Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 16 de agosto de 2009

ACTEAL

Instan a prevenir violencia en Chiapas por liberación de tzotziles

El diputado federal perredista Marcos Matías Alonso pidió que se tomen medidas preventivas en Chiapas, ante la tensión que provocó la liberación de 20 tzotziles que habían sido acusados de participar en la matanza de Acteal. Consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los puso en libertad "no va a ayudar a nadie y va a complicar la situación, de por sí difícil de Chiapas". Aseguró que esas liberaciones pusieron en una situación de alarma, tanto para los que salieron de la cárcel como para la población de Acteal; por ello, pedirá a los gobiernos federal y estatal que tomen las medidas preventivas mínimas, para que no se vuelva a vivir otro enfrentamiento. Aunado a ello, ahora se genera la incursión de un nuevo actor que había permanecido callado, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el resurgimiento de un brote armado ante esta "psicosis" que provocó entre los liberados y los habitantes de Acteal. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que esas liberaciones "abren la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes, podría repetirse un nuevo enfrentamiento". Subrayó que también se abre el retorno de la vía armada, así como al caos que se había superado con la proliferación de los grupos militares. (Milenio)

No se debe contribuir a la inestabilidad

Ahora que la Corte de Justicia de la Nación determinó liberar a 20 personas por la masacre de Acteal, es tiempo que la PGR realice una verdadera investigación y se dé con los verdaderos culpables, para ello es necesario reabrir el caso, dijo Darinel Alvarado Villatoro, diputado local. La decisión de la Corte es respetable, hizo justicia para las personas que fueron acusadas injustamente, pero es necesario reabrir el caso para que sean castigados los verdaderos culpables y que se profundice la investigación porque los responsables están sueltos. En tanto, calificó de positiva la acción preventiva que tomó el Gobierno del Estado para evitar que los liberados regresen a la zona donde el 22 de diciembre de 1997 masacraron a 45 indígenas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. (Cuarto Poder)

Respalda obispo de San Cristóbal decisión de gobernador sobre liberados por caso Acteal

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, respaldó “totalmente” la propuesta del gobierno del estado de que no regresen a Chenalhó los 20 indígenas liberados el pasado jueves, que desde hace más de once años permanecían en prisión acusados de haber participado en la matanza de 45 tzotziles en Acteal el 22 de diciembre de 1997. “Aunque algunos pudieran ser inocentes, su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros”, argumentó. El prelado llamó a todos los involucrados a evitar la violencia a todos, pues “aunque no estemos de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una injusticia no se remedia con más injusticia”. (La Jornada)

Entre paramilitares liberados, uno de los 5 asesinos confesos

Hermann Bellinghausen escribe que entre los elementos más controvertidos en la liberación de una veintena de paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997 está el que haya salido con ellos Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos, y también uno de los “autores” de la versión de “enfrentamiento” con los zapatistas (la “batalla” que reiteran los defensores de este grupo). (La Jornada. Se anexa)

Exigen esclarecer la “inusual” liberación de 20 autores de la matanza de Acteal

El Observatorio Eclesial demandó al Gobierno Federal la revisión y esclarecimiento del “inusual proceso” de liberación de 20 autores materiales de la matanza de Acteal, Chiapas; el fincamiento de responsabilidades a quienes resulten involucrados y que se aplique la acción de la justicia a todos los responsables materiales e intelectuales de la muerte de 45 indígenas en 2007. El observatorio, que agrupa a organizaciones y centros de inspiración cristiana, urgió a que se ponga “alto total” a la impunidad en el país y exigió la puesta en marcha de medidas de seguridad para resguardar la integridad física de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, así como de la organización civil Las Abejas. En un pronunciamiento firmado también por personalidades como el obispo emérito Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra, entre otros, y decenas de organizaciones sociales, manifestaron estar “plenamente conscientes que (el fallo judicial) no se trata de un hecho aislado ni casual, sino plenamente diseñado y ejecutado”. Consideraron que el fallo de la Primera Sala de la SCJN tendrá “terribles consecuencias” para lo que “está constituyéndose como un camino seguro hacia la aniquilación del Estado de derecho, operado por el mismo gobierno, en colusión con los poderes fácticos del sector empresarial y de las organizaciones criminales”. (La Jornada)

