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Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 14 de agosto de 2009
ACTEAL
Estaré atento a que nunca más haya otro Acteal, ofrece Calderón en Bogotá
El presidente Felipe Calderón expresó que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de los indígenas asesinados en Chiapas y prometió estar atento a que “nunca más haya otro Acteal”. Ofreció que, en colaboración con las autoridades del estado de Chiapas, propiciará el respeto y el cuidado de la integridad de los pueblos, comunidades y familias que viven en esa zona. Reconoció que en Acteal persisten las tensiones entre comunidades y entre grupos. Por ello, insistió en que coadyuvará a la paz y al desarrollo de los pueblos indígenas de esa región, específicamente. “Mi deber como presidente de la República es ser escrupulosamente respetuoso de las decisiones del Poder Judicial”, remarcó. Dijo que, en todo caso, a su administración le corresponde desarrollar políticas que corrijan las “terribles desigualdades y la pobreza” que subsisten en aquella región. (La Jornada, Reforma)
Indígenas liberados “aceptan” no retornar a sus comunidades
Ángeles Mariscal y Elio Henríquez escriben que los 20 indígenas de Chenalhó, Chiapas, que lograron un amparo de la SCJN y salieron de prisión, aceptaron no regresar a sus lugares de origen, entre ellos la comunidad Acteal, para “evitar provocaciones y agresiones”. (La Jornada, Crónica. Se Anexa)
Amenazas frustran festejo de ex reos en Chenalhó
Familiares y amigos se quedaron esperando. Las celebraciones se cancelaron porque los festejados no llegaron. Acordaron con el gobierno estatal, luego una larga negociación, no volver a sus comunidades en Chenalhó. Los 20 tzotziles acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, abandonaron la madrugada de ayer el penal de El Amate, en Cintalapa, pero no pudieron ni siquiera llegar a San Cristóbal de las Casas, donde se reunirían con sus familias. Sin fiesta ni bienvenida, los indígenas terminaron su primer día fuera de prisión en un hotel en Berriozábal y en un albergue de esta capital, donde esperarán a ser reubicados en predios que dará el gobierno estatal, además de bonos de vivienda y otros apoyos. El grupo salió de El Amate a las 3:35 horas. El director del penal, Mario Eduardo de León Castillejos, autorizó su salida sin que estuvieran lo abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encabezados por Javier Angulo, que representa a la mayoría de los acusados por la matanza. Juana García negó que los liberados fueran “botín político”, pero no pudo explicar por qué el director del penal la dejó entrar desde las 15 horas del miércoles y le permitió representarlos en la notificación, mientras negaba el acceso a defensores acreditados. A las 9:00 horas, el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, se reunió por separado con abogados del CIDE y con Juana Barragán para negociar que los liberados no regresaran a Acteal. (Milenio)
Caso Acteal: excarcelados no regresarán a Chenalhó
Después de más de casi ocho horas de negociación entre representantes del gobierno de Chiapas, ex internos y sus abogados, se acordó que los 20 indígenas liberados por el caso Acteal sean reubicados. El acuerdo fue que no regresen a sus comunidades de origen para impedir que continúe la violencia. Por ello, serán enviados a un municipio distante de Chenalhó. El gobierno estatal se comprometió a brindarles hospedaje, alimentación y transporte para ellos y su familia, así como a emprender proyectos productivos. Los internos fueron sacados casi a escondidas de la prisión en un operativo inusual, coordinado por el gobierno del estado, el director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 El Amate, Mario Eduardo de León Castillejos, e integrantes del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Inocentes de Acteal, cuyos dirigente son Manuel Anzaldo Meneses y Juana García Palomares, identificados hace 12 años con el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pero también con grupos de paramilitares. Al filo de las 3:30 de la mañana fueron liberados los 20 presos indígenas que estuvieron involucrados en los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas. (Milenio, Reforma, El Heraldo de Chiapas, Cuarto Poder)
Caso cerrado, responde la PGR
