Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 11 de agosto de 2009

ACTEAL

La Corte y “sus cómplices”, culpables si retorna la violencia a Acteal: Las Abejas

Ante el posible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría liberar a 40 de los indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, la organización civil Las Abejas, del municipio de San Pedro Chenalhó, responsabilizó a la Corte y a todos sus “cómplices” –desde Héctor Aguilar Camín, los abogados del CIDE y el Gobierno Federal de Felipe Calderón– si con el retorno de estos “paramilitares” regresa también la violencia a ese municipio del estado de Chiapas. “Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes”, señala la organización, en su posicionamiento ante las recurrentes versiones que apuntan a la liberación de estos indígenas, mediante una sentencia favorable del máximo tribunal del país. En una extensa carta dirigida incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización Las Abejas lanzó un llamado a las más altas autoridades del país para que “reflexionen lo que están haciendo”, pues si a una organización como ella, que rechaza la violencia como medio de defender sus derechos, le dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están del lado de los cómplices del gobierno, “entonces, ¿qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia, pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve”, expresa el texto. (La Jornada, Reforma)

Si liberan a autores de la masacre, de nuevo habrá desplazados: sobrevivientes

Sobrevivientes de la masacre de Acteal, integrantes de la organización Las Abejas, dieron a conocer que la libertad de sus agresores haría inminente el desplazamiento de personas amenazadas con ser nuevamente agredidas, por lo que hicieron un llamado a recapacitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual analiza liberar a los autores materiales de la muerte de los 45 fallecidos el 22 de diciembre de 1997. En el contexto de la Jornada de Oración y Ayuno por la Verdad y la Justicia: Acteal, 11 años de impunidad, que se inició frente a la Catedral de la Paz de esta ciudad, varios de los sobrevivientes externaron su temor. Catalina Pérez Pérez, quien recibió siete balazos, dijo que ella y sus compañeros no podrían vivir tranquilos sabiendo que quienes los violentaron se encuentran otra vez en la región. “Ya sobreviví una vez y ahora no sé qué pueda pasar. No estoy conforme con que vayan a salir los que dispararon, los que mataron a mi familia, los que asesinaron a mi mamá”, dijo la tzotzil, con ayuda de un traductor. Los integrantes de Las Abejas, quienes llevaban cargando cruces con el nombre de cada uno de los caídos el 22 de diciembre de 1997, reiteraron su vocación pacifista, misma que, a su ver, causó el encono en su contra de los autores la masacre, por negarse a apoyar la estrategia del Estado con ayuda de los paramilitares, contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que habitan en su región. (La Jornada)

Las secuelas de la guerra no sanan en los tzotziles

Fredy Martín escribe que "La guerra", le llaman los tzotziles al periodo violento que se registró en 1997 y que tuvo su más álgido momento con el asesinato de 45 personas, el 22 de diciembre de ese año, en Acteal."Yo tenía 12 años cuando pasó la guerra", rememora Moisés Gómez Hernández, un pastor de una iglesia Pentecostés. El tzotzil Vicente Pérez Gómez, de 53 años de edad, como zapatista, sufrió la persecución de los paramilitares que operaban en 13 comunidades del municipio de Chenalhó. (Cuarto Poder)

Jornadas de ayuno por el caso Acteal

Una delegación de miembros de la organización civil de Las Abejas, del municipio de Chenalhó, acompañados de integrantes de organismos civiles y de derechos humanos, realizan jornadas de ayuno y oración en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas para demandar justicia en el caso Acteal. Con una manta roja que decía: "México está cubierto de impunidad y sangre de los mártires de Acteal" y otra más de color negro, los indígenas criticaron la Suprema Corte de Justicia de México.  Sobre las patas de una mesa -donde dieron una conferencia de prensa-, colocaron un ataúd y cruces de madera que simbolizaban a los 45 indígenas muertos en Acteal, que eran miembros de Las Abejas.  En la Plaza Catedral o la Plaza de la Paz, los indígenas instalaron carpas para taparse del sol y hacer oraciones. A esta manifestación también se sumó el padre Miguel Chanteau, quien en febrero de 2008 fuera expulsado por haber dicho que el Estado mexicano tenía responsabilidad en la masacre. (Cuarto Poder, Reforma)

