas de 18 a 40 años de cárcel, pero falta ejecutar 27 órdenes de aprehensión y está pendiente la reparación de daños.

El primer testigo del caso Acteal
Héctor Aguilar Camín/Milenio

Para detener y procesar a los responsables de la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República de la época actuó con el fondo y las formas del debido proceso judicial.

No es un indicio menor de la prisa política con que actuó la dependencia, el hecho de que, una vez resuelta la emergencia con el encarcelamiento de más de 80 personas, la máquina acusatoria se detuvo: no se ejecutaron nunca otras treinta órdenes de aprehensión derivadas de la averiguación sobre la matanza.

No se adelantó tampoco en ninguna de las veintidós averiguaciones por homicidio abiertas en los años de 1996 y 1997 durante la espiral de violencia municipal que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997. Otras veintidós muertes impunes.

Hay indicios contundentes de la arbitrariedad procesal de la propia PGR y de los jueces encargados. Expongo ahora el caso del primer testigo utilizado por la PGR, el testigo de cargo de la primera redada de detenidos hecha en la comunidad de Los Chorros, con el subterfugio de que la PGR invitaba sólo a declarar a quienes en realidad iba a detener.

El testigo de referencia es el señor Agustín Arias Díaz, quien declaró en sus generales que no entendía ni hablaba el español*. Tanto así, que en las siete diligencias posteriores en que intervino le fue asignado un perito traductor, de lo cual se deduce que el testigo no podía leer ni escribir en castellano.

En su primera declaración, Agustín Arias señaló sólo a cuatro personas como los probables responsables de la matanza del 22 de diciembre de 1997. Pero dos horas después, en la primera ampliación de su declaración, el mismo Agustín Arias presentó un listado, escrito en castellano, de 160 acusados, con nombres y apellidos, la comunidad a que pertenecía cada uno, su etnia y, en algunos casos, hasta su ocupación.

Al lado de la lista puede apreciarse en perfecta grafía castellana la leyenda, supuestamente del mismo Agustín Arias:“Son los asesinos de los Chorros”.

La pregunta surge sola: ¿quién hizo el listado en español, con esa precisión y diligencia? El propio testigo Arias responde a esta pregunta en el expediente pues al ser interrogado sobre el hecho por el defensor público federal, señala textualmente: “La relación me lo dieron (sic) los judiciales” (foja 7841 de la causa penal 46/98).

La pregunta interesante es quién le dio a la PGR, ostensible ignorante del tejido local, una lista tan bien hecha de la gente a la que debía perseguir.

(Mañana: Ni testigos, ni armas, ni defensa)

*Foja 104 de la averiguación previa 593/II/97. Debo la precisión de estos datos a Javier Cruz Angulo, titular del caso Acteal de la Clínica de Interés Público del CIDE, que ha elevado el amparo sobre el caso a la Suprema Corte.

Los desenterradores de Acteal
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Terminaron las deliciosas y muy merecidas vacaciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se inicia la nueva temporada de caza. En un país en el que no se castiga nunca la responsabilidad gubernamental, por criminal que esta sea (lo que va del 68 a la guardería ABC de Hermosillo y la violencia institucional hoy contra el narco y los migrantes y, de paso, los legítimos movimientos sociales que protestan), un grupo de intelectuales y abogados se han dado a la noble tarea de abogar por unos indígenas de Chiapas que, consideran, están presos indebidamente, como culpables fabricados. Se trata de los paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997. Pues una cosa es cierta: todos los presos eran paramilitares. El grupo al que pertenecían debe no sólo las vidas de Acteal, sino muchas otras en los meses anteriores a la masacre.

Esta salvación de los presos por Acteal ya fue intentada en 2007 por los mismos que lo hacen ahora. En los mismos medios, con los mismos argumentos elaborados desde 2006 por el departamento jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y abogados evangélicos. Ahora podrían salirse con la suya.

Habiendo tanto indígena preso injustamente en todo México (por no hablar de los muertos, desplazados, despojados, mujeres violadas), qué notable afán por tomar precisamente a ‘estos’ para probar que la justicia mexicana es fallida y convenenciera.

O era, como sugiere Ana Laura Magaloni, quien, en un alarde de benevolencia, considera que ya estamos en la democracia, los gobiernos priístas son el viejo régimen y este encarcelamiento irregular de indígenas es una rémora de un México que ya no existe. Cosas que ocurrían durante los años del autoritarismo mexicano (Reforma, primero de agosto).

