Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 21 de agosto de 2009

ACTEAL

CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU

David Brooks informa desde Nueva Cork: “La Agencia de Inteligencia de Defensa de E. U. informó sobre el ‘apoyo directo’ del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad). Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que ‘para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al EZLN. Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas’. Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto ‘capacitación’ como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal. ‘Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo’, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, ‘no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista’. Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Sedena era ‘una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”. Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. ‘Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal’. (La Jornada)

Aún se encuentran en los Altos de Chiapas, denuncia Serapaz

Los paramilitares que preparó el Ejército aún se encuentran en la zona de los Altos de Chiapas y representan un peligro latente para esa región porque el conflicto en la zona aún persiste y existen armas escondidas, advirtió Pablo Romo, investigador de la organización Servicios para la Paz (Serapaz). La información de que el Ejército entrenó a paramilitares en Chiapas a cambio de información sobre las actividades del EZLN, según una ficha del Departamento de EU sólo confirma lo que durante años las organizaciones civiles han denunciado y que el gobierno no ha querido reconocer, añadió. El especialista en los conflictos que se viven en Chiapas desde la década de los 90 consideró una “vergüenza” que en otro país se tenga la información oficial y que en México no exista transparencia. (Milenio)

Investigar a quienes fabricaron pruebas en Acteal, piden ministros

Ante la 'noticia criminosa” derivada de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a iniciar de oficio una investigación en contra de las autoridades ministeriales y judiciales que, a decir de cuatro ministros de la primera sala, fabricaron probanzas para acusar a un grupo de indígenas de la masacre de 45 tzotziles, o de lo contrario, el titular de la dependencia federal, Eduardo Medina Mora, “incurrirá en el delito de encubrimiento”, aseguraron magistrados federales. Los juzgadores se sumaron a las voces de funcionarios de la ONU, académicos y defensores de los derechos humanos en México que, tras el fallo de la Corte la semana pasada, han recomendado a la PGR una nueva investigación sobre los responsables (intelectuales y materiales) de la matanza del 22 de diciembre de 1997. Estos impartidores de justicia aseguraron que en lo que se refiere a los 45 homicidios calificados cometidos en Acteal, Chiapas, prescribirán hasta la Navidad del año 2027. Dijeron que la PGR está obligada a solicitar copia certificada del engrose (expediente) de la resolución de la primera sala, a fin de conocer quiénes fueron los agentes del Ministerio Público involucrados en estas anomalías. (La Jornada)

Teme el centro Frayba agresiones de los liberados por el caso Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas consideró que la medida tomada por el gobierno de Chiapas, de que no regresen al municipio de Chenalhó los 20 indígenas liberados la semana pasada, acusados de participar en el asesinato de 45 tzotziles en Acteal, “es insuficiente para garantizar la integridad física y la vida” de los miembros de la organización Las Abejas, particularmente de los sobrevivientes que actuaron como testigos presenciales en el proceso penal, así como la tranquilidad y la paz social en la región. En conferencia de prensa, el director del Frayba, Diego Cadenas Gordillo, aseguró que una vez liberados, algunos indígenas beneficiados anunciaron que “se van a ir” contra el organismo y por ello solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Lo tomamos como amenaza”, dijo el abogado, quien manifestó que existen indicios de que la Corte liberaría a otros 37 sentenciados. Insistió en que el acuerdo entre los liberados y las autoridades estatales “no garantiza” que los primeros no retornen a sus comunidades de origen en el municipio de Chenalhó. (La Jornada)

CHIAPAS

Demandan mesa de diálogo

Las autoridades y habitantes de la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, Chiapas, solicitaron la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero y del Congreso local para que se instale una mesa de diálogo, con el fin de buscar una solución al conflicto derivado de las diferencias religiosas entre católicos tradicionalistas y evangélicos. Dicho conflicto religioso, ya superado desde mayo pasado, ha provocado que desde hace casi tres meses, el síndico del Ayuntamiento, Manuel Hernández de la Cruz, originario de Nachig, no se haya podido reintegrar a sus labores en la cabecera municipal. Las autoridades y pobladores de Nachig, una de las comunidades más grandes y bastión perredista de Zinacantán, acusan al alcalde Antonio Conde Vázquez, también perredista, de "no tener voluntad política" para resolver el problema. Las diferencias entre el Presidente y el Síndico surgieron a finales de mayo cuando este último fue retenido y su vehículo dañado, al igual que una patrulla de la Policía Municipal, en el contexto del conflicto entre católicos y evangélicos. (Cuarto Poder)