Evangélicos exigen cese persecución por Acteal

Organizaciones cristianas evangélicas agrupadas en Confraternice hicieron un llamado al obispo Samuel Ruiz y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que dejen de perseguir a los indígenas tzotziles presos desde hace casi 12 años, acusados de la masacre de Acteal. Arturo Farela, presidente de Confraternice, pidió que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, sin presión y conforme a derecho, este caso, “para que haya por fin una verdadera justicia”, comentó. El pastor evangélico afirmó que por casi 12 años ha estado en la cárcel gente inocente que no tuvo que ver con la masacre de Acteal, en la que fallecieron 45 indígenas. Incluso, consideró que la Corte no sólo debe liberar a los 40 indígenas, sino a los 80 que están presos, pues se ha demostrado que toda la trayectoria judicial ha estado viciada y coludida con la línea de investigación creada “por aquél al que le haya convenido más sofocar el escándalo de la matanza”, expuso. (El Universal)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal y Luis H. Álvarez y los subejercicios de la CNDI

Jesús Belmont Vázquez escribe en su columnaLíderes Políticos que “no es lo mismo engañar desde el púlpito a gente que piensa y actúa de buena fe, que enfrentar acusaciones bien documentadas realizadas por expertos en Derecho; esa es la gran diferencia ahora que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará que los derechos fundamentales de los procesados por el caso Acteal fueron vulnerados y se debe de reparar el daño causado lo mismo por acusaciones dolosas y falsas, como por la prisión injusta, motivos jurídicos que vienen a fortalecer y determinar como procedentes las acusaciones penales y civiles de los alboristas que representa Florencio Madariaga, quien no ha cejado en su empeño por llevar al banquillo de los acusados a su perseguidor. Varios expertos en Derecho han denunciado en diferentes foros los atropellos del anterior gobierno de Chiapas. Por otra parte, Luis H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien estuvo en Chiapas el pasado 9 de agosto para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, anunció que en materia presupuestal hay una cantidad significativa de recursos para abatir los rezagos de este sector de la población. Habrá que recordarle a don Luis H Álvarez que en los últimos tres años, el organismo a su cargo ha incurrido en el subejercicio de los recursos asignados a programas sociales de apoyo a los grupos étnicos, lo cual resulta anticonstitucional. En marzo pasado, el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados exigió su comparecencia precisamente por el subejercicio superior a mil 800 millones de pesos en que incurrió el organismo durante 2007.  En este momento, la citada Comisión cuenta con mil 205 programas productivos a favor de pueblos indígenas que a pesar de que ya están aprobados, no se han echado a andar debido al incumplimiento del gasto programado; en pocas palabras, por mera negligencia e irresponsabilidad de sus funcionarios y servidores públicos. Menos discursos y más trabajo don Luis.” (Cuarto Poder)

Acteal y la responsabilidad del Estado mexicano

Miguel Ángel de los Santos escribe en su artículo que “la eventual decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a los implicados en la masacre de Acteal revelaría el fracaso del Estado mexicano para investigar y castigar a quienes cometen crímenes de tal magnitud; negaría el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas y sus familiares, y abriría las puertas a la justicia internacional.” (La Jornada. Se anexa)

Obispos 

Carlos César Núñez Martínez escribe en su columna Portafolios Político que “el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis Héctor Álvarez Álvarez, dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falla a favor de la liberación de unos 40 indígenas acusados por la matanza de Acteal, sería un acto de justicia. Quien fuera uno de los primeros integrantes de la COCOPA y ex Comisionado Para la Paz en Chiapas, dijo a los medios de comunicación que esperarán los resultados de la Suprema Corte y en caso de ser liberados mañana los indígenas encarcelados en el penal El Amate; serán apoyados por la institución que él dirige. H. Álvarez, descarta que haya una polarización entre las comunidades indígenas de Chiapas, siempre y cuando las autoridades federales, estatales y municipales; mantengan el diálogo y comunicación permanente con éstas, así de simple.  Mientras que el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, expuso que la matanza de Acteal es un acto que no debe quedar impune, y debe ser resuelto a través de la verdad jurídica; al tiempo de opinar sobre quienes podrían quedar libres en esta semana al manifestar que, "nadie sabe si los que realmente están en la cárcel deberían de estar". En tanto que el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, coincide con Cabrera López, en el sentido de que el asunto no debe quedar impune; pero va más allá al exponer su preocupación por la posible libertad de "algunos reconocidos como culpables del asesinato de los 45 hermanos y hermanas de Acteal", dijo.” (Cuarto Poder)