Esperan liberados de Acteal finiquitar su reubicación

Están en un impasse los internos liberados del penal de El Amate, por el caso Acteal, para finiquitar cómo se reubicarán en otros lugares que no sean Chenalhó, de acuerdo con lo pactado con el gobierno de Chiapas, para evitar, como dijo el gobernador, alguna acción de provocación. Mariano Pucuc Luna, indígena liberado nativo de Acteal, Chenalhó, luego de casi 12 años de cárcel, sostiene que para “nosotros ya andamos bien y ya cambió la situación que estuvimos y son casi 12 años que estuvimos en prisión pero ni modos, así es la vida.” Afirma que el 22 de diciembre de 1997 estaba trabajando en la Central de Abasto con su esposa, “10 años estuve viviendo en Tuxtla cuando empezó la bronca ahí, aquí me retuvieron en Tuxtla, no en el lugar”. Mariano cree que fue acusado porque su familia en Acteal no simpatizaba con el movimiento zapatista. (Expreso Chiapas)

Tzotziles esperan predio prometido

“Ustedes aprendieron a esperar más de 11 años. La prueba de su fe fue el penal de El Amate”, les dice David, un misionero evangélico, a los indígenas exonerados por la matanza de Acteal, en la pequeña capilla del hotel donde están alojados. “Ahora hay que aprender a esperar, porque no pudieron llegar a sus comunidades”, agrega. Ante la posibilidad de llegar a las comunidades en Chenalhó, por el acuerdo con el gobierno estatal, el grupo pidió permanecer en un espacio donde ellos mismos pudieran preparar sus alimentos y en el que pudieran visitarlos sus familias. En los próximos días el grupo de los representados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) comenzará a visitar los predios donde podrían ser reubicados, pues la mayoría quiere regresar al agro. (El Universal)

EZLN

Todos los dueños de predios invadidos por EZLN fueron indemnizados: Cruz

Edy Cruz Manzur, subsecretario de Asuntos Agrarios de Chiapas, dio a conocer que las 64 organizaciones y 120 grupos independientes que perdieron sus tierras durante el conflicto armado de 1994, ya fueron indemnizados, por lo que no pueden exigir nuevos pagos o recuperar sus propiedades. "Algunos argumentan que fue un préstamo que se les dio y que se les haría una revisión, pero ése es un tema que el Congreso de la Unión y el gobierno del estado no retomarán", puntualizó. Recordó que los afectados firmaron un convenio con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en el cual se comprometieron a dejar sus terrenos a cambio de un subsidio que les otorgarían los Fideicomisos de Aparcería (Fiapar), Fondo 95 y ProChiapas, cuyo monto no sería renegociado; sin embargo, algunas personas demandaron la actualización de ese apoyo económico. El funcionario estatal informó que el 1 de enero de 1994, 441 simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) invadieron 224, 171 y 46 predios en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, respectivamente, cuya problemática fue solucionada con un fondo conformado por los gobiernos estatal y federal, el cual ascendió a 167 millones 490 mil 213 pesos. (El Heraldo de Chiapas)

CHIAPAS

Los chiapanecos vivimos en un Chiapas diferente: Sabines

"Chiapas es muy diferente, al de hace 12 años", expresó el gobernador Juan Sabines Guerrero, luego de subrayar que esa diferencia se basa en que en la actualidad, el estado se enmarca en medio de un clima de gobernabilidad, respeto a las diferentes ideologías, impulso al desarrollo social y la proyección al campo. En entrevista, el Ejecutivo estatal expuso el nuevo panorama económico que a casi tres años le ha permitido consolidar el compromiso social con los chiapanecos, no sólo a través de más acceso a la educación sino también a los servicios de salud, a los acuerdos, a más oportunidades para el campo y a la sustentabilidad del medio ambiente. El Gobierno del Estado acata la disposición de la SCJN de amparar a 20 personas por el caso Acteal, por ello se tomaron las medidas precautorias. El gobierno respeta, cosa que no ha ocurrido en otros años, la agenda era diferente, era agredir, era erradicar, era eliminar, era provocar, este gobierno no, definitivamente no porque es parte del respeto. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas)

