Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 24 de agosto de 2009

EZLN

Riviello: el Ejército se preparó desde 1984 para enfrentar a la insurgencia en Chiapas

Jesús Aranda escribe que la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas obligó al Ejército Mexicano a modernizar su estructura operativa, material y de armamento; mejorar el adiestramiento de los soldados en territorio nacional y en el extranjero; modificar la división territorial, al reubicar y crear nuevas unidades, además de enfrentar los problemas de corrupción y falta de apoyos económicos que afectaban las condiciones de seguridad social, la moral y la vida de los soldados y sus familias. (La Jornada.S anexa)

ARIC se dice dispuesta al diálogo con los zapatistas

La Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones Independiente y Democrática acordó en asamblea general “retomar los espacios de diálogo con los hermanos zapatistas para buscar salidas a los diferentes conflictos relacionados con la tierra, de manera pacífica y positiva”. Durante el encuentro realizado en días pasados en la comunidad de Las Tazas, municipio de Ocosingo, también se resolvió apoyar “totalmente” a tres poblados enclavados en la reserva de Montes Azules para impedir que se les reubique o desaloje por la fuerza, dijeron los concurrentes en un pronunciamiento. En el acto participaron 386 delegados y delegadas de las nueve regiones afiliadas a la organización, que además decidieron regresar a la mesa de diálogo con funcionarios que tengan “capacidad de decisión” y puedan ofrecer la regularización de tierras ocupadas en la región de la Candelaria, enclavada entre las localidades de Salvador Allende, San Gregorio y Ranchería Corozal. “Nos preocupa la cerrazón de las autoridades estatales y federales para regularizar las tierras, pues únicamente ofrecen indemnización o reubicación a las tres comunidades asentadas en la cuenca del río Negro”, indicaron participantes. También se demandó analizar y resolver la inexistencia o precariedad de los servicios prioritarios pues tan sólo en el rubro de salud la secretaría estatal del ramo ignora a las comunidades inscritas en la organización –muchas de ellas ubicadas en la selva Lacandona– y los establecimientos existentes no cuentan con medicamentos o los ofrecen caducados. (La Jornada)

Resueltos los problemas agrarios surgidos en 1994 en Chiapas

El subsecretario de Asuntos Agrarios de Chiapas, Edy Cruz Manzur, aseguró que la problemática agraria generada en 1994 por el desplazamiento de propietarios rurales en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, ha quedado resuelta. Explicó que se llevó a cabo un proceso de indemnización y las tierras son nacionales, "nadie puede exigir un nuevo pago o recuperar sus terrenos". Refirió que algunos argumentan que fue un préstamo que se les había dado y que precisamente eso implica que se les haga una revisión, pero ese es un tema que quedó totalmente cerrado por el Congreso de la Unión. Reconoció que las tierras son propiedad de la Nación, luego de que fueron ocupadas por zapatistas, quienes se beneficiaron con los pagos de indemnización, como del Fideicomiso de Aparcería Bovina y otros esquemas. Precisó en entrevista que muchos propietarios que rentaron sus tierras ahora demandan una indemnización aun cuando en 1994 y 1995 hubo un convenio que atendió su problema y que significó un pago o un subsidio a través de ese fideicomiso. (Notimex)

ACTEAL

Caso Acteal debe reabrirse “a partir de la hipótesis de que fue un crimen de Estado”

El origen de la matanza de Acteal y la ubicación de sus autores intelectuales y materiales deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de la hipótesis que plantean los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación de grupos paramilitares en Chiapas, sostuvo el constitucionalista Elisur Arteaga Nava. “La investigación de Acteal debe reabrirse a partir de la hipótesis central de que haya sido un crimen de Estado. El informe de Estados Unidos (sobre la matanza de 45 indígenas) si bien no tiene fuerza vinculatoria en nuestro sistema jurídico para que la fiscalía pudiera utilizarlo como prueba ante los tribunales, si es una mera información que desde luego debe ser corroborada por las autoridades mexicanas con los elementos de investigación a su alcance”, expuso ayer Arteaga Nava. (La Jornada)

