Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 18 de agosto de 2009

ACTEAL

La matanza no debe quedar en la impunidad: funcionario de la ONU

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal escribe desde Acteal, Chiapas, que una consecuencia inadmisible de que los responsables de procurar e impartir justicia vulneraran derechos procesales indispensables para garantizar un juicio justo es que la matanza de Acteal quede impune, dijo Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (La Jornada, El Universal, Milenio, Reforma, El Heraldo de Chiapas, Cuarto Poder, Expreso Chiapas. Se anexa)

Se asegura en la Corte que no se liberó a asesinos confesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no liberó a ningún asesino confeso por la matanza de Acteal, los amparos concedidos a algunos de ellos –entre éstos a Lorenzo Pérez Vázquez y Javier Vázquez Luna– fueron “para efectos”, es decir, para que el juez dicte una nueva sentencia. De acuerdo con el dictamen de la sentencia elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, los indígenas referidos –considerados por las víctimas como parte del grupo de paramilitares que los atacó el 22 de diciembre de 1997– fueron beneficiados con el amparo de la justicia federal para efecto de que se “reiteren las cuestiones relativas a la existencia de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas”. Es decir, fueron absueltos únicamente de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Al igual que en los casos resueltos la semana pasada, confirmó una fuente judicial, ningún acusado confeso de asesinar a miembros de la comunidad de Las Abejas obtendrá la libertad, porque la Corte hizo y continuará haciendo un trabajo escrupuloso de la situación jurídica de cada uno de los 56 acusados. (La Jornada)

Urge Chuayffet a dar con culpables

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a 20 de los acusados por la matanza de Acteal, Emilio Chuayffet Chemor, quien fuera titular de la Secretaría de Gobernación durante los sucesos, exigió que se dé con los responsables. Abogó para que se reanuden las investigaciones y así ofrecerle justicia a las víctimas de este acto violento. “Lo digo con toda franqueza: si no se ha satisfecho la justicia que se siga investigando, que se siga ahondando, que encuentren a los responsables intelectuales y materiales. (Milenio)

Reparar daño

Lo que está pendiente en el caso Acteal es llamar a cuentas a las autoridades responsables de la “falla” que llevó a privar de la libertad a los indígenas relacionados con la matanza, aseguró el representante de la Voz de Los Mártires en México, Óscar Moha Vargas. Entre las figuras que consideró responsables mencionó a tres jueces que convalidaron las pruebas; peritos que, bajo presión o a título personal, presentaron pruebas falsas; funcionarios que autorizaron órdenes de aprehensión contra indígenas inocentes; Jorge Madrazo Cuéllar, ex procurador de la República; Ernesto Zedillo, ex presidente de la República; y Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, enlistó el integrante de la ONG, de nivel internacional. Cuestionó el precio que tiene la reparación del daño a los 20 indígenas recién liberados, quienes permanecieron casi 12 años en el penal El Amate, quienes por el momento están sujetos a una reubicación por parte de las autoridades estatales, ante el riesgo de un enfrentamiento si reingresaban a Chenalhó. (Diario de Chiapas)

Se declaran 7 liberados sin partido y sin organización

Un grupo de siete, de los 20 indígenas liberados que habían sido acusados de perpetrar la matanza en Acteal, se declararon “sin partido y sin organización”, y reiteraron que esperarán el tiempo necesario para ser reubicados, sin intentar regresar a Chenalhó. Los otros 13 liberados permanecen bajo la tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista, que fuera uno de los actores políticos de esa región. Tomás Pérez Méndez, Agustín Ruiz Vázquez, Agustín Gómez Pérez, Elías Luna Pérez, Antonio Pérez Ruiz, Antonio Ruiz Pérez y Alonso López Entzín, dijeron haberse convertido, durante los 12 años que estuvieron en prisión, en presbiterianos evangélicos. “Nuestras familias lograron hablar con los civiles (integrantes de Las Abejas) y con los zapatistas. No creemos que exista más problemas pero si no quieren que regresemos, aunque nos entristece no lo haremos”, señaló Tomás Pérez, quien durante el conflicto de 1997 fue dirigente del PRI en la comunidad Los Chorros, uno de los bastiones de los paramilitares. Sin embargo, el grupo que permanece bajo la tutela de Juan García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses, mantienen una actitud más demandante. (Expreso Chiapas)

