Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 7 de octubre de 2008

CHIAPAS

Dan por terminadas pesquisas de 4 de 6 asesinatos en Chiapas

Ángeles Mariscal y Elio Henríquez escriben desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, dio por concluidas y resueltas las investigaciones en torno al asesinato de cuatro de los seis campesinos en la zona arqueológica de Chincultik y Lagos de Montebello, con la consignación de seis policías, cinco rasos; el arraigo del director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) responsable del operativo, José Domingo Besares Vázquez, y del subdirector de la policía ministerial, Miguel Alejandro Pola. (La Jornada. Se anexa)

Se reúne Juan Sabines con ejidatarios y familiares de víctimas en Chinkultic

La Trinitaria, Chiapas. El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, se reunió la noche del lunes en este municipio con las autoridades ejidales, las viudas y los hijos de las víctimas del desalojo del viernes en la zona arqueológica de Chinkultic. En ese contexto, el mandatario chiapaneco afirmó que “aquí el gobierno no está peleando con el pueblo; esto no se los hicieron sólo a ustedes, nos lo hicieron a nosotros; es a nosotros, es a Chiapas, no solamente a ustedes. “La justicia estará siempre de lado de la gente; me da mucho coraje lo que ha pasado, cuentan conmigo”, apuntó. Los compromisos que se establecieron son: castigo a los culpables, indemnización a los deudos, becas para los hijos de las víctimas, pensión de por vida a las viudas, así como proyectos productivos para la comunidad, equipamiento urbano y un centro ecoturístico. Esta reunión se da luego de que los responsables ya están en la cárcel, se han devuelto las armas y que existe un compromiso de los ejidatarios de no volver a invadir la zona arqueológica. En Chinkultic y la comunidad Miguel Hidalgo la situación ha vuelto a la normalidad. En relación con los recientes hechos en esa comunidad, Luis Alberto Estrada Contreras, presidente de la Asociación de Hoteles de Palenque, descartó el riesgo de que disminuya el turismo. (La Jornada. El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas)

Analizarán conflicto en zona indígena

El Instituto Federal Electoral analizará el enfrentamiento suscitado entre indígenas de la comunidad Miguel Hidalgo del municipio de La Trinitaria y elementos de la policía estatal a fin de conocer las posibles repercusiones que tendrá a unos días de haber iniciado el proceso electoral 2008-2009, sostuvo María del Refugio García, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Chiapas. A pesar de calificarlo como un hecho aislado, la funcionaria del IFE apuntó que lo anterior permitirá conocer las condiciones que existen en la zona para llevar a cabo los trabajos que realizará dicho instituto, entre ello, dijo, lo referente a la ubicación de las casillas. "Lo ocurrido el fin de semana es una situación que no se había presentado; sin embargo, nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias, de hecho vamos a hacer un reconocimiento de la situación para ver de que manera nos podría afectar al instituto en este inicio del proceso electoral federal, pero esperamos que sólo quede como un hecho aislado", apuntó. (Cuarto Poder)

“Lo mataron como a un perro”

Elio Henríquez escribe desde Ojo de Agua Ocotal, Chiapas, que “lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos”, dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo. (La Jornada. Se anexa)

ASUNTOS INDÍGENAS

Diario Oficial de la Federación

El Diario Oficial de la Federación presenta diversos documentos, entre ellos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emite cinco acuerdos para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena que celebra con los municipios de Huixtán, Larráinzar y Oxchuc; así como con Banchiapas y la Secretaría de Pesca y Acuacultura, todos de Chiapas. (senderodelpeje.com)

