Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 20 de agosto de 2009

EZLN

Denuncia Orcao nuevas amenazas de expulsión

Un grupo de indígenas perredistas supuestamente desalojados de sus tierras en la comunidad Moisés Gandhi, acusaron a simpatizantes del EZLN de amenazar a más campesinos de la Orcao con expulsarlos de sus casas. Los indígenas adheridos a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo S.C. (Orcao S.C) -quienes a principios de agosto denunciaron el desalojo en las inmediaciones de la zona de Cuxuljá- dijeron que la situación en las comunidades donde conviven simpatizantes del EZLN y militantes de los partidos PRI y PRD se sigue deteriorando. En contra respuesta a las denuncias que campesinos de la OCEZ-FNLS, simpatizantes de la Otra Campaña del EZLN, hicieron el miércoles en contra del supuesto brazo armado de la Orcao, llamados Los Petules, de cometer una serie de delitos en esa región, los perredistas aprovecharon para acusar a su contraparte de abusar y robarles sus tierras. Según ellos están a la espera de que la delegación de Gobierno en Ocosingo les de una respuesta a su denuncia contra los rebeldes que “no nos dejan regresar a nuestras casas” en la aldea Moisés Gandhi. El predio de donde fueron desalojados forma parte de un Fideicomiso otorgado en 1995 (en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo apenas un año después del surgimiento de la guerrilla del EZLN) donde trabajaron hasta que les fueron arrebatadas el 31 de julio del 2009. Incluso dicen que desde hace años han sido “acusados injustamente” de pertenecer a una agrupación paramilitar que opera en los municipios de la Selva chiapaneca, Altos y Norte del estado. En su opinión el EZLN ha protegido solo a indígenas y campesinos que comparten la misma ideología, pero no a aquellos que piensan diferente y por tanto se vuelven enemigos. (Expreso Chiapas)

Anuncian movilizaciones vs paramilitares

En un comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), fechado el día de hoy, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se informa: “Exigimos al gobierno de Chiapas que cese la construcción ilegal de viviendas en el predio Nacimiento del Ejido Carrizal, Ocosingo, que de forma ilícita está ocupado por paramilitares. A través de todos los medios posibles hemos denunciado las constantes agresiones que el grupo paramilitar ‘Los Petules’ ha cometido en contra de nuestros compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ–FNLS), en el ejido Carrizal. También hemos denunciado ante autoridades del Gobierno Estatal y Ministerio Público, diferentes delitos cometidos contra la ciudadanía por ‘Los Petules’ los cuales durante muchos años se han encubierto dentro de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y ahora se esconden también atrás de un membrete llamado Coordinadora del Movimiento Popular del Estado de Chiapas (CMPECH). Por todo ello estamos realizando diferentes movilizaciones en distintas carreteras y pueblos de Chiapas, y próximamente nos trasladaremos hasta donde sea necesario con el fin de ver cumplidas todas nuestras demandas aquí expuestas”. (escrutiniopublico.blogspot.com)

Confirma EU: el Ejército entrenó a paramilitares

Una ficha informativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fechada el 5 de mayo de 1999, confirma que el Ejército mexicano proporcionó a paramilitares de Chiapas entrenamiento y protección, a cambio de información sobre las actividades del zapatismo, en concordancia con lo trazado por el Plan de Campaña 94, elaborado por la Sedena a los nueve meses del levantamiento zapatista de enero de ese año. (Milenio. Se anexa)

ACTEAL

Analizan en el Congreso exigir a Calderón una nueva investigación sobre Acteal

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a comisiones un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, a reabrir una nueva investigación sobre la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal. “A 12 años de aquella lamentable tragedia nos encontramos ante una oportunidad de tratar de enmendar los errores cometidos y aplicar la justicia a los verdaderos responsables de la muerte de los indígenas”, señala el texto que propuso al pleno el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal. En la exposición de motivos el senador zacatecano señala que el conflicto indígena en México lleva muchos años en algunos de los estados de sur con más pobreza; sin embargo, la sociedad en general conoció su fuerza y algunas demandas hasta 1995. Menciona que los indígenas han vivido un forcejeo en el que grupos armados los han sometido o reclutado. (La Jornada)

Mi conciencia no me reprocha nada, dice el ex procurador Madrazo Cuéllar

Las pruebas que en su momento presentó la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la matanza de Acteal y que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “ilegales”, fueron recabadas directamente con los miembros de la comunidad agredida, muchos de ellos inclusive sobrevivientes, aseguró el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien se pronunció por continuar con las investigaciones existentes sobre el caso, reabrirlo y llevarlo a los foros internacionales. Indicó que las indagatorias se efectuaron en un entorno complicado por las circunstancias que existían en aquel momento en Chiapas, por lo que a más de 11 años de los hechos es complicado que una instancia exija una investigación “pura”. En la PGR “actuamos siempre de buena fe, en condiciones muy difíciles. Cuando se hace un juicio 11 años después, prescindiendo de toda la problemática y de todo el entorno de entonces y pedir una averiguación químicamente pura, sencillamente no es posible”. (La Jornada)