Liberados por el caso Acteal esperan su reubicación

"Todas las noches nos sentamos a pensar qué pasará. No sabemos qué vamos a hacer", dijo Agustín Pérez, una de las 20 personas liberadas. Tras cinco días de excarcelación, el grupo se dividió: 13 individuos se alojan desde el jueves por la noche en el centro recreativo El Encanto, ubicado sobre la carretera panamericana, a 20 minutos de la capital chiapaneca; los siete restantes se instalaron ese mismo día en un hotel que se encuentra en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pero luego de cumplirse 24 horas de su estancia, fueron traslados a un lugar del norte de la ciudad por un camión del Gobierno del Estado. (El Heraldo de Chiapas)

Una Comisión internacional de la verdad, piden mujeres tzotziles

Frente a la tumba de sus familiares, María Vásquez y Elena Pérez, sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997 pidieron se integre una Comisión internacional de la verdad que investigue a fondo el asesinato de 45 indígenas de Acteal. Elena Pérez Jiménez asegura que no hubo ningún enfrentamiento el 22 de diciembre de 1997 en Acteal; lo que hubo, asevera, fue una masacre, porque nadie de los asesinados o sobrevivientes estaba armado, los paramilitares rodearon la comunidad y después asesinaron a quienes oraban en la ermita. Durante seis horas estuvieron persiguiendo y disparando a los habitantes de Acteal. Ella logró escapar. Dice que fueron como cien los que participaron en la matanza, identifica a varios por nombre y apellido, porque vivían en Acteal o en otras comunidades cercanas, como Los Chorros y La Esperanza. Los que fueron liberados, no fue por ser inocentes dice la indígena, sino por la decisión de unas cuantas personas. María Vásquez Gómez tampoco habla español; en su lengua materna cuenta que los asesinatos en Chenalho comenzaron antes del 22 de diciembre de 1997. Desde septiembre, agrega, los indígenas que simpatizaban con el gobierno en turno los amedrentaban y les exigían cooperaciones para comprar armas y combatir a los zapatistas. (Cimac)

Caso Acteal

El 22 de diciembre de 1997, un grupo armado presuntamente conformado por más de 100 personas acribilló a 45 indígenas tzotziles en el poblado de Acteal, en Chiapas. Los sobrevivientes afirman que la masacre de hace 11 años fue resultado de una estrategia del gobierno local, en ese entonces a cargo de Julio César Ruiz Ferro, para organizar grupos paramilitares que hostigaran a la población. Al final la línea de investigación de hostigamiento paramilitar se desvaneció. Prevaleció la tesis de la disputa por tierras. El Libro Blanco de Acteal, presentado por la PGR en 1998 al Congreso de la Unión, resolvió que se trataba de un enfrentamiento añejo entre grupos indígenas, política y socialmente antagonistas, alentados por un pobre escenario institucional y la efervescencia del movimiento zapatista. (Canal 11)

CHIAPAS

Damnificados de Chiapas reclaman indemnizaciones

Unas 400 familias damnificadas por las inundaciones que dejó el río Grijalva en 2007, bloquearon oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y pararon obras de la paraestatal en la zona donde estaba el poblado Juan de Grijalva, para exigir a los gobiernos estatal y federal el pago de indemnizaciones. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

AI exige liberar a Jacinta; “es presa de conciencia”

La organización Amnistía Internacional (AI) anunció que adoptó como presa de conciencia a la indígena mexicana Jacinta Francisco Marcial, condenada a 21 años de prisión por presunto secuestro, y exigió su liberación. Explicó en un comunicado que tomó la resolución porque a Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, “se le negó un juicio justo” y “está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal”. Residente en Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro y madre de seis hijos, fue detenida en agosto de 2006 luego de que se la acusara de haber secuestrado a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Los policías aseguraron que estaban en el mercado de la plaza para decomisar mercadería falsificada y que fueron tomados como rehenes por la acusada y otros vendedores, para impedirles que hicieran su trabajo. (El Universal, La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Derecho de réplica