No soy morenovallista, asegura René Lezama

René Lezama Aradillas, nuevo delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, rechazó que la delegación a su cargo tenga contemplado apoyar al senador panista Rafael Moreno Valle Rosas rumbo al 2010, al tiempo de asegurar que su dependencia no se postrará a los intereses del albiazul para la elección del próximo año. El diputado federal con licencia reconoció que llega a la delegación de Desarrollo Social con varios señalamientos del Revolucionario Institucional y de la propia exdelegada Anahí Romero Alonso, acusaciones que tildó de falsas y carentes de pruebas. Es preciso señalar que Anahí Romero salió de la delegación después de acusar a Moreno Valle de presionarla para desviar recursos y programas que le favorecieran en su búsqueda por la gubernatura. El jueves pasado, en medio de un escándalo en la Delegación de SEDESOL por la presunta desviación de recursos al proyecto político del senador Rafael Moreno Valle, René Lezama Aradillas fue nombrado delegado y fue Myriam Arabian Couttolenc, directora de Delegaciones Federales, quien le tomó protesta al hoy funcionario federal. Hay que recordar que la hoy delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue acusada de presuntos malos manejos presupuestales durante su paso por SEDESOL. También fue acusada de las mismas prácticas cuando asumió la delegación de CDI en Puebla, por lo que los trabajadores, apoyados por los representantes de los pueblos indígenas en el estado, exigieron su salida sin tener éxito. (www.laquintacolumna.com.mx)

En Querétaro se elabora un diagnóstico de violencia en comunidades

Fue presentado el proyecto denominado Violencia Intrafamiliar y de género: Acciones para su prevención, en el que trabajarán conjuntamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Querétaro y Guanajuato (CDI), con el fin de hacer un diagnóstico detallado de la violencia familiar y de género en comunidades indígenas. Aurelio Sígala Páez, delegado de la CDI en Querétaro y Guanajuato, manifestó que la violencia intrafamiliar lacera y obstruye los procesos internos de las familias, y también tiene efectos sobre la vida comunitaria que redunda en diversas causas, pero en el caso de las comunidades indígenas está ligada directamente con el tema de alcoholismo. El proyecto que se inicia esta semana terminará en diciembre con una inversión de 600,000 pesos, y se contará con la participación de 600 personas de las comunidades indígenas, sobre todo autoridades, delegados, comisariados y municipales, que sirvan como enlaces, promotores y difusores de la temática para la prevención y atención en los hogares indígenas. (Diario de Querétaro)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos

Magdalena Gómez escribe en su artículo que “una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. (La Jornada. Se anexa)

Exigen investigación por operativo en Chiapas

En El Correo Ilustrado, Miguel Ángel García Aguirre y Luis Miguel Robles Gil, Maderas del Pueblo del Sureste informan que: “El 3 de octubre se llevó a cabo de forma brutal un operativo policiaco contra la población indígena y campesina de Miguel Hidalgo (La Trinitaria, Chiapas), que mantenía bajo su administración desde el 7 de septiembre el centro ceremonial maya de Chinkultic. El operativo fue realizado por las policías Federal Preventiva, ministerial, estatal preventiva y la Agencia Federal de Investigación. En vehículos, a caballo y a pie ingresaron al poblado, encontrando la resistencia de hombres, mujeres y niños. Las fuerzas represivas reaccionaron con saña, con un saldo de al menos seis muertos, una decena de heridos y más de treinta detenidos. El operativo se complementó con otro menos cruento, horas antes, contra tojolabales de Antelá, Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo, que desde principios de septiembre tomaron pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello. En ambos casos, los indígenas reivindicaban su derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio natural y cultural. La sanguinaria acción muestra a qué intereses sirve el gobierno para ofrecer a la inversión privada las riquezas culturales y escénicas, y los recursos naturales. Exigimos una profunda, imparcial y transparente investigación, la liberación de los detenidos; reparación del daño material, físico y moral a las víctimas, y castigo a los autores materiales e intelectuales de esta masacre.” (La Jornada)

 TEXTOS

Dan por terminadas pesquisas de 4 de 6 asesinatos en Chiapas
Ángeles Mariscal y Elio Henríquez/La Jornada

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, dio por concluidas y resueltas las investigaciones en torno al asesinato de cuatro de los seis campesinos en la zona arqueológica de Chincultik y Lagos de Montebello, con la consignación de seis policías, cinco rasos; el arraigo del director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) responsable del operativo, José Domingo Besares Vázquez, y del subdirector de la policía ministerial, Miguel Alejandro Pola.