Uno pensaría que gente como esta investigadora lee algo más que los periódicos para enterarse. O cuando menos los periódicos. En el país militarizado de hoy, el autoritarismo no existe, por lo visto. Y la justicia es prístina y equilibrada, sin ninguna carga política, verdaderamente independiente. Ya se verá cuando salgan algunos de estos paramilitares: será un triunfo de la justicia en la democracia.

Sus motivos tendrán estos abogados y abogadores. Hacen una elaboración meticulosa e imaginativa. Sobre todo en ciertos episodios de su reconstrucción, ya descrita a fines de 2007 por Ricardo Raphael en El Universal; Héctor Aguilar Camín, en Nexos, así como Magaloni y otros investigadores y columnistas. Un ejemplo sería la fantástica batalla de Acteal (Nexos, diciembre de 2007). Otro, la aprehensión de 24 paramilitares durante el cortejo fúnebre de Las Abejas y bases de apoyo del EZLN en dirección a Acteal, el 24 de diciembre de 1997.

Según Aguilar Camín (Milenio, 4 de agosto), aquella Navidad, la PGR detuvo a dichas personas de la siguiente manera: “Mientras el cortejo fúnebre de los deudos de Acteal marchaba por la carretera, una camioneta de redilas llevaba a la cabecera del municipio de Chenalhó a distintos personajes de las comunidades, convocados por el alcalde para una reunión.

“Eran todos antizapatistas, del bando contrario a los dolientes. La camioneta fue obstruida en su paso por el cortejo, al que por razones de seguridad vigilaban agentes de la PGR. Unas mujeres gritaron, señalando a los que viajaban en la camioneta: ‘Ellos son los asesinos. Ellos son’. La PGR detuvo a 24 viajantes, sin más prueba que el señalamiento de los deudos del cortejo”.

Al igual que muchos testigos más, el autor del presente artículo estuvo allí. El momento está filmado. Quien resguardaba el cortejo eran centenares de zapatistas encapuchados, no la PGR y acompañaba a los difuntos el obispo Samuel Ruiz García. El dolor y el horror de los presentes era inmenso. En esas, con sospechosa precisión, llegó en dirección opuesta un camión de redilas lleno de campesinos, escoltados por la policía municipal de Chenalhó. Literalmente, se topó con los muertos de Acteal, en Acteal. Y con los sobrevivientes.

De inmediato salieron voces, un clamor, no sólo de mujeres por cierto. Los dolientes los identificaron como paramilitares. Un momento de insoportable tensión. Nunca he dejado de pensar que alguien puso la mesa para un linchamiento ready made. Con perversión cronométrica. Mas no era una marcha violenta, y no lo iba a ser. Un cordón de zapatistas encapuchados rodeó el camión, con disciplina y eficacia, para impedir que la multitud tuviera acceso a los pasajeros de las redilas, y Samuel Ruiz intervino para calmar el ánimo de los deudos.

Ninguno de los paramilitares negó serlo en ese momento. Su reacción fue de culpables, y de miedo. Agacharon la cabeza. ¿Por qué ninguno dijo yo no fui? Uno, cuando menos. ¿No sería lo normal? No, sólo descubrieron que habían sido engañados. Usados.

Por lo demás, no fue la PGR la que los rescató de una potencial turba. Simplemente, a los ojos del mundo y de las víctimas vivas, la policía federal se vio obligada a cumplir con su deber. ¿Cualquier camión con pasajeros visibles hubiera despertado esa denuncia inmediata y dolorosísima? Estoy seguro que no.

No es el único episodio inexacto en las reconstrucciones del revisionismo histórico de los autoasumidos desenterradores de Acteal. Igual sus versiones de la violencia en la gravera de Majomut meses atrás, y la batalla de Acteal donde un presunto (e indemostrable) fuego cruzado habría liquidado a 45 personas que estaban en medio, de rodillas, rezando.

En una entrevista aún inédita, filmada este año, Aguilar Camín elabora ampliamente su versión de todo aquello, con aplomo de historiador convencido de sus fuentes. Y para ejemplificar la tesis de que los malos no eran los malos, y los buenos tampoco eran tan buenos, cita con regocijo que Las Abejas de Acteal, son abejas de día, y alimañas de noche (donde alimaña equivale a zapatistas armados, según alcancé a entender).

El lenguaje no perdona.

---ooOoo---