Liberados piden regresar a Chenalhó

Indígenas liberados por el caso Acteal rechazaron concretar el acuerdo de reubicación fuera del municipio de Chenalhó, en tanto no alcancen su libertad poco más de 50 de sus compañeros que permanecen en prisión. Pidieron la creación de una “mesa de reconciliación” en la que participen representantes de la organización civil Las Abejas e incluso habitantes del poblado zapatista de Polhó, con miras a llegar a un acuerdo que les permita retornar a Chenalhó “en uno, dos años o el tiempo que sea necesario”. Dijeron que por el momento permanecerán lejos de su lugar de origen, en un hotel o albergue que les proporcione el gobierno de Chiapas, pero a la par realizarán diversas marchas y plantones en la entidad y la ciudad de México. El grupo de 13 liberados que permanecen bajo la tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista recibieron en el municipio de Berriozabal, donde se encuentran alojados, a unos 200 indígenas provenientes de diversos poblados de Chenalhó. (La Jornada, El Universal)

Inhabilitado, defensor de los ex presos

Hugo Éric Flores Cervantes, quien fungió como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a partir del 10 de diciembre de 2006 y promovió la defensa de los presos por el asesinato de Acteal, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 y 12 años en dos procedimientos durante 2007 y 2008, debido a la violación de leyes y normatividad presupuestal. En el segundo informe de labores del presidente Felipe Calderón se indica que Flores Cervantes hizo una indebida comprobación de recursos públicos, por lo cual también se le sancionó con alrededor de 2 millones de pesos. El dirigente de la asociación política nacional Encuentro Social llegó a la Semarnat después de haber apoyado al presidente Felipe Calderón en su campaña electoral en 2006. (La Jornada)

CHIAPAS

Se reúne J. Sabines con titular de Segob

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, se reunió con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, en la ciudad de México para compartir puntos de vista y propuestas para la atención a la Frontera Sur del estado de Chiapas. En un marco de respeto y amistad, el encargado de la política interna y el gobernador chiapaneco también abordaron el tema de la política migratoria en el sur del país. Cabe resaltar que en Chiapas se ha atendido el tema migratorio de forma ejemplar, con reformas de Ley y una política de respeto a este grupo vulnerable. Al término de la reunión, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, obsequió al gobernador Juan Sabines un libro, con motivo de su cumpleaños que se celebra este 20 de agosto. (Cuarto Poder, Heraldo de Chiapas, Expreso Chiapas)

Temen damnificados de Chiapas desalojo

Damnificados por las inundaciones del río Grijalva denunciaron que, en vez de ofrecerles un acuerdo para indemnizarlos por los daños que sufrieron en noviembre de 2007, el Gobierno de Chiapas amenazó con desalojar el plantón que mantienen en el canal de Juan de Grijalva, donde la Comisión Federal de Electricidad realizaba obras. Tras una reunión con el secretario de Gobierno, Noé Castañón, una comisión de los afectados dijo que las autoridades “lucran” con el fondo para el pago de afectaciones y los presionan para recibir lo que les ofrecen. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal: detrás del reportaje

Ricardo Rocha escribe en su columna Detrás de la Noticiaque “además de los perpetradores materiales hay culpables intelectuales por la matanza de Acteal en los Altos de Chiapas. Lo son, todos los que elucubraron y operaron esa estrategia despiadada para desgastar y aplastar al EZLN: Ernesto Zedillo, presidente; Emilio Chuayfett, secretario de Gobernación; Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa; Jorge Madrazo, procurador, y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas. A ese nivel se operaba el aplastamiento.” (El Universal. Se anexa)

Acteal, ¿perdón y olvido?

