Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 10 de agosto de 2009

ACTEAL

Luis H. Álvarez, por la libertad de acusados

Ángeles Mariscal escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el ex comisionado para la paz y actual titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez, calificó de “acto de justicia” si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallara en favor de la excarcelación de varios de los implicados en la matanza de Acteal, en 1997. El ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación durante los diálogos de paz entre el EZLNl y el Gobierno Federal descartó que la liberación de los indígenas pudiera caldear los ánimos en los altos de Chiapas. La posible liberación “yo creo que es debida, creo que sería un acto de justicia, esperemos la resolución de la Corte, y no porque este asunto sea considerado una papa caliente debemos olvidarlo, debemos hacerle frente”. Álvarez exhortó a las autoridades a mantener un diálogo permanente en las comunidades. “Mucho depende de que nosotros y las comunidades mantengamos un diálogo permanente; por él, cualquier duda que subsista puede ser aclarada.” (La Jornada, El Universal)

Respuesta a Hermann Bellinghausen

A Hermann Bellinghausen le ha parecido mal mi relato de la detención de los primeros presos por la matanza de Acteal (“Los desenterradores de Acteal”, La Jornada 5/8/09), pero mi relato no es muy distinto del que él publicó en este mismo diario el 25 de diciembre de 1997. Respuesta de Héctor Aguilar Camín. (La Jornada. Se anexa)

Insisten retomar el caso Acteal

El arzobispo de la capital chiapaneca, Rogelio Cabrera López, lamentó la manera de actuar de las autoridades federales para esclarecer el caso Acteal y castigar a los verdaderos culpables. "Creo que la concordia y la reconciliación en Chiapas son muy necesarias. Ni los políticos ni las iglesias podemos incrementar el costo social de esta situación", dijo. Señaló a su consideración dos puntos importantes, el primero de que el caso Acteal es un hecho importante que ha marcado la vida de Chiapas, es una situación donde se debe esclarecer la verdad, donde hay que castigar a los autores intelectuales, así como a los ejecutores. "Nadie sabe si los que están en la cárcel son los que deben de estar o no, la verdad jurídica es muy compleja, por supuesto que la Suprema Corte de Justicia no dirá quién es culpable o inocente hasta que no tenga las pruebas suficientes", dijo. (Cuarto Poder)

Piden aclarar el caso Acteal

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, instó a las autoridades a profundizar en las investigaciones para esclarecer los sucesos de Acteal en 1997, ante la inminente liberación de 40 personas acusadas de intervenir en esos sucesos en los que murieron 45 indígenas. Pidió también a la PGR resarcir los daños que causó por más de 10 años de presidio a los inocentes que se verían beneficiados por un amparo liberador de la SCJN. Además, pidió indagar a los investigadores que han intervenido en diferentes instancias de impartición de justicia, ya que en su opinión, las fiscalías especiales que se han creado ex profeso, y las que por ley existen para ese caso, no han mostrado solidez en sus pesquisas. El prelado también reiteró su preocupación, ya que según los deudos de las víctimas, algunas personas que podrían ser liberadas son asesinos, y se presume que la SCJN basará su resolutivo en inconsistencias de la investigación. (Excélsior, Cuarto Poder)

Se suman cristianos al llamado de justicia

La Barra de Abogados Cristianos de Chiapas se sumó al llamado de los diferentes sectores para procurar la aplicación de justicia exacta en el caso Acteal, ocurrido hace once años, y sean los verdaderos implicados los que sean castigados. Leonardo Cundapí Álvarez, presidente de esa organización, indicó que es necesario se haga justicia a las víctimas y agraviados, y se finquen responsabilidades a los funcionarios de esa época que estuvieron presuntamente implicados. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

Compromiso con los indígenas: L. Álvarez

Arely Domínguez escribe que teniendo como marco la emblemática fuente de Chiapa de Corzo, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, inauguró el festival de música indígena en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En tanto que Luis H. Álvarez, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien presidió este evento, extendió su felicitación para las etnias de México y el mundo, al expresarles: "Gracias a ustedes México es un país multicultural." El representante de la CDI recordó que fue en 1995, cuando la Organización de las Naciones Unidas resolvió conmemorar cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de contribuir a fortalecer la cooperación internacional en materia de desarrollo y los derechos de millones de indígenas en el mundo.  "No podemos dejar de mencionar que gracias a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas desde septiembre del 2007, nuestros pueblos cuentan con un faro que guía a la comunidad internacional hacia la vigencia de sus derechos", dijo. Así mismo, subrayó que el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa tiene el firme compromiso de impulsar el desarrollo sustentable con identidad de los pueblos originarios. El reto para el Gobierno Federal es mejorar sus condiciones de vida, propiciar que tengan más y mejores oportunidades de bienestar; venturosamente estamos en el camino hacia la plena vigencia de sus derechos, señaló. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas, Excélsior, Notimex)

