Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 17 de agosto de 2009

ACTEAL

La resolución sobre Acteal puede reactivar la violencia en Chiapas

Enrique Méndez y Elio Henríquez escriben que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza en Acteal, y el eventual regreso a sus comunidades, podría reavivar la violencia en esa zona de Chiapas, así como “el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares”. (La Jornada. Se anexa)

Admite juez chiapaneco recurso de presunción de inocencia de liberados

En un nuevo episodio de la batalla jurídica sobre el caso Acteal, iniciada en enero de 2007 por abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el magistrado federal Homero Ruiz Velázquez, del primer tribunal unitario penal con sede en Chiapas, admitió la tramitación de un recurso de reconocimiento de inocencia solicitada a favor de los 20 indígenas que el pasado miércoles fueron amparados y liberados durante las primeras horas del siguiente día por orden de cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó una fuente de ese tribunal federal. La petición de la defensa legal de los 20 tzotziles (entre los que se encuentra Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos) plantea que a partir de la resolución de la Corte, de que diversas autoridades ministeriales y judiciales les fabricaron pruebas y testimonios a los acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal (ocurrida el 22 de diciembre de 1997), es materia obligada para el tribunal unitario de circuito entrar al análisis sobre la presunción de inocencia de los amparados. Añadieron que si el magistrado resuelve a favor de la plena inocencia de los 20 indígenas recién liberados, la sentencia tendrá alcances de cosa juzgada, por lo que estos acusados ya no podrían volver a ser procesados por los mismos hechos. (La Jornada)

Perciben justicia a medias en caso Acteal

Si bien la población reconoce que la Corte rectificó una injusticia por el fallo que ordena la liberación de inocentes inculpados por la matanza de Acteal, la población manifiesta gran ambivalencia en sus opiniones. Se reconoce que se corrige una injusticia, pero preocupa que no se castigue a quienes inventaron pruebas y dictaminaron sentencias indebidas. Se duda que esta resolución sirva para evitar que se inventen culpables, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC–Excélsior. La masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997 sigue en la memoria de la mayoría de la población con teléfono (71%). La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que se determina la liberación de diversos acusados de la matanza porque se violaron sus derechos procesales es medianamente conocida por la población con teléfono (enterados, 41%). Se reconoce que, con su fallo, el máximo tribunal rectificó un juicio injusto (65% —tabla 1). Sin embargo, el deslinde de responsabilidades por haberse fabricado culpables en el caso Acteal deja un mal sabor de boca: 72% considera que, aunque se liberó a inocentes, no se castiga a quienes inventaron pruebas ni a los jueces que emitieron las sentencias previas. (Excélsior)

No descartan intervención

El vicario general de la Arquidiócesis, José Luis Aguilera, dejó abierta la posibilidad de que el obispo emérito, Samuel Ruiz, intervenga en el caso Acteal, esto en apoyo al grupo de las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Lo anterior después de que en días pasados el líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela Gutiérrez, hiciera un llamado respetuoso a Samuel Ruiz, obispo emérito y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, para que dejaran de perseguir a indígenas tzotziles que en ese entonces se encontraban en "El Amate". "Desconozco si Samuel Ruiz está interviniendo, puede ser que si o no, lo importante es señalar que la violencia no debe de ser aceptada en ninguna situación o escenario", dijo. Comentó que todo grupo tiene derecho a pedir justicia y a exigir que ésta se realice, un ejemplo de esto es la liberación de los 20 indígenas que fueron implicados en la matanza de Acteal, la cual ocurrió hace casi doce años. (Cuarto Poder)