El caso Acteal sigue abierto por el proceso ante justicia internacional

Si bien los informes desclasificados del gobierno de Estados Unidos revelan que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación y entrenamiento de grupos militares en Chiapas, no se trata de información nueva, debido a que hace cinco años se dio a conocer y forma parte de la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la masacre de Acteal, destacó el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal). “Lo que se ha revelado del entrenamiento que se dio a los paramilitares ya lo sabíamos. El obispo emérito Samuel Ruiz lo denunció en su momento; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lo denunció, y también hubo un paramilitar que dio su testimonio de cómo eran preparados. “Es penoso que tengamos que esperar a que Estados Unidos se pronuncie para que entonces sí empecemos a sospechar que realmente hubo entrenamiento militar. Esperamos que esto abra los ojos a la opinión pública y los encargados de impartir justicia, para que no se vuelva a repetir la liberación de paramilitares y asesinos confesos”, afirmó Martín Hernández, presidente del Sicsal en México. (La Jornada)

Piden investigar a quienes trataron de ocultar pruebas

Que se investigue a quienes “trataron de ocultar pruebas contra los paramilitares” que asesinaron a 45 indígenas en la comunidad de Acteal, pidió la organización de la sociedad civil Las Abejas, al cumplirse este sábado, 11 años con ocho meses de los hechos. Añadió que confía en que la verdad “tarde o temprano va a salir a la luz, aunque la quieran negar el gobierno y sus medios de comunicación”. En el documento leído por la indígena Naxselia Cristóbal, Las Abejas, subrayó: “No sabemos si los agentes del Ministerio Público o del poder judicial confundieron nuestros testimonios en su papeles, o quizá lo hicieron para preparar el camino a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberara a los presos”. A la celebración, que duró más de tres horas, asistieron diez sacerdotes, entre ellos el presidente de la Confederación de Provinciales de los jesuitas de 18 países de América Latina, el peruano Ernesto Cavassa; el pronvincial de esta orden en México, Carlos Morfín y el español, Carlos Domínguez, quienes se unieron al clamor de los indígenas de que se haga justicia para que el caso “no quede impune”. (Expreso Chiapas)

Cantan víctimas de Acteal

Varios músicos tradicionales de las comunidades aledañas a Acteal, Chiapas, interpretan las canciones religiosas para recordar a las víctimas de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, donde 45 indígenas fueron brutalmente asesinados en esa localidad. (Crónica)

Exigen liberar a 58 tzotziles por caso Acteal

Representantes y liberados del caso Acteal advirtieron que apelarán al recurso de amnistía presidencial de no conseguir que la SCJN ponga fuera del penal El Amate al resto de los 58 presos implicados. Mientras tanto, 13 de los 20 tzotziles alojados en este municipio, distante 20 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, intentan reiniciar su vida productiva con la elaboración de manualidades y trabajos artesanales aprendidos en prisión. Manuel Ansaldo Meneses, integrante del Comité de Familiares y Amigos de los Inocentes del Caso Acteal aseguró que esperarán la resolución del 5º amparo, interpuesto por la defensa que pugna por la excarcelación de 38 reos y esperarán el recurso de reconocimiento de inocencia de los otros veinte. (El Universal)

CHIAPAS

Influenza aplaza el retorno en Chiapas

Los estudiantes y docentes de educación básica de Chiapas, tendrán que esperar una semana para regresar a clases, a fin de evitar contagios de influenza humana. La medida afectará más de un millón 287 mil 340 alumnos y a 53 mil 996 maestros de educación básica de esa entidad, quienes no empezarán clases hasta el 31 de agosto. De acuerdo con las autoridades de Salud y educativas, se realizarán filtros sanitarios focalizados, para prevenir un nuevo brote de influenza A H1N1 en los próximos 200 días de clases. (Excélsior)

Chiapas: bloquean la carretera Panamericana

Cientos de indígenas de Nachig, comunidad del municipio de Zinacantán, bloquean desde el domingo la carretera Panamericana para exigir que se reintegre al ayuntamiento el síndico Manuel Hernández de la Cruz, desconocido por el cabildo a principios de mes debido a sus diferencias con el alcalde Antonio Conde Vázquez, a causa de un conflicto –ya superado– entre católicos y evangélicos. La protesta se inició al amanecer con la quema de llantas y a partir de las 10 horas se restringió el paso de vehículos, que sólo cruzarán durante 20 minutos por hora hasta que las autoridades estatales atiendan el reclamo. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Alcaldes en Guerrero temen estallido social