Avanzan Chiapas y Oaxaca en el caso Chimalapas

Los gobiernos de Chiapas y Oaxaca avanzan exitosamente en una solución integral al conflicto de tenencia de la tierra en la zona limítrofe de Los Chimalapas. Así quedó demostrado en una reunión de trabajo entre funcionarios federales y de ambas entidades, misma que fue presidida por el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, en representación del gobernador Juan Sabines Guerrero. A esta reunión acudió también el secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jorge Toledo Luís, así como funcionarios del Gobierno Federal, los subsecretarios de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, Luís Mejía y Tomás Bernal Ríos, respectivamente. También acudieron autoridades de ejidos y comunidades que componen la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca. En ella se informó sobre los avances de las mesas de negociación, que desde el año 2008 se instalaron, con el propósito de abordar conjuntamente la problemática agraria y social de la región. Noé Castañón León indicó que el gobernador Juan Sabines Guerrero pretende avanzar más rápido en los asuntos que le conciernen a su gobierno, para que antes que finalice el año puedan concretarse las metas que se tienen fijadas y de esta forma concluir exitosamente en la solución definitiva al caso de Los Chimalapas. (Expreso Chiapas)

Invaden ejidatarios de Chiapas 4 mil hectáreas en Chimalapa, Oaxaca

Unas 4 mil hectáreas de tierras de los bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, fueron invadidas por ejidatarios y ganaderos de Gustavo Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, de acuerdo con una medición a las tierras dotadas por resolución presidencial a los citados núcleos agrarios, informó el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jorge Toledo Luis. El encargado de la política interna oaxaqueña asistió el viernes a una reunión con autoridades chiapanecas en Tuxtla Gutiérrez, en la cual participaron funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y otras dependencias federales, con miras a resolver el conflicto por límites entre ambos estados. Acotó igualmente que el ejido Flor de Chiapas ocupa unas 70 hectáreas de los bienes comunales de San Miguel Chimalapa. Jorge Toledo destacó que el gobierno de Oaxaca propuso al de Chiapas reubicar a los ejidatarios chiapanecos en tierras de San Miguel Chimalapa, y en respuesta, autoridades chiapanecas plantearon el pago de una contraprestación a los indígenas zoques, mediante el programa Conflictos Sociales en el Medio Rural, de la SRA. Adelantó que las representaciones agrarias de San Miguel Chimalapa, así como de los ejidos Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz, someterán las propuestas a la aprobación de sus respectivas asambleas. (La Jornada)

Pobladores de Chiapas liberan a funcionario

Pobladores de la comunidad de Jotoljá, municipio de Chilón, Chiapas, liberaron a un operador político de la Secretaría de Gobierno estatal que retenían desde el pasado martes para presionar por la libertad de dos miembros de la otra campaña zapatista detenidos hace varios meses. Fuentes oficiales informaron que Luis Herminio Gómez López fue liberado a las 23 horas de este viernes, tras acordarse instalar una mesa de diálogo con los inconformes en próximos días. Desde antes los inconformes habían dicho que retendrían funcionarios esta- tales si sus compañeros Gerónimo y Antonio Gómez Saragos –presos en el penal de El Amate– no son liberados. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

En Rayuela señal que: “Acteal: A confesión de parte, relevo de justicia.” (La Jornada)

Acteal: atrocidad sobre atrocidades

Miguel Ángel Granados Chapa  escribe en su columna Plaza Pública que: sólo falta que ulteriores indagaciones o razonamientos jurídicos impecables conduzcan a la conclusión de que no es verdad que el 22 de diciembre de 1997 en Acteal fueron asesinadas cuarenta y cinco personas. O que ellas mismas se privaron de la vida. (Reforma/Se anexa)

Acteal

Gerardo Galarza escribe en su columna La estación que “otro caso de doble moral (esencialmente eso es la hipocresía) es el que tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar y ordenar la liberación de 20 sentenciados como responsables de la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997, porque, de acuerdo con sus investigaciones, la Procuraduría General de la República (la fiscalía, la parte acusadora) violó las garantías procesales de los acusados y “fabricó” (inventó) pruebas y testimonios. La decisión de la Corte es, sin duda, polémica. Lo que sorprende es que no se le cuestione por las probables pruebas que haya valorado para llegar a aquélla, sino por las probables y hasta previsibles consecuencias que podría tener la liberación de esas 20 personas en las comunidades que se vieron afectadas. ¿Así que no importa que sean culpables o inocentes, sino que sigan en la cárcel para evitar nuevos crímenes en esas comunidades? ¿Y los derechos humanos de quienes pasaron, inocentes, dice la Corte, 11 años presos? ¿Y los de sus familiares? ¿Merecen una indemnización por el daño causado? Si la Corte encontró pruebas de la invención de pruebas y actuó en consecuencia, lo mínimo que deberán hacer ahora las autoridades correspondientes es llamar a cuentas a quienes “fabricaron” esas presuntas pruebas que pusieron 11 años en la cárcel a inocentes y encontrar a los culpables reales, entre ellos los que inventaron evidencias y testimonios. Eso es lo que ocurriría en cualquier Estado de derecho.” (Excélsior)