Para la PGR el caso de la matanza de Acteal está cerrado, señaló ayer el vocero de la dependencia, Ricardo Nájera. En su momento, sostuvo, la PGR aportó elementos suficientes para probar que los detenidos por hechos registrados el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad del municipio de Chenalhó, Chiapas, tenían responsabilidad en la muerte de 45 indígenas. Al respecto indicó. “La PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar acción penal. Posteriormente los puso a disposición de un juez, quien consideró que si había elementos y decretó la formal prisión”, apuntó el funcionario en entrevista. (Reforma)
Afirma ministro que se hizo justicia en el caso de Acteal
En el caso Acteal, la Suprema Corte hizo justicia al ordenar la liberación de 20 personas acusadas de participar en la matanza ocurrida hace 12 años en esa localidad chiapaneca, porque uno de los derechos fundamentales de los mexicanos es que sólo pueden ser condenados penalmente a partir de las pruebas de un expediente, no con base en “lo que uno suponga que aconteció”, aseguró ayer el ministro José Ramón Cossío Díaz. La resolución tomada el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “es una muestra de que está funcionando el Estado constitucional, que la Corte está interpretando la Constitución, que está tratando de cumplir en mejor medida con su papel, y es por eso que me parece que hoy es más visible que en otros años y eso nos demuestra que vamos en un sentido de avance”, explicó a Excélsior. Antes de participar en el foro 25 Años del Derecho a la Protección de la Salud, organizado por el Senado y la Cámara de Diputados, aceptó que este tipo de fallos, donde un caso se viene abajo por falta de pruebas o por la creación de las mismas, impulsa en México la cultura de que las averiguaciones previas sean integradas bien, que los procesos se sigan correctamente y que de ello tengan garantía los detenidos. (Excélsior)
“La conclusión sólo fue que las pruebas no son suficientes”
El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, pidió se investiguen las responsabilidades penales o administrativas de quienes permitieron que indígenas fueran encarcelados por la matanza de Acteal, con base en pruebas ilícitas. “Esto no puede pasar desapercibido, creo que sí es posible que se abran estos procesos, que se revise qué pasó e identificar supuestos de responsabilidad, sí valdría la pena que al menos se investigue”, señaló.“En una sociedad no podemos encarcelar con pruebas inadecuadas. La garantía formal del debido proceso no es cuestión menor”. Habló con cautela porque, dijo, si se inician procesos por responsabilidad penal y administrativa contra jueces o ministerios públicos, lo más probable es que serían retomados por el Alto Tribunal. Lamentó que en nuestro país no se haya incorporado la figura de “el error judicial”, lo que en otros países es una herramienta para los afectados en casos de injusticia procesal. (Crónica)
Demandan que investigaciones lleguen a Zedillo y Ruiz Ferro
Una investigación a profundidad por la masacre de 45 indígenas de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, pidió el presidente de la organización religiosa Alas de Águila, Esdras Alonso González. Lo anterior, con la finalidad de reponer el daño cometido a los que han sido liberados y castigar a los que torcieron la ley para mandar a prisión a inocentes, así como garantizar en Chenalhó la estabilidad social. "Que se llame a cuentas al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; al ex procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar; al ex fiscal del caso Acteal, Efrén Morales Pola", enfatizó en una entrevista, luego de una reunión de trabajo en palacio de gobierno ayer al medio día. A la vez, indicó que se llame a cuentas y se investigue al ex gobernador interino, Julio César Ruiz Ferro; al ex secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; al ex procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Bezares Escobar; al ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar. "Queremos que venga la armonía al lugar, que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) traiga justicia, que resuelva no contra ni a favor del movimiento zapatista, sino conforme a sus facultades, no con favoritismo. México tiene sed de justicia, debemos apostar a que la verdad se conozca", afirmó el pastor. (El Heraldo de Chiapas)
Demanda AI realizar otra investigación de los hechos