De no llegar los apoyos sociales para los campesinos, existe el riesgo de que se originen movimientos sociales en municipios que pertenecen a la región de la Costa Chica del estado. Es el caso de San Marcos, localizado a una hora de este puerto y cuyas actividades económicas son la agricultura, ganadería, pesca y turismo; el alcalde priista Arturo Heredia Agatón es uno de los que señaló el peligro respecto de que si no llegan los apoyos sociales a los campesinos, más aún porque el fertilizante no puede financiarse con los recursos del Ramo 33, “estamos expuestos a tener movimientos sociales por parte de las organizaciones activas”. Explicó que en la sierra, sobre todo en esa demarcación, “la pobreza es un caldo de cultivo que hace que la gente se involucre con las drogas, al narcotráfico y a la guerrilla”. Alertó que en San Marcos “la situación está muy mal”, pues de no tomarse medidas en este mes, estarán imposibilitados para pagar los salarios de noviembre y diciembre, incluyendo aguinaldos y, por tanto, deberán ejercer acciones drásticas “que la población no entiende”.(Excélsior)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Los asesinos de Acteal

Carlos Fazio escribe en su artículo que “la matanza de Acteal fue una operación de guerra. Y como tal, un crimen de Estado. El asesinato de 49 indígenas tzotziles por paramilitares provistos con armas de alto calibre y balas expansivas dio inicio a una nueva fase de la guerra de baja intensidad del régimen de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo comunitarias y aliados civiles. (La Jornada. Se anexa)

Por las veredas torcidas de Acteal

José Contreras escribe en su columna Expediente Político que “el fallo de la SCJN que liberó a 20 acusados de participar en la matanza de Acteal revela la forma en que se han torcido la justicia y la verdad en torno a ese hecho violento ocurrido el 22 de diciembre de 1997. Algunos medios considerados por ellos mismos de izquierda han emprendido una campaña para satanizar a la Corte por ese fallo al decir que el máximo tribunal del país liberó a ‘los asesinos de Acteal’, ‘a los paramilitares’, como si se tratara de una exoneración. Estas aseveraciones tuercen la verdad, como torcida ha estado la impartición de justicia durante los 12 años que han transcurrido desde los hechos violentos en que perdieron la vida 45 indígenas chiapanecos. La SCJN no liberó ‘asesinos’ y tampoco determinó que los ciudadanos que amparó son inocentes; lo que hizo fue otorgar un amparo a 26 presos que habían sido objeto de un proceso penal irregular y que habían sufrido la violación de sus derechos humanos. ¿Quienes permanecen aún en prisión son en realidad los autores de los 45 asesinatos violentos? ¿Quienes fueron amparados tuvieron alguna participación en los hechos? ¿Los verdaderos autores de la matanza están libres? De acuerdo con la averiguación previa 593/II/97 que la PGR abrió para investigar los hechos de Acteal, las primeras detenciones se llevaron a cabo el día del funeral de los asesinados, únicamente con base en señalamientos de miembros de Las Abejas, quienes gritaron: ¡ellos fueron! Posteriormente, la PGR tomó declaración a 328 personas que aseguraron haber estado presentes en la zona de Acteal el día de la matanza, y consignó a 83 indígenas y a varios servidores públicos. En Acteal, la justicia está tan torcida como la verdad. Sólo una nueva investigación, seria, llevará a descubrir a los verdaderos culpables y a exonerar a los inocentes.” (Crónica)

Dos aclaraciones del CIDE

En El Correo Ilustrado,José Antonio Caballero, director de la División de Estudios Jurídicos. Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala: “Por medio de la presente me permito hacer dos aclaraciones a la colaboración que apareció publicada el día 11 de agosto, en su periódico, titulada Justicia a la carta, firmada por Luis Hernández. Primera, el señor Hugo Éric Flores fue profesor invitado en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, por un año. Su estancia como profesor invitado concluyó en diciembre de 2006. Desde entonces no existe ningún vínculo entre la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Hugo Éric Flores. Segunda, la defensa de los procesados por el caso Acteal se realiza a través de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos. El único abogado acreditado como defensor en los expedientes judiciales es el licenciado Javier Angulo Nobara, director de la Clínica de Interés Público. Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional.” (La Jornada)