Abordan la culturalidad

Luego de cuatro días de trabajo, concluyó el Encuentro Nacional de Liderazgos Emergentes de Jóvenes Indígenas que concentró a cerca de 60 representantes de todo el país, así como a expertos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Mexicano de la Juventud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante esta sesión, cuya clausura estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Noé Castañón León; el director general de la CDI, Luis H. Álvarez y el oficial de Poblaciones Excluidas y Educación de UNICEF – México, Marcelo Mazzoli, los jóvenes además de intercambias las experiencias emergidas de este encuentro, presenciaron el documental “Los Herederos”, de Eugenio Polgovsky, mismo que aborda el tema del trabajo infantil en el país y que será presentado oficialmente a la opinión pública el próximo 25 de septiembre en la ciudad de México. (Diario de Chiapas)

Indígenas reinvaden reserva "El Triunfo"

Indígenas que alegan haber sido desplazados de la reserva “El Triunfo", en el municipio La Concordia, Chiapas, pero que en realidad abandonaron el lugar por estar involucrados en presuntas actividades relacionadas con la delincuencia organizada, invadieron de nueva cuenta una fracción del área natural, denunció el ambientalista Efraín Orantes. A nombre de pequeños propietarios de la zona, el conocido productor de café alzó la voz y aseguró que la nueva invasión al Campamento "El Quetzal", "preocupa y afecta la paz social". "Estamos sumamente preocupados de que un grupo de personas encabezadas por Augusto Singuinich López, que inclusive han sido ligadas al narcotráfico, se encuentren nuevamente en la reserva. Es urgente que el Gobierno del Estado e inclusive las fuerzas federales actúen", declaró el ecologista a Cuarto Poder. Efraín Orantes sostuvo que el grupo invasor es financiado y apoyado por Sebastián Martínez Sántis, quien, supuestamente, es uno de los mayores traficantes de madera en la zona. (Cuarto Poder)

Aplicarán educación a distancia en sitios pobres

Desencadenado de los altos índices de rezado educativo, la SEP iniciará un sistema de educación media superior y superior a distancia en los 28 municipios con menos desarrollo de Chiapas, anunció Josefa López Ruiz de Laddaga, delegada de esa dependencia federal. Explicó que en próximos meses iniciará el equipamiento de las instalaciones para "llevar los bachilleratos y universidades" hasta estos municipios. (Cuarto Poder)

ASUNTOS INDÍGENAS

Alarmante, la situación de pobreza y exclusión de pueblos indios: OPSDH

No obstante que el Estado mexicano ha reconocido la pluriculturalidad del país y los derechos de los pueblos indígenas mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución de 2001, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre comunidades originarias y tribales, la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentran éstas se ha agravado de manera alarmante, advierte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH). El organismo señaló que en México los pueblos autóctonos representan alrededor de 10 por ciento de la población total, hablan 68 lenguas nativas, más sus 364 variantes, y se concentran básicamente en ocho entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Indicó que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los municipios donde los índices de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En este último se localiza el municipio con menor desarrollo humano del país, Cochoapa El Grande, y Chiapas está en el segundo lugar de pobreza. (La Jornada)

Desaprueban un documento en el que se reclama al gobierno respeto a los indígenas