El "affaire" Acteal

Ricardo Raphael escribe en su artículo que “los argumentos para cerrar los ojos ante el expediente de Acteal eran muy poderosos. Y sin embargo, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cayeron esta vez en la tentación de la cobardía judicial. Si su decisión ya ventilada en los medios de comunicación se confirma, el próximo miércoles se concederá el amparo (y la inmediata liberación) a 41 ciudadanos mexicanos por haber sido condenados injustamente a causa de una serie de delitos, cuya responsabilidad la autoridad no pudo probar. La masacre de Acteal ocurrió hace más de 11 años, el 22 de diciembre de 1997. Aquel día, 45 indígenas tzotziles, en su gran mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo organizado de criminales que logró darse a la fuga.
Este hecho ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y sociales producto del enfrentamiento entre el EZLN y el Estado mexicano. Desde el movimiento zapatista se acusó al presidente de la República de estar detrás de la masacre. Por su gravedad y también por la mirada internacional que por aquel entonces pesaba sobre la región, la presión sobre el gobierno de Ernesto Zedillo creció enormemente. La reacción del jefe del Ejecutivo fue remover de inmediato al gobernador de la entidad y también a su secretario de Gobernación. Puso en simultáneo a trabajar, a marchas forzadas, a las maquinarias policial y del Ministerio Público para que localizaran a los culpables. Antes de que llegaran las fiestas de fin de año, las autoridades ya contaban con más de 120 detenidos.” (Cuarto Poder)

Justicia

José Cárdenas escribe en su columna Ventana que “mañana la Suprema Corte ha de hacer ‘justicia’. Debatirá un ejemplo del manejo corrupto y faccioso de la ley, que los mexicanos hemos padecido a lo largo de la historia. Votará por amparar a 40 indígenas inocentes de la matanza de Acteal, condenados por jueces y magistrados federales; por ponerlos en libertad de inmediato.  El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la masacre: 45 tzotziles zapatistas, desarmados, fueron ejecutados. Miembros de la comunidad de Las Abejas realizaban una oración por la paz en Los Altos de Chiapas. Cinco semanas antes habían sido amenazados. El grupo paramilitar Máscara Roja, afín al PRI y a la perpetuación de los privilegios caciquiles, financiado por el gobierno estatal, cometió el multihomicidio. Usó rifles AK-47 con balas expansivas. Fue una misión asesina en el marco de la llamada “guerra de baja intensidad”. La orden fue dada por el alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias. Fue una ejecución sumaria para esterilizar la semilla del zapatismo, sin distinguir entre simpatizante o militante; indígena o guerrillero; niño o adulto. Presionado por el escándalo, el ex presidente Ernesto Zedillo cesó a Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, y echó al gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.  De las prisas quedó el cansancio. La PGR de Jorge Madrazo fabricó evidencia y testigos; alteró la escena del crimen; la justicia perdonó a los culpables y castigó a los inocentes. Los indígenas fueron consignados y sentenciados por cometer el delito agravado de ser opositores al “sistema”, casi todos monolingües y analfabetas; por ser indios, ignorantes y pobres…” (El Universal)