Arizmendi pide dejar atrás odios en Acteal

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi, llamó a los indígenas liberados de Chenalhó y al grupo de Las Abejas, al que pertenecían las víctimas de Acteal, a trabajar por la reconciliación. De la misma manera, pidió a las autoridades correspondientes revisar cuidadosamente los expedientes y a que se reponga el proceso para castigar a los culpables del multihomicidio. Agregó que ante el hecho consumado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a 20 indígenas de Chenalhó, es importante buscar los mecanismos para comprobar que si alguno de los que fueron liberados es culpable, se reinicie el proceso. Asimismo, pidió revisar cuidadosamente los expedientes pendientes para no liberar a quienes pudieran ser, en los hechos, culpables del asesinato de 46 personas ocurrido en Acteal, Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997. En segundo lugar, Arizmendi llamó a los que fueron liberados, a las comunidades cercanas a Acteal y a los integrantes del grupo Las Abejas a que sigan buscando caminos por la justicia, por la paz, pero también por el respeto y el perdón. “Que ya no se derrame más sangre entre pobres, entre campesinos, ya no más sangre de tzotziles contra tzotziles, ya no más sangre de indígenas contra indígenas, ya la derramada nos tiene que hacer ver que ese camino no es la solución”, solicitó el obispo. (Excélsior, Milenio, El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas)

CHIAPAS

Entregarán en Chiapas más de 3mil aulas antes del inicio del ciclo escolar: Sabines

Más de 290 mil niños y jóvenes de Chiapas serán beneficiados con la construcción de 3 mil 43 aulas en todas las regiones de la entidad, que estarán listas antes del inicio del próximo ciclo escolar, anunció el gobernador Juan Sabines Guerrero, al dar el banderazo de salida a los camiones con materiales para aulas, equipos y mobiliario escolar. Con la construcción de estas 3 mil 43 aulas se cumple la meta 2009. El gobernador, acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines, presidenta del Sistema DIF-Chiapas, firmó los 214 contratos con los constructores escueleros de la CMIC, bajo los que ya se construyen los espacios educativos en la regiones Centro, Fraylesca, Soconusco, Istmo- Costa, Fronteriza, Selva, Norte, Altos. (Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal, de Madrazo a Medina Mora

Carlos Marín escribe en su columna El asalto a la razón  que “si para la Suprema Corte de Justicia el proceso a los acusados por la matanza de Acteal estuvo plagado de errores, tan graves que ya fueron liberados 20 sentenciados y quizá otros encarcelados corran la misma suerte, la PGR está obligada, casi 12 años después, a realizar otra investigación. Entrevistado por Carlos Puig, el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo, defendió su gestión y recordó que la cifra original de consignados fue de 120. ‘Jamás instruí, orienté, admití a sabiendas o toleré’ fabricación de pruebas, afirmó. El equipo de Madrazo hizo sus indagaciones cuando la mezcla de zapatistas, no zapatistas y activistas de la Diócesis de San Cristóbal en el municipio de Chenalhó, aderezada con la ‘expropiación’ a los ‘priistas’ de una mina de arena, había generado en año y medio 43 actos de violencia en la zona, con saldo de 22 muertos. El último de éstos (17 de diciembre de 1997) provocó que su padre y una partida de asesinos cobraran ‘venganza’ en Acteal. Aunque advierta el ministro Juan Silva Meza que constituye un ‘ilícito’ el que la policía y el Ministerio Público entreguen a ‘testigos’ listas con los nombres de los inculpados, utilizar procedimientos delictivos es responsabilidad de los agentes del MP que realizaron las diligencias y de los jueces que las avalaron, pero sobre todo de un endémico problema de México en la procuración e impartición de justicia.” (Milenio)

Acteal, ¿nunca más?

