Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 19 de agosto de 2009

ACTEAL

Válida y sana’, decisión de acordar no regreso de amparados a Acteal

Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se reunió con el gobernador Juan Sabines Guerrero, donde reconoció la decisión del gobierno estatal, de acordar con los amparados en el caso Acteal el no regreso al municipio de Chenalhó, como “una primera acción adecuada”, derivada de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Juan Sabines Guerrero celebró el interés de Naciones Unidas para abonar a la solución de conflictos en la entidad, incluido el caso particular de Acteal, a los que el gobierno estatal esta atento desde el inicio de su administración. En este sentido el gobernador chiapaneco los invitó a participar activamente en una agenda plural y concreta de trabajo para la promoción de la cultura de paz y la solución definitiva de los conflictos. (Expreso Chiapas)

Deben actuar PGR y CJF contra los que validaron investigación en Acteal: Cossío

Ante el hecho notorio de que en el caso Acteal “un número de pruebas fueron recabadas ilícitamente y que en los procesos penales hubo irregularidades importantes”, los órganos disciplinarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben iniciar procedimientos administrativos contra los agentes del Ministerio Público y jueces que avalaron las investigaciones, sostuvo José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Añadió que “hay necesidad social” y “existen los elementos legales para abrir procesos de investigación”, y en su caso, de responsabilidad o sanción en contra de los funcionarios referidos. “Eso nadie lo puede discutir. Nosotros tenemos la idea de que ningún confeso ha sido liberado. El nombre que se señaló en algunos medios era el de Lorenzo Pérez Vázquez, quien es una de las personas que en el expediente apareció como confeso, pero en realidad se liberó a Lorenzo Ruiz Vázquez, quien no estaba confeso. ¿Qué se dijo respecto de los confesos? Que el expediente tenía que regresar para el que tribunal unitario, con las pruebas que nosotros dejamos válidas, determine la culpabilidad o la inocencia de estas personas. La Corte, en este caso, no realizó un análisis de culpabilidad o inocencia”. (La Jornada)

Existen elementos para otra pesquisa sobre la matanza, señalan en la Corte

Sí existen condiciones para abrir una nueva averiguación sobre la matanza de 45 indígenas en Acteal, porque hay señalamientos en la causa penal sobre presuntos responsables que no fueron investigados ni se ejerció acción penal en su contra; también hay testimonios de víctimas que no fueron tomados en cuenta, además de que los delitos más graves cometidos, como el homicidio calificado, no han prescrito. Fuentes de la SCJN precisaron lo anterior y añadieron que la PGR tendría que ser muy cuidadosa en investigar a posibles autores materiales o intelectuales que no fueron llevados a juicio, además de analizar aspectos de la indagatoria que fueron ignorados durante la averiguación previa. Añadieron los informantes que los delitos más graves cometidos –como el homicidio calificado– no han prescrito y, por tanto, existen condiciones para que no queden impunes. (La Jornada)

Usó el CIDE fondos propios y foráneos en defensa de los imputados del caso Acteal

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo público dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinó 551 mil 560 pesos a la defensa de los inculpados por la matanza de Acteal, en la que participaron docentes y alumnos de la División de Estudios Jurídicos, a la cual está adscrita la llamada Clínica de Interés Público, responsable de elaborar las demandas de amparo ante la SCJN que permitió la liberación de 20 indígenas presos por dicha masacre. Del total de recursos, el CIDE aportó 239 mil 679.86 pesos de sus fondos, lo que representa 43.4 por ciento del monto; mientras que la Hewlett Foundation entregó 266 mil 880.16 pesos, es decir, 48.3 por ciento, y el Open Society Institute –fundado por el empresario George Soros–, otros 45 mil pesos, 8.6 por ciento de los gastos. En un boletín informativo, denominado NotiCIDE, se destaca que esta casa de estudios asumió la defensa de los acusados de la matanza de 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños de esa comunidad chiapaneca, “por su relevancia como un asunto que muestra las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y se espera crear precedentes que mejoren la calidad del proceso penal en México”. (La Jornada)