Grupos indígenas progubernamentales del consejo consultivo de la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI), quienes se reunieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, boicotearon un pronunciamiento político del pleno de ese organismo, en el que se reclamaba al gobierno federal el desaire a las políticas públicas dirigidas a este grupo. El único acuerdo al que llegaron fue reiterar su demanda de reforma al artículo 2 de la Constitución federal, para plasmar la libre autodeterminación y que los pueblos sean sujetos de derechos, petición que ya se encuentra en la Cámara de Diputados.Israel Jacinto López, presidente del consejo consultivo, leyó una propuesta de pronunciamiento al pleno, reunido en el salón de un hotel de esta capital desde el sábado, en el que se reclamaba al gobierno federal respeto a los derechos y cultura de los pueblos indígenas, mayor presupuesto al Congreso de la Unión para este sector, respeto a la autoderminación de los pueblos indios, y aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el documento fue descalificado por grupos que dijeron no compartir su contenido, hasta que finalmente fue desechado poco antes de que el director de la CDI, Luis H. Álvarez, arribara al salón del hotel donde se realizaba la reunión. (La Jornada)

Alarmante, la situación de pobreza y exclusión de pueblos indios: OPSDH

No obstante que el Estado mexicano ha reconocido la pluriculturalidad del país y los derechos de los pueblos indígenas mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución de 2001, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre comunidades originarias y tribales, la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentran éstas se ha agravado de manera alarmante, advierte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH). El organismo señaló que en México los pueblos autóctonos representan alrededor de 10 por ciento de la población total, hablan 68 lenguas nativas, más sus 364 variantes, y se concentran básicamente en ocho entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Endicó que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los municipios donde los índices de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En este último se localiza el municipio con menor desarrollo humano del país, Cochoapa El Grande, y Chiapas está en el segundo lugar de pobreza. (La Jornada)

Piden legislar por derechos indígenas

La Cámara de Diputados del país no ha dado paso a las reformas del Artículo 2 de la Constitución Política de México y tampoco ha desarrollo un diagnóstico sobre la situación indígena del sureste y eso impide avanzar en los derechos de las comunidades para alcanzar la libre autodeterminación, dijo Mario Esteban López, consejero del CDI. El Consejero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó que la propuesta fue hecha directamente por los indígenas de nuestro país, sin embargo, los diputados han hecho caso omiso y ante ello pidió a la nueva Cámara a integrarse en septiembre próximo, tomar en cuenta la demanda. Mencionó que si los diputados federales le apuestan a un retroceso, los indígenas de Chiapas y de México, no.  "Los indígenas deben ser sujetos de derecho y no objetos de derecho", dijo. A la fecha la Cámara ha negado información sobre el seguimiento que se le ha dado a la propuesta, incluso la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) no ha dicho nada. (Cuarto Poder)

Demanda Amnistía Internacional proteger derechos de indígenas

Las demandas de los pueblos indígenas no son escuchadas por las autoridades de México y sus acciones en defensa de sus derechos humanos les han significado abusos, ataques e intimidaciones, afirmó Amnistía Internacional. La denegación de derechos y la situación de exclusión y pobreza en la que varios pueblos indígenas se encuentran, ha hecho que éstos se organicen y tomen acciones al respecto. Desafortunadamente, sus peticiones no tienen eco. En un informe sobre la situación de las comunidades indígenas en el continente, Amnistía destaca el caso de Raúl Hernández, a quien considera preso de conciencia, ya que desde el 17 de abril de 2008 está detenido en Ayutla de los Libres, Guerrero.
Su liderazgo y trabajo como defensor de derechos de la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa co “hoy le están siendo injustamente pagados con una detención basada en cargos criminales fabricados”. (Milenio)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Acteal, ¿y ahora qué?

Joan Baucells Lladós escribe en su artículo que “probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios.” (La Jornada. Se anexa)

La última carcajada de Zedillo

Hermann Bellinghausen escribe en su artículo que “con previsible diligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará este miércoles en favor de, al menos, la mitad de los presos por la masacre de Acteal, paramilitares tzotziles de Chenalhó que llevan una década purgando sus condenas en una cárcel chiapaneca. La evidente malhechura de su proceso fue siempre cuestionada por los organismos civiles que asumieron la defensa o la solidaridad con las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997 y contra la ofensiva paramilitar que asoló Chenalhó y dejó unos 12 mil desplazados internos.” (La Jornada. Se anexa)

Acteal: ¿y los autores intelectuales?