José A. Crespo menciona en su columna Horizonte político que “en relación con el fallo de la Suprema Corte para conceder amparos a 20 condenados por el horrible crimen de Acteal, de 1997, Felipe Calderón dijo que ‘nunca más’ tendríamos un suceso como ése. ¿De verdad? El tema suscita diversas reflexiones. A) El pasado regresa una y otra vez, como una pesadilla interminable. Y es que a muchos agravios previos no se les puede dar la vuelta a la hoja tan fácilmente —como desearían sus respectivos perpetradores— precisamente porque esos casos quedaron indebidamente insepultos. B) El caso de Acteal fue exhumado, para aplicar una ‘autopsia jurídica’, por estudiantes y colegas de la División de Estudios Jurídicos del CIDE (hoy bajo sospecha de haber sido utilizada por intereses aviesos, debido a la presencia en sus filas del pastor evangelista Hugo Flores Cervantes, quien al parecer pactó en 2006 con Calderón la liberación de los condenados por la masacre). Se supone que se había hecho justicia —al menos a los presuntos asesinos materiales— a la atrocidad del asesinato de 45 tzotziles, cometido en 1997. Pero resulta que a los hallados culpables no se les siguió un proceso debido, lo que sugiere, en principio, que para apaciguar la opinión pública nacional e internacional se fabricaron algunos, práctica por lo demás no rara en este país. C) Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos y agrupaciones indigenistas han condenado a los ministros de la Corte por esta elemental aplicación de justicia. La Corte no podía avalar un proceso plagado de irregularidades: sería convalidar la fabricación de culpables en éste y otros casos. D) Se maneja, como versión alternativa a la fabricación de culpables, que las autoridades encargadas del caso (bajo el gobierno de Ernesto Zedillo) quisieron proteger a los asesinos precisamente aplicando un proceso inadecuado, para dejar así abiertas las puertas con miras a su eventual liberación, como ahora ocurre. E) Cualquiera que sea la versión correcta —es decir, que fueron fabricados culpables por la PGR para calmar a la opinión pública o que deliberadamente vició el proceso con miras a que eventualmente se liberara a quienes sabía culpables—, hay consenso en que la justicia exige llamar a cuentas a quienes, desde la PGR, perpetraron semejante aberración jurídica (así como a los jueces involucrados). ¿En qué forma se puede garantizar que una atrocidad como la de Acteal no ocurrirá ‘nunca más’, según afirma Calderón, si a quienes adulteraron el proceso jurídico y penal según lo hicieron no sólo quedarán impunes, sino que reciben el visto bueno del actual gobierno? ¿Heredó Calderón de Fox algún pacto de impunidad con Zedillo? Los gobiernos panistas, una vez más, lejos de aclarar y sancionar los crímenes del pasado, prefieren el carpetazo.” (Excélsior)

Acteal

En la columna Frentes Políticosse destaca que “está molesto el ex procurador de Ernesto Zedillo… Pero a Jorge Madrazo no parece inquietarle que durante su gestión se hubiera acusado y procesado a varios indígenas por la inaceptable masacre de Acteal… no, lo que le incomoda es que la SCJN haya concluido que se les acusó con pruebas obtenidas de manera ilícita… el también ex presidente de la CNDH anuncia que fijará una posición muy firme en los próximos días, aunque no aclara si ofrecerá disculpas a los injustamente detenidos…Hay que seguir los acontecimientos en el caso Acteal. El diputado perredista Marcos Matías Alonso pidió que se tomen medidas preventivas en Chiapas, ante la tensión que provocó liberar a 20 tzotziles acusados de intervenir en la matanza. Que esto viene a complicar la situación, de por sí difícil, en el estado. Ya han pedido a los liberados no volver a vivir en la región. Se teme otro enfrentamiento. Cosas veredes: en tierra del góber Juan Sabines, sólo se habla de venganzas y plomazos.” (Excélsior)

