Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 24 de abril de 2009

EZLN

Pide AI al Estado garantizar integridad de 11 detenidos

Hermann Bellinghausen escribe que desde su sede en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional (AI) manifestó preocupación por los “once hombres detenidos recientemente en dos operaciones policiacas diferentes llevadas a cabo en Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, estado de Chiapas”, quienes permanecen recluidos en un centro de detención. El organismo llama a demandar al gobierno mexicano garantizar la integridad y la libertad de todos ellos. Menciona a cinco miembros del Mocri-CNPS-MN y seis adherentes de La otra campaña, aunque ahora se presume que hay dos “arraigados” más, uno de los cuales es base de apoyo del EZLN y el otro pariente de alguno de los otros detenidos. (La Jornada, Proceso. Se anexa)

Se incrementa el turismo

Entre la bruma del despertar de un nuevo día, rebeldes zapatistas se congregan en una loma donde divisan los agrupamientos policiacos que se mueven en la entrada a las cascadas de Agua Azul, centro turístico que se mantuvo en disputa entre militantes del PRI y EZLN, durante más de dos años. Desde hace cinco días, dicen los pobladores, ha crecido el número de turistas extranjeros y nacionales que llegan para conocer el colorido de las cascadas. Mientras eso sucede, los zapatistas han respondido con una campaña de información, difusión y denuncia para exigir la libertad de sus correligionarios detenidos. Desde la tienda comunitaria a la vera de la vía 185, donde se plasma en un mural la emboscada a un insurgente por paramilitares, los rebeldes han colocado la lista de los "presos políticos" adherentes a La Otra Campaña que fueron detenidos el pasado 17 de abril por agentes federales y estatales. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

Liberan a empleados de ASA y municipales

En las primeras horas de ayer fueron liberados seis trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y tres del ayuntamiento local, retenidos por habitantes de la comunidad de Los Llanos, en este municipio, cuando realizaban un levantamiento topográfico en terrenos del aeropuerto Corazón de María colindantes con el poblado. El alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, explicó que los topógrafos “brincaron una cerca” e ingresaron a la propiedad de Los Llanos para colocar su equipo, lo que los pobladores tomaron como “una agresión”. (La Jornada)

Cae brazo derecho de Herrán Salvatti

Por los delitos de asociación delictuosa, peculado y ejercicio indebido de funciones fue detenido Enrique Suire Vázquez, ex fiscal para Asuntos Penales en Chiapas, a quien se le consideró el brazo derecho de Mariano Herrán Salvatti durante su administración. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, a Suire Vázquez se le detectó un desvío por 90 millones 724.49 pesos, ejercidos durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2006, cuando el titular de la fiscalía general era Mariano Herrán Salvatti. Precisó que la orden de aprehensión contra el ex funcionario se derivó de la denuncia presentada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso estatal, resultado de la auditoría practicada a la extinta Fiscalía General. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 14, El Amate, en Cintalapa. (Excélsior, La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Culpa del gobierno si otra vez el EPR recurre a atentados: ex mediadores

La única manera de que los integrantes de la comisión de mediación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) acudan hoy a la Secretaría de Gobernación es que el grupo armado les pida reconsiderar su decisión de abandonar la tarea, como solicitó el pasado miércoles el responsable de la política interna del país, Fernando Gómez Mont. Comentó lo anterior Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los siete integrantes del grupo mediador, instancia que el pasado martes anunció el término de su labor al señalar que el gobierno federal no ofreció las respuestas que permitieran avanzar en la investigación para hallar a los dos eperristas desaparecidos desde mayo de 2007. Tras el anuncio de la comisión, al argumentar también un trato poco atento de los funcionarios de Gobernación, la dependencia refrendó la cita programada para el mediodía de hoy. Sin embargo, ayer, algunos de los ex integrantes del organismo afirmaron que estarán fuera de la ciudad y reiteraron que si el EPR recurre nuevamente a los atentados, será responsabilidad exclusiva del gobierno federal. “Cuando anun- ciamos el fin de nuestra misión no estábamos jugando al chantaje; tomamos una decisión después de nueve meses en los que encontramos del gobierno sólo voluntad declarativa”, dijo Enrique González Ruiz, otro de los miembros de la comisión. (La Jornada)

TEXTOS

Pide AI al Estado garantizar integridad de 11 detenidos
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Desde su sede en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional (AI) manifestó preocupación por los “once hombres detenidos recientemente en dos operaciones policiacas diferentes llevadas a cabo en Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, estado de Chiapas”, quienes permanecen recluidos en un centro de detención “no oficial” sin que aún se les hayan fincado cargos. Todos, con “acceso restringido a sus abogados y familiares”. Estos últimos y organizaciones de derechos humanos sostienen “que han sido sometidos a tortura y amenazas”.

