Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 13 de agosto de 2009

ACTEAL

En una inédita decisión la Corte libera a sentenciados por Acteal

Alfredo Méndez escribe en que en una sesión histórica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez desde la reforma al sistema de justicia penal de 2005 se erigió como tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad –al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso–, cuatro ministros ampararon ayer a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997. (La Jornada, El Heraldo de Chiapas, Crónica. Se anexa)

La Corte libera a 20 de Acteal

La SCJN ordenó la liberación de 20 de los indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). Por cuatro votos a uno, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal ampararon a los acusados, que llevan más de 11 años en la cárcel. Un segundo grupo de 28 presos, quienes purgan condena por la misma masacre, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad chiapaneca, también será amparado; sin embargo, debido a que su caso estaba a cargo del ministro Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a otro de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia. La Corte votará esos juicios pendientes con base en los lineamientos que determinó ayer en el tema. En su intervención, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que amparó a los acusados porque se detectó que en algunos casos un juez agregó, de manera irregular, delitos que ni siquiera había consignado el Ministerio Público. (El Universal, Milenio, Excélsior, Reforma)

Respetará PGR la decisión de la Corte

La PGR respetará la decisión de la SCJN acerca del caso Acteal, informó el vocero del Ministerio Público Federal, Ricardo Nájera Herrera. Emitió un breve comentario sobre el fallo de la SCJN, en el cual el organismo consideró que instancias inferiores, como juzgados de distrito e incluso el Ministerio Público Federal en tiempos de Jorge Madrazo Cuéllar –quien dirigía la PGR en 1997–, violaron gravemente las garantías procesales de los acusados y fabricaron pruebas y testimonios. (El Universal, Reforma)

El fallo de la Corte agrega incertidumbre al caso Acteal

Legisladores de PRD, PRI y PT señalaron que los amparos y la libertad concedida por la primera sala de la SCJN a los acusados por la matanza de Acteal, sólo agregan más incertidumbre sobre quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de esos hechos, ocurridos el 22 de diciembre de 1997. El presidente de la Comisión del Cultura de la Cámara de Diputados, Alfonso Suárez del Real, afirmó que con esa decisión los ministros no llegaron al fondo del caso y facilitaron la impunidad de los autores del crimen, además de que favorecieron el manejo y la fabricación de pruebas, mientras los culpables permanecen en libertad o serán liberados. El diputado priísta Samuel Aguilar Solís sostuvo que el fallo de los ministros no sólo amplía el manto de impunidad en favor de los asesinos de indígenas, sino que se centró en los abusos del Ministerio Público Federal, que inició la investigación en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero no tomó en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familias cometidas por autoridades. El diputado Silvano Garay Ulloa advirtió que la decisión de los ministros no consideró los signos de violencia que se generaron en Acteal ante la inminencia del fallo, por lo que la excarcelación de los sentenciados por la matanza tendrá efectos negativos en la comunidad. El PT cuestionó la decisión de los ministros. El dirigente nacional petista, Alberto Anaya, señaló: “ya llevan varias acumuladas. Está el tema de Atenco, el caso Lydia Cacho, la guardería ABC, y otra vez proyectan impunidad”. La secretaria de derechos humanos del PRD, Socorro Ceseña, señaló que no le sorprendió la decisión. “Es algo que veíamos llegar porque sabemos que esa institución actúa por consigna en favor del gobierno federal”. (La Jornada)

Hay paz social: Nava

Sobre la decisión de la SCJN, el presidente nacional del PAN, César Nava, expresó que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha invertido como ningún otro en el desarrollo y el bienestar de Chiapas. Particularmente el Ejecutivo federal ha invertido “en acciones para el progreso de los pueblos indígenas”, sostuvo al congratularse por la reciente reunión de etnias de todo el país en la entidad chiapaneca. Nava agregó que “la estabilidad y la paz social en Chiapas son producto de acciones concretas que reflejan sensibilidad y compromiso del gobierno federal y estatal”. Reiteró que la coordinación de acciones entre ambas administraciones en atención a los pueblos indígenas ha derivado en una nueva realidad. (Milenio)