Un Chiapas diferente

En este Editorial se destaca que “todos los días la dinámica social sigue su marcha, no se detiene ni por la fuerza de la naturaleza, ni por los deseos personales de aquellos que no quieren envejecer. Chiapas es un ser vivo, que sigue evolucionando, que tiene tropiezos, dificultades y adversidades; pero, que sigue hacía adelante esta es una ley natural. El gobernador Juan Sabines Guerrero lo confirma, cuando señala que Chiapas es distinto al de hace doce años, cuando se dieran  en el municipio de Chenalhó los condenables hechos  de Acteal. Ha pasado más de una década y las comunidades por encima de las dificultades, siguen resolviendo la vida y los problemas cotidianos. En los últimos tres años, las dependencias del gobierno han emprendido programas sociales para atender  la marginación y la pobreza. El objetivo del Gobierno de Sabines Guerrero es combatir los indicadores de la pobreza, que representan causas y razones de los problemas comunitarios. Chiapas es diferente, sobre todo cuando desde el inicio de su mandato Sabines Guerrero ha dado muestras, en los hechos de respeto y de trabajo. Sabines Guerrero es un convencido del respeto a la pluralidad y esto lo hizo saber, desde su arribo al gobierno, cuando algunos entrevistadores le preguntaron suposición frente al EZLN y los demás grupos, que por tiempos fueron considerados  como antagonistas del gobierno.” (Diario de Chiapas)

Acteal, una sacudida al aparato de justicia

Amet Samayoa Arce escribe en su columna Tarot Político que “Acteal sigue dando lecciones. La actual sin duda es la de que nuevamente el aparato de justicia se ve exhibido como un sistema que inventa culpables. Esto ocurre cuando se empeñan en aparentar eficiencia en su actuar, para efectos de responder o silenciar los reclamos en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedida. Tras el desenlace  registrado por la masacre del 22 de diciembre del 97, todo mundo se desgarra las vestiduras, sobre todo ante la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desvela una realidad que impera en nuestro país y esta es, que el código penal no es igual para todos, esa es la realidad de nuestra llamada democracia. Once años les quitaron de sus vidas a los ahora puestos en libertad, mismos que siendo honestos se les sigue vulnerando sus derechos fundamentales. Ese es el resultado de la actuación de Jorge Madrazo Cuéllar y demás subalternos. En el ámbito estatal, dentro de muy poco se destapara la cloaca de las responsabilidades en contra de ex servidores públicos, puesto que no se puede dejar de sancionar ese comportamiento omisivo, en el mejor de los casos.” (Diario de Chiapas)

El fuero de guerra

Bernardo Bátiz V. señala en su artículo que “la Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía. En el caso Acteal se preocupó exclusivamente por revisar cuestiones de procedimiento, y al encontrar fallas determinó, atropellando la justicia, que quedarán libres los autores de la muerte de casi 50 personas, y ni por equivocación mencionó a los responsables intelectuales, a quienes armaron a los asesinos y los instigaron a cometer el delito o a quienes por lenidad, autoridades federales y locales, permitieron que autores intelectuales e instigadores quedaran impunes. La Suprema Corte de Justicia no se atrevió, prefirió eludir y soslayar, y lo que piden las circunstancias y exige el pueblo de nuestra patria son definiciones claras y verdadero equilibrio de poderes.” (La Jornada)

Verdad de Acteal

Sergio Sarmiento comenta en su columna Jaque Mate: “Mucho es todavía lo que no conocemos sobre la matanza de Acteal. Quizá sabemos lo que no ocurrió: ese mítico crimen de Estado ordenado por un grupo de enloquecidos dictadores. Pero la Suprema Corte no ha resulto dudas sobre lo que realmente sucedió”. (Reforma. Se anexa texto)

Acteal: lo normal

En la columna Juan Ciudadanose comenta: “¿Serán o no culpables?” La polémica posterior a la liberación de 20 condenados por la matanza de Acteal ha girado en torno –en buena medida- a especulaciones sobre la culpabilidad o inocencia de los liberados. “¿Habrá o no complot de Estado para cambiar la historia?”, “¿Hay alguien detrás de los muchachos del CIDE que llevaron la causa?” “¿Quiénes ganan y quién pierde políticamente con esto?”; son discusiones patéticas que evidencian falta de enfoque en torno a nuestro debate nacional sobre justicia en México. Los liberados son inocentes porque, como la Suprema Corte confirmó, no se les siguió el debido proceso para determinar lo contrario. Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario: en un Estado democrático todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. La aportación de la Clínica del Interés Público del CIDE al llevar la causa está no sólo en haber contribuido a la liberación de hombres inocentes, sino también en nuevamente poner sobre la mesa, de manera contundente, uno de los problemas fundamentales de la justicia mexicana: No hay investigación criminal mínimamente seria, ni debido proceso penal establecido en el terreno de los hechos. (Reforma)