ONG piden reabrir el proceso de Acteal

Tras la liberación de los acusados de asesinato por la masacre de Acteal es necesario realizar una nueva revisión del proceso a partir de elementos jurídicos que permitan que ese crimen de lesa humanidad no quede impune, aseguraron los directores de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Dolores González, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga. Ambos coincidieron con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, en que a fin de evitar la impunidad de este grave caso –ocurrido el 22 de diciembre de 1997– las autoridades mexicanas deben reabrir las investigaciones. Arriaga consideró que el hecho de que Brunori se haya pronunciando en torno a la liberación de 20 implicados en la matanza “pondrá las antenas en la esfera internacional, lo que debe tener repercusiones”. En tanto que González cuestionó el criterio político y humanista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quien defendió a los paramilitares–, debido a que “escogió la defensa de los violadores de derechos humanos y no la de las víctimas”. La directora de Serapaz aseveró que el fallo de la SCJN debe ser visto en términos de la no validación del proceso jurídico, pero eso no hace inocentes a los liberados. (La Jornada)

Se reunirán indígenas liberados con familiares el jueves

Los 20 indígenas que fueron liberados después de que la SCJN determinó que se les encarceló injustamente durante 11 años por el caso Acteal se reunirán este jueves, en el hotel en el que permanecen en Berriozábal, Chiapas, con sus familiares y autoridades de sus comunidades para decidir su futuro. La intención es ver cómo podemos avanzar en la reconciliación de todos los grupos en las comunidades de Los Chorros, La Esperanza, Acteal Alto y Canolal, informó Manuel Anzaldo, integrante del Comité de Familiares de los Presos Inocentes. Porque, explicó, la situación se ha vuelto muy tensa en la zona de Chenalhó, en especial después de la visita que hiciera el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. Anzaldo, informó que el Alto Comisionado de la ONU se negó a recibirlos y, de manera imparcial y discriminatoria, les dio un trato casi de delincuentes pese a que la SCJN demostró lo contrario. (El Universal)

CHIAPAS

Detienen en Chiapas a dirigente opositor a la minería destructiva

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a Mariano Abarca, uno de los principales opositores a la explotación minera en la sierra de Chiapas, quien junto con miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) mantiene un plantón desde junio pasado en la cabecera municipal de Chicomuselo, en demanda de que se retiren las mineras canadienses que explotan barita, oro y antimonio en la región, denunciaron familiares y compañeros del activista. José Luis Abarca, su hijo, señaló que el dirigente está acusado de cometer cuatro delitos, entre ellos delincuencia organizada y daños a la compañía canadiense Black Fire, que ascienden a 200 mil pesos, según informaron los agentes policiacos que lo detuvieron –ese dato no ha sido confirmado por la familia–, supuestamente, porque ha impedido la salida de camiones que transportan el material de la mina de barita, ubicada en el ejido Grecia, en ese municipio. (La Jornada, Expreso Chiapas)

Suspende la CFE construcción de túneles en Juan de Grijalva

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió la construcción de dos túneles de desvío del río Grijalva, que evitarían inundaciones como las ocurridas el 4 de noviembre de 2007 en la comunidad San Juan de Grijalva. La decisión se debió a las protestas de cientos de damnificados por las inundaciones, quienes reclaman indemnización por la pérdida de bienes y cultivos. Luego que unas 400 familias bloquearon oficinas y pararon las obras de la CFE en Juan de Grijalva, representantes del gobierno estatal, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la CFE firmaron un acuerdo que incluye la suspensión de las obras hasta que se resuelvan las demandas de los damnificados. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Un Tribunal Russell para Acteal

Adolfo Gilly escribe en su artículo que “Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos. Todo esto puede ser probado en derecho y en justicia.” (La Jornada. Se anexa)

"Salen de la cárcel manchados de sangre, no como inocentes…”

Carlos César Núñez Martínez escribe en su columna Portafolios Político que “Sebastián Pérez Vázquez, dirigente de la organización civil Las Abejas, de la que forman parte los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal; pidió la integración de una comisión internacional de la verdad, horas antes de que arribara a Chenalhó, Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pérez Vásquez, repudió la liberación de los 20 indígenas acusados de ser los autores materiales del asesinato de 45 indígenas, en diciembre de 1997. ‘Salen de la cárcel manchados de sangre, no como inocentes, nosotros ya no creemos en el gobierno’, dijo. Más tarde, Alberto Brunori expuso ‘su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse’, habló de posibilidad como si supiera algo, fuera adivino o los enemigos de la gobernabilidad de Chiapas le hubieran adelantado algo de sus proyectos de desestabilización.” (Cuarto Poder)

“Aguilar Flores sí fue destituido”