Héctor Aguilar Camín escribe en su columna Día con día que “el coordinador editorial de La Jornada, Luis Hernández Navarro, de quien se ha hecho eco el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, en Proceso, descalifica el caso jurídico de Acteal, con base en la descalificación de Hugo Flores, abogado y académico que llevó el tema al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), donde se hizo la defensa de los presos. (Milenio. Se anexa)

Acteal, otra vez

Luis Hernández Navarro escribe en su artículo que “no es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.” (La Jornada. Se anexa)

Falso e inaceptable

Ricardo Rocha escribe en su columna Detrás de la Noticia que “al oprobio vergonzante de la matanza más horrenda de que se tenga memoria se añade hoy la infamia. Porque el fallo de la Corte manda tres mensajes perversos: que los hechos no fueron tan graves, que no hay culpables y que el caso está cerrado.” (El Universal. Se anexa)

Cuento, el del asesino “excarcelado”

Carlos Marín escribe en su columna El asalto a la razón que “’Confusión’, llama la Suprema Corte a la insidiosa versión de que un asesino confeso está entre los indígenas excarcelados la semana pasada por su participación en la matanza de Acteal. La propalación de la mentira se basa en las coincidencias nominales entre el homicida Lorenzo Pérez Vázquez y uno de los enlistados por falsos ‘testigos’: Lorenzo Ruiz Pérez. Pérez Vázquez fue detenido una semana después de la masacre y confesó su crimen, como lo hicieron más tarde otros cuatro: Roberto Méndez Gutiérrez, Felipe Luna Pérez, Mariano Luna Ruiz y Alfredo Hernández Ruiz. En palabras del falso excarcelado, fueron sólo ‘estas nueve personas que mencioné (nunca se detuvo a los demás) los que participamos, mientras que los que vienen a acusar son los zapatistas, y dicen que todos los que estamos detenidos, más de ochenta; yo recalco que únicamente somos los nueve que participamos, y ellos, los que están detenidos, no tienen nada que ver en la matanza de Acteal…’.” (Milenio)

Gríngolas

Eduardo R. Huchim escribe en su artículo que: “la liberación de 20 sentenciados por los hechos de Acteal, Chiapas, a los que sumarían otros 31, ha reactualizado el cruento rama ocurrido ahí y ha avivado el debate entre quienes se indignan por la matanza de 45 integrantes de Las Abejas y quienes consideran que los asesinatos fueron producto del choque de dos bandos (aunque los muertos fueran sólo de uno), que las víctimas eran pacifistas abejas de día pero zapatos (zapatistas) de noche y que en el lado de los paramilitares ya había habido víctimas antes de Acteal (aunque las abejas no hayan sido sus asesinos). Pero ni la sentencia liberadora de la Suprema Corte, ni el debate posterior y anterior, ni la prisión y ahora libertad de los beneficiarios de la decisión del alto tribunal, nada de ello cambia los hechos: el 22 de diciembre de 1997 se cometió en Acteal un asesinato masivo de indígenas que estaban en oración y ayuno. Los discutible es que, contra los criterios de los jueces que los condenaron, cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala hayan considerado insuficientes y aun falsas ciertas pruebas contenidas en el expediente. Y me temo también que para llegar a su conclusión liberatoria –que no exculpatoria, como se aclaró- los ministros se hayan limitado a mirar el expediente, sin allegarse más elementos de juicio. Es algo grave ordenar la excarcelación de sentenciados de cuya inocencia no se tiene seguridad y por eso resultaba imperativo buscar probanzas. Aplicar el conocido y estrecho criterio de lo que no está en el expediente no existe, equivale a actuar con gríngolas, esos aparejos que limitan la visión de los caballos. En este caso, la Corte quizá sirvió a la ley, pero agravio a la justicia. Si hubo violación de derechos de los hoy liberados y ésta mereció atención, mayor atención exige la sangre derramada”. (Reforma)