Alfonso Zárate escribe en su artículo que “el 22 de septiembre de 1997 el mundo se estremeció ante la matanza de 45 miembros de la comunidad de Las Abejas en el municipio de Chenalhó, Chiapas; entre los asesinados estaban ancianos, cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. En el contexto de la ‘guerra de baja intensidad’ —una guerra subrepticia contra las comunidades zapatistas— que puso en marcha el gobierno de Ernesto Zedillo, alguien ordenó la masacre. Se trata de un hecho brutal equiparable en su crueldad a los ejercicios de ‘limpieza étnica’ de Milosevic, El Carnicero de los Balcanes, o al asalto de los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila el 16 de septiembre de 1982, por milicianos de la falange cristiana maronita. Algunos de los sobrevivientes señalaron puntualmente a varios de los atacantes, los conocían; semanas antes habían denunciado la inminencia del asalto, ante la indiferencia o, quizás, complicidad, de las autoridades civiles, cuerpos policiacos y mandos militares. Días antes de la matanza, diversas voces señalaron a Hilario Guzmán Luna y al ex militar Pablo Hernández Pérez, priístas de Pechiquil, como dirigentes de un grupo paramilitar patrocinado por caciques, que actuaba con el apoyo o tolerancia del Gobierno del Estado (Julio César Ruiz Ferro) y la omisión, por decir lo menos, del Federal (el Ejército). La estrategia respecto al conflicto en Chiapas del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, parecía desplegarse en dos líneas: por una parte, de inacción, para buscar que se ‘pudriera’ el zapatismo y, por la otra, de acoso y desgaste de sus bases sociales. Frente a los hechos de Acteal y, poco antes, tras su fallido intento por deshacer la nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, Chuayffet abandonó el palacio de Bucareli.” (El Universal)

Chuayffet, sobreviviente de Acteal

Miguel Ángel Granados Chapa comenta en su columna Plaza Pública: “Con desparpajo próximo al cinismo Emilio Chuayffet, se manifestó a favor de una nueva investigación de la matanza de Acteal. Adujo que la justicia no está satisfecha. Tiene razón al decirlo. Él es una muestra viva de la impunidad que abarcó a los autores intelectuales de la matanza.” (Reforma. Se anexa texto)

Ya lo sabíamos

Ricardo Robles O. escribe en su artículo que “Acteal, en estos días, ha provocado tantas palabras –las más en repudio de la actuación de la Suprema Corte de Justicia–, que nada nuevo pretendo decir ahora. Así suele sucedernos, ante las conmociones necesitamos hablar, hay un algo que lo exige aunque el qué y el para qué no queden claros. Hace cinco años, en este mismo espacio, evoqué lo que ahora retomo: una plática en la selva chiapaneca. Fue unos meses después de Acteal. Le pregunté al comandante Tacho cómo estaban, qué cambios del corazón les había traído Acteal. Me miró sorprendido y dijo, como solía decirme: ‘don Ricardo, pero si eso ya lo habíamos hablado tú y yo, ya lo sabíamos’. Y luego retomamos sus opciones zapatistas sobre la vida y la muerte, el ‘ya estamos muertos’ tan sabido, sobre las provocaciones que montarían los gobiernos, sobre la necesidad de no caer en ellas y de cómo habría que resistir con lucidez y paz a la violencia gubernamental. Años antes, el día de las únicas firmas que hubo en San Andrés, las luego perjuradas por los tres poderes, teníamos esa misma sensación de ver venir lo que ya nos sabíamos. Lo dijeron los comandantes con palabras cercanas a éstas: Hasta ahora los acuerdos son sólo papel, a ver si ahora sí cumplen, porque siempre nos han engañado, nos han mentido. Años después las Cámaras aprobaron una ley diciendo que así cumplían. Mentían de nuevo, y ya lo sabíamos desde antes de conocer la iniciativa de tal ley. Ahora, ya sabíamos que con su larga trayectoria de acomodos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia se vería una vez más en su espejo con su sonrisa de quien complace al poder. Lo ya sabido no provoca sorpresa ni decepción siquiera. Duele, avergüenza y nos deja cada vez más escépticos ante las autoridades. Nada más. Hemos ido comprobando en numerables atropellos a los derechos indígenas que siempre existe la duda jurídica, si no, los casos no llegarían ni al juez. La duda puede serlo de verdad o puede ser fingida buscando algún resquicio legal que permita sacar algún provecho.” (La Jornada)