Reprueba resolutivo de la SCJN en caso Acteal

En El Correo Ilustrado, Sergio Nieto Arréz escribe: “Nuevamente lo molesto con mi comentario, agradeciendo de antemano el espacio que me brinda. La maquinaria de la sala impartidora de impunidad está bien aceitada. Sí, amigo lector, hablamos de los ministros de la SCJN, los cuales fallaron a favor de los asesinos de 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, del estado de Chiapas, donde asesinaron a mujeres embarazadas, niños y campesinos; después de que fueron identificados plenamente por los sobrevivientes de la masacre y otros familiares que los acusaron hace 11 años como los asesinos materiales, los señores ministros encontraron inconsistencias en las pruebas presentadas contra los paramilitares y por eso los dejaron en libertad.

Estos son los asesinos materiales, pero faltan los intelectuales, los cuales dieron la orden de armar a las comunidades para desatar un zafarrancho contra las bases zapatistas y de esa forma tener el gobierno una justificación para entrar a la comunidades con la fuerza militar a bayoneta calada, con el pretexto de sofocar la revuelta que él mismo provocaría. Con estos crímenes de lesa humanidad se frustró el intento de Ernesto Zedillo, del gobernador de Chiapas en ese entonces, Julio César Ruiz Ferro, y sus paramilitares, para seguir adelante con el proyecto antizapatista. Con la manoseada y sucia impartición de justicia, no solamente en este caso sino en la larga lista de asuntos donde han fallado los ministros a favor de la impunidad, donde absolvieron también a los políticos que han violado la ley, como son: Mario Marín, Ulises Ruiz y Enrique Peña Nieto. Será muy difícil que el país salga adelante porque la última instancia a la que puede recurrir cualquier mexicano que le hayan lesionado sus garantías individuales se perdió y acabó enquistada en la podredumbre de los arreglos sucios entre políticos mercenarios del poder. ¡Qué lástima y qué pérdida para la sociedad! En la mansión de Los Pinos festejan el fallo a favor de los asesinos mientras el pueblo adolece y se organiza. Con los asesinatos cometidos por los paramilitares se cumplió parte de lo que siempre tuvo en mente el sádico Salinas de Gortari, el cual dejó marcado el camino para que Ernesto Zedillo se hiciera cargo de acabar con el alzamiento zapatista sin importar el río de sangre que corriera, con tal de acabar con la revuelta, la intención fundamental de orillar a los pobladores indígenas a que abandonen sus tierras encierra negocios sucios, porque son muy codiciadas por compañías turísticas trasnacionales; éste es el interés principal del mal gobierno, por eso es tanta la insistencia en seguir molestando la paz de los pobladores. Son ya 11 años que la sociedad, los familiares de las víctimas asesinadas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estamos esperando justicia en este caso de asesinatos a sangre fría contra 45 indígenas, pero cuál fue nuestra sorpresa, que en lugar de hacerles justicia a las víctimas, los señores ministros de la SCJN les brindaron libertad a 20 asesinos confesos y señalados por algunos indígenas que alcanzaron a escapar de la masacre, donde lo más posible es que los demás encarcelados por estos crímenes también queden en libertad. ¿Dónde está Ernesto Zedillo y los actores intelectuales para que respondan por estos crímenes? Los asesinos que acaban de ser liberados se pasearán libremente, mientras los lesionados que aún convalecen por las heridas recibidas en la balacera y los familiares de quienes perdieron la vida seguirán preguntándose: ¿en qué país vivimos, donde los que delinquen y asesinan son abrazados y protegidos con el manto de impunidad por los ministros de la más alta tribuna del derecho? Cuántas preguntas pasarán por la mente de estos indígenas, los cuales el único pecado que han cometido es ser pobres y presa fácil para caprichos de caciques, malos gobiernos y asesinos. ¿Por qué se ensaña el poder gubernamental con toda esta gente humilde, inocente e indefensa, que lo único que quiere es vivir en paz? ¿Quién pondrá orden en todas las comunidades del país? Si los que deberían hacerlo no lo hacen, porque sigue organizando grupos de choque llamados paramilitares, los cuales azuzan a los campesinos para que compren armas y se enfrenten con grupos de lucha clandestina como lo son los zapatistas, quienes también se alzaron por causas justas. El presente y el futuro que nos espera se ven y se sienten cada día más difíciles, no hay ninguna posibilidad de que las comunidades y los pueblos constituidos por indígenas en todo el país salgan adelante; al contrario, los gobiernos, en lugar de echarles la mano les mandan la jauría de chacales para que hagan lo que les venga en gana con los pobladores y sus familias indefensas. El armar mal las acusaciones por parte de la PGR contra los asesinos, dando pie a dejar resquicios o rendijas en los procesos para que entre la sagacidad del sistema de impunidad, y después sortear la aplicación del derecho entre un negocio de vivales, ha sido la constante en la impartición de justicia en este país; este juego sucio de querer seguir tomándonos el pelo a la sociedad pensante, torciendo la ley para no aplicar la justicia, lo tenemos plenamente conocido porque no es la primera vez que los señores ministros lo hacen, ya tienen camino recorrido, el cual les ha dejado buenos y jugosos incrementos monetarios en sus percepciones quincenales.” (La Jornada de Michoacán)