Día de los Pueblos Indígenas

En este Editorial se destaca que “cada día que pasa se confirma, que cuando los gobiernos respetan la vida y las decisiones de los pueblos indígenas, se plantea otro trazo en la historia. hiapa de Corzo se convirtió en escenario, para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un escenario propicio, porque hay que recordar que Chiapa de Corzo representa el último bastión de resistencia a la conquista  y la primera ciudad  fundada por los españoles. En Chiapa de Corzo  se dieron las batallas decisivas en contra del ejército de Luís Marín y de Diego de Mazariegos, al extremo cuenta la leyenda que muchos de sus habitantes prefirieron arrojarse al cañón del sumidero que vivir sometidos como esclavos. La decisión de celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en este sentido tiene mucho de simbólico. Se dieron cita representaciones de los pueblos indígenas de diferentes regiones del país, principalmente de Oaxaca, Tabasco, Puebla y Chiapas. Se ofrecieron a los visitantes música, poesía y danzas, para reiterar la fortaleza de las culturas nacionales. Estuvieron presentes el Gobernador Juan Sabines Guerrero y Luís H. Álvarez, Coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Hay que señalar que el Gobernador Sabines Guerrero es un convencido del respeto que merecen los pueblos indígenas, del respeto a la cultura, a los usos y costumbres, a su vida. Luis H. Álvarez vino a ratificar el compromiso que ha sostenido el Presidente Felipe calderón Hinojosa, de impulsar el desarrollo sustentable con identidad, de los pueblos indígenas.” (Diario de Chiapas)
Carta de Hermann Bellinghausen

En El Correo Ilustrado, Hermann Bellinghausen informa que: “En su Respuesta al artículo ‘Los desenterradores de Acteal’, Héctor Aguilar Camín encuentra similitudes entre su reseña y mi relato del episodio de la aprehensión de una veintena de paramilitares la Navidad de 1997. Nada más faltaba que no las hubiera. Pero vale destacar que, al ser interceptados los paramilitares por el cortejo de los muertos, los ‘encapuchados’ zapatistas que los acompañaban a la barranca de Acteal iban desarmados, como civiles que eran. Las únicas armas presentes fueron las de los policías municipales que custodiaban a los paramilitares (incluso a uno con chaleco antibalas). Al reportarlo, ahora y entonces, un servidor apela a su percepción presencial del momento; a casi 12 años de distancia me sigue pareciendo objetiva. Los detenidos no fueron ‘señalados’ allí, y ya. Estaban plenamente identificados como miembros de la banda armada de priístas de Chenalhó, los paramilitares a los que las investigaciones sucesivas (hasta físcalía especializada tuvieron) aludieron siempre con eufemismos para despojarlos de cualquier connotación militar. Que el proceso a partir de su aprehensión (fuera azarosa, planeada o providencial para la PGR) haya sido una basura, no demuestra que los detenidos no merecían ser investigados ni estuvieran libres de responsabilidad penal: el error procesal como parte del método. Además, quién en el gobierno de entonces iba a querer profundizar de veras las investigaciones. Si lo poquito que soltaron les costó el cargo al secretario de Gobernación y al gobernador de Chiapas, quién sabe a dónde podrían ir a parar tales pesquisas. Respecto del otro punto de la ‘Respuesta’, referido al día y el lugar de la masacre, no sería este el espacio para volver a esa experiencia.” (La Jornada)

Desde Argentina piden justicia para Acteal

En El Correo Ilustrado, Por la Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente López-República Argentina, Patricia R. Jurado informan que: “Solicitamos que se haga público nuestro repudio ante la posible libertad de los asesinos involucrados en la matanza de Acteal. Nuevamente, con hondo pesar, la República mexicana es centro de indignación nacional e internacional por las continuas violaciones a los derechos humanos y el manejo jurídico de las cortes de justicia de esa nación. No puede quedar impune el crimen de 45 personas atacadas mientras ayunaban y oraban por la paz; no pueden crearse cargos contra los integrantes de la comunidad para ejercer tortura sicológica; no pueden quedar libres los asesinos, entre muchas otras barbaridades que podríamos citar. Señores jueces y gobernantes de México: eso es impunidad y complicidad con los hechos ocurridos en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Sólo exigimos justicia.” (La Jornada)

TEXTOS

Las secuelas de la guerra no sanan en los tzotziles
Fredy Martín/Cuarto Poder

"La guerra", le llaman los tzotziles al periodo violento que se registró en 1997 y que tuvo su más álgido momento con el asesinato de 45 personas, el 22 de diciembre de ese año, en Acteal.

"Yo tenía 12 años cuando pasó la guerra", rememora Moisés Gómez Hernández, un pastor de una iglesia Pentecostés.

Hace casi 12 años, un grupo de entre 80 a 90 hombres con fusiles de asalto recorrían las comunidades de Chenalhó para matar, quemar casas y robarle sus pertenencias a los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y miembros de "Las Abejas".
El tzotzil Vicente Pérez Gómez, de 53 años de edad, como zapatista, sufrió la persecución de los paramilitares que operaban en 13 comunidades del municipio de Chenalhó

"Sufrí bastante", rememora Vicente, que por varios días vivió con su esposa e hijos en la montaña, donde sobrevivió con la ayuda que proporcionaban las comunidades con tostadas y frijoles.