Repudia fallo sobre el caso Acteal

En El Correo Ilustrado, Alfredo Rojas Díaz Durán, Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente informan que: “No sólo la pobreza, el hambre, la discriminación y la marginación dirigida contra los pueblos originarios prevalece, sino ahora, la injusticia de la justicia y su impunidad castiga a las víctimas de Acteal. Es una vergüenza para México la resolución a este asunto, el cual puede generar mayor violencia e impunidad. No hay ejecutores y sólo falta que digan que fue un suicidio colectivo.” (La Jornada)

Represión en Perú: historia del etnocidio en América Latina

Marcos Roitman Rosenmann menciona en su artículo que “el siglo XXI depara sorpresas insospechadas, los travestismos políticos pueden acabar con la dignidad y transformar, otrora antimperialistas y nacionalistas, en defensores de las trasnacionales. Es el caso de Alan García y su gobierno. El Estado peruano corrobora hoy estas estrategias ejercitando la represión sobre sus pueblos originarios. Lo sucedido en Perú no es una excepción, se repite con intensidad variable en otros países. En México, por ejemplo, no podemos soslayar la resistencia del EZLN por salvaguardar la Selva Lacandona y las formas de autonomía en las Juntas de Buen Gobierno y los caracoles. Alan García y su gobierno están convencidos de no haber cometido crímenes de lesa humanidad, ni etnocidio. Por el contrario, están seguro que actúan dentro de la legalidad vigente al hacer cumplir la ley, evitando un atentado contra la propiedad privada y los derechos de las trasnacionales. Su nombre no debemos olvidarlo, entra de lleno en la historia de la ignominia y la traición contra los pueblos indígenas cometida por los socialdemócratas en nombre del progreso.” (La Jornada)

TEXTOS

Entre paramilitares liberados, uno de los 5 asesinos confesos
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Entre los elementos más controvertidos en la liberación de una veintena de paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997 está el que haya salido con ellos Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos, y también uno de los “autores” de la versión de “enfrentamiento” con los zapatistas (la “batalla” que reiteran los defensores de este grupo).

El defensor y activista de derechos humanos Michael Chamberlin, con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: “a pesar de la liberación no dejan de ser culpables”.

Y considera: “La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la Corte; de otra manera, la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre” cuya foto aparece (exhibiendo un arma de alto poder) en el Libro blanco de Acteal, de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.

Añade que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso “son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre”.

Al tiempo de la ofensiva paramilitar en Chenalhó hace 12 años, Lorenzo Pérez Vázquez, de la comunidad Los Chorros, tenía 17 años, y seguía, se supone que ciegamente a Roberto Méndez Gutiérrez, otro de los asesinos confesos y jefe local, en Los Chorros, de la banda criminal que se extendió por medio municipio pedrano y llegó a tener más de 200 miembros comprobados.

Diez años después, en las declaraciones para la “reconstrucción ministerial” impulsada por la defensa del CIDE en 2007, Pérez Vázquez expuso su novedosa versión: “Nos dimos cuenta de que la iglesia donde se reunían (las víctimas) estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia”. La extemporánea versión ha dado pie a especulaciones que apuestan a la desmemoria y el paso de los años.

Los demás asesinos confesos, Roberto Méndez Gutiérrez, Alfredo Hernández Ruiz, Felipe Luna Pérez y Mariano Luna Ruiz, permanecen en la cárcel.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó “repudio y preocupación” por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los ministros de la primera sala de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, “votando en favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares perpetradores de la masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de seis, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas”.

Para el centro, que ha seguido el caso desde el primer momento, “genera dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls Hernández al votar en contra de la liberación de los autores materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN, promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares, cuyo resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y constituye un retroceso del escaso avance” para castigar a los perpetradores materiales de la masacre.