Respuesta del articulista

En El Correo Ilustrado,Luis Hernández Navarro responde: “Le agradezco a José Antonio Caballero su carta. En ella confirma lo que escribí en mi artículo Justicia a la carta. Resulta interesante constatar que siendo profesor del CIDE, Hugo Éric Flores (en la página del CIDE su nombre aparece escrito como Hugo Érick) firmó el convenio electoral con Felipe Calderón, en el que Encuentro Social y el Partido Acción Nacional se comprometieron a revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal. Asimismo, que publicó sus artículos en la revista Nexos defendiendo a los asesinos de la matanza como catedrático del Centro. Su estancia en esa institución académica terminó cuando, como resultado de esa alianza electoral, pasó a hacerse cargo de la Oficialía Mayor de Semarnat, hasta que fue destituido del cargo e inhabilitado.” (La Jornada)

TEXTOS

Riviello: el Ejército se preparó desde 1984 para enfrentar a la insurgencia en Chiapas
Jesús Aranda/La Jornada

La irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas obligó al Ejército Mexicano a modernizar su estructura operativa, material y de armamento; mejorar el adiestramiento de los soldados en territorio nacional y en el extranjero; modificar la división territorial, al reubicar y crear nuevas unidades, además de enfrentar los problemas de corrupción y falta de apoyos económicos que afectaban las condiciones de seguridad social, la moral y la vida de los soldados y sus familias.

Revela lo anterior el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 1988 a 1994, general Antonio Riviello Bazán, en El libro de Chiapas, de edición limitada, en el que detalla cómo la dependencia se preparó militar y logísticamente, 10 años antes de que estallara el conflicto, además de que utilizó la labor social para obtener información directa de las comunidades sobre la situación existente. Lo anterior sirvió al Ejército para prevenir de operaciones del movimiento “que se estaba gestando, detectarlo y ubicarlo con toda anticipación”, y que estalló el primero de enero de 1994.

“No ha sido tomado en consideración que, sin la actuación efectiva de las fuerzas armadas, México tendría hoy un gobierno muy distinto al que actualmente nos conduce”, sostiene en su libro, el cual, se sabe, generó molestia en el instituto armado.

El titular de la Sedena durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuestiona que el gobierno federal no haya tomado medidas a tiempo en contra de quienes apoyaron el movimiento armado, entre los que menciona a religiosos nacionales y extranjeros.

Lamenta que “no se actuara conforme a derecho en contra de los transgresores”, lo que dejó a “nuestras excelentes tropas reprimidas y maniatadas frente a un grupo armado que los embosca y los mata”. También critica a los que denomina “la quinta columna o la quinta pluma”, quienes desde dentro y fuera del país justificaron el movimiento armado.

Los focos rojos sobre la existencia de grupos armados en Chiapas datan del 17 de abril de 1971, cuando ocurrió un enfrentamiento entre soldados e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional en las inmediaciones del rancho El Diamante, en el municipio de Ocosingo.

Después de un largo recuento, el divisionario da cuenta de la “vista aérea de adiestramiento de transgresores en la región de la Cañada, los días 26, 27 y 28 de mayo de 1993”, acciones que fueron hechas del conocimiento de las autoridades federales. Además se dio cuenta de “un sinnúmero de robos, asaltos, secuestros y vejaciones a la sociedad civil, sin que ninguna autoridad civil u organización defensora de los derechos humanos se molestara en tomar conocimiento de estos penosos acontecimientos”.

Riviello Bazán señala que las operaciones militares “no sólo tomaron 12 días (antes del cese al fuego decretado por el presidente Carlos de Salinas de Gortari el 12 de enero de 1994), sino cinco años de duro adiestramiento”, cuyo origen data de 1984, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, ordenó a la Inspección General del Ejército y la Fuerza Aérea que constataran “las condiciones reales en que se encontraban las tropas en el sureste de la República, considerando como hipótesis: oponerse a una agresión proveniente del exterior o alteraciones al interior del Teatro de Operaciones del Sureste (Tose)”.

A partir de entonces, el Ejército creó en los estados de esa zona “un órgano de inteligencia especializado, encargado de evaluar, interpretar, explotar y difundir la información necesaria, tanto para el orden interno como para realizar operaciones, y que al mismo tiempo fuera la base de una estructura nacional para desarrollar actividades de información”.

El diagnóstico reveló que las brigadas de infantería contaban con “una capacidad operativa muy baja”; que no se tenía un sistema de logística adecuado; no existía la coordinación necesaria “con autoridades civiles para la realización de la defensa civil”; las bases aéreas de la zona tenían muchas deficiencias operativas, y no había coordinación con la Armada, entre otras cosas.