La liberación de los sentenciados por la matanza de Acteal “es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos”, aseguró Amnistía Internacional (AI).Por ello, la organización internacional de defensa de las garantías fundamentales demandó a las autoridades mexicanas iniciar una nueva investigación independiente sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles –en su mayoría mujeres y niños–, a fin de asegurar que todos los responsables de ese crimen, incluidos funcionarios del más alto nivel y elementos del Ejército que permanecen impunes hasta ahora, rindan cuentas a la justicia. Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a 20 de los responsables de la masacre del 22 de diciembre de 1997, merced a amparos promovidos por la defensa de los implicados, con el alegato de irregularidades en el proceso judicial, Rupert Knox, investigador sobre México de AI, aseguró en un comunicado que las liberaciones “se produjeron por irregularidades en la obtención de pruebas y el proceso judicial”. (La Jornada, El Universal, Crónica, Reforma)
La SCJN, ventanilla que expide cartas de impunidad, señala Bárbara Zamora
Frente a un caso de barbarie criminal, como el de los 45 indígenas masacrados en Acteal, “la Suprema Corte respondió amparando a los asesinos y con ello ratificó el compromiso que ha adquirido para con los poderosos: convertirse en una ventanilla que expide cartas de impunidad y en garante de los políticos que cometen atrocidades contra civiles, como sucedió con los gobernadores de Puebla, Mario Marín (en el caso Lydia Cacho), y del estado de México, Enrique Peña Nieto (en el tema de San Salvador Atenco)”, sostuvo la penalista Bárbara Zamora, abogada defensora en infinidad de causas sociales.
En entrevista con La Jornada, la litigante expresó su molestia y preocupación por el precedente que dejó la primera sala de la Corte en su resolución del pasado miércoles: “A partir de ahora, todos los procesados y sentenciados por homicidio, narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada o cualquier otro delito, sean inocentes o culpables, y que se les haya violado el debido proceso, van a promover amparos ante la SCJN para que ordene su libertad”. (La Jornada)
Condena de partidos y ONG a la decisión de la Corte sobre Acteal
La dirigencia nacional del PRD se manifestó ayer por que rindan cuentas políticas los funcionarios que conocieron de los hechos de Acteal, entre los que se encuentran el ex procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar, el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y el entonces presidente Ernesto Zedillo. Por su lado, el nuevo dirigente del PAN, César Nava, atribuyó el estatus de “inocentes” a los autores materiales de la masacre, y exigió a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública que inicien un procedimiento legal, por oficio, para castigar a los funcionarios que llevaron a prisión a los indígenas involucrados. En tanto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, señaló que la determinación de la Suprema Corte de conceder el derecho de amparo y liberar a 20 indígenas relacionados en la matanza de Acteal “es arrojar la nación a la violencia. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, destacó que la resolución da cuenta de la fragilidad, pobreza y debilidad del sistema de procuración de justicia. Pedro Vázquez, coordinador del próximo grupo parlamentario del PT en San Lázaro, sostuvo que el fallo castiga, menoscaba y vulnera el estado de derecho. (La Jornada)
EZLN
Marcey Jacobson documentó la identidad indígena en Chiapas
La fotógrafa estadunidense Marcey Jacobson, una de las creadoras que mejor documentó la vida cotidiana, las festividades y la identidad de los pueblos indios de Chiapas, falleció el pasado 26 de julio de un ataque cardiaco, a los 97 años de edad, informó su amiga Janet Schwartz. Luego de varios años de vida común y corriente en Nueva York, donde nació en 1911, decidió viajar a San Cristóbal de las Casas en 1956, para una visita de pocos días, como al principio pensó. La mayor parte del trabajo de Jacobson, destacó The New York Times, se realizó antes de que estallara la insurrección zapatista de 1994, es decir, en tiempos en que las condiciones de vida inhumanas de los pueblos originarios de Chiapas no eran tema de debate público. En varias entrevistas, Jacobson gustaba de recordar cómo era San Cristóbal en la época en que ella llegó. Aunque el lugar cambió rápidamente, la artista nunca olvidó la forma en que los mayas seguían siendo maltratados. (La Jornada)
“La mayor satisfacción, que los zapatistas sintieran suya Corazón del tiempo”