Satisfacción de CIDE y Confraternice

Apenas concluyó la sesión de la primera sala de la SCJN en la que se discutió el caso de la matanza de Acteal, Javier Cruz Angulo, joven abogado y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que junto con varios de sus estudiantes elaboró las demandas de amparo que ayer permitieron a 20 tzotziles obtener un fallo de libertad, afirmó: “Hoy la Suprema Corte acaba de refundar el proceso penal, otorgando garantías para todos los indígenas que atraviesan por procesos penales”. Destacó que lo más importante de la resolución es que “los ministros acaban de ingresar a nuestro sistema jurídico el concepto de prueba ilícita... para que nunca más se vuelvan a fabricar pruebas ni culpables”. En ese contexto, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) anunció que demandará al Estado mexicano finque responsabilidades judiciales en contra del ex procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar y el fiscal especial designado en su tiempo para el caso, Efrén Morales Pola, por haber encarcelado, con pruebas y testimonios fabricados, a unos 80 indígenas por la matanza en la comunidad chiapaneca de Acteal. (La Jornada)

Demandan garantizar seguridad de liberados

La defensa y algunos de los familiares de los indígenas que fueron encarcelados durante 11 años celebraron la decisión de la SCJN, y pidieron que las autoridades garanticen la seguridad y la paz social en la zona de Chenalhó, Chiapas. Los parientes de quienes están presos en el penal de El Amate no pudieron ingresar a la Corte, porque el grupo civil conocido como Las Abejas se manifestaba frente al alto tribunal y tuvieron que recibir la noticia apostados a un costado de la Catedral Metropolitana, donde diversas iglesias presbiterianas les brindaron apoyo. Desde el Zócalo capitalino, se mostraron contentos por el resultado y preocupados porque los ministros del alto tribunal dejaron pendiente un segundo bloque de amparos. (El Universal)

Las Abejas: decisión reabre las heridas

Los ministros de la SCJN son cómplices “de impunidad” al liberar a 20 participantes en la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, dijeron miembros de la organización Las Abejas. “La Suprema Corte abrió de nuevo las heridas en la gente; las personas empezaron a llorar porque vivieron y sintieron el dolor al ver sus familiares y vecinos muertos y heridos por el ataque de los paramilitares que son de aldeas aledañas y de aquí mismo, de Acteal”, dijo Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la organización civil. Las Abejas, es un grupo pacífico de meditación integrado por indígenas tzotziles de la diócesis católica y que viven en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano desde 1994. La matanza se dio cuando la comunidad salió de un local donde oraba y el mayor número de víctimas fueron mujeres y niños. (El Universal)

Tenemos miedo… se van a vengar

Apenas se conoció que la SCJN había ordenado liberar a 20 acusados de la masacre de Acteal, Sebastián Pérez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas, reunió a sus acompañantes en un círculo y les dio la noticia en tzotzil. Poco a poco, María Vázquez y Helena Pérez, dos de las sobrevivientes de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, escondieron sus rostros debajo de sus mantillas bordadas de flores y comenzaron a llorar. “No nos abandonen”, dijo María a quien la quisiera escuchar afuera de la Corte. “Necesitamos apoyo, presencia para que nos acompañen, para que sean testigos de qué está pasando allá cuando se libere a los presos culpables”. Los indígenas temen que con la decisión de los ministros la violencia regrese a la zona y ellos tengan que desplazarse otra vez, como ocurrió hace más de 12 años. (Reforma)