Aclaración de la Iglesia Nacional Presbiteriana

En El Correo Ilustrado, Presbítero Saúl Feria A. informan que: “La Iglesia Nacional Presbiteriana de México no defiende paramilitares. En el caso de los presbiterianos falsamente inculpados por la espeluznante matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, desde un principio nuestra asociación religiosa decidió defender a quienes a todas luces eran inocentes. En aquel entonces, y ahora lo ratificamos, manifestamos nuestro desacuerdo con que fuesen encarceladas personas a quienes se les imputaron delitos que no cometieron. Quiero señalar que los acuerdos de apoyo electoral signados en 2006, por el dirigente de Encuentro Social, Hugo Éric Flores Cervantes, con el entonces candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, sólo comprometieron a las personas e instituciones políticas que estamparon sus firmas en esos documentos. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México fue ajena a esos acuerdos. Señala el coordinador de opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, en su artículo ‘Justicia a la carta” (11 de agosto), que “Encuentro Social es una asociación política nacional que tiene influencia entre diversas denominaciones e iglesias evangélicas pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, metodistas y presbiterianos’. Niego rotundamente que el dirigente de Encuentro Social, ni esta organización política, tienen poder y/o influencia en la estructura eclesiástica y organizativa de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Reiteramos nuestra exigencia de que se esclarezca la barbarie perpetrada en Acteal, que resultó en la masacre de 45 personas. Los que en verdad diseñaron y ejecutaron la matanza deben pagar por sus crímenes.” (La Jornada)

Respuesta de Luis Hernández

En El Correo Ilustrado, Luis Hernández Navarro escribe que: “Múltiples testimonios señalan que los asesinos de Acteal, a los que la Iglesia Nacional Presbiteriana defiende, son paramilitares. Los sobrevivientes de la masacre y sus familiares así lo han señalado una y otra vez. El presbítero Saúl Feria deslinda públicamente a su iglesia de Hugo Éric Flores Cervantes y sus alianzas electorales con el Partido Acción Nacional. En hora buena. Lástima que necesitó tres años, una resolución de la Suprema Corte y un escándalo político para hacerlo. ¿Se desmarca también del compromiso signado por Encuentro Social con Felipe Calderón para ‘revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal’? En mi artículo ‘Justicia a la carta’ afirmo que Hugo Éric Flores es “pastor de una iglesia de corte bautista, muy cercano a la teología de la prosperidad”. En ningún momento digo que Encuentro Social represente a las estructuras eclesiales. Explico cómo ha buscado representar políticamente a integrantes de diversas iglesias y denominaciones cristianas, presbiterianos incluidos. La variedad de alianzas electorales que ha establecido a través de diversos comicios muestra que alguna fuerza tiene entre los creyentes de esas asociaciones religiosas. La matanza de Acteal fue un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo, no expresión de un conflicto religioso. Estoy totalmente de acuerdo con el presbítero Feria en que los responsables (materiales e intelectuales) deben pagar por su fechoría.” (La Jornada)