Las víctimas de la Corte

Magdalena Gómez resalta en su artículo que “la Suprema Corte de Justicia continúa en su labor de proteger al poder antes que a la ciudadanía y a los pueblos de este país. No es posible creer que el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y su clínica de Interés Público asumieran la defensa de un grupo de indígenas envuelto en la bandera del debido proceso sin mayor consideración sobre la dimensión política y social del caso paradigmático. Y no lo es porque dentro de su proyecto institucional participaban actores políticos cercanos a los que fueron presuntos responsables y luego sentenciados. Su cabildeo político logró que la Corte atrajera el caso en julio de 2007, con el argumento de que existen faltas al debido proceso, cuestión absolutamente creíble dado el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia. El asunto es que el eje de lo que a la postre resultó en resolución de la primera sala estaba previsto desde el alegato de los abogados del CIDE al plantear a la Corte: ¿es válido que la procuración de justicia fabrique pruebas?, ¿es válido que un juez también busque elementos de prueba en contra de la persona inculpada?, entre otras interrogantes en torno a la estrategia seguida y avalada por la Corte. Y ahora nos dicen el CIDE y sus promotores que han logrado un triunfo jurídico sin precedente porque la Corte se pronunció, oh sorpresa, sobre lo que está expresamente prohibido en la Constitución. Ya está dicho por abogados con experiencia, como Manuel Fuentes y Bárbara Zamora, que el enfoque jurídico-legal de la primera sala guarda contradicciones con la función de los ministros respecto de los jueces de primera instancia; que en todo caso a las fallas en el debido proceso correspondía otorgar el amparo para efectos, el cual entraña reposición del procedimiento, como se hizo en seis de 26 casos, pues a 20 se les otorgó el amparo liso y llano, lo que entrañó su libertad inmediata.” (La Jornada)

Las abejas

Gilberto Serna menciona en su artículo que “era en el poblado de Acteal, Municipio de Chenalho, en la comunidad de Las Abejas, en Chiapas, en donde 45 indígenas perdieron la vida. Su único pecado fue el de que fuerzas paramilitares querían dar un escarmiento para que sirviera de ejemplo a los demás indígenas del rumbo que mostraban su simpatía por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La versión del Gobierno Federal, al mando del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue que la tragedia era el resultado de una rivalidad entre grupos de indígenas. En cambio la voz popular señalaba al propio Gobierno como el autor del desaguisado. En la pantalla televisiva aparecía Zedillo asegurando que los autores del nefando crimen, no escaparían al largo brazo de la Ley, tarde o temprano recibirían su justo castigo. Pues no, no lo han recibido. La única verdad, que hasta ahora se sabe, es que en ese lugar fueron masacrados 22 mujeres, 18 niños y 6 hombres. La verdad es que los matones de Acteal salieron libres por irregularidades en el procedimiento, empero como lo ha establecido la Suprema Corte, si éstos no fueron los autores, ¿quiénes lo hicieron?, si como dijeron entonces se trató de un crimen de Estado, ¿quién o quiénes son los culpables de tal atrocidad? En fin, tengamos paciencia, ya se caminaron los primeros pasos, lo demás vendrá por añadidura, aunque no se quiera. Ha llegado la hora de limpiar la casa. Ese crimen no debe de quedar impune, eran 22 mujeres, 18 niños y 6 hombres, seres humanos pues.” (El Siglo de Torreón)

Suicidio colectivo

Susana Solís Esquinca escribe en su columna Molinos de Viento que “el caso Acteal sigue el curso de la excarcelación, como muchos apuntan, al paso de los años la masacre se convertirá - para vergüenza de este país- en un suicidio colectivo. Salen en bloque y al paso de tiempo quedarán solo los confesos que son cinco, es decir, estas cinco personas dieron muerte a balazos y machetazos a 45 indígenas. Y es que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, blande su espada justiciera por otro lado le avienta la papa caliente al gobierno local que tiene que hacer toda una estrategia para evitar posibles enfrentamientos derivados de los rencores acumulados y entre estas estrategias inevitablemente están los apoyos que deberá repartir para que las familias no regresen a Chenalhó para no crispar los ánimos que empiezan a caldearse. Y en este mismo tenor, ya son muchas las voces que no solo piden, sino exigen que se haga una investigación exhaustiva del caso.” (Cuarto Poder)