El organismo llama a demandar al gobierno mexicano garantizar la integridad y la libertad de todos ellos. Menciona a cinco miembros del Mocri-CNPS-MN y seis adherentes de la otra campaña, aunque ahora se presume que hay dos “arraigados” más, uno de los cuales es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el otro pariente de alguno de los otros detenidos.

En su llamado, AI recapitula: “El 7 de abril, cinco hombres fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez tras organizar una protesta ante la prisión local donde se encuentran recluidos algunos de sus familiares. Protestaban porque creen que sus familiares, que pertenecen a una organización de campesinos conocida como Mocri-CNPA-MN, permanecen recluidos por cargos falsos. La policía, además, registró las oficinas de la organización y se llevó ordenadores, archivos electrónicos y, en papel, material de oficina y dinero.

“Tras la detención, los cinco hombres permanecieron incomunicados durante dos días y fueron llevados a un hotel en desuso del municipio de Chiapa de Corzo llamado ‘Quinta Pitiquito’, que la Procuraduría General de Justicia del Estado utiliza como centro de detención”.

Erick Bautista Gómez, uno de los detenidos, denunció que “mientras estaba bajo custodia le propinaron repetidos puñetazos en el estómago, lo abofetearon y le tiraron con fuerza del pelo. Cuando permitieron que su hermana lo visitara, a él le dijeron que, si no cooperaba, a ella le sucedería ‘algo desagradable’”.

Posteriormente, el 14 de abril –detalla AI–, seis hombres de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, fueron detenidos en Ocosingo y recluidos en la Quinta Pitiquitos: “pertenecen a una comunidad indígena a la que se considera simpatizante del EZLN, grupo armado de oposición que permanece militarmente inactivo desde hace más de una década y que mantiene un movimiento social y de gobiernos locales independientes en las comunidades indígenas de Chiapas”.

Señala que los defensores que los visitaron afirman que los indígenas “fueron torturados por los policías de Chiapas que los detuvieron, y que tenían marcas visibles de golpes”. Adicionalmente, “una vez detenidos los obligaron a firmar declaraciones que no comprendían”. No hubo traductor de su lengua.

Varios estados mexicanos –abunda AI– “utilizan la detención preventiva (arraigo) para recluir a sospechosos mientras se lleva a cabo una investigación. No se les acusa, sino que, a instancias del fiscal, un juez ordena su puesta bajo custodia. Pueden permanecer recluidos hasta 80 días sin que el fiscal los acuse o los ponga en libertad”. Cabe recordar que en Chiapas, la citada finca de arraigo fue creada por el hoy defenestradísimo ex fiscal Mariano Herrán Salvatti, pero el actual gobierno la ha sostenido con uso intensivo, a pesar de tener brumosa legalidad y provenir de lo peor del satanizado gobierno anterior (de Pablo Salazar Mendiguchía).

El arraigo, arbitrario: ONU

AI y otras organizaciones han documentado “cómo esta forma de detención puede dar lugar a tortura; con frecuencia, a los sospechosos se les niega acceso a un abogado de su elección, a su familia o atención médica”. Y cita al grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre detención arbitraria, que en 2002 declaró que el arraigo “constituye una forma de detención arbitraria y crea un entorno que da lugar al uso de la coacción”.

El organismo insta a las autoridades mexicanas a garantizar que los 11 (de hecho 13) recluidos en Chiapas “no son sometidos a tortura o malos tratos ni obligados por otros medios a hacer declaraciones contra su voluntad”.
En San Cristóbal de las Casas, las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón desmintieron de nueva cuenta “las imputaciones públicas” contra los ejidatarios adherentes a la otra campaña, quienes aseguran ser objeto de “hostigamiento y criminalización” por sus acciones en defensa de los recursos naturales y su territorio “frente a los proyectos neoliberales”.

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