Desalojan a familias militantes de OCEZ

El desalojo de unas 60 familias del predio ubicado en la segunda sección del Barrio de la Cruz Grande, Chiapas, fue el pretexto para que militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-DI-UNOPI) se molestaran. El predio de por lo menos dos hectáreas fue desalojado por militantes de la OCEZ, después de permanecer en el lugar por varias semanas, esto después de que la propietaria demostrara que le pertenece. En entrevista, Espinosa Altúzar mencionó que las familias son de escasos recursos y que se posesionaron del predio porque miembros de la OCEZ investigaron que las tierras no pertenecían a nadie. Durante la mañana de este jueves el terreno quedó abandonado por completo, ya que las familias salieron por su propia cuenta. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Revelaciones de Washington sobre el papel del Ejército en Acteal

Hermann Bellinghausen comenta en su nota: “Tarde o temprano, los archivos hablan. Escamoteados, mutilados, editados, se presume que controlados, llega el día que se fisuran y pueden despertar crímenes políticos del pasado. Ahora lo vemos con uno de los más dolorosos en tiempos recientes: la masacre de Acteal. Se desarrolla un escenario político que no fue considerado por los desenterradores mediáticos y jurídicos de Acteal. Mientras éstos desdeñan sistemáticamente en prensa, radio y televisión la mera posibilidad de responsabilidad oficial y de las fuerzas armadas, sin argumentos y de un manotazo, aparecen reportes en E. U. que abren la ventana documental que confirmaría lo que se registró en La Jornada entre 97 y 98, sobre la participación militar y policiaca, con base en un plan contrainsurgente para combatir a las comunidades zapatistas. Hay indicios de que el salinismo resucitado no quiere cargar los muertos del zedillato, aunque Chuayffet sea carta de Enrique Peña Nieto. La investigadora Kate Doyle, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, en Washington, reveló documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de E. U. que describen el papel del Ejército federal ‘en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas en el momento de los asesinatos’. Los cables secretos ‘confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades prozapatistas’. También reviven un asunto ‘latente’, dice Doyle: ‘¿Cuándo dirá la Sedena la verdad sobre su papel en Acteal?’ (The National Security Archive, 20 de agosto). Doyle señala que los documentos ‘contradicen la historia oficial sobre la masacre’, elaborada por el gobierno de Zedillo, que la reducía a un problema local, intercomunitario. El documento describe ‘una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia’ (Humint), creados a mediados de 94 con la aprobación de Carlos Salinas, que trabajaban en las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los ‘simpatizantes’ zapatistas’. Para promover grupos armados antizapatistas, los Humint daban ‘entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región’. La investigadora precisa: ‘Aunque el cable fue escrito en 1999, el agregado estadunidense tuvo cuidado en señalar que oficiales de inteligencia del Ejército federal estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997’. Los ‘equipos de inteligencia humana estaban compuestos por oficiales jóvenes con rango de capitán’, y algunos sargentos ‘que hablaban los dialectos de la región’. Estos Humint, integrados con tres o cuatro personas, eran asignados a ‘comunidades selectas’ por tres o cuatro meses y luego ‘rotados a una comunidad diferente’. En otro informe enviado el 31 de diciembre de 97, se describía el despliegue de tropas federales en ‘las zonas de conflicto’ de Chiapas. Citando fuentes secretas y abiertas, el documento indica que el presidente Zedillo envió miles de efectivos más a la región después de la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de ese año. Las nuevas unidades estaban ‘en alerta para participar en caso de un posible levantamiento’. (Informe a la DIA, divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional bajo un requerimiento amparado en el Acta de Libertad de Información, FOIA, y difundido en Washington en febrero de 2008). La Jornada