En El Correo Ilustrado, Licenciada Ana Mónica Padilla Rodríguez informa que: “En días recientes he escuchado y leído afirmar a Hugo Eric Aguilar Flores, asesor del presidente Ernesto Zedillo y defensor de los paramilitares de Acteal, que no fue destituido como oficial mayor de la Semarnat y que no hay ningún procedimiento en su contra. Dado que he estado cerca de este asunto, quiero decir que este señor miente. Las cosas son muy diferentes de como él las dice. Aguilar Flores asumió el cargo de oficial mayor de la Semarnat el 10 de diciembre de 2006. Meses después fue cesado. Éstos son los datos sobre su destitución que ofrece el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI): Según el expediente R-08/2007, el 30 de agosto de 2007 fue inhabilitado por 10 años, por parte del Órgano Interno de Control de la secretaría (antes Semarnap). En esa misma fecha, el mismo órgano le impuso una sanción económica por 2 millones 145 mil 298 pesos. El IFAI señala como causa del castigo un enigmático ‘otras’. O sea que, según el IFAI, lo que dice Aguilar Flores sobre este asunto es mentira.” (La Jornada)

Documental zapatista

En El Correo Ilustrado, se informas que “Hoy, a las 18 horas, se proyectará el documental Aguascalientes, la patria vive. Cafetería Comandanta Ramona: Zapotecos 7 bis, colonia Obrera, cerca del Metro Isabel la Católica y Doctores.” (La Jornada)

Plantados

Fredy López Arévalo menciona en su columna Desde Los Altos que “lo dije ayer y lo repito: sin contraparte no hay diálogo, y una vez más los católicos tradicionalistas de Mitzitón y el Frayba dejaron en evidencia que no tienen ningún interés en sentarse a negociar con el Gobierno del Estado y la contraparte, que en este caso son los evangélicos representados por el pastor Esdras Alonso, de la congregación Alas de Águila, la solución del conflicto intracomunitario de Mitzitón, que ya costó una vida: la de Aurelio Díaz Estrada. Ayer fue la segunda ocasión en que no asisten a la convocatoria del Gobierno del Estado, dejando plantados a los otros actores, los tres regidores nombrados por el Cabildo de San Cristóbal de Las Casas, del Gobierno del Estado, los evangélicos, y el fiscal especial para las Organizaciones No Gubernamentales, Pedro Raúl López Hernández, quien se había comprometido a que ayer martes acudirían los dos grandes ausentes: los católicos tradicionalistas o adherentes a La otra campaña y el Frayba. Sin ellos en la Mesa del Diálogo, simplemente no existe posibilidad alguna de sentar las bases para la solución definitiva de la controversia, de Mitzitón. Tal vez es lo que se pretende, porque la tarde del lunes el director del Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Diego Cadena Gordillo, me confirmó su asistencia, como observador o coadyuvante en la Mesa de Diálogo, a la que convocó el Gobierno del Estado. Pero no fue así.” (Expreso Chiapas)

Las botas de Dios

Isaín Mandujano comenta en su reportaje: “Creado en 2006, un grupo religioso que se organizó en Chiapas bajo una estructura político-militar, el Ejército de Dios, se afilió a la Confederación Nacional Campesina a principios de este mes. Su objetivo: defender a los evangélicos afiliados que sufran expulsiones, despojo o acoso, así como promover su desarrollo. Y aunque sus dirigentes advierten que su única arma es la Biblia, algunos consideran que se trata de un “grupo paramilitar” en expansión y “aliado”, además, del gobierno de Juan Sabines. (Proceso. Se anexa texto)

TEXTOS

Un Tribunal Russell para Acteal
Adolfo Gilly/La Jornada

Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos. Todo esto puede ser probado en derecho y en justicia.

“La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios”, escribió ayer Luis Hernández Navarro en La Jornada, en un lúcido artículo donde demuestra, sin dejar resquicio, cómo esta acción de la guerra sucia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades indígenas chiapanecas había sido anunciada por múltiples denuncias, precisas y documentadas, a lo largo de la segunda mitad de 1997.

Con desbordada y legítima indignación, de esas que salen del fondo del alma y no sólo de la pluma del escritor, José Blanco anotó también en estas páginas las siguientes líneas sobre el indecible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“No sabemos quiénes son los asesinos; ni los que usaron las armas ni los asesinos intelectuales. Nuevamente la impunidad reina. Se solicitan nuevas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos. Acaso el proceso se reinicie alguna vez en algún punto. En tanto, la oligarquía local, la clase política que le sirve, los grupos paramilitares –carne de cañón indígena– continúan reinando como grupos dominantes que son, apoyados por instituciones federales, si la política así lo demanda, y los indígenas continúan su historia de explotación, de miseria, de desprecio, de discriminación y de muerte”.

