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México, D.F, 20 de octubre de 2008

EZLN

Autoridades protegen a los paramilitares que agreden a zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el ataque con machete al niño Carmelino Navarro Jiménez en Ba’yulubmax, municipio oficial de Chilón, el pasado día 10, fue producto de la impunidad con que operan hoy grupos civiles considerados paramilitares, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Se trata del tercer intento de asesinato contra zapatistas de esa comunidad por parte, entre otros, de Juan Navarro Aguilar, José Navarro Deara y José Manuel Navarro Gómez, dirigentes de la Opddic en la localidad. (La Jornada. Se anexa)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Apoyan a distribuidores de café zapatista

En El Correo Ilustrado, Emmanuel Jesús Cruz Reyes, Ariel Serrano Rodríguez, Marisol García Contreras, Ángela Soledad Aquino, Marlene Martínez Gómez, Gladys Aguilar de Anda y 164 firmas más informan que: “Los estudiantes que escribimos esta carta exigimos cese al hostigamiento hacia nuestros compañeros que sostienen la mesa de café zapatista en la UAM Iztapalapa por parte del cuerpo de seguridad de la unidad, pues, haciendo uso de un doble discurso, se les permite la venta de productos a grandes compañías como Coca-Cola y Bimbo. Asimismo, dentro de la unidad hay instalado un puesto de revistas de moda, (que nada aportan a la vida universitaria), del mismo modo se permite la operación de máquinas expendedoras de “café”, que en ocasiones carecen del producto, ofreciendo a la comunidad universitaria sólo agua con azúcar. Brindamos todo nuestro apoyo a los compañeros universitarios que tienen la tarea de distribuir el café zapatista Tatawelo, así como su labor de información alrededor del movimiento zapatista. Exigimos a los funcionarios no aplicar la legislación universitaria en forma diferenciada, y privilegiar la organización estudiantil sobre el comercio trasnacional.” (La Jornada)

¿Hasta dónde el gobierno llenará el barril sin fondo de la especulación?

Carlos Fernández-Vega escribe en su columna México SA que: “dos situaciones políticas concretas registradas a lo largo de 1994 redondean lo descrito por el Banco de México: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en marzo (con repercusiones hasta mediados de abril), y la “hostilidad intensificada” del EZLN en la segunda semana de diciembre. Ambos, según el B de M, habrían costado 11 mil 937 millones de dólares en reservas internacionales: 10 mil 388 millones adjudicados a la muerte del candidato priísta y mil 549 millones a la actividad zapatista. (La Jornada)

Pacto nacional

Manuel Camacho Solís destaca en su artículo que “por muchos años he abogado en favor de un pacto nacional. En las situaciones más adversas, es lo único que funciona. En nuestro país ha sido la única forma de resolver conflictos difíciles. Dio resultado en 1977, con la reforma política. En 1986, después de los sismos, hizo posible la reconstrucción. En 1994, ante el levantamiento zapatista, permitió llegar al cese del fuego en Chiapas. En 1996, con la reforma electoral, facilitó la alternancia y canalizó la inconformidad por la crisis económica de 1994-95. Los pactos han funcionado en múltiples experiencias internacionales. La situación económica puede volverse aún más difícil. La situación política es igualmente compleja. El gobierno no tiene mayoría y reducirá significativamente su peso en el parlamento conforme avance la crisis económica. La situación social es difícil. Hay una inconformidad en ascenso y una mayor conciencia política. Eso no se puede resolver con paliativos. También, hay una escasa capacidad política para responder a la presión social; con demasiada facilidad se justifica el uso de la fuerza (de todo el poder del Estado), sin ningún conocimiento de la naturaleza de los conflictos, sus interconexiones y la multiplicidad de frentes. Y hacia el horizonte de 2010, debe abrirse una gran ventana de oxigenación: debatir en serio el rumbo de la economía.” (El Universal)

TEXTOS

Autoridades protegen a los paramilitares que agreden a zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El ataque con machete al niño Carmelino Navarro Jiménez en Ba’yulubmax, municipio oficial de Chilón, el pasado día 10, fue producto de la impunidad con que operan hoy grupos civiles considerados paramilitares, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Se trata del tercer intento de asesinato contra zapatistas de esa comunidad por parte, entre otros, de Juan Navarro Aguilar, José Navarro Deara y José Manuel Navarro Gómez, dirigentes de la Opddic en la localidad.