Asignatura pendiente: Aguilar Camín

Héctor Aguilar Camín consideró que la matanza de Acteal es una asignatura pendiente de nuestra memoria y de nuestra moral histórica. El historiador, periodista e intelectual propuso que los partidarios de la causa zapatista y los que “no lo somos, en tributo, en desagravio, en servicio de la memoria de las víctimas de Acteal, deberíamos reunir los esfuerzos y explicar realmente qué sucedió”. Se dijo muy inconforme porque el asunto central del caso no está resuelto. Señaló que en todo el expediente y en todas “las interminables versiones” publicadas en la prensa zapatista y no zapatista, no hay ni asomo de explicación del rasgo más brutal de la matanza. (Milenio)

Gobierno, medios e intelectuales afines al panismo lograron desvirtuar el caso Acteal

El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la SCJN a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos. La determinación de la Corte confirma la tesis sostenida en las páginas de La Jornada en torno a la participación directa de altas esferas del gobierno panista e intelectuales afines para revisar el caso de los homicidas y su consecuente liberación utilizando la maquinaria mediática, en la que terminaron por involucrarse medios de comunicación privados y dependencias encargadas de formar opinión pública. Un mes antes de la elección de 2006, en junio y posteriormente en diciembre de ese año, la maquinaria mediática para liberar a los responsables materiales de la masacre, comenzó a funcionar. La revista Nexos publicó dos adelantos del nuevo trabajo de Flores Cervantes, en colaboración con Alejandro Posadas, titulado Acteal: la otra injusticia, en abierta defensa de los autores materiales. También el periódico El Universal llevó a sus páginas otras dos colaboraciones de Flores, con la misma postura. (La Jornada)

Acteal, los cuentos de los asesinos y la verdad oculta

Hermann Bellinghausen escribe que era la madrugada del 23 de diciembre de 1997. Quizá las cinco y media o seis de la mañana. Estaba oscuro. Una columna de vehículos civiles y de la policía, camionetas, carros y ambulancias, descendían de los Altos procedentes de Acteal. Los seguía en su carro el corresponsal de La Jornada Juan Balboa. Nos contó que allí iban los cuerpos, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y que él iba a seguir el convoy. Lo había topado más arriba. Los muertos, que todavía no acabábamos de contar, resultarían ser 45, observados sólo por los que los llevaban, y luego por los forenses. (La Jornada. Se anexa)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal: ¿y las víctimas?

En este Editorial se destaca que “la Suprema Corte ordenó ayer la liberación de 20 acusados por la matanza de Acteal, quienes pasaron los últimos 11 años de su vida en prisión sin que hubiera pruebas sólidas en su contra. Se hizo justicia a los falsos inculpados. Falta ahora hacer justicia a los 45 indígenas que fueron acribillados el 22 de diciembre de 1997 y cuyos asesinos siguen en libertad. La decisión del máximo tribunal representa una suerte de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales porque de ahora en adelante los jueces, ministerios públicos y policías del país tendrán que recurrir a esta revisión de la Suprema Corte sobre la rigurosidad del debido proceso cada vez que traten con pruebas periciales, testimonios y escenas de un crimen. Acteal se habrá convertido en un hito de la historia judicial; sin embargo, en términos de justicia para las víctimas, sólo representa la corrección de un error en la búsqueda de los verdaderos culpables. Tienen razón por eso las organizaciones civiles, como Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cuando reclaman la impunidad que las autoridades siguen brindando a los responsables reales.” (El Universal)

Acteal: impunidad entronizada

En este Editorial se destaca que “la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por mayoría –cuatro votos contra uno–, amparar a 26 de los involucrados en la matanza de Acteal, 20 de los cuales serán puestos en libertad absoluta e inmediata. La improcedencia del fallo quedó plenamente reflejada en la afirmación del ministro José Ramón Cossío quien, al razonar su voto en favor del amparo a los inculpados, señaló: ‘Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes’. En efecto, y como lo han señalado distintos sectores de la sociedad, las irregularidades presentes en las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) –que son por lo demás, falencias proverbiales del sistema de procuración de justicia– no pueden ni deben ser un elemento suficiente para sustentar la excarcelación de los acusados, quienes han sido, cabe recordarlo, plenamente reconocidos por los propios sobrevivientes de la matanza.” (La Jornada)