Corazón del tiempo (2008), primer largometraje de ficción interpretado por bases de apoyo zapatistas, se estrena hoy en salas comerciales. La cinta (www.corazondeltiempo.com/), dirigida por Alberto Cortés, es una historia de amor que sucede en un municipio autónomo y muestra la vida cotidiana de una comunidad en resistencia, con todo lo que implica: la toma de decisiones mediante asamblea, la presencia militar y paramilitar, la defensa de la tierra, la relación entre comunidades e insurgentes. El guión fue escrito por Cortés y el periodista Hermann Bellinghausen, profundo conocedor de la región y del zapatismo, enviado de La Jornada en Chiapas desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Si bien hoy es el estreno comercial, el 8 de agosto del año pasado fue exhibida por primera vez en Chiapas, cerca de donde se filmó, donde había una mayor concentración de gente que trabajó en la cinta. Asistieron mil 700 personas. “Lo que más satisfacción nos dio fue que ellos la sintieron suya; se sintieron representados por ella”, dijo el cineasta Alberto Cortés, tras el prestreno en la Cineteca Nacional este lunes. (La Jornada)
ASUNTOS INDÍGENAS
Anuncian manifestación contra la CDI
“Convocamos a sumarse a la manifestación contra la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el día 26 de agosto a las 10 de la mañana, para exigir el respeto al derecho que tienen nuestros pueblos por contar con sus propios medios de comunicación y además los convocamos a sumarse a las acciones en defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas emprendiendo una campaña para defender nuestras radios y no permitir que ni una radio más sea desmantelada o amenazada y ningún comunicador encarcelado” así lo dio a conocer en Huajuapan de León Oaxaca, Omar Esparza Zarate, representante de la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano. Esparza Zarate, quien también es integrante del movimiento indígena Zapatista de Puebla (MAIZ-P) dijo que el marco legal aún vigente esta diseñado para beneficiar a las grandes empresas de comunicación ligadas a los mismos funcionarios del Gobierno y a los grupos políticos en el poder. (Mixteca Hoy)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
El verdadero enigma de Acteal
Hermann Bellinghausen escribe en su artículo que “ya que se hablaba del enigma, del jeroglífico de la masacre, cabe preguntarse si lo hay, y cuál sería. ¿La Clínica de Interés Público del CIDE y su división de estudios jurídicos? No creo. Ya ven cómo son los abogados. Independientemente de si el defendido es o no culpable, incluso de crímenes horrendos, sus defensores se plantean el reto intelectual y jurídico de sacarlo de la estacada aprovechándose de los recovecos de las leyes, las alianzas de clase (alta) y, si se puede, la coyuntura política. El abogado Javier Cruz Angulo, sus antecesores, colaboradores, asesores y pupilos de la bien llamada “clínica” lograron un éxito profesional equivalente al que sacó de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari o al asesino intelectual de Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez. No hay enigma, sólo un logro con valor curricular y que, presumen, “sentará precedente”, lo que para un litigante es una medalla de oro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, subordinada al Poder Ejecutivo y a los intereses de las clases dominantes, puede ser una vergüenza, pero su determinación del miércoles pasado no encarna ningún enigma. El PRI, que a la sazón de la matanza los tenía en sus filas y los protegía, ha nadado de muertito todos estos años. Nunca será un enigma. Como anunciaba un diputado suyo apenas una semana después de la masacre: ‘no nos vamos a suicidar’. No olvidar que era el partido del entonces presidente de la República. Ya hoy podrán recogerlos. En cambio, sí resulta un enigma que un escritor, historiador y periodista como Héctor Aguilar Camín se embarcara, en esa triple condición, en la defensa decidida de un grupo de personas, indígenas de Chiapas, involucrados en una ‘guerra’ encubierta de manual contra sus iguales, llamándolos ‘contrarios’. Intenta ‘rescribir’ la historia, que según él está mal contada, y se ofrece para mejorarla. Le parece un ‘enigma’. Sus únicas fuentes directas para tan ‘objetiva’ empresa son los propios asesinos confesos (¿no serán una parte interesada?) y su entorno.” (La Jornada)
De los males, el menor
Miguel Ángel Rivera escribe en su columna Clase Política que “tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de liberar a 20 inculpados por la tragedia de Acteal, los problemas prácticos que se derivan debe atenderlos el gobierno de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien, por lo pronto, alojó a los liberados en un hotel para evitar enfrentamientos, y ya les ha propuesto su reubicación. Además, el secretario general del gobierno chiapaneco Noé Castañón informó que los liberados recibirán apoyos para viviendas y proyectos productivos.” (La Jornada)
Indígenas: ¿objetos o sujetos?