Más preguntas que respuestas

Octavio Rodríguez Araujo escribe en su artículo que “¿Ernesto Zedillo, primero, y luego Jorge Madrazo, dijeron claramente el 23 de diciembre de 1997 que en la matanza de Acteal hubo quienes la planearon y otros que la ejecutaron, lo que significa que no fue un pleito de comunidades (aunque así lo propusiera Madrazo), sino, en el menor de los casos, una venganza urdida por grupos armados en contra de otros que no sólo estaban desarmados, sino que eran principalmente mujeres y niños. Una de las razones por las que Madrazo justificó el arraigo del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) fue que se trataba de un delito federal, puesto que los asesinos habían usado armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También se dijo que intervenía el Gobierno Federal porque el Estatal no tenía los recursos para atender adecuadamente el asunto, pese a que el secretario de gobierno de la entidad había dicho que serían protegidos los pobladores expulsados de sus tierras. ¿Se hizo bien la investigación? ¿Se apegó al Código Federal de Procedimientos Penales? No lo sé, pero sí sé que tuvieron que pasar casi 12 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara el procedimiento y dejara libres a varios de los detenidos. ¿Y el hecho de que los asesinos hayan empleado armas de uso exclusivo del Ejército, que fue uno de los motivos por el que el crimen fue arraigado por la PGR? Por lo visto a nadie le importa y, a mi manera de ver, no es un asunto secundario, puesto que la primera pregunta que surge es: ¿quiénes les dieron tales armas y quiénes los enseñaron a usarlas? ¿Los que planearon la matanza? ¿Y éstos estaban entre los detenidos y ahora excarcelados por obra y gracia de la SCJN? Lo que he leído en los periódicos no me da luz al respecto. Hubo 45 muertos, asesinados para el caso. ¿No debería retomar el proceso de investigación la PGR, con su nuevo titular? Los asesinatos, hasta donde entiendo, no prescriben. Una nueva investigación es obligada, entre otras razones para corregir los posibles errores que a juicio de la SCJN se cometieron hace más de una década. Una pregunta adicional: ¿quedarán impunes quienes, a juicio de la Corte, hicieron mal la investigación y desdeñaron los debidos procedimientos legales para (en mi opinión y en la de otros) salvar al gobierno de Zedillo y a su secretario de Gobernación de su responsabilidad en ese crimen, al querer convertirlo en un pleito entre comunidades? Para mí que el desaseo y las prisas en las investigaciones y en las órdenes de aprehensión fueron para darle carpetazo al asunto y sacar de foco a Zedillo y a quienes dotaron a los asesinos con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, para exculparlos.” (La Jornada)

Acteal

Adolfo Sánchez Rebolledo escribe en su artículo que “¿Cuántos cadáveres hay que alzar de las plazas para aplicar la ley o sencillamente distinguir entre las víctimas y sus asesinos? ¿Y Acteal? De la resolución de la Corte existen valoraciones divergentes, pero de la situación de los implicados se puede adelantar, como escribe Miguel Ángel Granados Chapa en Proceso, que ‘no se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir, no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo’. Lamentablemente, en el contexto concreto y general de los hechos y sus causas, el mensaje de los magistrados no es neutral, pues si bien resulta imperativo rectificar las prácticas de los juzgadores, que en México son de suyo aborrecibles, es inadmisible que la cuestión de la inocencia o la culpabilidad (excúsenme los abogados) deje de ser fundamentalmente un problema de justicia para convertirse en un tema ‘técnico’ de corrección política, de intereses o influencias. En enero de 1998 escribí en estas páginas: ‘Los asesinos de Chenalhó han tenido que recibir de fuera instrucción, ideas, organización, armas, eso es seguro; no estamos ante la reacción espontáneamente violenta de un grupo aislado en defensa de sus intereses, sino frente a una forma de violencia que requiere, para expresarse, de ciertos autores intelectuales, apoyos, planes que se difunden con celeridad bajo el clima moral de guerra civil que hace depender la sobrevivencia de unos del exterminio de los otros.
Así están las cosas al cumplirse un nuevo aniversario del alzamiento zapatista’. Y algo más: ‘La principal responsabilidad política por estos hechos corresponde, en primer lugar y sin lugar a dudas, al gobierno de la República, que, por lo visto, sigue sin entender la naturaleza de la cuestión y sus alcances nacionales. El gobierno no quiere o no puede resolver el conflicto... La verdadera tragedia de México es la desigualdad. Pero la pobreza cotidiana, la injusticia social denunciada y documentada mil veces, la convierte en violencia ciega, irracional, en muerte. ¿Podía ser de otro modo? La palabra de los vencidos sin la sangre derramada no se escucha. ¿Será ésa la terrible lección que nos deja la matanza de Chenalhó? ¿Puede la democracia sobrevivir a ese destino fatal?’ Sigo pensando lo mismo.” (La Jornada)

¿Quién quiere ser diputado?

Soledad Loaeza señala en su artículo que “en estos tiempos de desempleo y de jubilaciones forzadas, la Cámara de Diputados se ha convertido en una apetitosa alternativa. Antes de que un diputado ocupe por primera vez su curul, tendría que someterse a un examen mínimo de conocimientos: ¿Qué quiere decir la palabra presupuesto? ¿Qué significa la noción conflicto de intereses? ¿Cuál es la diferencia entre déficit y superávit? ¿Qué quiere decir parlamento? ¿Canonjía es el nombre de un sitio arqueológico en Chihuahua? La persona que responda correctamente a estas preguntas podrá ser diputado por tres años. ¡Felicidades! Los miembros de la División de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han recibido feroces ataques por el trabajo que han hecho en la revisión del caso Acteal. Ahora, se les pretende señalar porque la institución a la que pertenecen recibe financiamiento de una fundación estadunidense. Nada hay de extraño en este apoyo. Durante años, el EZLN y la diócesis de San Cristóbal han recibido millones de euros de fundaciones en Austria, Holanda y Alemania, entre otros países. Los ataques contra el trabajo de los colegas del CIDE pueden ser leídos como un capítulo más de la intolerancia que aqueja a un sector importante de la opinión pública.” (La Jornada)