TEXTOS

La resolución sobre Acteal puede reactivar la violencia en Chiapas
Enrique Méndez y Elio Henríquez/La Jornada

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza en Acteal, y el eventual regreso a sus comunidades, podría reavivar la violencia en esa zona de Chiapas, así como “el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares”.

La comisión cuestionó la intervención del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la defensa de los sentenciados por el asesinato de indígenas, y resaltó que los “especialistas” no conocen la realidad en la que viven las comunidades.

El presidente de la comisión, Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la resolución de los ministros de la Corte, que ordenaron la liberación de tzotziles acusados de la muerte de indígenas en Acteal en 1997, “abre la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes se podría repetir un enfrentamiento”.

Hasta ahora, dijo, se había superado el caos que se vivió en la zona con el surgimiento de grupos paramilitares, por lo que el fallo no sólo es controvertido, sino que “no ayuda a nadie y complicará la situación ya de por sí difícil en el estado de Chiapas”.

Enviarán carta a Sabines

El legislador por Guerrero sostuvo que en esa entidad persiste una “situación de alarma” por las implicaciones de la decision de la Suprema Corte, y anunció que enviará una carta a Los Pinos y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, “para que se tomen las medidas preventivas mínimas, tanto para la gente que está en Acteal como para la que está saliendo de la cárcel, para que no volvamos a vivir otro episodio lamentable”.

La situación, expuso, es tensa, porque los indígenas liberados no están muy seguros de regresar a su comunidad, mientras quienes aún viven en la región “tienen pavor porque creen que van a vengarse y los que salen piensan que los van a recibir a balazos”.

Por ello, evaluó, la decisión de la Corte no contribuye a construir un clima de paz, y lo que se anticipa es “el resurgimiento de un brote armado ante esta sicosis comunitaria en toda la región del sureste de Chiapas, porque hay angustia debido a que las personas que fueron liberadas tampoco están tranquilas y además ha proliferado la delincuencia organizada y ahora se abre la puerta a los paramilitares”.

Matías Alonso consideró que, ante ese panorama, se configura un escenario en el que la Corte no abona a las buenas relaciones sociales y políticas del país, por lo que propuso “revisar los alcances jurídicos de sus decisiones” que, acusó, son tomadas con “gran arrogancia, pero la historia ha demostrado que esas resoluciones no siempre ayudarán a la gobernabilidad en el país”.

“Que no vuelvan”: Arizmendi

Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, apoyó “totalmente” la propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero de que no vuelvan a Chenalhó los 20 indígenas liberados el pasado jueves, tras el fallo de la Suprema Corte que los exoneró de estar implicados en la matanza de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

“Algunos pudieran ser inocentes, pero su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros, y aunque los sentimientos son de no más violencia, las circunstancias en cualquier momento podrían generar venganzas, ya que en la vida ordinaria y al calor de algunas copas fácilmente se exacerban los ánimos”, argumentó el prelado en conferencia de prensa, tras oficiar la misa dominical en esta cabecera municipal.

Arizmendi Esquivel llamó a todos los involucrados a evitar la violencia, pues “aunque no estemos de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, una injusticia no se remedia con más injusticia”. Consideró, empero, que deben buscarse mecanismos para “comprobar nuevamente si algunos de los 20 indígenas liberados son culpables, y en tal caso reiniciar el proceso.