Amet Samayoa Arce escribe en su columna Tarot Político que “el tema indígena tendrá eco y fuerte repercusión durante el transcurso de esta semana. Ayer, acompañó al Gobernador Juan Sabines Guerrero, en un concierto celebrado en Chiapa de Corzo, el comisionado Luis H. Álvarez, al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indios. Pero la noticia que sin duda detonará más allá de nuestras fronteras, es la inminente libertad de los presuntos responsables de la matanza de los 45 de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de l997. Esta acción que es promovida por el Gobierno Federal, despierta suspicacias porque podrían obtener su libertad –incluso-, algunos que tentativamente son responsables del genocidio. Las gráficas de aquella tragedia dieron cuenta del comportamiento sanguinario de quienes cometieron el incalificable hecho, que por cierto propició la caída de Julio César Ruiz Ferro de la gubernatura del Estado.” (Diario de Chiapas)

Repetir la historia

En El Correo Ilustrado, Fernando Gómez Cruz informa que: “Estamos viendo la misma película de hace 100 o 200 años, pero con otros actores. Basta con retener un recuadro y ver con asombro la similitud histórica, este recuadro son unos cuantos renglones del Plan de San Luís: ‘Los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna, pero, de hecho, en México puede decirse que reina constantemente la ley marcial. La justicia, en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte’. Estas fueron algunas de las causales, descritas en el Plan de San Luis, en 1910, por las que el pueblo se vio “compelido al Supremo Recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión”, al estar ausente un verdadero y eficaz estado de derecho. El Plan de San Luis fue una arenga en favor de las garantías fundamentales que se adelantó 38 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El caso de Acteal será el parteaguas de si existe o no un verdadero estado de derecho, toda vez que los responsables de la matanza de Acteal han sido identificados y señalados por los sobrevivientes y aun admitiendo el desbarajuste en lo procesal, de ninguna manera puede apelarse a la inocencia de los autores de la masacre, delito de lesa humanidad. La opresión y la injusticia son contrarias a los intereses nacionales y degradan a las personas. La opresión y la injusticia sólo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad representada en la SCJN, toda vez que la suprema necesidad de la nación es la justicia jurídica y social, desde hace 100 años.” (La Jornada)

TEXTOS

Respuesta a Hermann Bellinghausen
Héctor Aguilar Camín/La Jornada

A Hermann Bellinghausen le ha parecido mal mi relato de la detención de los primeros presos por la matanza de Acteal (“Los desenterradores de Acteal”, La Jornada 5/8/09) Pero mi relato no es muy distinto del que él publicó en este mismo diario el 25 de diciembre de 1997.

Mi relato dice: “Mientras el cortejo fúnebre de los deudos de Acteal marchaba por la carretera, una camioneta de redilas llevaba a la cabecera del municipio de Chenalhó a distintos personajes de las comunidades, convocados por el alcalde para una reunión. Eran todos antizapatistas, del bando contrario a los dolientes”.

El relato de Hermann dice: “Pocos metros arriba de esta explanada (la del pueblo de Acteal) corre la carretera... por la que transitaban algunos de los implicados en un vehículo oficial, se presume que protegidos por la policía municipal del ayuntamiento constitucional de Chenalhó”.

Mi relato sigue: “La camioneta fue obstruida en su paso por el cortejo, al que por razones de seguridad vigilaban agentes de la Procuraduría General de la República. Unas mujeres gritaron, señalando a los que viajaban en la camioneta: ‘Ellos son los asesinos. Ellos son’”. El relato de Hermann sigue: “Fueron reconocidos por la procesión que traía los 45 cuerpos”.

Mi relato termina: “La PGR detuvo a 24 viajantes, sin más prueba que el señalamiento de los deudos del cortejo”. El de Hermann termina: “Como con los dolientes venían la Policía Judicial Federal y la CNDH, se aprehendió de inmediato a los sospechosos”.

¿Cuál es la diferencia en los hechos de uno y otro relato? Que quienes resguardaban a los dolientes, dice Hermann, no eran los agentes de la PGR, sino “centenares de encapuchados zapatistas.” Y que fueron ellos quienes evitaron el linchamiento de los detenidos: “Un cordón de zapatistas encapuchados rodeó el camión, con disciplina y eficacia, para impedir que la multitud tuviera acceso a los pasajeros de las redilas, y Samuel Ruiz intervino para calmar el ánimo de los deudos”.