Ante “la preocupación ineludible por la situación que guardaba el sureste”, el Ejército, con la autorización presidencial, inició labores de acción social en 1989, con 2 mil 661 elementos. en 49 comunidades de los Altos de Chiapas.

Esto permitió a los soldados acercarse a las comunidades y obtener información posterior sobre la existencia de grupos armados en el lugar.

El alto mando ordenó optimizar el entrenamiento; reforzar la moral de las tropas y sus familias –con incrementos salariales, mejoramiento de prestaciones y vacaciones–, “combatir y erradicar la corrupción en la Sedena”, así como modernizar y unificar el armamento.

Revela que era práctica cotidiana el “agiotismo” de comandantes de unidades que “prestaban” a los soldados dinero a cuenta de su salario, además de que había corrupción en la compra de comida, vales de gasolina y uniformes, lo que en conjunto causaba impacto negativo en la moral de los soldados. Esas situaciones, asegura, se desterraron en su administración (1988-1994).

Ascensos a incondicionales

Afirma que también se erradicó la práctica de dar ascensos a unos pocos, “preferidos o incondicionales”, porque ello desmoralizaba “a muchos jefes y generales”. Estableció que para ser elegible a un ascenso se requerían cuando menos cuatro años de antigüedad, y no uno o dos como ocurría anteriormente.

Respecto de la preparación de los soldados, se creó el Centro de Adiestramiento de Operaciones en la Selva, “con instructores nacionales preparados en el extranjero, que utilizaron las experiencias de otros países (Guatemala)” en contra de la guerrilla; se formaron los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes); se dieron cursos de localización y desactivación de explosivos, minas y trampas explosivas, impartidos por oficiales de Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Chile.

De diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1994, mil 82 elementos del Ejército y Fuerza Aérea realizaron estudios en Inglaterra, Chile, Bélgica, Estados Unidos, España, Venezuela, Francia, Guatemala, Panamá, Alemania, Perú, Brasil, Canadá, Italia y Colombia.

En cuanto a la modernización del equipo, en el contexto de las operaciones en Chiapas, la Sedena adquirió 30 teléfonos Intesat vía satélite; modernizó el servicio de transmisiones; unificó el armamento individual de todas las unidades operativas del Ejército y se adoptaron los fusiles HK (FA y G3); se adquirieron 500 fusiles Barret calibre 50 mm, 200 lanzagranadas MGL, mil 706 ametralladoras MK-19, 15 mil 158 aditamentos para lanzagranadas, 270 cohetes MK-1 y 500 lanzacohetes Blindice. Además se compraron 2 mil 205 vehículos de transporte de personal y 829 de reconocimiento.

La Fuerza Aérea también resultó beneficiada, ya que, “por primera vez, se tomó conciencia” de su importancia. Se construyeron bases aéreas y se mejoró la infraestructura.

Se adquirieron seis helicópteros Sykorsky Blackhawk, 17 aviones Pilatus PC-7, 20 helicópteros Bell 212, 22 helicópteros MD-530, 16 aviones Maulé, cuatro aviones Aravá, un avión Hércules C-130, además de simuladores y laboratorios.

De acuerdo con Riviello, “las tropas enfrentaron el conflicto en Chiapas con un alto grado de adiestramiento, lo que permitió una rápida intervención en el conflicto y obligó al EZLN “a detener el impulso de sus operaciones y permanecer inactivo, como lo vemos hasta la fecha”.

Precisa que el 31 de enero de 1993, a las 19:30 horas, se comunicó con el secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco, para informarle sobre la presencia de individuos armados en diversos puntos de los Altos, “quien le hizo saber que ya había dispuesto que el gobernador de Chiapas, Élmar Setzer, reforzara con elementos policiacos las principales cabeceras municipales, y que mantenía la confianza de poder disuadir a los líderes del movimiento subversivo”.

Mientras, la instrucción al Ejército era que se mantuviera únicamente “en situación de alerta” en sus cuarteles, y los soldados actuaron sólo después de que los zapatistas habían tomado las principales cabeceras municipales de los Altos de Chiapas, afirma.

Los asesinos de Acteal
Carlos Fazio/La Jornada

La matanza de Acteal fue una operación de guerra. Y como tal, un crimen de Estado. El asesinato de 49 indígenas tzotziles por paramilitares provistos con armas de alto calibre y balas expansivas dio inicio a una nueva fase de la guerra de baja intensidad del régimen de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo comunitarias y aliados civiles.