Jaime Martínez Veloz escribe en su artículo que “a ocho años de aprobadas las modificaciones constitucionales en materia indígena que desnaturalizaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los resultados están a la vista. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone que la brecha entre el índice de desarrollo humano indígena y no indígena es de 15 por ciento, en tanto que 50 ayuntamientos de población original, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Tabasco registran las tasas más bajas de desarrollo humano municipal. Así, pues, los datos no mienten; quienes pontificaron acerca de que la nueva legislación era más avanzada que la elaborada por la COCOPA, pueden revisar los indicadores para confirmar que el atraso, la pobreza y la marginación mayor en este país radica en las zonas indígenas. El antizapatismo, anidado en estamentos gubernamentales, empresariales, partidarios y militares, debe a la sociedad una explicación de su fracaso en materia de atención a las comunidades indígenas del país. En paralelo, la “justicia mexicana” expresa en materia indígena las insuficiencias y la incompetencia que la caracterizan. El fallo de la Suprema Corte con respecto a Acteal desnuda el sistema de impartición y procuración de justicia: se fabrican culpables por encargo, pero el crimen sigue impune. Se elude la contextualización y se inventan conjeturas a modo. La nueva formulación de los tinterillos gubernamentales habla de que hubo un enfrentamiento y después los muertos fueron apilados y macheteados, ahí mismo. Si es cierto que hubo enfrentamiento, ¿por qué los muertos sólo fueron de un lado? Los camaradas de ruta e intereses de Aguilar Camín le alaban su supuesto ‘rigor’ para hacer la investigación de Acteal. ¿Será el mismo rigor que utilizó para plagiar los argumentos y la metodología utilizada por Pedro Ochoa Palacios en su libro sobre Colosio, Los días contados, que luego aparecieron en La tragedia de Colosio? Si es así, ¡qué jodidos estamos!” (La Jornada)
"Ojo por ojo y diente por diente"
Mary Jose Díaz Flores escribe en su columna Filo y Sofía que “luego de las elecciones federales el tema Acteal, surgió con gran fuerza ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a 20 de los procesados implicados en la muerte de 45 indígenas hace 11 años. El fondo de esta determinación, no lo tenemos muy claro, a muchos nos hace pensar que tras el fracaso electoral del PAN en las elecciones del 5 de julio pasado, este caso resurge para desprestigiar a los priístas que gobernaban el país cuando se dio este lamentable suceso en una comunidad indígena y marginada del estado de Chiapas. Si bien es cierto que la SCJN, es uno de los órganos que más credibilidad debe tener, también es cierto que esa credibilidad la ha perdido ante la sociedad y pudiera pensarse que actúo por consigna oficial para atacar el avance del Revolucionario Institucional, dado que el asunto se ha convertido en un tema nacional, que ocupa las principales páginas de los diarios nacionales que responsabilizan al gobierno del ex presidente del PRI, Ernesto Zedillo de la masacre.” (Cuarto Poder)
Abogados refutan resolución sobre Acteal