"No regreso pero a cambio que se instale una mesa de reconciliación"

Susana Solís Esquinca escribe en su columna Molinos de viento “era de esperarse que el tema de Acteal se iba a politizar pero sobre todo a condicionar para sacar mejor provecho. Los indígenas recién liberados, asesorados por organizaciones otrora muy cuestionables, finalmente pusieron las cartas sobre la mesa y en términos generales dijeron que no aceptarán ningún apoyo del gobierno, entre ellos la reubicación, si no liberan a los 30 personas que aún están detenidas en el penal El Amate. De que venderán caro su amor, es un hecho. Además pidieron la instalación de una mesa de reconciliación para que ambas partes diriman sus diferencias, caso contrario dejaron entrever que podrían regresar a sus lugares de origen. Todo esto se antoja como una medida de chantaje para obligar al gobierno estatal a presionar a nivel federal y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apresuren a liberar a los restantes, cuestión que podría ocurrir en la siguiente semana, según algunos enterados. Sabiendo que el talón de Aquiles del gobierno es su regreso, han tomado este argumento como bandera de lucha, usando el chantaje de que ‘no regreso pero a cambio que se instale una mesa de reconciliación’. Se sabe muy bien que esas mesas sirven de muy poco o de plano para nada, al contrario, son útiles únicamente para empantanar los casos y ejemplos abundan. Esta demanda es encabezada por Lorenzo Ruíz Vázquez, vocero de 13 de los 20 indígenas liberados, los cuales son asesorados por Juana Palomares y Manuel Anzaldo, ambos pertenecientes en otro tiempo al Frente Cardenista. Ruíz Vázquez señalo que no aceptarán ningún apoyo del gobierno estatal en tanto no estén libres sus compañeros para luego si recibir toda la ayuda oficial.” (Cuarto Poder)

No asistirán a la mesa de diálogo

Fredy López Arévalo escribe en su columna Desde Los Altos que en una entrevista con Diego Cadena, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, le manifestó que no habían recibido ninguna invitación para acudir a las reuniones de la mesa de diálogo por el caso Mitziton. Agregó que han estado en contacto con autoridades de la Secretaría de Gobierno, a quienes les han planteado la necesidad de “generar las condiciones para poder tener esa mesa y una de estas cuestiones tiene que ver sobre todo con el tema de justicia, con el tema de la aclaración pública de que sí o no se realizará la carretera ahí; el Gobierno del Estado ha dicho que no se construirá la autopista, pero pos nos queda duda entonces si no será otra obra pública, porque al final sí hay un trabajo ahí, un trabajo qué quién lo hizo, ¿no?, y el Gobierno del Estado ha aceptado que lo hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero bueno entonces qué va a pasar con eso, y en este caso si no es la autopista, es la carretera que va a Comitán, o qué obra pública es, que no se le pidió el consentimiento a la comunidad?, y particularmente nosotros creemos que quien tiene que ir es la gente de la comunidad de Mitziton; y ellos han manifestado y se lo hemos hecho de conocimiento al Subsecretario General de Gobierno, que ellos en este momento no tienen ningún interés de acercarse al Gobierno del Estado, y si Mitzitón no va, nosotros no tenemos nada que ir a hacer.” (Expreso Chiapas)

TEXTOS

Confirma EU: el Ejército entrenó a paramilitares
Guido Peña/Milenio

México.- Una ficha informativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fechada el 5 de mayo de 1999, confirma que el Ejército mexicano proporcionó a paramilitares de Chiapas entrenamiento y protección, a cambio de información sobre las actividades del zapatismo, en concordancia con lo trazado por el Plan de Campaña 94, elaborado por la Sedena a los nueve meses del levantamiento zapatista de enero de ese año.

El documento de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, recién desclasificado, indica que oficiales “estuvieron involucrados en la supervisión de los grupos armados en la región montañosa de Los Altos”, donde se localiza el municipio de San Pedro Chenalhó, al cual pertenece la localidad de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997 paramilitares dispararon contra 300 indígenas y abatieron a 45, la mayoría mujeres y niños.

La revelación de la dependencia estadunidense sobre el involucramiento de militares en el entrenamiento de paramilitares corrobora la aplicación, por lo menos en una parte, del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por la Defensa Nacional en octubre de ese año, durante la administración del general Antonio Riviello Bazán, el cual el periodista Carlos Marín dio a conocer en enero de 1998, dos semanas después de los hechos en Acteal.