Chiapas es mucho más que la manipulación de un proceso penal 

Jesús Belmont Vázquez escribe en su columna Líderes Políticos que “el día de ayer, en entrevista radiofónica, el gobernador Juan Sabines contestó al periodista Joaquín López Dóriga, que el caso Acteal no es todo Chiapas. Coincidimos con el mandatario, el estado de Chiapas es mucho más que la manipulación de un proceso penal, es más que testigos falsos y fabricación de pruebas como métodos para inculpar a inocentes; por ello, es preciso recordar que se debe actuar en consecuencia en contra del principal saqueador de los recursos de la entidad Pablo Salazar, así como de Mariano Herrán, quienes copiaron ese mismo proceder en contra de ciudadanos chiapanecos que hoy sabemos todos que no cometieron delito alguno, pero que fueron tramposamente acusados por el tirano y sus cómplices.” (Cuarto Poder)

Se deslinda de Manuel Anzaldo

En El Correo Ilustrado, el editor Juan Anzaldo Menesesinforma que: “¿Quién defiende al pueblo de los crímenes de Estado? En el caso de los paramilitares liberados que prepetraron la masacre de Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dice proteger los derechos humanos de asesinos que, con premeditación, alevosía y ventaja, masacraron a 45 niñ@s, mujeres, jóvenes y ancianos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gobiernos y algunos legisladores se pronunciaron por salvaguardar los intereses de quienes durante horas balacearon, persiguieron y machetearon a una comunidad de desplazados, sin más techo que plásticos y láminas y sin más alimento que su infinita esperanza por alcanzar paz con justicia y dignidad. En los medios, intelectuales y analistas destacaron las fallas del procedimiento judicial, pero despreciaron los testimonios directos de las víctimas. El gobierno de Chiapas se apresta a dotarlos de tierras, dinero público y proyectos de desarrollo, mientras las víctimas viven con estupor la certidumbre de que no hay justicia y que se premia el delito que padecieron. Tampoco se vislumbra castigar a los autores intelectuales del crimen. La masacre de Acteal trascenderá como un crimen de Estado, pese a que pretendan reescribir una historia a modo. La sentencia de la SCJN también pasará como otra página negra con que el sistema defiende a criminales ‘divinos’ y asesinos ‘preciosos’ por encima de cualquier consideración ética posible. Como una de las fuentes predilectas de los defensores de los paramilitares es Manuel Anzaldo, y como compartimos el mismo apellido, ruego a los estimados reporteros referirse a esa persona no sólo por su apellido, para evitar las confusiones que desde entonces me han afectado al relacionarme en una situación que repudio y en una posición que detesto.” (La Jornada)

Complicidades panistas de Pablo

Carlos Z. Cadena escribe en su columna Comentario Zeta que “en la edición número 259 de este mes de la revista Diálogos en el Sur, que dirige Marco Antonio Álvarez Ruiz, se publica un articulo que mucho tiene que ver con el tema de las complicidades y tretas del autor de la ley mordaza y que en su momento no se podían publicar. Señala la revista la amistad entre Pablo Salazar y Patricia Flores Elizondo, (homónimo del nombre de su actual esposa) jefa de la Oficina de la Presidencia de la Republica, esta funcionaria resulta ser la sobrina del actual Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo, quien junto con Pablo Salazar, en ese tiempo del PRI, Luis H. Álvarez, (PAN) y César Chávez (PRD), y otros fueron integrantes de la primera COCOPA, que se instaló el 15 de marzo de 1995. La amistad entre Pablo y Patricia surgió cuando la sobrina de Elizondo colaboró en 1994 cerca de Luis H. Álvarez, entonces Presidente de la COCOPA. La revista señala que dicha funcionaria Calderonista, es otra pieza clave del porque de la soberbia de Pablo Salazar, y los achaques actuales de grandeza y de aquí "Sólo mis chicharrones truenan de Roldán Salazar, quién ayer fue exhibido cómo un piloto aviador de la fuerza aérea de la educación en Chiapas, que cobró sin trabajar 12 años.” (Cuarto Poder)

TEXTOS

La matanza no debe quedar en la impunidad: funcionario de la ONU
Elio Henríquez y Ángeles Mariscal/La Jornada

Acteal, Chiapas. Una consecuencia inadmisible de que los responsables de procurar e impartir justicia vulneraran derechos procesales indispensables para garantizar un juicio justo es que la matanza de Acteal quede impune, dijo Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A invitación de la organización civil Las Abejas, el diplomático visitó esta localidad del municipio de Chenalhó –donde el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas–, y agradeció a sus anfitriones la oportunidad de conocer de viva voz los hechos ocurridos.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que hubo diversas irregularidades en la atención del caso, “revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas”, expresó Brunori.