“Si las pruebas presentadas no fueron suficientes, hay que hacer trabajo jurídico más que mediático”, instó el religioso, aun cuando los familiares de las víctimas dicen que han insistido, pero “las autoridades no les hacen mucho caso y sí los cansan de ir y venir.”

Verdad de Acteal
Sergio Sarmiento/Jaque Mate. Reforma

La visión es simplista y maniquea. La matanza de Acteal fue un crimen de Estado. El gobierno de Ernesto Zedillo utilizó grupos paramilites priístas para hostigar a los indígenas cercanos al EZLN. El homicidio de 45 miembros de la comunidad de Las Abejas mientras rezaban fue consecuencia de esas políticas. En esta versión sólo hay cabida para dos grupos: los buenos y los malos. Los buenos eran los zapatistas. El grupo de Las Abejas, aunque no era precisamente zapatista, era bueno por religioso y cercano al EZLN. Los malos eran los priistas, quines bajo las órdenes de perversos gobernantes en Los Pinos, en la Secretaría de Gobernación y el Palacio de Gobierno en Tuxla Gutiérrez atacaron a Las Abejas. Los hechos, sin embargo, no coinciden con esta visión. Lo que sabemos es que desde 1996, cuando el EZLN declaró la creación del ‘municipio autónomo’ de Polhó, en el municipio de San Pedro Chenalhó, hubo enfrentamientos entre zapatistas y ‘priistas’.

Estos últimos no eran miembros o siquiera simpatizantes del PRI, sino simplemente indígenas que defendían la legitimidad del gobierno electo. Tan sólo en los primeros siete meses de 1997 se registraron 43 denuncias penales y 22 muertos entre los dos grupos. Las diferencias no eran realmente políticas sino de acceso a tierras y recursos minerales. Uno de los grandes motivos de la violencia, por ejemplo, fue que los zapatistas ‘expropiaron’ en 1996 una mina de arena en Majomut que era la única fuente de riqueza no agropecuaria de la zona. El 22 de diciembre de 1997, según cuenta Héctor Aguilar Camón en su serie de artículos Regreso a Acteal (Nexos, 2007) basados en testimonios judiciales de los participantes, se produjo un enfrentamiento entre zapatistas y no zapatistas. Los no zapatistas se retiraron a eso de las tres de la tarde y se llevaron a sus muertos y heridos. Algo pasó en las siguientes horas que no conocemos.

En la madrugada siguiente fueron encontrados 45 cuerpos. Alguien los había apilado. La mayoría de las víctimas murieron por heridas de bala pero 12 fueron ejecutadas con machete o instrumentos contundentes. Los no zapatistas, sin embargo, al parecer no llevaban machetes. En la madrugada del día siguiente un médico certificó que algunos de los cadáveres no presentaban rigor cadavérico, lo que supondría que habían perdido la vida pocas horas antes. La PGR consignó a casi un centenar de indígenas de indígenas ‘priistas’: algunos claramente culpables, otros sin aparente relación con los hechos. La semana pasada, casi 12 años después, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha liberado a 20 y ha pedido a tribunales inferiores emitir nueas sentencias para otros seis. Treinta y un casos más serán decididos esta semana. Los acusados fueron detenidos en violación a las más evidentes garantías individuales. Pero ése no es el tema fundamental. Mucho deberíamos preocuparnos si la Corte hubiera disidido dejar en libertad a un grupo de asesinos por alguna violación trivial de los procedimientos judiciales. Quienes han sido liberados según las pruebas disponibles, simplemente no tuvieron relación con los hechos. Mucho es todavía lo que no conocemos sobre la matanza de Acteal. Quizá sabemos lo que no ocurrió: ese mítico crimen de Estado ordenado por un grupo de enloquecidos dictadores. Pero la Suprema Corte no ha resulto dudas sobre lo que realmente sucedió

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