Bárbara Zamora, abogada litigante, ha mostrado también en La Jornada cómo todos los procesos de instrucción en México están plagados de defectos y fallas procedimentales, que son la puerta abierta adrede para que la libertad o la condena de los procesados –culpables o no, poco importa– sea negociada fuera del ámbito de la justicia, la cual sirve sólo de tapadera. La impartición de justicia no está a cargo de un poder judicial independiente, condición primera de existencia de una república. Ha estado y está en manos del Poder Ejecutivo, federal o estatal. Es una atribución y un acto del príncipe, llámese éste, según sexenios, Díaz Ordaz, Echeverría, Zedillo o Calderón.

Hace una semana, el 10 de agosto pasado, Joan Baucells Lladós, profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado de justicia, y comisionado en una reciente visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), escribió también en este periódico que, ante el fallo ya anunciado, sería indispensable entonces reponer la entera instrucción del proceso para encontrar inocentes y culpables. A lo cual agregó:

“Un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a estos servidores públicos a hacer ‘desaparecer evidencias’, ‘alterar la escena del crimen’ o ‘fabricar testimonios’. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional”.

Sí. Pero la urgencia del caso y la ilegalidad facciosa en que hoy el Estado mexicano se debate, se fragmenta y nos amenaza, demandan, además de esos instrumentos internacionales, órganos y tribunales de intervención jurídica más ágiles y de peso moral más inmediato y contundente.

Es preciso instaurar para el caso Acteal un tribunal autónomo y excepcional, de indiscutida independencia respecto de cualquier institución establecida y de alta e indiscutible autoridad moral ante la comunidad internacional y nacional.

Así fue el Tribunal Russell que juzgó y condenó los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, del cual formó parte el general Lázaro Cárdenas del Río.

Es necesario un Tribunal Russell para Acteal, para esclarecer los hechos, revisar en su totalidad las actas procesales, precisar las irregularidades procedimentales y sus responsables, ubicar y juzgar tanto a los asesinos materiales como a sus mandantes y dictar una sentencia en derecho y en justicia.

Nadie iría a la cárcel, por supuesto, pues tal tribunal carece de jurisdicción. Pero su competencia para tratar y juzgar el caso Acteal estará basada en una alta autoridad moral y esa autoridad servirá, llegado el caso, para extender una invisible pero efectiva mano protectora para detener o contener futuros crímenes de Estado a los cuales el indigno y escurridizo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está otorgando una patente de impunidad.

Las botas de Dios
Isaín Mandujano/Proceso

Creado en 2006, un grupo religioso que se organizó en Chiapas bajo una estructura político-militar, el Ejército de Dios, se afilió a la Confederación Nacional Campesina a principios de este mes. Su objetivo: defender a los evangélicos afiliados que sufran expulsiones, despojo o acoso, así como promover su desarrollo. Y aunque sus dirigentes advierten que su única arma es la Biblia, algunos consideran que se trata de un “grupo paramilitar” en expansión y “aliado”, además, del gobierno de Juan Sabines.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- ¡Somos el Ejército de Dios! ¡Listos para llegar hasta el fin! ¡Nuestras armas no son carnales! ¡Nuestra fuerza en nuestro espíritu está!

–¿Cómo dice el Ejército de Dios?
–¡Señor, sí, Señor!
–¿Cómo dice el Ejército de Dios?
–¡Guerreros, guerreros!

Con estructura, adiestramiento, disciplina y uniforme de tipo político-militar, el Ejército de Dios tiene tres años operando en Chiapas y se expande a nivel nacional “en defensa de los hermanos evangélicos”. Este grupo –que dice pelear con la Biblia en la mano en vez de fusil– se creó y presentó oficialmente en abril de 2006 ante unos 3 mil evangélicos en la Plaza de Toros La Coleta de San Cristóbal de Las Casas.

En aquella ocasión se aclamó –con aplausos, vivas y aleluyas– a los primeros 120 hombres y mujeres que se presentaron públicamente como integrantes del grupo. Marcharon y saludaron al estilo militar, provistos de boina roja, playera negra con insignias, pantalón camuflado y botas negras.