Tras escuchar los testimonios de sobrevivientes y familiares de la matanza de Acteal, al ver imágenes de las víctimas y tomar contacto con la situación de desesperanza en que se encuentra la comunidad, el representante de Naciones Unidas dijo que le cuesta trabajo creer que después de casi 12 años “la justicia no ha llegado plenamente”.

Por ello, solicitó a las autoridades mexicanas realizar “una investigación minuciosa, independiente e imparcial que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad sobre las circunstancias en que se cometió la matanza, y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación del daño conforme a los criterios internacionales”.

Brunori recordó que en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (de 2003), se documentó que la matanza de 45 civiles y menores indefensos, perpetrada por “un grupo de personas con armas de alto poder”, era el incidente más dramático producido en el conflicto de Chiapas, que no se había aclarado plenamente ni se había hecho justicia.

“Esta situación permanece vigente”, sostuvo. También se solidarizó con el sufrimiento de los familiares de las víctimas y manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse, por lo cual pidió a las autoridades estatales garantizar la vida y la integridad de los pobladores de Chenalhó.

A su vez, la organización civil Las Abejas dijo que tras la excarcelación de 20 indígenas acusados de participar en la matanza, “lo viable es que se manden a la zona observadores nacionales e internacionales, pero de ninguna manera gente del gobierno”.

Brunori visitó el sitio donde fueron asesinados 21 mujeres, nueve hombres y 15 menores; luego se reunió en privado con sobrevivientes, familiares de la víctimas y dirigentes de Las Abejas y del Centro Fray Bartolomé de Las Casas.

Mientras, en la capital del estado, siete de los 20 indígenas liberados se declararon “sin partido ni organización”, y dijeron que esperarán para ser reubicados, mientras los otros 13 permanecen bajo tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista, organización que fue un actor político de la región.

Derecho de réplica
Héctor Aguilar Camín/Milenio

El coordinador editorial de La Jornada, Luis Hernández Navarro, de quien se ha hecho eco el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, en Proceso, descalifica el caso jurídico de Acteal, con base en la descalificación de Hugo Flores, abogado y académico que llevó el tema al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), donde se hizo la defensa de los presos.

Hugo Flores respondió con una carta a La Jornada, que el diario no publicó. En reparación del derecho de réplica de Flores, cedo este espacio a algunas de sus puntualizaciones.

Luis Hernández Navarro ha dedicado diversos artículos a mi persona, siempre con datos inexactos. En su artículo “Justicia a la Carta”, nuevamente hace aseveraciones absolutamente erróneas.

No soy pastor evangélico. Profeso, en ejercicio de mis libertades religiosas, la fe cristiana-evangélica.
No soy miembro de una Iglesia de “corte bautista”, tengo muchos amigos bautistas a los que quiero y respeto.
No soy cercano a la “teología de la prosperidad”. No creo en esa doctrina, fui enseñado que la riqueza no consiste en los bienes materiales que uno posee.
No fui destituido como Oficial Mayor de la Semarnat por “supuesta defraudación forestal”. No existe ningún procedimiento de dicha índole en mi contra.
No defiendo paramilitares. Defendemos a personas indígenas que fueron chivos expiatorios.
No hubo “Justicia a la Carta” en el caso de Acteal, pues si bien hubo un compromiso electoral del entonces candidato a la Presidencia del PAN en 2006, éste nunca se cumplió.
No es Encuentro Social una organización política religiosa corporativa. Nuestra membresía no corresponde a los datos por usted recabados. Somos ya medio millón de ciudadanos afiliados voluntaria e individualmente que creen en el principio histórico protestante de la separación del Estado y las Iglesias y en el Estado laico.
No es el caso de Acteal al único que nos hemos comprometido como organización. Somos una organización de causas sociales, que ha hecho uso de los recursos públicos que se nos otorgaban como Agrupación Política para investigar y escribir sobre las mismas.
No es exacto que los respetados profesores del CIDE Ricardo Raphael y Ana Laura Magaloni sean uno “director del área de estudios jurídicos del centro” y la otra “cabeza de la clínica jurídica”. Esos cargos corresponden a otros académicos de la División.
No sostengo, ni nunca he sostenido que hubo un “enfrentamiento entre zapatistas y evangélicos”. La situación que provocó la tragedia de Acteal es más compleja que esa fácil deducción.