Durante la deliberación de este “acto vergonzoso”, los ministros impidieron el acceso a la audiencia pública a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, “siendo los agraviados directos”.

Fomenta la Corte la impunidad

El CDHFBC sostiene que la Corte “no actuó con la seriedad que merece el caso”, al priorizar “la valoración de los requisitos de forma sin indagar en el fondo y sin llevar a cabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso”. Con esta acción, la Corte “se convierte en un perpetrador más de la masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de contrainsurgencia, en el marco del conflicto armado no resuelto en Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos del 22 de diciembre de 1997”.

Su resolución “profundiza el deterioro de las instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia y las medidas de no repetición, ya que fomenta la impunidad, al ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores intelectuales”, concluye el centro.

Acteal: atrocidad sobre atrocidades
Miguel Ángel Granados Chapa/Plaza Pública/Reforma

Sólo falta que ulteriores indagaciones o razonamientos jurídicos impecables conduzcan a la conclusión de que no es verdad que el 22 de diciembre de 1997 en Acteal fueron asesinadas cuarenta y cinco personas. O que ellas mismas se privaron de la vida. Porque casi doce años después es verdad jurídica inalterable que no hay culpables de aquel crimen, ya que los señalados como tales fueron incriminados con bases en pruebas irregulares o falsas, presentadas por el ministerio público y avaladas por el juez que dictó las órdenes de aprehensión, por el que inició los procesos respectivos, por el que dictó las sentencias correspondientes y por el tribunal que resolvió las apelaciones en segunda instancia.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación amparó el miércoles pasado a 26 quejosos que han permanecido presos durante once años y ocho meses. Veinte de ellos fueron ya puestos en libertad, en las primeras horas del jueves 13. Conforme a un acuerdo celebrado en la mañana de ese día con el gobierno estatal, no volverán a Chenalhó, su lugar de origen y donde cometieron el crimen del que ahora, en los hechos, se les ha exonerado, sino que residirán en otra parte, en la que se les proveerá de medios para ganarse la vida así como de una casa para que inicien una nueva etapa de sus existencias. Otros seis quejosos, también amparados, no salieron libres porque debe reponerse el procedimiento que los condenó. Treinta y un presos más, también solicitantes de garantías al poder judicial federal, recibirán en los próximos días una sentencia semejante a la de sus compañeros. Tal vez se vayan de El Amate, el penal en que han padecido la pérdida de su libertad no como hasta ahora era cierto, por su conducta criminal, sino por ser víctimas de abuso ministerial y judicial.

Al debatirse el caso, el ministro José Ramón Cossío dijo, con ruda verdad técnica que a la sociedad le cuesta entender, que “para la Sala las razones jurídicas son las únicas que cuentan…Esto es, si para emitir una sentencia penal pudieran contar razones no jurídicas, entonces contaría cualquier regla, la del más fuerte”. Este irreprochable rigor formal puede generar, sin embargo, consecuencias socialmente dañinas, como la de dejar impunes delitos de extrema gravedad. Si los liberados son los culpables de la matanza, como afirman desde 1997 sobrevivientes y deudos de las víctimas, su crimen queda parcialmente sin castigo, pues sólo sufrieron un tercio de la condena a treinta y seis años que les fue impuesta. Y si su condena se produjo por irregularidades y errores que en su perjuicio cometieron funcionarios, la conducta de éstos quedará sin castigo, pues la Corte no dio vista al ministerio público ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos al incurrir en tales errores.

La imposibilidad formal de los ministros de tener presentes razones que no sean legales les impide contar con una visión panorámica sobre los hechos a que en último término se refiere su reflexión puramente jurídica.
Si ni siquiera examinaron las circunstancias en que fue cometido el brutal crimen colectivo –en el caso de que éste haya en verdad ocurrido y no sea fruto de mitos ideologizados como sugiere la campaña mediática que rodeó a la promoción de este juicio de garantías—menos aún tuvieron en cuenta la gestación de ese atentado que tuvo consecuencias políticas inmediatas y generó la ilegal, según han concluido los ministros, consignación de más de cien implicados de los que 83 quedaron sujetos a proceso.