El festín

En la sección Rayuela se destaca que “consumada la causa ruin, ahora siguen en el festín.” (La Jornada)

La amenaza zapatista contra Aguilar Camín

Ciro Gómez Leyva escribe en su columna La historia en breve que “basta de terrorismo verbal. ¿Qué hizo Héctor Aguilar Camín para que un líder político de los Altos de Chiapas le lance una fatwa, responsabilizándolo de la violencia que pudiera desencadenarse luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenara la inmediata libertad de 20 de los presuntos asesinos de la matanza de Acteal que, dígase lo que se diga, ya purgaron 12 años en prisión? Aguilar Camín escribió dos textos en la revista Nexos (noviembre y diciembre, 2007): una reconstrucción impactante, leída como trabajo de un historiador o reportaje de un periodista. Su tesis rectora fue clara de principio a fin: zapatistas y antizapatistas de la zona se armaron para aniquilarse. Pero lejos de proponer una verdad absoluta, Héctor abrió una batería de preguntas. Por ejemplo, ¿quién apiló los cadáveres y agregó los machetazos y los cráneos estallados aquel 22 de diciembre de 1997? Trabajó con un rigor que debió ponerle los pelos de punta a los supersticiosos que han sido incapaces de probar la presunta acción planeada y ejecutada en Acteal por autoridades estatales, Ejército y gobierno federal, cuando afirmó que lo ocurrido fue una matanza cometida durante y después de una batalla, y que la investigación judicial no buscó la verdad ni hizo justicia: ‘Hay presos inocentes y culpables libres’. (Milenio)

Tarde, pero justo

Carlos Marín escribe en su columna El asalto a la razón que “dos precisiones de los ministros que sesionaron ayer permiten comprender mejor por qué una veintena de indígenas (por lo pronto) recuperaron su libertad, luego de más de once años de encierro por la matanza de Acteal: 1. A la Suprema Corte de Justicia no le corresponde resolver si entre los beneficiados hay inocentes o culpables, pero sí tomar una decisión ante la evidencia de que se violaron sus derechos procesales (José Ramón Cosío).  2. Es ilícito que la policía y el Ministerio Público entreguen a los ‘testigos’ listas con los nombres de probables implicados (Juan Silva Meza). Quienes creen la insidiosa patraña que propalan los beneficiarios de la matanza contra ‘la Corte y sus cómplices’, debieran releer a Héctor Aguilar Camín (MILENIO del 5 de agosto) sobre cómo un acusador, ‘que no entendía ni hablaba español’ y que había incriminado a sólo cuatro personas, dos horas más tarde presentó una relación escrita ¡con 160 nombres! que, según admitió el mismo ‘testigo’, le fue dada por ‘los judiciales…’“ (Milenio)

La impunidad en Acteal, sin novedad

Neil Harvey escribe en su artículo que “sin novedad. Ésa fue la respuesta oficial cuando se les preguntaba a los policías, aquel 22 de diciembre de 1997, ¿qué pasa en Acteal? Durante siete horas más de cien personas armadas y vestidas de policías de seguridad pública llevaron a cabo la masacre de 45 indígenas indefensos. Varios de los autores materiales de este crimen están a punto de ser liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de los testimonios de los sobrevivientes, lo cual representa otro paso atrás para los derechos humanos en México. La defensa de los acusados se basa en las fallas de procedimiento de las instituciones jurídicas encargadas del caso. Como es bien sabido, dichas fallas son muy comunes y afectan a miles de presos, sobre todo a indígenas y luchadores sociales como, por ejemplo, los de Atenco y Oaxaca. Sin embargo, el argumento en favor de la liberación de los acusados de la masacre de Acteal comete dos errores fundamentales. El primero es que, al cuestionar el procedimiento también cuestiona las acusaciones hechas por los sobrevivientes, poniendo en duda la veracidad de su palabra. En segundo lugar, el argumento evita entender el contexto político de esta masacre, sobre todo la participación de distintas instituciones del Estado en fomentar las actividades de los grupos paramilitares.” (La Jornada)