La violencia obligó al arribo de tropas del Ejército que instalaban campamentos en las montañas. "No se preocupen. Aquí estamos para protegerlos", decían los militares a los zapatistas, pero ni la presencia de más de 30 mil efectivos militares y de la policía detuvo la violencia.

En un día, el grupo de 200 hombres y mujeres que se escondían en las montañas se alimentó sólo con tostadas, que debieron contar previamente para que ni uno y otro recibiera más alimento.

El 18 de septiembre, los habitantes de Sak Mesantojtik, oyeron que "ya venían los paramilitares" y se acrecentaban los disparos, por lo que salieron con lo que tenían puesto hacia la montaña. Para las 11 de la mañana, el grupo de 20 tzotziles estaba a salvo en el otro lado del río y fue ahí cuando supieron que el pueblo era arrasado.

Desde septiembre a diciembre, los disparos de armas de fuego, por las noches y las mañanas, eran frecuentes.

Los paramilitares no daban tregua y no respetaban a sus adversarios. Las constantes balaceras sobresaltaban a los zapatistas y miembros de la organización civil "Las Abejas". Los niños eran los afectados. "Lloraban mucho", explica Nicolás Jiménez, un habitante de Majomut.

Rosa Gómez Gómez, de 42 años, esposa de Vicente, lloró al ver las columnas de humo que se divisaban donde se guarecían, a casi una legua de Sak Mesantojtik. "No llores. Así es la guerra", le dijo Vicente a su esposa, que a partir de ese momento sería uno de los 12 mil desplazados que dejaron sus hogares por la violencia de los paramilitares.

Con sus hijos enfermos por el frío y la falta de alimento, Vicente y Rosa debieron permanecer varios días más en las montañas, hasta que llegaron a Polhó.

Cuando Vicente pudo regresar momentáneamente al poblado pudo ver que no había casas en pie. En su caso, los paramilitares le robaron 60 bultos de café, 94 aves y enseres domésticos.

La banda de paramilitares era violenta. Agustín, indígena tzotzil y ex soldado nativo de Los Chorros, se dedicaba a dar entrenamiento en el uso de armas y entrenamiento físico a los paramilitares, cuentan los pobladores.

Lorenzo Pérez Vázquez, que conocían como un joven menudito, era uno de los integrantes de los hombres que desataba su furia con los zapatistas. Joaquín Vázquez Vázquez, otro de los paramilitares que lo conocían como "un chingón", perdió la vida en un enfrentamiento en Majomut, al oriente de Polhó.

El domingo pasado Vicente regresó al lugar de donde salió hace casi 12 años y recorrió el terreno donde estaba su casa y la cocina. Mostró el único vestigio que permanecía de su antiguo hogar que fue arrasado por los paramilitares, es un tubo que sostiene una celda solar que utilizaba para proveerse de energía en su casa.
Para diciembre de 1997, en Polhó, sede del Concejo Autónomo del EZLN, se habían congregado 9 de los 12 mil desarraigados que sobrevivían precariamente, mientras esperaban ayuda humanitaria de organismos cooperantes nacionales y extranjeros.

Vicente, Rosa y sus hijos, instalaron una choza con ramas y plásticos, para protegerse de la inclemencia del tiempo.

Para antes de la masacre de Acteal, la familia de Vicente y Rosa estaba en harapos, con varios kilos menos. "Era yo gordo. Me enflaquecí mucho. Sufrimos un chingo". En una montaña de Xolontoj, al norte de Polhó, el 22 de diciembre, Vicente escuchó los disparos de los paramilitares que atacaban a las familias de Acteal durante varias horas.

En 1997, Moisés era un niño de 12 años de edad, que prácticamente sin ropa y sin zapatos, se movía a donde fueran sus padres. "La guerra", como le llama a los sucesos de 1997, aún la tiene clara. "Me daban mucho miedo los disparos de las armas de fuego".