No tengo el menor problema en añadir ese hecho al relato. Mi punto sigue en pie: la PGR detuvo ahí por el señalamiento de los dolientes a sus primeros presos y no los soltó más.
El argumento de la culpabilidad de los detenidos que hace Hermann es notable. Escribe: “Ninguno de los paramilitares negó serlo en ese momento. Su reacción fue de culpables, y de miedo. Agacharon la cabeza. ¿Por qué ninguno dijo ‘yo no fui’? Uno, cuando menos. ¿No sería lo normal?”

No, lo normal es que 24 antizapatistas se mueran de miedo si los rodean centenares de zapatistas encapuchados durante el cortejo fúnebre de la matanza de zapatistas en Acteal. Pero los detenidos no se defendieron, dice Hermann, luego son culpables.

Estaban rodeados de “centenares de zapatistas encapuchados” de los que dependía que no los lincharan, pero no se defendieron, no hicieron “lo normal”. Temible idea de las pruebas que bastan para hacer justicia.

Por otra parte, Hermann me atribuye, de una entrevista que sólo él ha visto, el dicho de que el grupo de Las Abejas eran “abejas de día y alimañas de noche”. No es un dicho mío, era un dicho común de los antizapatistas de la zona que yo he citado para mostrar que no todos creían en la neutralidad política de Las Abejas. El dicho correcto es “Abejas de día, zapatos (zapatistas) de noche”.

Respecto de la “batalla” de Acteal previa a la matanza, que también molesta a Hermann, debo decir que tampoco la inventé yo. Viene del relato que hicieron los atacantes confesos de Acteal, y que yo cité con amplitud en mi crónica: “El día señalado”, Nexos, diciembre de 2007.

En esa misma crónica apunto algunos de los enigmas que siguen pendientes de aclaración en el caso de Acteal. En particular, el hecho de que 12 de los 45 cuerpos recogidos no murieron por disparos, sino por machetazos y por golpes que destruyeron sus cabezas.

Nada explica en el expediente estas heridas mortales. No hay un solo testigo presencial que las describa o siquiera las mencione. Pero en la hondonada donde fueron apilados los cadáveres de Acteal había 12 cuerpos de gente que murió a machetazos y por estallamiento de cráneo.

Quizá Hermann, con su conocimiento de años de la zona, podría ayudarnos a todos a aclarar este aspecto particularmente brutal de la matanza, sobre el que nada sólido ha podido decir hasta ahora, miles y miles y miles de palabras después.
Héctor Aguilar Camín

Acteal, ¿y ahora qué?
Joan Baucells Lladós*/La Jornada

Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según adelantaba El Universal en su edición de 6 de agosto– las condenas se habrían sustentado sobre “desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios”. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.

Por esta razón no voy a dedicar la atención de estas líneas a analizar la sentencia o sus consecuencias prácticas, aunque estas últimas sean muy importantes, puesto que, entre otras cuestiones, representará la absolución de la mayoría de los hasta ahora condenados, sin aclarar si fueron ellos o quiénes los auténticos responsables; la ausencia de reparación del daño causado a las víctimas o la causación de posibles conflictos al regreso a sus comunidades.
Lo que desde la perspectiva internacional merece ser analizado atentamente es que, de nuevo, bajo el velo de las garantías procesales el amparo de la Suprema Corte revela el colofón de la impunidad, ineficacia y parcialidad de la administración de justicia mexicana para impartir justicia en Acteal.

Respecto de la impunidad, pese a las evidencias, en ninguno de los procedimientos penales abiertos se ha procesado a los responsables de más alto nivel político y militar. Esta impunidad se fundamenta, entre otras razones más estructurales, en el sistema procesal mexicano de acusación, que atribuye la investigación y persecución de los delitos exclusivamente a la procuraduría. Al no existir la acusación particular, es el Ministerio Público, el que de forma exclusiva delimita los hechos susceptibles de persecución penal, califica jurídicamente el titulo de imputación penal y señala los posibles responsables de los mismos. En relación con Acteal, el Ministerio Público no calificó los hechos –pese a las evidencias– como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco consideró la existencia del delito de asociación delictuosa –pese a la evidencia de que sus autores se organizaban en torno a grupos paramilitares– y, mucho menos, dirigió los procedimientos contra los auténticos responsables militares y políticos. Así, es más que evidente –debido al principio de jerarquía y sumisión al Poder Ejecutivo del Ministerio Público– que no se podrá nunca perseguir de forma efectiva a los altos responsables de estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido expresamente que “el Ministerio Público está concebido en México como una institución comprendida dentro del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la autoridad presidencial o del gobernador incide sobre el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la acción penal”.