Ley de la verdad

Porfirio Muñoz Ledo escribe en su artículo que “el fallo de la Suprema Corte que determina la ilegalidad de los procesos de 20 presuntos responsables de la matanza de Acteal, más que una reparación, encierra una condena retrospectiva al Estado. Los poderes públicos como agentes explícitos de la violación del derecho. ‘El pasado regresa —escribe José Antonio Crespo— como una pesadilla interminable’, porque la transición se trabó en el anudamiento de complicidades. Existe certidumbre jurídica sobre el desacato a la legalidad, pero nada se hace para esclarecer lo sucedido, sancionar a los culpables y reconstruir los organismos que siguen cometiendo y encubriendo los agravios. Diez años de prisión no son restituibles, aunque sí compensables por la penalización de quienes fueron responsables desde el poder. De otro modo resultarían dos veces chivos expiatorios: por haber sido culpados de crímenes que otros cometieron y por la absolución general que se esconde tras su liberación. Granados Chapa revela una transacción electoral entre Calderón y líderes evangélicos, en la que éste se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes de Acteal”. La afirmación del procurador —contraria a la resolución de la Corte— de que sus antecesores obraron “conforme a derecho” y por tanto “no revisará su actuación”, cierra el círculo de la injusticia como política pública. Los hechos son piezas de una estrategia agresiva de Ernesto Zedillo contra del EZLN y sus simpatizantes. Ejemplifican una estrategia de Estado que en esta columna describimos el 22 y 29 de abril y el 4 de mayo de 1998. Pudimos paliar sus atrocidades y limitar sus repercusiones gracias al precario equilibrio político establecido por la mayoría de oposición en el Congreso.” (El Universal)

Aclaración del CIDE

En El Correo Ilustrado, Doctor Sergio López Ayllón informa que: “Me refiero a la nota de Laura Poy Solano publicada en La Jornadael 19 de agosto bajo el encabezado ‘Usó el CIDE fondos propios y foráneos en la defensa de los imputados de Acteal’. Al respecto me permito comentarle lo siguiente: El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es un centro público de investigación, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología. Por ello, los recursos públicos que recibe provienen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y no de la Secretaría de Educación Pública, como señala la nota. El CIDE complementa los recursos que destina a sus actividades de investigación, docencia y extensión con recursos que provienen, entre otras fuentes, de diversas fundaciones internacionales. Desde hace varios años la Fundación Hewlett ha apoyado generosamente el Programa de Reforma a la Enseñanza del Derecho (Prende). Estos recursos se han utilizado, por ejemplo, para la formación de profesores, otorgar becas a estudiantes, desarrollar los nuevos manuales de enseñanza de derecho y, desde luego, las labores de la clínica de interés público, como uno de los componentes de este programa. El proyecto de educación clínica también ha recibido financiamiento del Open Society Institute. El caso Acteal es uno de los asuntos en que ha participado la clínica, otros se refieren a temas relacionados con el derecho a la salud, la equidad de género, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la condición jurídica de los adolescentes. En todos los casos las decisiones sobre el uso de estos recursos son responsabilidad exclusiva del personal académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. El CIDE como institución ha impulsado la transparencia y la rendición de cuentas como un valor fundamental en la vida pública del país. Por ello, también la practicamos convencidos no sólo que es nuestro deber, sino que constituye el mejor instrumento para quienes ante la especulación nada tienen que ocultar. El CIDE queda a su entera disposición si requiere cualquier información adicional.” (La Jornada)

Respuesta de la reportera

En El Correo Ilustrado, Laura Poy Solano informa que: “En relación con la carta enviada por Sergio López Ayllón, secretario general del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), quiero agregar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado, integrante del sector educativo que encabeza la Secretaría de Educación Pública. Por lo demás, su misiva confirma lo publicado por este diario.” (La Jornada)

TEXTOS

CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU
David Brooks/La Jornada

Nueva York, 20 de agosto. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el “apoyo directo” del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).

Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que “para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas”.

Al describir el “apoyo directo” del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de “equipos de inteligencia humana” (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre “simpatizantes” zapatistas.

Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto “capacitación” como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal.

“Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo”, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, “no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista”. El cable de la DIA también ofrece detalles nunca antes conocidos sobre el funcionamiento de los equipos de “inteligencia humana” del Ejército Mexicano en otorgar este apoyo. El cable describe que estos equipos eran compuestos “primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región”.

El informe enviado a la sede de la DIA agrega que los equipos de inteligencia humana “estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba cubrir comunidades por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”. Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica –frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa– con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. “Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal”.

Despliegue de tropas

En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se trasmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados permanentemente en Chiapas, o lo que es llamada “zona de conflicto”– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

Citando a “fuentes abiertas”, esto es, a medios de comunicación, como también secretas, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA en el cable fechado 31 diciembre de 1997, que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer “ley y orden” en la región, así como también “tareas sociales” a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por “amenazas y violencia en la región de Chenalhó”. A la vez, se informa que otras unidades fueron “puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación”. Entre las “fuentes abiertas” citadas por el documento, incluidas algunas publicaciones, se menciona a La Jornada, a la cual se refiere como “un periódico considerado como bien escrito, inclinado hacia la izquierda, con buena cobertura noticiosa”.

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