Silvano Gómez Santis, fundador y mando del Ejército de Dios, señala que antes de entrar a la organización el recluta tiene que pasar por un curso intensivo de 108 horas de trabajo político, religioso y físico. En las primeras 48 horas de adiestramiento los exhortan a una “reestructuración de su persona en cuerpo, mente y alma”.

Luego, en las siguientes 12 horas, se refuerza lo aprendido, y en las 48 horas subsecuentes “se les da a conocer el liderazgo del Ejército de Dios y cómo marchará el grupo, según los lineamientos del comandante general, Esdras Alonso”.

–¿El arma? –se les pregunta.

–Nuestra Biblia. No tenemos otra.

Después de transcurridos más de tres años de aquella irrupción pública, sus líderes refieren que hoy no sólo están en Chiapas, sino en diversas partes del país, como Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal.

Unos afirman que, a la fecha, los miembros del grupo son mil 300, pero otros estiman alrededor de 3 mil y algunos elevan la cifra a más de 4 mil 500 en todo el país.

En entrevista con Proceso, uno de los principales mandos de la organización señala: “No tenemos nada que esconder, somos transparentes, no somos un grupo paramilitar como se nos ha querido etiquetar, ni pretendemos ser un grupo subversivo”.

Esdras Alonso González, líder de la Iglesia evangélica Alas de Águilas, con una fuerte presencia en varios municipios de los Altos de Chiapas, es el “comandante general” del Ejército de Dios, y Álvaro Alonso González, hermano de aquél, es “general”.

Silvano Gómez Santis, también fundador del grupo, refiere que el Ejército de Dios nació como un brazo político y social de la Iglesia evangélica Alas de Águilas. Aunque allí tiene su base social más fuerte, tercia Esdras Alonso, otras Iglesias se han sumado como bases de apoyo y contribuido con más elementos de tropa. Entre éstas menciona a la Iglesia Presbiteriana Renovada, el Movimiento de los Pentecostales o la Iglesia de Acción y Amor de los Altos de Chiapas.

Coinciden Esdras, Álvaro y Silvano en que el Ejército de Dios se integró ante la oleada de agresiones físicas, expulsiones, desalojos –de viviendas y de tierras– e incluso asesinatos cometidos contra integrantes de la Iglesia evangélica Alas de Águilas.

El “comandante general”, Esdras Alonso, explica que ya era mucho el acoso, el hostigamiento y abuso contra los protestantes en los Altos, por lo que aceleraron la creación de este grupo, al que algunos de sus adversarios no dejan de calificar como “paramilitar”.

Pero Esdras Alonso insiste en que se trata de “una organización pacifista que no apela a la violencia, ni tomaremos un arma que no sea la Biblia y la palabra de Dios”.

Nueva fuerza cenecista

Como sea, en declaraciones no registradas en grabadora, Álvaro Alonso asegura que cuerpos de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se han acercado para investigarlos pero no han hallado nada que atente contra el Estado, si bien entre sus compañeros hay exmiembros del Ejército Mexicano que incluso han sido llamados por las fuerzas castrenses para que expliquen la naturaleza y acciones de la organización.

No obstante, cuando se interroga a Esdras Alonso en torno a la presencia de exmilitares de la Sedena en el Ejército de Dios, evade la pregunta para en seguida asegurar que allí sí militan exmiembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se han convertido a la fe protestante: “incluso hay exmandos zapatistas”, apunta.

El Ejército de Dios, continúa, va más allá del apoyo moral a los evangélicos que sufren acoso debido a la intolerancia religiosa, y manifiesta que sus miembros en la entidad se encuentran dispersos en decenas de comunidades indígenas rurales de unos 15 municipios de los Altos de Chiapas.

Esdras Alonso refiere también que, debido a las expulsiones de indígenas evangélicos de los Altos de Chiapas, principalmente de las comunidades de San Juan Chamula, se formó un grupo autodenominado Guardián de mi Hermano, al que considera antecedente del Ejército de Dios. Recuerda que algunos miembros de Guardián de mi Hermano se vieron en la necesidad de defenderse con las armas de las agresiones que sufrían, y que uno de sus máximos líderes, Salvador Collazo Gómez, murió acribillado en noviembre de 1997.