Por otro lado, la impunidad también queda de manifiesto en la Recomendación 1/1998, referente a los hechos de Acteal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se recomendó al gobierno de Chiapas –contra toda lógica de preferencia de la jurisdicción penal y su principio de vis atractiva– iniciar procesos administrativos contra buen número de servidores públicos. Incluso dentro de los procedimientos disciplinarios abiertos, en algunos casos fue declarada prescrita la acción para sancionar y en otros se absolvió de toda responsabilidad administrativa.

Por su parte, la ineficacia de todos los colectivos implicados en la administración de justicia no sólo se deduce de la impunidad, sino también de la forma en que se ha impartido la justicia en este caso. Por un lado, la misma CNDH reconoce que los cuerpos policiales no han cumplido “con eficacia y eficiencia su labor de investigación y persecución de los delitos y de seguridad de los gobernados”. Por otro lado, como acabamos de apuntar, el Ministerio Público también ha dado muestras de ineficacia por, entre otras razones, su incapacidad orgánica para exigir responsabilidades penales a sus superiores jerárquicos, para calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y por tomar decisiones de archivo pese a las evidencias existentes. Por último, también la actuación de los jueces y tribunales ha sido ineficaz en la medida que han cometido numerosas irregularidades que han posibilitado –como refleja la reciente sentencia de la Suprema Corte– la nulidad de las actuaciones realizadas y la consecuente vulneración de la tutela judicial efectiva a las víctimas.

Por último, la parcialidad de todos los órganos encargados de impartir justicia se evidencia en numerosos datos. Así, tras las muertes de Acteal, por ejemplo, y sólo por lo que respecta a funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública, debe recordarse que hubo usurpación de funciones para alterar el lugar del crimen, ocultando la evidencia de las pruebas, con la única finalidad de dificultar la persecución penal de los hechos. En la misma línea, funcionarios de la policía y del Ejército han evidenciado una clara complicidad con los autores de los delitos.
Por último, la parcialidad también se manifiesta incluso en los propios jueces y en su canon de actuación selectiva, consistente en la absolución de los pocos cargos públicos respecto de los cuales se ha presentado acusación –pese a la evidencia de las pruebas–; instruyendo indebidamente las causas –cuestión que ha provocado la declaración de la nulidad de las actuaciones–; inaplicando las órdenes pendientes de aprehensión o absolviendo a los condenados del pago de la reparación del daño a las víctimas.

La sentencia de la Corte no puede representar el punto final al caso Acteal. Dos son las principales consecuencias que deben derivarse de ella. De entrada, lo lógico en un estado de derecho sería que, otorgado el amparo, las actuaciones se retrotrajeran hasta el inicio de la instrucción para que representantes de la procuraduría, de forma libre y responsable, pudieran presentar cualquier tipo de acusación –incluyendo la comisión de crímenes internacionales– contra todos los responsables intelectuales y materiales de la matanza, para aclarar, de acuerdo a derecho y sin ningún ápice de impunidad, quiénes fueron los responsables de esos hechos –cayera quien cayera–, para tras un proceso con garantías y sin dilaciones se llegara a su efectiva condena y a la reparación de las víctimas. En segundo lugar, un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a esos servidores públicos a hacer “desaparecer evidencias”, “alterar la escena del crimen” o “fabricar testimonios”. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional.

* Profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado y comisionado en la VI visita de la CCIODH

La última carcajada de Zedillo
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Con previsible diligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará este miércoles en favor de, al menos, la mitad de los presos por la masacre de Acteal, paramilitares tzotziles de Chenalhó que llevan una década purgando sus condenas en una cárcel chiapaneca. La evidente malhechura de su proceso fue siempre cuestionada por los organismos civiles que asumieron la defensa o la solidaridad con las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997 y contra la ofensiva paramilitar que asoló Chenalhó y dejó unos 12 mil desplazados internos”.

Más de 6 mil de ellos siguen, casi 13 años después, sin casa ni tierras allá en las comunidades donde las familias priístas de los paramilitares arrebataron su patrimonio a miles y miles de hermanos suyos (o primos, sobrinos, suegros, vecinos).