El funcionario hizo oficial la versión de que los cuatro labriegos fueron ultimados cuando intentaban trasladar a algunos heridos al hospital de Comitán, y se toparon con un destacamento de la PEP. Los campesinos muertos eran Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Agustín Alfaro Alfaro.

Dijo que los seis policías consignados están acusados de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad. Sólo dos, el primer oficial Amílcar Corzo Díaz y el policía raso Miguel Ángel Díaz Sánchez, son asesinos confesos.
Los otros cuatro consignados son los policías rasos José Luis Gómez González, Samuel Ordóñez Muñoz, Jaime López Roblero y Javier Moreno Estrada, quienes presenciaron los crímenes sin impedirlos, por lo que se les juzgará en grado de coparticipación, sostuvo el ministro.

Rodríguez Lozano confirmó que los dos policías confesos reconocieron haber ultimado a los campesinos cuando éstos pasaban por donde estaba su agrupamiento, presuntamente por miedo a que estuvieran armados y los agredieran.

Indicó que falta investigar los errores tácticos y estratégicos cometidos en los dos desalojos del pasado viernes, para recuperar la caseta de cobro del parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik; así como el homicidio de dos campesinos durante los desalojos.

Para ello –señaló– la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que los 24 elementos de la Agencia Federal de Investigación que participaron en la acción fueran citados a declarar.

También se citará a los agentes del Ministerio Público Federal. En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, 313 policías estatales continúan en calidad de presentados. “A partir de aquí nos vamos a abocar a buscar a los homicidas de Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Heredia, hasta ahora hay 58 agentes que reconocen que dispararon; todos señalan que dispararon al aire, de tal manera que tenemos que esperar los resultados de las investigaciones”, apuntó.

El ministro informó que la PGR tiene apresados a dos campesinos que tenían tomada la caseta de cobro del parque nacional. Son Armando Álvarez Alfaro y su hermano Abenamar, acusados de despojo.

Exhuman cadáveres

Personal de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena exhumó este lunes los cadáveres de Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Hernández, dos de los seis campesinos asesinados el viernes por policías estatales y federales, y tomó declaración a varios habitantes de la comunidad de Miguel Hidalgo.

También recogió evidencias de los enfrentamientos y dio fe del hallazgo de más de 150 casquillos de alto calibre percutidos y de camiones y camionetas dañados por los pobladores, mientras el gobierno del estado envió material para la construcción, colchonetas, cobertores y despensas para familias de escasos recursos.

Ambos campesinos fueron traídos el sábado por la tarde por sus familiares sin que tomara conocimiento algún fiscal del Ministerio Público y, por tanto, sin que se les practicara la necropsia correspondiente, por lo cual las autoridades competentes desconocían las causas reales de su fallecimiento.

Representantes del ejido manifestaron que la situación comenzó a normalizarse este lunes, a lo que contribuyó la liberación, la víspera, de 36 detenidos, varios de los cuales esperaban ser atendidos porque presentan golpes.

“Lo mataron como a un perro”
Elio Henríquez, corresponsal/La Jornada

Ojo de Agua Ocotal, Chiapas. “Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos”, dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.

“Me lo empezaron a golpear y yo le dije: ‘No llores’. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon”, agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: “Con el gobierno no se juega, malditos”.

La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él “no entendió y fuimos a ver a mi mamá”. Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: “Échame la mano, mi papá está herido”. Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.

Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías “empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie”.

Los uniformados se acercaron, gritando: “Bájate, perro”. Él les contestó: “Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear”. A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. “Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.

A rastras lo llevaron al monte. “Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: ‘Ustedes, malditas, nos agredieron’”.

Prosigue: “Yo los veía y me cacheteaban: ‘Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas’. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso”, cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.

En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: “Compañeros de ustedes”, a lo que uno repuso que eso no era posible.

La madre replicó: “Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí”. Entonces un uniformado le indicó: “Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos”. Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.

“Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!”, clamó.

Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos i
Magdalena Gómez/La Jornada

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: “a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:
“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.
Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y “ generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.

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