Entre las estrategias consideradas en ese plan se incluía que “los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico”, a fin de que sean empleados “en apoyo” de las operaciones castrenses. Igualmente preveía “el asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares”.

En ese contexto, el reporte del Pentágono titulado “Participación militar en los grupos paramilitares de Chiapas”, cuya copia tiene MILENIO, plantea: “A mediados de 1994, el Ejército mexicano tuvo la aprobación presidencial (de Carlos Salinas de Gortari) para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. La intención era asistir a los indígenas que se resistían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.

En el verano de ese año, precisa el texto, “el Ejército había creado equipos de inteligencia humana (Humint) responsables de obtener información entre las comunidades indias, primordialmente en las regiones de los Altos y las Cañadas”.

El documento incluso explica la forma en que se organizaban y operaban estas células: “Estos grupos estaban compuestos básicamente de oficiales jóvenes en el rango de segundo y primer capitán, al igual que sargentos que hablaban las lenguas regionales. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro oficiales, asignados a cubrir comunidades específicas por un periodo de tres meses. Después de ese lapso, eran rotados a otra comunidad. La preocupación sobre la seguridad de los oficiales era la razón principal de las rotaciones”.

Con la finalidad de ganarse la confianza de las comunidades para recabar de ellas información, detalla el texto, “los Humint ayudaban a grupos armados [antizapatistas] con entrenamiento y protección”, en caso de ser arrestados por portar armas de fuego.

Los servicios de inteligencia del Pentágono mencionan en la ficha que tras los hechos en Acteal, “la práctica del apoyo directo a los grupos armados se redujo, aunque los equipos Humint del Ejército continúan operando en las zonas de conflicto de Chiapas. También siguen contando con el apoyo de los grupos armados para proveerse de la información sobre los simpatizantes del EZLN”.

La matanza del 97, destaca la dependencia estadunidense, atrajo la atención de la opinión pública sobre el apoyo a los comandos paramilitares, “pero hasta ahora nadie del Ejército ha sido encontrado directamente culpable, y la existencia de los equipos Humint tampoco ha sido revelada”.

Antecedentes

Inconsistencias en las investigaciones en torno a esa tragedia sucedida hace casi 12 años llevaron el miércoles a la Suprema Corte a anular el proceso judicial por el que 20 personas permanecían presas desde hacía más de una década por su supuesta participación en la matanza, lo que condujo a su inmediata liberación.

Sin embargo, como apunta el escritor Héctor Aguilar Camín en el artículo Acteal y el fallo de la Suprema Corte, publicado el jueves pasado en este diario, la resolución de los ministros “corrige el destino de los encarcelados en un proceso judicial viciado [...], pero más allá de los aspectos legales, está el problema de la verdad, el esclarecimiento puntual de cómo fue la matanza y quiénes sus ejecutores”.

Determinar el grado de responsabilidad del Ejército en el aliento de grupos paramilitares es una de las asignaturas pendientes para entender el caso, apunta Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional.

Aguilar Camín, en la tercera parte de la crónica “Regreso a Acteal”, publicada en la revista Nexos en diciembre de 2007, justo en el décimo aniversario del ataque, cuestionó: “Lo que falta probar es si, como tantos creen y algunos documentos sugieren, además de complicidades específicas, hubo también una estrategia orquestada por las autoridades estatales, el Ejército y el gobierno federal [...] La existencia en Chenalhó de un diseño paramilitar strictu senso, es decir, una selección, entrenamiento y avituallamiento de civiles hecho por el Ejército o por el gobierno estatal para combatir insurgentes, es un asunto por ser probado. Es otra de las zonas oscuras, por aclarar y fundamentar, de la historia de Acteal”.

“Larga historia de agresiones”

Los indicios existentes no permiten concluir que el ataque haya obedecido a una acción concertada por autoridades y Ejército contra un enclave zapatista; más bien, comenta el abogado Hugo Eric Flores Cervantes, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es el colofón de una larga historia de agresiones de ambos bandos —zapatistas y no zapatistas— y de indiferencia oficial.

Por ejemplo, las declaraciones ministeriales de dos atacantes confesos que están en la cárcel es que el asalto a Acteal fue para vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, asesinado por zapatistas el 17 de diciembre del 97. El padre de Agustín, Antonio Vázquez Secum, pidió el apoyo del grupo armado de Los Chorros para buscar a los zapatistas que supuestamente se encontraban cerca de donde ocurrió el asesinato de las 45 personas. Los Chorros fue uno de varios grupos de autodefensa que se conformaron en el municipio de Chenalhó tras la llegada de los zapatistas a esa zona otrora ajena al conflicto.