La impunidad no es un tema anacrónico. Acteal es un crimen de Estado y los campamentos de desplazados sin solución y rodeados por el Ejército federal, fortificado en San Pedro Polhó (cabecera municipal autónoma zapatista), son la herida más abierta de esa guerra premeditada que los nuevos entusiastas buscan minimizar, relativizar, negar: pleitos de familias, rivalidades añejas, nota roja, arcanos precolombinos.

El preso Hilario Guzmán Luna, mencionado como ejemplo de inocencia por Ana Laura Magaloni (Reforma, 1º de agosto), a quien no se sabe por qué señalaron sin deberla ni temerla, semanas antes de la masacre se había revelado como organizador del grupo paramilitar en Pechiquil (ver “Acteal: crimen de Estado”, La Jornada Ediciones, 2008; página 81).
Como tal, tuvo responsabilidad directa en diversas agresiones armadas y desalojos a finales de 1997, cuando los paramilitares no disimulaban, se sentían todopoderosos, alardeaban. Nunca fue juzgado por ello.

Acompaña a la inminente resolución de la corte una rutinaria blitzkrieg mediática de los abogados (y columnistas que los acompañan) de los paramilitares, presos desaseadamente como es hábito en México con cualquier indígena, pero no exentos de responsabilidad penal.

Un grupo de la élite intelectual, y esto es histórico, ha tomado decidida defensa de unos indígenas encarcelados, pues es hora de hacer valer las instituciones y poner a prueba la democracia que disfrutamos hoy, hoy. Da tristeza que este caso sea el que podría sentar precedente, y no Atenco, Oaxaca 2006, la “ley indígena” o Lydia Cacho. Ignacio del Valle no es un criminal sino un valiente luchador social, no mató a nadie pero lo quieren pudrir en una ergástula de alta seguridad por defender sus tierras. Y los criminales priístas de Oaxaca han vuelto a la high life.

La rápida aprehensión de un centenar de miembros del grupo paramilitar de Chenalhó en 1997-98 fue coyuntural y azarosa, pero no equivocada. Todos estaban identificados como miembros de la banda paramilitar por la propia población de Chenalhó, sin importar el “bando”. Habían tomado el control violento de las comunidades, desplazando o ex- pulsando a las autoridades tradicionales y a los opositores. En más de un caso eliminaron a correligionarios que no respaldaban su aventura (muertes que entonces se intentó atribuir a los “contrarios”, los autónomos, sin éxito). La banda “de autodefensa” contaba con un apoyo institucional, no por clandestino menos tolerado y evidente.

Lo cual queda fuera del horizonte de los paladines de estos indígenas atropellados, que sí lo fueron, pero no tanto por la forma en que fueron presos, como por caer en el juego contrainsurgente diseñado para ellos, una guerra absurda en términos comunitarios, un episodio irracional y dopado de sus vidas, propiciado (cuando menos) por inteligencia militar y los cuerpos policiacos.

El único error del gobierno de Ernesto Zedillo fue “no intervenir a tiempo”, dicen los paladines de hoy. Ignoran que el presidente y el gabinete especial dentro del gabinete concentrado en Chiapas se reunían constantemente, y todos recibían informes diarios. Chenalhó era prioridad, un foco rojo, no sólo para ellos (que sabían lo que hacían, con calculada sangre fría), también para la opinión pública. El drama era tal que hasta Televisa lo cubrió brillantemente gracias a Ricardo Rocha.

El último gobierno del “viejo régimen” (Magaloni dixit) hizo bien ese trabajo. Cortó a tiempo los hilos conductores, se quemaron pistas y se alteró la escena del crimen para que la masacre pudiera ser interpretada una década después como un “enigma”. Incluso los que tuvieron que pagarla, los indígenas que se aventaron el tiro, ven hoy diluidas sus responsabilidad. Sus armas, que tantos vimos y no eran cinco, ni nueve, nunca “aparecieron” (con la excepción del pequeño buzón de armas encontrado el año pasado y que sólo representaba un reducido número de las que se usaron).

Las deficiencias de nuestro sistema de justicia tienen la función de garantizar la impunidad oficial. La coartada del “proceso mal hecho” tardó 12 años, pero acabó funcionando hasta para los responsables “materiales” de la guerra encubierta.

Alguien en Yale está de plácemes.

--oo0oo--