Acteal, otra vez
Luis Hernández Navarro/La Jornada

No es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La liberación de 20 de los paramilitares responsables de la matanza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que no se les siguió un debido proceso, no tapa este hecho. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.

La inminencia del baño de sangre en Acteal fue advertida por muchos reporteros, analistas y conocedores de la región. Los dramáticos reportajes de Hermann Belinhausen, Blanche Petrich y Juan Balboa mostraron las huellas de la preparación del crimen antes de que se produjera. El sacrificio estaba anunciado.

Para comprender a cabalidad la tragedia se requiere entender tanto lo que sucedió en la comunidad como lo que pasó en Chiapas. Lugares como la región chol y el municipio de Bachajón vivieron situaciones similares desde meses atrás. Aunque hablaba de paz, Ernesto Zedillo hacía la guerra. En los lugares claves del estado se promovió la formación de grupos paramilitares. Pero muchas de sus víctimas no fueron zapatistas, sino civiles pacíficos y desarmados que, como en el caso de Acteal, oraban por la paz.

Sendos editoriales de La Jornada del 22 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 advirtieron sin ambigüedad lo que sucedería en Acteal. En el primero se señaló que (la escalada de la violencia) “es en extremo preocupante, ya que el padrón de conflicto en Chenalhó tiene grandes similitudes con lo sucedido en la zona norte del estado, donde actúa Paz y Justicia”. El suplemento Masiosare dedicó su entrega del 14 de diciembre de 1997 a este asunto y la tituló: “Chenalhó, otra vuelta de guerra”.

El padre Miguel Chateau, párroco de Chenalhó y uno de los más profundos conocedores de la región, advirtió: “la guerra de baja intensidad aniquila al mundo tzotzil” (La Jornada, 15/12/97). El cura no hablaba por hablar. Él mismo estaba amenazado de muerte. Jacinto Arias, presidente municipal del PRI y uno de los principales promotores de los paramilitares, le puso una cerveza en la mano y le dijo: “Si no controla a su gente, un día lo vamos a matar. Se lo digo cara a cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se quemen los gusanos”.

En un reportaje televisivo sobre los indígenas desplazados del municipio por los paramilitares, titulado Chiapas: testimonio de una infamia, Ricardo Rocha percibió la tormenta que se avecinaba. Al entrevistar a don Samuel Ruiz y don Raúl Vera, el periodista les confesó: “vengo de los Altos de Chiapas, y vengo profundamente indignado, asombrado de que estas cosas todavía puedan ocurrir (...) profundamente adolorido también por lo que ocurre allá y seguramente ustedes no son ajenos: es inhumano...”

Andrés Aubry y Angélica Inda, dos de los más grandes conocedores de la dinámica social de los Altos de Chiapas, analizaron con rigor el surgimiento de los paramilitares en la región en nueve deslumbrantes artículos publicados en La Jornada. El primero de ellos, “Chenalhó en vilo”, aparecido el 30 de noviembre de 1997, tres semanas antes de la matanza, desbarató la hipótesis de que detrás de la violencia en curso se encontraba un conflicto religioso. “En Chenalhó los dos dirigentes antagónicos, el presidente constitucional (del PRI) y su contrincante, el presidente (en rebeldía) de la sede autónoma del mismo municipio, son evangélicos”, escribieron.

Meses antes, en “Chenalhó: los peligros del alma”, publicado en La Jornadaen junio de 1997,analicé la gestación de la ofensiva paramilitar en ese municipio para concluir: “Lo que hoy está en peligro no es el alma, sino la vida de los hombres murciélago”. El 2 de diciembre, en “La guerra que no se atreve a decir su nombre”, escribí que la paramilitarización era la respuesta gubernamental a la expansión política y social del zapatismo, evidenciada por la exitosa marcha de los mil 111 rebeldes a la ciudad de México en septiembre de ese año, así como a su creciente implantación en territorio chiapaneco. “Los paramilitares –anoté–, a diferencia del Ejército o la policía, no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan al escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como víctimas.” Desgraciadamente, el reciente fallo de la SCJN da la razón a estas líneas.