En su libro de próxima aparición Acteal. La otra injusticia, preparado con ayuda de Alejandro Posadas Urtusuástegui y Maximiliano Cárdenas Denham, Flores Cervantes expone: “Fueron muchas las circunstancias que antecedieron a la matanza. Sin duda la más importante fue el cansancio de la comunidad no zapatista y la impunidad con la que los zapatistas actuaban. Dicha situación fue aprovechada al máximo por intereses caciquiles que se veían desplazados por el nuevo control político zapatista. Estos caciques locales, y no otros, empezaron a formar grupos de autodefensa, empezaron a armar a la población, con el propósito de defenderse, de vengarse [...] Por su lado, las autoridades simplemente decidieron no actuar. No sólo no detuvieron los abusos que se dieron ante el establecimiento zapatista, sino también dejaron impunes todos los actos criminales que se sucedieron de uno y otro lado [...] El camino a Acteal estaba allanado por múltiples veredas llamadas impunidad.”

Acteal: detrás del reportaje
Ricardo Rocha /El Universal

Además de los perpetradores materiales hay culpables intelectuales por la matanza de Acteal en los Altos de Chiapas. Lo son, todos los que elucubraron y operaron esa estrategia despiadada para desgastar y aplastar al EZLN: Ernesto Zedillo, presidente; Emilio Chuayfett, secretario de Gobernación; Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa; Jorge Madrazo, procurador, y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas. A ese nivel se operaba el aplastamiento. No es cierto que todo fue un conflicto intercomunitario casual. Lo que sucede es que al gobierno se le salió de control. Fue más brutal de lo que se proponían como escarmiento.

Luego de transmitido mi reportaje, el domingo 7 de diciembre por la noche, las reacciones no se hicieron esperar. El lunes me llamaron los nuevos altos directivos de la empresa a la que serví por 25 años. Me dijeron que en Los Pinos y Bucareli estaban furiosos, que los habían citado y que debían verme después. Así, me enteré de que Zedillo —que ya me detestaba por lo de Aguas Blancas y su compadre Figueroa— les dijo que yo estaba otra vez intentando desestabilizar al país y que de paso nunca estaría de acuerdo en que condujera un noticiario importante. Chuayffet les aseguró que yo desde mi ingreso a la UNAM fui agitador en el movimiento del 68 y que tenía probados nexos con grupos extremistas. Falso, apenas en ese año entré a la UNAM y mi participación se limitó —a mucho orgullo— a colaborar en marchas, boteos y algunas pintas.

El caso es que lo discutimos y concluimos que sería un retroceso muy sospechoso ante la audiencia que yo me desapareciera de un día para otro. Así que me fui a la zona norte chiapaneca para un segundo reportaje el domingo 14. El lunes 15 me llamaron para decirme que la furia continuaba y que lo mejor era que me fuera del país hasta que bajara un poco la presión que sobre ellos seguían ejerciendo.

El lunes siguiente yo estaba en Nueva York a donde me llamaron mis colaboradores para relatarme entre rabia y sollozos lo que desde entonces se conoció como La masacre de Acteal. Era el 22 de diciembre.

En medio del llanto escribí a mano y envié por fax mi renuncia a la que había sido mi casa por tanto tiempo. La que se concretó meses después.

Por cierto, en los primeros días de enero del 98, Chuayffet, que había operado mal la matanza y peor el control de daños, fue removido del cargo y de sus aspiraciones presidenciales. A Madrazo lo cubrieron con un exilio dorado al consulado en Seattle y a Ruiz Ferro lo rescataron inventándole un cargo en la embajada en Washington.

A ustedes les consta que es la primera vez que hablo de mí mismo en este espacio de privilegio en EL UNIVERSAL. Pero, en primer lugar, ya pasaron más de 10 años. Además, espero esclarecer algunas de las cosas que han dicho en estos días quienes jamás estuvieron ahí. Y también necesitaba responder a una pregunta que me han hecho muchas veces.

Por eso, por toda la sangre derramada y por lo que yo viví, para mí Acteal tampoco se olvida.

Chuayffet, sobreviviente de Acteal
Miguel Ángel Granados Chapa/Plaza Pública/Reforma

Con desparpajo próximo al cinismo Emilio Chuayffet, que dentro de diez días será diputado federal por segunda vez, se manifestó a favor de una nueva investigación de la matanza de Acteal. Adujo que la justicia no está satisfecha. Tiene razón al decirlo. Él es una muestra viva de la impunidad que abarcó a los autores intelectuales de la matanza y a quienes por acción y omisión generaron las causas del cruel atentado contra 45 vidas (digo, si todavía es cierto que el 22 de diciembre de 1997 hubo realmente ese número de muertos; no sea que se trate de una impostura que buenos abogados de buenas causas puedan valientemente desmontar).