Controvertidas decisiones

Miguel Ángel Rivera escribe en su columna Clase Política que “en lo que ya se sabía sería una decisión controvertida, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a 26 quejosos relacionados con los hechos ocurridos en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Por esta decisión, 20 quejosos quedarán inmediatamente en libertad, y en seis casos se deberá reponer el procedimiento, pues los ministros de la Corte consideraron que se violentaron sus garantías individuales.” (La Jornada)

Cronología de impunidad en Chiapas

En El Correo Ilustrado, Gaspar Morquecho informa que: “Chiapas es impunidad. Su historia reciente es de crímenes sin castigo. Autores: gobiernos, policías; militares, guardias blancas y paramilitares. Aquí, algunos botones de muestra. Manuel Velasco Suárez (1970-76): 40 soldados queman 29 chozas en San Francisco Altamirano. Tres mil soldados cercan selva de Ocosingo y ejecutan a 12 combatientes de las FLN en El Diamante. Jorge de la Vega (1976-77): Tropas cercan Simojovel, Huitiupán y Sabanilla. Desalojan 16 ejidos, asesinan a 10 indios y a dos los arrojan desde un helicóptero. Autores: militares de la 31 zona militar, el subprocurador y finqueros. Salomón González (1978): El ejército quemó 150 chozas en Nuevo Monte Líbano. Dos indios murieron y seis fueron torturados. Los acusaron de invadir una finca de Hebert Stacpoole. Poseía 100 mil hectáreas. Juan Sabines (1979-82): Masacre en Wololchán. Fuerzas de la 31 Zona Militar arrasan el poblado. Usan ametralladoras, morteros y lanzallamas: mueren 12 indios. Al mando: Absalón Castellanos. Absalón Castellanos (1982-88): Arrasan Tzakiuc’um. Murieron 11 indios. Autores: caciques indios de Chalchihuitán. Patrocinio González (1988-93): Arturo Albores, fundador de OCEZ, fue asesinado. La OCEZ responsabilizó al gobierno estatal y a terratenientes. Elmar Setzer (1993-94): Diez mil indios peregrinan en apoyo a Samuel Ruiz. Los ganaderos, la jerarquía y Gobernación lo querían fuera de San Cristóbal de Las Casas.Felipe Calderón, Juan Sabines júnior (2009): Ernesto Zedillo y Ruiz Ferro siguen libres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a asesinos de la masacre de Acteal. “ (La Jornada)

TEXTOS

En una inédita decisión la Corte libera a sentenciados por Acteal
Alfredo Méndez/La Jornada

En una sesión histórica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez desde la reforma al sistema de justicia penal de 2005 se erigió como tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad –al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso–, cuatro ministros ampararon ayer a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.

Por cuatro votos contra uno, la primera sala (integrada por cinco ministros) resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con los jueces y magistrados que en su momento sentenciaron a estos indígenas, violaron gravemente las garantías procesales de éstos, pues les fabricaron pruebas y testimonios.

En los próximos días por lo menos otros 30 implicados en esos hechos pueden verse beneficiados con una resolución de amparo similar a las anteriores, la cual, sin embargo, no implica un reconocimiento de inocencia.

“No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables. La sala únicamente está negando valor a actuaciones contrarias al orden constitucional, pues de las constancias que obran en la causa penal no es posible afirmar que jurídicamente haya culpables”, destacó el ministro José Ramón Cossío, al explicar los argumentos por los que decidió amparar a los quejosos.

“Aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”, agregó.

La sesión se desarrolló con la presencia de abogados y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quienes en dos años redactaron las demandas de amparo de 45 indígenas presos–, pero con la ausencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal, a quienes elementos de la Policía Federal les impidieron el acceso al recinto judicial.