En El Correo Ilustrado, Manuel Fuentes, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Gerardo González, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Humberto Oseguera, Antonio Magaña, Santos García y Bárbara Zamora informan que: “A los cuatro ministros de la Suprema Corte que liberaron a los asesinos materiales de los indígenas de Acteal. Como abogados litigantes y conocedores del derecho penal, en relación con la incongruente resolución dictada, queremos señalar lo siguiente: 1. Sin tener facultades constitucionales para ello, actuaron como juez penal de primera instancia. 2. Resolvieron en contra de su propia jurisprudencia y criterios que han sostenido anteriormente, respecto de que las violaciones procesales cometidas en averiguación previa no pueden ser reclamadas en la sentencia definitiva. 3. La Suprema Corte sólo estudia casos en los que se reclama la interpretación de un precepto constitucional o lo que ustedes llaman ‘novedades jurídicas’; en este asunto no existía ninguno de estos supuestos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen ninguna justificación para este acto. Lo que se advierte es su encubrimiento a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, lo que también denota que su resolución fue tomada desde una posición ideológica y política, alejándose de su tarea de administrar justicia de manera imparcial y objetiva.” (La Jornada)
Aclaraciones de Héctor Aguilar Camín
En El Correo Ilustrado, Héctor Aguilar Camín informa que: “Agradeceré publicar esta aclaración en El Correo Ilustrado. Afirma el reportero Roberto Garduño que varios autores e instituciones, entre ellos yo, “inventaron un enfrentamiento entre zapatistas y grupos armados para negar la existencia de paramilitares en Chiapas” (La Jornada,13/08/09) No inventé nada. El relato circunstanciado del ataque y la batalla de Acteal del 22 de diciembre de 1997, fue hecho por los mismos atacantes. Consta en los documentos que hice públicos en el sitio electrónico de Nexos cuando publiqué la tercera entrega de mi crónica de la matanza Acteal (El día señalado, Nexos, diciembre 2007). Crónicas y documentos pueden leerse ahora otra vez en www.nexos.com.mx.” (La Jornada)
Respuesta del reportero
En El Correo Ilustrado, Roberto Garduño informa que: “Héctor Aguilar Camín niega haber inventado una versión sobre la matanza de Acteal. Dice que su crónica toma como fuente lo dicho por los asesinos confesos. Sin embargo, oculta los múltiples testimonios de las víctimas y de sus familiares que se dieron al calor de los hechos y que fueron reafirmadas en múltiples diligencias. Lo declarado por algunos de los asesinos confesos a los que Aguilar Camín recurre son versiones interesadas, ofrecidas mucho tiempo después de la matanza. No está de más recordar que una de las fuentes favoritas del escritor, el defensor de los paramilitares Manuel Anzaldo, fue sancionado por las autoridades por rendir falso testimonio en el caso de Acteal. Si el enfrentamiento del que habla Héctor Aguilar Camín de verdad sucedió, ¿por qué todas las víctimas son de un solo bando? Como han señalado diversos analistas, en Acteal hubo una masacre. Lo demás es fantasía.” (La Jornada)
No olvidar responsabilidades de Zedillo, Ruiz Ferro y Madrazo en la matanza
En El Correo Ilustrado, Jorge Carrillo Olea informa que: ”Ante la terrible resolución de la Corte sobre el caso de Acteal, creo que es importante rescatar el origen de este drama: la voluntad política de desaparecer todos los hechos.