Al refugio donde Vicente y su familia se guarecían llegó el rumor en la tarde del 22 de diciembre, que eran 145 los muertos, pero al siguiente día las cifras se clarificaron.

"Los hermanos de Las Abejas no estaban armados. Sólo estaban orando", dice Pérez Gómez, que en junio de 2004 abandonó el campamento de Polhó, para comprar un predio al norte de su antiguo poblado.

A 12 años de "la guerra", Vicente nunca recibió ayuda oficial por los daños que sufrió en su poblado. A igual que Vicente se encuentran Lorenzo y Agustín Méndez Pérez, Agustín Ortiz Pérez, Juan y Fernando Ortiz Pérez y Agustín Ortiz Jiménez, que perdieron todas sus propiedades a manos de los paramilitares.

Con la venta de su café en el 2004, Vicente compró un terreno en cinco mil pesos y edificó una nueva casa con siete mil pesos más. En la actualidad Vicente ya no permanece en las filas del EZLN. Se retiró con su familia y sus siete hijos de la organización en la que militó desde 1994.

Acteal y la responsabilidad del Estado mexicano
Miguel Ángel de los Santos*/La Jornada

La eventual decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a los implicados en la masacre de Acteal revelaría el fracaso del Estado mexicano para investigar y castigar a quienes cometen crímenes de tal magnitud; negaría el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas y sus familiares, y abriría las puertas a la justicia internacional.

Una de las principales obligaciones que el Estado mexicano asumió al ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto de San José o el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, es justamente respetar y garantizar los derechos previstos en tales instrumentos a los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Esta última obligación implica prevenir violaciones a los derechos humanos, investigar de modo serio y eficaz las mismas cuando ocurran y sancionar a los responsables.

La masacre de Acteal ocurrió porque no se tomaron las medidas de prevención necesarias para salvaguardar a las víctimas, pese a que las autoridades del gobierno del estado contaron con información sobre la eventualidad del ataque.
Fue un crimen en que participaron, además de los autores materiales cuya situación se analiza por la Corte, autores intelectuales vinculados al Estado, que promovieron y financiaron a los grupos paramilitares, y que, después de la masacre modificaron la escena del crimen. Una investigación seria y eficaz habría arrojado una explicación razonable, amplia y convincente de los hechos ocurridos. Además, se habría conducido con extremo cuidado de los derechos procesales de las personas inculpadas y del soporte probatorio de la acusación.

Un recurso muy utilizado por los encargados de investigar los delitos es integrar averiguaciones previas “flojas” que permiten contener a la opinión pública, realizar una detención, iniciar un proceso e incluso conseguir una condena de primera instancia, pero que no soportan una revisión a la luz de los derechos humanos de que gozan las personas sujetas a un proceso penal. En una investigación así integrada es muy fácil anticipar que el resultado de una revisión será la libertad.

No obstante, la responsabilidad del Estado mexicano frente a los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad subsiste, dado que no se habría satisfecho la obligación estatal de esclarecer los hechos y castigar a los responsables, es decir, no se habría hecho justicia ni revelado la verdad a las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Lo que sí habría quedado claro es el fracaso del procesamiento judicial como la vía para conseguir justicia, y la impunidad como beneficio para quienes cometen crímenes y violaciones a los derechos humanos. De modo que el caso Acteal no terminaría con la concesión del amparo a los implicados como autores materiales, más bien marcaría la pauta para un nuevo proceso que implique, ante la imposibilidad de castigar a los autores materiales, juzgar y castigar a los autores intelectuales, esclarecer cabalmente los hechos y revelar la verdad.

De igual modo, dado que el Estado habría incumplido con una obligación internacional en materia de derechos humanos, la intervención de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedaría plenamente justificada. No olvidemos que estos organismos tienen una función subsidiaria y que actúan en cualquier caso en que los recursos legales internos se han agotado o han fracasado en la protección de los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, pues, en sus manos, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por incumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida de las víctimas. Puede ser que las violaciones al derecho al debido proceso justifiquen la libertad de los implicados como responsables, sin embargo, nada justifica que después de casi 12 años de la masacre el Estado mexicano confirme que la impunidad es la respuesta a quienes sufren crímenes horrendos y la violación de sus derechos.

* Abogado chiapaneco, defensor de los derechos humanos,

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