No obstante que siempre ha sido demostrada su condición de agresores, las autoridades judiciales los favorecen intentando perseguir penalmente a las víctimas. “La impunidad de los miembros de la Opddic es cobijada por autoridades estatales”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en un amplio análisis de la violencia en Ba’yulubmax.

Las autoridades autónomas zapatistas del municipio Olga Isabel aseveraron hace un año que esos miembros de la Opddic seguían una “estrategia legal” para inculpar sistemáticamente a los autónomos. Ésta ha sido asesorada, según revela ahora el CDHFBC, por David Gómez Hernández, abogado “con un pasado oscuro, ya que siendo subprocurador de Justicia Indígena fue señalado y sancionado administrativamente por coordinar y ordenar acciones para la remoción de evidencias en el lugar donde fue ejecutada la masacre de Acteal, Chenalhó”.

El notable respaldo del licenciado Gómez Hernández a la Opddic y sus procedimientos resultan consistentes con otras actividades suyas, evidentemente contrainsurgentes, como haber sido el “asesor” de la Secretaría de Desarrollo Social panista “para entrar en el territorio del municipio autónomo de Polhó, dividiendo a la comunidad al entregar apoyos económicos y productivos”, según el mismo análisis.

Juan Navarro Aguilar, uno de los agresores de Carmelino, fue de los organizadores del ataque, el 10 de agosto de 2007, a Leonardo Navarro Jiménez, quien recibió seis tiros calibre 22 y resultó herido de gravedad. Está demostrado que Navarro Aguilar disparó contra él. La junta de buen gobierno (JBG) de Morelia denunció entonces que Leonardo, base de apoyo del EZLN, “recibió una bala en la pierna derecha, otra en el costado izquierdo y una más en el labio superior, debajo de la nariz”.

El hijo de Leonardo, Juan Navarro Jiménez, acudió entonces en su auxilio, recibió un disparo en el hombro derecho “y casi al mismo tiempo un machetazo en la sien derecha”, detallaba la JBG. Los agresores culparon a los heridos del ataque, pero al probarse su culpabilidad las autoridades judiciales se vieron obligadas a liberar 13 órdenes de aprehensión contra los miembros de la Opddic.

Esto “debido a las irrefutables pruebas de la agresión y en seguimiento al procedimiento penal del expediente 112/2007”, documenta el CDHFBC. “Pese a la gravedad de la agresión armada contra bases zapatistas, el Ministerio Público se abstuvo de ejecutar el operativo que merecía (la situación) en Ba’yulubmax” y sólo detuvo a cuatro, dejando en la impunidad a nueve, “entre los que se encontraban los líderes del grupo armado”. Pese a las evidencias, “de manera ineficiente la fiscalía no fundó ni motivó sus alegatos en la averiguación previa”. Esto permitió a los miembros de la Opddic gestionar un amparo.

Los agresores, añade el CDHFBC, “al ver que su plan de liberar pronto a los detenidos no se concretaba”, mediante amenazas y disparos intentaron que la familia zapatista afectada se desistiera de la acción penal. Al no lograrlo continuaron sus agresiones en Ba’yulubmax, “y también comenzaron a amenazar y hostigar a las autoridades del municipio autónomo Olga Isabel”, a cinco kilómetros de la comunidad.

“En este marco de desesperación de los miembros de la Opddic”, apunta el análisis, el 10 de octubre “se consuma la agresión contra el niño Carmelino Navarro Jiménez”.

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