La masacre no fue un hecho aislado o fortuito, producto de la revancha de facciones indígenas enfrentadas por problemas comunitarios. No fue un enfrentamiento. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la intensificación del conflicto, la que subyace, según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y “deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran”.

La estrategia gubernamental estaba trazada de antemano. Inmediatamente después de la masacre el Ejército amplió su presencia en Chiapas con más de 5 mil efectivos adicionales, y autorizó su participación en “la prevención de nuevos hechos violentos”. Se trasladaron hacia las Cañadas tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se instalaron nuevos campamentos en la región de los Altos. Se quiso tender un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos.

Esta lógica quedó al descubierto en los meses posteriores. La guerra sucia contra el zapatismo siguió su curso sangriento. Acteal fue el banderazo de salida para acrecentar la ofensiva bélica. Fuerzas combinadas de diversas policías y ejércitos atacaron violentamente los municipios de Taniperlas, Amparo Aguatinta, Nicolás Ruiz y El Bosque, hasta que el 6 de julio de 1998, en Chavajeval y Unión Progreso, las fuerzas represivas toparon con pared.

La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios.

Acteal: herida abierta
Ricardo Rocha/Detrás de la Noticia/El Universal

Al oprobio vergonzante de la matanza más horrenda de que se tenga memoria se añade hoy la infamia. Porque el fallo de la Corte manda tres mensajes perversos: que los hechos no fueron tan graves, que no hay culpables y que el caso está cerrado. Absolutamente falso e inaceptable. Primero porque la masacre no es un hecho aislado. Para entonces el gobierno de Zedillo ya había roto con Salinas y cambiado la estrategia de diálogo con el zapatismo por una de desgaste y confrontación entre comunidades zapatistas y oficialistas. Con la complicidad del gobierno estatal inventó y provocó enfrentamientos por agua, por tierras o por sacos de granos. A la vez que auspició, formó y entrenó a grupos paramilitares como Máscara Roja y Chinchulines. Durante meses, desde el alzamiento en enero de 1994, documenté con voces e imágenes muchos de estos crímenes de a uno, tres o cinco emboscados aquí y allá en numerosos viajes a Chiapas. Así que lo de Acteal no fue de un día para otro. Tampoco es cierto que de pronto unos se volvieron locos para masacrar a los de enfrente.

Lo que el gobierno zedillista andaba buscando era el momento oportuno para darles un escarmiento a todas aquellas comunidades de base zapatista y aun a las que sin serlo se declaraban insumisas. Era el caso de Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó, a los que empezaron a perseguir y a amedentrar a punta de pistola. Así los desplazaron de sus comunidades. Así los encontré entre la niebla, la lluvia y el lodo el 7 de diciembre de 1997. Y así los mostré en la televisión con sus recién nacidos en brazos y temblando de frío en una escena que, Carlos Fuentes dijo, era sólo comparable con aquellos judíos de Auschwitz que esperaban entrar a la cámara de gases: “¡Nos quieren matar… los prillistas echan bala y nos quieren matar!”, me dijeron. Y lo hicieron 15 días después, el 22 de diciembre.

Por supuesto que hay culpables. De los 52 cuyo caso llevó el CIDE a la Corte hay por lo menos dos confesos. Pero la pregunta sin respuesta es por qué si había errores jurídicos en su aprehensión y encarcelamiento sólo en seis casos y no en todos se repuso el procedimiento. Desconcierta y ofende que los ministros digan que “tuvimos que dejarlos en libertad por esas fallas procesales y que no nos toca determinar si son o no culpables”. Entonces para qué están. Por qué a ninguno de ellos se le ocurrió ordenar una nueva investigación para hacer justicia de una vez por todas y señalar no sólo a los autores materiales, sino a los intelectuales.
Sobre los culpables de Acteal y lo que yo viví la entrega del próximo jueves.

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