Pero advierte que, a diferencia de Guardián de mi Hermano, el Ejército de Dios no es una amenaza armada contra quienes agreden a los evangélicos o el gobierno, sino que su fuerza es moral y política. A juicio de Álvaro Alonso, la intolerancia religiosa ha disminuido tanto por el oficio político del actual gobierno como por “la presencia del Ejército de Dios” que, afirma, inhibe cualquier agresión contra los evangélicos. Más aún, considera que esta organización seguirá vigente y fortaleciéndose no sólo en Chiapas, sino en otros estados del país donde la intolerancia religiosa no es frenada por los gobiernos federal y de los estados. Explica Esdras Alonso que muchas veces las autoridades –estatales o federales– no sólo han sido omisas en los casos de intolerancia religiosa, sino que además han sido cómplices. “Por eso es que nació el Ejército de Dios”.

Este grupo, puntualiza, es una extensión más de Alas de Águilas, que desde hace muchos años ha venido diversificando sus acciones. Tiene muchos templos construidos, un gran auditorio y al menos 25 radiodifusoras ilegales o piratas desde las cuales propaga su fe religiosa. Después de muchos intentos infructuosos por crear un partido político, revela, el pasado 3 de agosto el Ejército de Dios se adhirió a la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI.

Para Álvaro Alonso esta adhesión no fue fortuita, sino producto de una reflexión de un año, pues además de buscar espacios políticos pretenden llevar a las comunidades identificadas como bases de apoyo los proyectos productivos para el desarrollo rural de los evangélicos, a quienes durante décadas se les ha negado el progreso por su fe religiosa.

En el acto del lunes 3 de agosto, la lideresa estatal del PRI, Arely Madrid Tovilla, y el líder estatal de la CNC, el diputado Jorge Enrique Hernández Vielma, elogiaron el hecho de que un grupo religioso decidiera sumarse a sus filas para sacar adelante a sus comunidades. Conflictos latentes “Aunque nos vestimos como militares y marchamos o hacemos prácticas de adiestramiento militar, no somos un grupo paramilitar, no encajamos en ese concepto porque no tenemos armas”, insiste Álvaro Alonso.

–¿Podrían llegar a tomar las armas?

–No está dentro de nuestros planes: nuestra arma más poderosa es la Biblia. Queremos decir al gobierno y a toda la sociedad que acá estamos presentes y listos para defender a nuestros hermanos, pero no con las armas, sino con la Biblia y la fuerza de la razón.

Sin embargo, no todos tienen esa percepción del Ejército de Dios. A pocos kilómetros de San Cristóbal de las Casas, pasando el cuartel de Rancho Nuevo, puede leerse a orillas de la carretera un gran letrero que reza: “Pueblo organizado de Mitzitón, adherentes a La Otra Campaña: Castigo a los paramilitares, fuera los asesinos del Ejército de Dios.” El pasado 21 de julio, un incidente entre católicos que se oponen a la construcción de una autopista que comunicará a San Cristóbal con Palenque y evangélicos que la apoyan generó un hecho violento que dejó un muerto y varios heridos. Oswaldo Díaz, vocero de las autoridades ejidales de Mitzitón, afirma que Aurelio Díaz Hernández, de 33 años, es la primera víctima mortal del Ejército de Dios, y que si bien no utilizaron armas de fuego para matarlo, sí emplearon un vehículo con el que lo arrollaron. “Antes –apunta el vocero– se les vio patrullar la comunidad a bordo de una camioneta”.

Aurelio Díaz Hernández dejó viuda a Hermelinda Jiménez Jiménez con tres menores: María Aurora, de 10 años; Alejandra Inés, de siete, y José Alfredo, de cinco.

Oswaldo Díaz subraya que para ellos no hay duda: el Ejército de Dios “es un grupo paramilitar” que opera en los Altos de Chiapas, “y lo que es peor” es que han hecho alianza con el gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero, de quien obtienen recursos a través de proyectos productivos, y ahora “buscan cobijo en el partido que siempre auspició a ese tipo de grupos armados, el PRI”.

En Mitzitón, puntualiza Oswaldo Díaz, uno de los principales financiadores del Ejército de Dios es Carmen Díaz López, “un traficante de humanos” que tres veces ha sido capturado “en flagrancia” por las autoridades “y jamás ha pisado la cárcel”. Agrega que Díaz López fue expulsado del lugar junto con otras 90 personas, pero desde hace algún tiempo “llega, provoca y se desaparece”.

Para él no es casual que los miembros de ese grupo operen en su comunidad, donde tienen una iglesia para reunirse: “Desde que nos adherimos a La Otra Campaña del EZLN, vimos que empezaron a ostentarse públicamente con sus uniformes para que los veamos. Pero no nos vamos a dejar. Si ellos vienen, acá los vamos a esperar…”.

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