Tras una hora de deliberaciones, la Corte otorgó en total cuatro paquetes de amparos a 26 indígenas sentenciados, de los cuales 20 fueron de manera “lisa y llana” –pues los ministros desecharon en definitiva todas las pruebas que los inculpaban–, lo que significa que a más tardar en 24 horas deberán ser excarcelados.

Otros seis tzotziles recibieron amparos “para efectos” de reposición de procedimiento, lo que implica que un tribunal unitario de circuito volverá a emitir en breve una sentencia, pero sin tomar en cuenta las pruebas que ayer fueron desechadas, sino únicamente valiéndose de otros elementos probatorios que no fueron desahogados con antelación.

La primera sala también rechazó un proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, quien se pronunció por negar el amparo a 31 acusados, con el argumento de que “el material probatorio que obra en la causa resulta, si no vasto, por lo menos sí suficiente para demostrar tanto la existencia de los delitos en estudio como la responsabilidad penal de los quejosos”.

Otro ministro presentará en los próximos días un nuevo proyecto que sustituya al de Valls, en el que se otorgue la protección de la justicia a 31 quejosos, aunque falta saber si también será “liso y llano” o para “algún efecto”.

Los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Jesús Gudiño Pelayo y Ramón Cossío se opusieron a la postura de Valls. Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos.

“Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos”, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío.

En su oportunidad, la ministra Sánchez Cordero puntualizó que respecto a los amparos de cuatro de los acusados, cuyo caso ella revisó, el juez federal que los sujetó a proceso agregó a la causa penal, de manera ilícita, los delitos de portación de armas de fuego, por los que originalmente la PGR no había ejercido acción penal, pues sólo pidió su aprehensión por homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa.

La ministra dijo que la fiscalía federal usó como prueba para acusar a los indígenas detenidos el listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, quien al día siguiente de la matanza exhibió la lista (con nombres y apellidos de los responsables), pese a que no hablaba castellano, y luego declaró ante el juez de la causa que esa lista “se la dieron los judiciales”.

En contraste, Sergio Valls sostuvo que la lista y el álbum fotográfico no fueron tomados en cuenta como pruebas torales dentro del proceso, sino como elementos indiciarios, por lo que no procedía otorgarles el amparo.

“Se dice en los proyectos mencionados que no debe tener valor probatorio la lista de culpables que exhibió Agustín Díaz, porque éste dijo ante el juez que esa lista se la habían dado los judiciales, sin embargo, esto lo afirmó el testigo siete años después”, destacó Valls, pero ningún otro ministro se adhirió a su postura.

La respuesta a Valls la dio el único ministro con experiencia como juez penal, Juan Silva Meza: “No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra. Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre el régimen constitucional y los derechos humanos (...) Debemos reafirmar nuestro compromiso con la presunción de inocencia, con el derecho a la reparación del daño, con el esclarecimiento de la verdad”.

Desde el inicio de las pesquisas, la PGR acusó a un centenar de indígenas por la matanza de 45 miembros de Las Abejas, entre ellos cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. A partir del 23 de diciembre de 2007, y en días posteriores, se detuvo a 86 indígenas, quienes tras varios años de proceso recibieron condenas de entre 20 y 40 años de cárcel.
En su momento también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública estatal y un militar, acusados del traslado de las armas utilizadas durante la matanza. Estas personas, identificadas como paramilitares y que ya fueron sentenciadas, no forman parte de los quejosos que ayer obtuvieron amparos.

Después de ocurridos los hechos de Acteal, el entonces titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de la matanza presentó un Libro Blanco sobre la hipótesis oficial del caso.