La acción genocida se inscribió en el contexto de una guerra irregular diseñada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras el levantamiento zapatista. La primera versión de la estrategia contrainsurgente está contenida en el Plan de Campaña Chiapas 94, atribuido al general Miguel Ángel Godínez, comandante de la séptima región militar (1990-95). El objetivo estratégico operacional de dicho plan era destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislándolo de la población civil. Como objetivos tácticos figuraban la destrucción, desorganización o neutralización de la estructura política y militar de la insurgencia, para lo cual, junto con operaciones de inteligencia, sicológicas y de control de población, se instruía la organización y asesoramiento de “fuerzas de autodefensa”.

De manera textual se ordenaba “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. Según el plan, las operaciones militares incluían el “adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares”, tareas que quedaban a cargo de instructores del Ejército. Los paramilitares debían participar en “los programas de seguridad y desarrollo” de la Sedena. Entre otras tareas, debían suministrar información que alimentara las distintas ramas de la inteligencia militar (contrainformación, inteligencia de combate, inteligencia para el apoyo de operaciones sicológicas, inteligencia de la situación interna). Además, en coordinación con el gobierno de Chiapas y otras autoridades, la séptima región militar debía “aplicar la censura” a los medios de difusión masiva.

La Sedena estimaba entonces que entre tropa de elite y milicianos el EZLN contaba con 4 mil 800 efectivos, en tanto que su mar territorial (organizaciones de masas) abarcaba 200 mil personas. Los grupos paramilitares comenzaron a actuar en Chiapas casi a la par de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. Dicha acción, conocida como “la traición de Zedillo”, falló en su intento por capturar al subcomandante Marcos y descabezar a la comandancia indígena, pero dio inicio a la fase de guerra sucia y paramilitarización del conflicto.

La campaña militar fue ejecutada por el comandante de la séptima región militar, general Mario Renán Castillo (1995-1997), egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Sicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Estados Unidos. Él creó la Fuerza de Tarea Arcoiris y grupos de fuerzas aerotransportadas del Ejército. Siguiendo el ejemplo de los boinas verdes del Pentágono en Vietnam, dentro de la estrategia de guerra irregular también creó en Chiapas una docena de grupos paramilitares. Tal estrategia contrainsurgente, perfeccionada por los kaibiles en Guatemala en los años 80, consistía en reclutar, armar y entrenar indios para intentar matar, desde adentro, la semilla de la autonomía zapatista. Para los mandos castrenses, los ayuntamientos rebeldes representaban la decisión de un nuevo sujeto político independiente y autoafirmado al que había que destruir.

El crimen de lesa humanidad de Acteal fue una acción bélica orquestada con frialdad. Respondió a una lógica profunda: la intensificación del conflicto. El general Castillo aplicó en Acteal los lineamientos del Manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, editado por la Sedena y cuya autoría se le atribuye. En él se enseña cómo combatir a la insurgencia. Citando a Mao Tse-Tung, se afirma que “el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez”. Pero al pez, agrega, se le puede hacer imposible la vida en el agua, agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer. Según el manual, para hacer de la “vida del pez una pesadilla” es preciso mantener acciones interrelacionadas entre las operaciones para controlar a la población civil y las acciones tácticas de contraguerrilla. En ese sentido, el involucramiento de civiles en operaciones militares estuvo coordinado con acciones sicológicas, la acción cívica y la implementación de una amplia red de información. Tal estrategia estuvo dirigida a tender un cerco sanitario en torno al EZLN, para fijarlo en un terreno previamente cuadriculado y, una vez aislado de su base social, intentar destruirlo y aniquilarlo.

En los hechos de Acteal la política y la justicia quedaron subordinadas a la lógica de la guerra de baja intensidad. La liberación de 20 paramilitares ahora, debido a que no se siguieron los procedimientos del debido proceso, deja abierto el problema de la verdad. Un informe recientemente desclasificado, elaborado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, confirma el vínculo directo entre el Ejército y los paramilitares en Chiapas y contradice la historia oficial y a los escribas revisionistas de Nexos y el CIDE.
Siguiendo hacia arriba la cadena de mando, la autoría intelectual de la matanza alcanza a los dos comandantes de la séptima región militar de la época; al secretario de Defensa, general Enrique Cervantes, y al comandante supremo de la Fuerzas Armadas, el entonces presidente Ernesto Zedillo.

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