El gobierno de Ernesto Zedillo enfrentó las secuelas del alzamiento zapatista de 1994 con una estrategia basada en acciones militares, no políticas como había intentado hacer, o simulado hacer su antecesor. Una guerra de baja intensidad, una campaña contrainsurgente puso énfasis en combatir a las comunidades leales al zapatismo o que, sin entrar en esa categoría no eran claramente leales al gobierno, según el medidor usado por el gobierno mismo. Al hostigamiento contra las comunidades así señaladas, practicado por las fuerzas federales y estatales, se añadió la agresividad de grupos paramilitares (entrenados por el Ejército y la seguridad estatal chiapaneca), cuya acción hostilizó a muchos pobladores que eligieron marcharse de sus sitios propios para evitar el continuo ataque a que estaban sujetos. Esa presión originó el desplazamiento de miles de personas que peregrinaban en busca de paz. Uno de esos grupos desplazados, a los que se perseguía por su desesperante neutralidad –pues no compartían la opción armada zapatista pero tampoco estaban en su contra—era el de Las abejas, que contaba con el apoyo de la diócesis de san Cristóbal de las Casas, a cuyo territorio corresponde el municipio de Chenalhó. Hostigado y perseguido, ese grupo tuvo noticia cierta de que pronto sería atacado en una suerte de solución final. Lo advirtieron de muchos modos, entre otros a través de un reportaje grabado para Televisa por Ricardo Rocha. Muchos de los denunciantes de la inminente agresión comprobaron poco después, con su propia muerte, la veracidad de sus temores. Con saña inaudita fueron ultimados por paramilitares a quienes conocían y que por ello fueron identificados y reconocidos por sobrevivientes y familiares de las víctimas.

El gobierno federal no fue ajeno al crimen. Lo prohijó desentendiéndose de las muchas denuncias sobre la generación del clima homicida que se condensaba a lo largo de todo 1997, y favoreciendo la táctica de esconder la acción oficial tras la de grupos paramilitares (cuya existencia ha sido reconocida aunque eufemísticamente se les llame grupos de autodefensa). En Chiapas la estrategia era puntualmente aplicada y reforzada por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que ejercía el poder Ejecutivo desde que a Eduardo Robledo, elegido formalmente, le fue imposible hacerlo.

Pero cuando fluyó a borbotones la sangre, cuando fue evidente la crueldad de los asesinos, el gobierno los dejó solos, Zedillo despidió a su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet quince días después de la matanza, luego de las vacaciones de fin de año que no interrumpiría la muerte de unos cuantos seres insignificantes. Chuayffet, sin embargo, tuvo tiempo de organizar desde el punto de vista de su función  las tareas ministeriales que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar encargó a un fiscal especial, Efrén González Pola. Defenestrado el 4 de enero de 1998, Chuayffet quedaría en receso hasta 2003, en que fue elegido diputado y luego sustituyó en la coordinación de la fracción priísta a Elba Ester Gordillo, cuando el doble juego de la secretaria general comenzó a hacerse evidente. El ex secretario de Gobernación volverá a la Cámara dentro de dos semanas, para promover desde allí la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Podrá hacerlo merced a la lenidad del sistema político, que pronto lo resarció de la pena que significó su despido de Gobernación.

Su jefe Ernesto Zedillo goza hoy de prestigio mundial y en México muchos prefieren concederle el blasón democrático de haber admitido el triunfo de la oposición. Se olvida para ese efecto que quiso evitarlo transfiriendo por lo menos quinientos millones de pesos de PEMEX al PRI.
Y se atenúa el peso del gravamen que legó a los mexicanos, el pago del rescate bancario, cuya cuota anual equivale al monto del recorte presupuestal que está en marcha. Forzado a salir de su privacidad, el ex procurador Madrazo protesta inocencia y anuncia una respuesta a los ministros que evidenciaron la deficiencia de las tareas ministeriales que él encabezó.

La intervención de la Corte en este caso fue lograda por el activismo de Hugo Eric Flores Cervantes, un líder evangélico (lo son también las personas liberadas) que se hizo invitar como profesor al Centro de investigación y docencia económica y lo involucró no sólo en la apreciación doctrinal del asunto sino en su promoción ante los tribunales. La revisión del caso era un propósito político expresamente pactado por Flores Cervantes, como líder de la agrupación política nacional Encuentro social, con el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, que hizo a Flores oficial mayor de la Semarnat (de donde después fue despedido e inhabilitado).

A la atrocidad del 22 de diciembre de 1997 se suman incesantemente otras atrocidades.

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