El entonces gobernador Julio César Ruíz Ferro ordenó, lo que es una enorme irregularidad en un proceso de investigación ministerial, borrar todas las huellas de la escena del crimen, haciendo así confusa, imprecisa e impráctica la averiguación. El presidente Zedillo con su testaferro, el procurador general de la República Jorge Madrazo, ex presidente de la CNDH, se dieron a la tarea de cerrar el caso a la mayor velocidad, y para ello acudieron a la fabricación de pruebas y a la falsificación de testimonios. Prácticas muy comunes de estos dos altos funcionarios ¿habría que olvidar su responsabilidad en los hechos?” (La Jornada)
TEXTOS
Indígenas liberados “aceptan” no retornar a sus comunidades
Ángeles Mariscal y Elio Henríquez/La Jornada
Los 20 indígenas de Chenalhó, Chiapas, que lograron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y salieron de prisión, aceptaron no regresar a sus lugares de origen, entre ellos la comunidad Acteal, para “evitar provocaciones y agresiones”.
El acuerdo fue resultado de una negociación en Tuxtla Gutiérrez que duró casi 10 horas, en la que el grupo de excarcelados –quienes pasaron más de 11 años presos, acusados de participar en la masacre de 45 tzotziles que oraban y ayunaban por la paz en Chiapas– se confrontó entre sí y se dividió en dos bandos.
Un grupo es asesorado por ex dirigentes del extinto Partido Cardenista (PC) –que tuvo presencia en la zona de Chenalhó en la época de la matanza del 22 de diciembre de 1997–, y otro por abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), instancia que los representó jurídicamente ante la SCJN.
Al salir de la prisión El Amate, a las 3:15 horas de este jueves, subieron a los liberados a un camión de pasajeros y los sacaron del penal en forma subrepticia, en acción coordinada por autoridades locales y Juana García Palomares, ex dirigente del PC.
En ese momento, abogados del CIDE que viajaron al penal para atestiguar la salida de sus representados y entrevistarlos, aseguraron que a los liberados se les impidió reunirse con ellos y con medios de comunicación.
Abogados y reporteros encontraron a los liberados cuando se les llevó a un hotel ubicado a 15 kilómetros de Tuxtla, la capital chiapaneca. Luego de una discusión entre García Palomares y el abogado del CIDE Alejandro Madrazo, algunos indígenas, entre ellos Tomás Pérez Méndez, afirmaron que fueron llevados a ese lugar sin su consentimiento y con la consigna de que si no acudían a una entrevista con el secretario de Gobierno estatal, Noé Castañón, no les entregarían sus boletas de libertad.
Los ex reos sostuvieron que pretendían regresar de inmediato a sus comunidades, como Los Chorros, La Esperanza y Acteal, aun cuando sus dirigentes y autoridades estatales les advirtieron que “podía haber enfrentamientos” si retornaban.
Alejandro Madrazo les dijo que al obtener su excarcelación eran libres de retornar a sus comunidades, propuesta a la que se opuso García Palomares con el argumento de que “allá está el otro grupo (Las Abejas de Acteal)”.
Luego de pernoctar en el hotel y de recibir a sus familiares que regresaron de la ciudad de México, donde se manifestaron ante la SCJN –llevados por Manuel Anzaldo Meneses, otro ex dirigente del PC–, cinco indígenas aprovecharon para escapar del cerco que les tendió el gobierno estatal. Sin embargo, fueron localizados y “persuadidos” de volver.
Aproximadamente a las 9 de la mañana del jueves, abogados del CIDE, ex dirigentes del PC y los reos se reunieron con el secretario de Gobierno, Noé Castañón. Cerca de las 19 horas, el funcionario leyó un comunicado con el que anunció que ningún liberado regresaría a Chenalhó, con la finalidad de “evitar provocaciones y agresiones”, mientras se les dotaba de nuevas tierras y proyectos de desarrollo en un lugar aún sin definir.
En tanto, en Acteal prevalece una aparente tranquilidad. En las oficinas de Las Abejas, organización a la que pertenecían los hombres y mujeres asesinados hace más de 11 años, sólo estaban dos personas que declinaron hacer comentarios sobre la liberación de los 20 indígenas.
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