En esa conclusión, la PGR sostuvo que la masacre fue resultado de un largo conflicto entre un grupo de indígenas que aparentemente simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otro que apoyaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que en los meses previos a los 45 asesinatos en Acteal había provocado, en hechos diversos, al menos 23 homicidios, la mayoría de presuntos paramilitares priístas. (La Jornada, El Heraldo de Chiapas, Crónica)

Acteal, los cuentos de los asesinos y la verdad oculta
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Era la madrugada del 23 de diciembre de 1997. Quizá las cinco y media o seis de la mañana. Estaba oscuro. Una columna de vehículos civiles y de la policía, camionetas, carros y ambulancias, descendían de los Altos procedentes de Acteal. Los seguía en su carro el corresponsal de La Jornada Juan Balboa. Nos contó que allí iban los cuerpos, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y que él iba a seguir el convoy. Lo había topado más arriba. Los muertos, que todavía no acabábamos de contar, resultarían ser 45, observados sólo por los que los llevaban, y luego por los forenses.

Enviados por el gobernador Julio César Ruiz Ferro, los funcionarios responsables del operativo de limpieza (Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Uriel Jarquín Gálvez y sus agentes del Ministerio Público) habían hecho algo insólito: desmontar la escena del crimen. Ahí escuché por primera vez la consigna que traían: “Antes de que lleguen los reporteros”.

“No vayan de noche”

Nadie de prensa había subido todavía a Chenalhó por recomendación de uno de los sobrevivientes la noche anterior en el hospital regional de San Cristóbal de las Casas: “No vayan de noche. Siguen disparándoles a los carros desde Acteal Alto”. Le creímos.

Mientras las evidencias materiales de la masacre descendían al valle de Tuxtla para perderse en la bruma burocrática durante todo un día (clave), proseguimos hacia el lugar de los hechos el corresponsal de la agencia Reuters Jesús Ramírez Cuevas, el antropólogo Arturo Lomelí y quien esto escribe. En las últimas semanas habíamos recorrido ese camino incontables veces.

Tras dejar atrás Chenalhó y Yabteclum sin un alma, llegamos a un conmocionado pueblo de Polhó, ya entonces inmenso campamento de refugiados zapatistas. Los sobrevivientes de la matanza estaban concentrados en la sede autónoma. Niños, ancianos, adultos. Creo recordar que todos lloraban. Muchos nos rodearon, soltando en tzotzil sus distintas historias y lamentos, y alguien nos traducía en lo posible. Muchos estaban bañados en sangre, no la suya, sino la de los muertos y heridos. Un niño como de 10 años, ileso, llevaba la blusa ensangrentada por sus padres muertos encima de él, de manera que le salvaron la vida.

De allí seguimos a Acteal, pocos kilómetros adelante. Nos guiaban un joven zapatista y un miembro de Las Abejas, quien tenía además la encomienda de encontrar a una niña y una anciana que faltaban (aparecerían vivas entre los refugiados poco después). Ya conocían la lista de sobrevivientes, la de los heridos, y por evidencia o deducción bastante precisa, la de los muertos. El gobierno tuvo que reconocer ese mismo día que habían fallecido 45 indígenas, con edad y sexo. Para el gobierno carecían de nombre. Los devolvió numerados.

En el primer paraje de Acteal, sobre una loma, el campamento de desplazados zapatistas estaba desierto. Todos estaban en Polhó. Poco más adelante encontramos a dos policías con uniforme y sin insignias. Después supimos quiénes eran. Uno, el comandante Roberto García Rivas, con cara de circunstancia, tratando de verse solícito y tranquilo, nos respondió que sí oyó los disparos el día anterior, pero le parecieron normales, “aquí así se matan”, y que no recibió la orden de intervenir. Restaba importancia al hecho, como si le sorprendiera la cantidad de cadáveres sacados del terraplén del campamento. Ignoro si el comandante bajó en algún momento al lugar de los hechos.

A nuestras espaldas, hacia arriba, en Acteal Alto, asomaban hombres tratando de no dejarse ver. “Son ellos”, dijeron nuestros guías. Nadie dudaba que estaban armados.