Chuayffet es un sobreviviente de Acteal. Fue destituido el 3 de enero de 1998, antes de que se cumplieran dos semanas del feroz crimen colectivo. Años después de su despido pretendió alegar que no fue echado de su cargo por el presidente Zedillo, que estaba urgido de desembarazarse de las evidencias de su propia participación indirecta en el crimen.
Chuayffet quiso que se creyera que él renunció por decisión propia. Ni siquiera al margen de Acteal nadie hubiera creído que voluntariamente abandonaba lo que sus amigos y él mismo suponían que era la antesala presidencial. Aun si no hubiera ocurrido la matanza es probable que el secretario de Gobernación hubiera sido reemplazado.

Su despido formó parte de un reajuste del Gabinete, derivado del desastre electoral que el PRI y el Gobierno padecieron en julio de 1997. Óscar Espinosa Villarreal pasó a la secretaría de Turismo desde la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cargo por primera puesto a decisión de los electores que lo habían confiado a la Oposición. Guillermo Ortiz renunció a la secretaría de Hacienda al ser elegido por primera vez gobernador del Banco de México, Lo sustituyó José Ángel Gurría que para ese efecto se marchó de la cancillería, a la que llegó en su reemplazo Rosario Green Macías.

Pero nadie se engañó. Chuayffet estaba desgastado y la Oposición había manifestado su decisión de no tenerlo como interlocutor. Sólo parecía exitosa su política en Chiapas, el patrocinio de la guerra de baja intensidad contra las comunidades afines al zapatismo o renuentes a combatirlo. Esa estrategia había generado legiones de desplazados, con cuya movilidad forzada se cumplía la táctica contrainsurgente de "privar al pez del agua en que se movía", es decir de eliminar el apoyo social a los zapatistas les darían las comunidades reticentes a convenir con el Gobierno. Pero la exitosa batida contra esas comunidades se trocó súbitamente en descomunal fracaso cuando las dimensiones del ataque a Acteal, calculado y promovido por autoridades locales y federales se agigantaron. La brutal desmesura de la matanza convirtió a Chuayffet en responsable político de batallas que terminaron en derrota para el Gobierno de Zedillo. Llegó entonces la hora de hacerle pagar ése y otros yerros.

Hasta mediados de 1997 la carrera del exgobernador del Estado de México parecía componerse de sólo victorias. Muy joven se había entrenado en el Gobierno municipal, tanto en la Ciudad de México como en Toluca, cuya alcaldía ocupó antes de entrar en la Administración estatal como secretario de Educación. De allí pasó al nivel federal, como procurador del consumidor y luego como director fundador del Instituto Federal Electoral, el organismo con que Salinas pretendió ganar el aval panista para su Gobierno, obtenido con malas artes. Tornó a su estado natal como candidato a gobernador (en contienda con Alejandro Encinas, que también estrenará curul a fines de este mes y con Luis Felipe Bravo Mena, que ahora despacha en Los Pinos, al lado de Felipe Calderón) en épocas en que el camino de los aspirantes priistas estaba pavimentado y conducía sin obstáculos ni sobresaltos al Gobierno. Antes de dos años dio el gran salto adelante: Esteban Moctezuma pagó el noviciado y tras apenas un semestre en Bucareli fue reemplazado por Chuayffet en la secretaría de Gobernación.

Ahí llegó a su nivel de Peter, nombre de una teoría de psicología de la Administración en boga entonces, que significa alcanzar un cargo para el que no se está calificado. La insuficiencia política de Chuayffet, contraria a la imagen que hasta entonces proyectaba se evidenció ante la colosal derrota priista en las elecciones de julio de 1997: por primera vez en juego el Gobierno capitalino, lo ganó el PRD mientras que el PRI, en insólito acontecimiento, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Por una vez en la historia mexicana la Oposición obró con inteligencia y, unidos los partidos opositores, convinieron en gobernar San Lázaro. Chuayffet pretendió impedirlo. Se excedió en su propósito hasta el punto de intentar un golpe de mano que impidiera a la Oposición controlar un segmento del poder Legislativo. Al fallar en su pretensión, los opositores pactaron no dialogar jamás con él.

Despedido pocos meses después, Chuayffet sobrevivió a Acteal. Tras un receso largo, en que sin embargo era factor político en su estado natal, donde decidió que Arturo Montiel fuera el gobernador, tornó a la política federal en una posición modesta, la secretaría técnica del consejo político nacional del PRI en 2002. Al año siguiente fue diputado y, con fortuna labrada por la reyerta entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, reemplazó a ésta en la jefatura de la bancada priista. En 2006 reaccionó con cólera pueril al rechazo a su pretensión de ser senador.

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