Descendimos la barranca, mal llamada Campamento Los Naranjos, nombre que no tendría por qué significar nada. Ni siquiera existir. La vegetación circundante la recuerdo ajada, pisoteada, rota. Las pobrísimas casuchas y lonas de los refugiados estaban destruidas. Al fondo de una pequeña cueva aún había prendas ensangrentadas; el hombre de Las Abejas reconoció de quiénes eran. La maleza que descendía con la barranca hasta el río abajo mostraba con sangre el trayecto de huída, o caída, de los sobrevivientes, que luego subieron a Polhó a guarecerse con los zapatistas.

La escena del crimen

En ese momento ya era imposible reconstruir la escena del crimen; lo que podía aún hacerse (ignoro si ocurrió, pero lo dudo) era rehacer la “modificación” realizada por órdenes de los enviados del gobierno. La escena de ese delito sí estaba intacta.

Allí escuchamos los primeros relatos in situ, sobre todo en boca del hombre de Las Abejas. Aquí estaba tal o cual persona, aquí quedó otra, por allá bajaron los atacantes, los agredidos reaccionaron de tal o cual modo, y cómo unos permanecieron en la ermita (es un decir: todo era rudimentario) donde los alcanzó la muerte.

El joven zapatista refirió que había intentado bajar en dos ocasiones la tarde anterior, acompañado de tres mujeres, y la policía se los impidió. Les dijeron: “no, todavía están disparando, qué tal si le dan una bala en la cabeza”; pero por fin ya no les impidieron el paso y vieron a los heridos. “Luego bajé solito y rescaté un herido, no sé si era niño o niña, ahí en el arroyito, que traían unos compañeros (abejas), entonces los traje a la escuela y pregunté a esos compañeros si había más heridos y muertos, y ellos dijeron que había muchos más (…) y se lo dije al capitán” (de la policía); éste se encontraba en la escuela, de la cual no se movió en ningún momento. Arribaron más policías y la Cruz Roja, y dijeron a los indígenas que los muertos “eran de los suyos”, invitándolos a recogerlos. (Tomado de un apunte de ese día.)

Los propios indígenas rescataron a los heridos. Quienes finalmente subirían los cadáveres, más tarde, fueron los enviados del gobierno; los trasladaron al pie de la carretera, arriba, para llevarlos a Tuxtla a practicarles la autopsia o lo que sea que hayan hecho.

Cuando diez años después, en 2006, comenzó a circular la especie de una suerte de “batalla” entre dos bandos, o la posibilidad de que alguien más que los atacantes “machacara”, “macheteara” o “rematara” a los caídos, me resultó muy sorprendente. La única fuente de esa “versión” eran los propios paramilitares confesos y sentenciados, sin que nadie en Chenalhó tuviera cómo confirmarla. Ni se les había ocurrido.

Ni el encuentro con el comandante García Rivas (pronto caería preso), ni el testimonio inmediato de los sobrevivientes, ni el ambiente de hermandad entre zapatistas y abejas en esos momentos, ni el lugar de los hechos sugerían, ni como hipótesis, la posibilidad de fuego cruzado, enfrentamiento o “remate”. Sólo se sabe que la policía había disparado al aire para protegerse (al menos eso sostienen en las versiones a la PGR), y que los paramilitares hicieron todos los demás tiros.

Nosotros resultamos ser los primeros “de fuera” en llegar (sin contar los camilleros, cuyo testiminio no sé si existe). Los policías allí destacados “nunca salieron de la escuela”, dijo también nuestro guía zapatista. Toscamente, sin duda, recogimos los primeros testimonios (tan difíciles de escuchar, tan fáciles de entender), cuando ni siquiera los policías tenían margen para mentir.

Quienes hoy desentierran figuradamente a los muertos a través de los expedientes oficiales y los cuentos de los asesinos, sólo tienen una pista concreta, y la creen a pie juntillas: la de los juntacadáveres de Julio César Ruiz Ferro; o sea, los primeros interesados en que la verdad exacta nunca se supiera. Lo demás no es ni literatura, sino mentira pura.

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