Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 17 de octubre de 2008

CHIAPAS

Chiapas: proponen regular el uso de la fuerza en desalojos

Ángeles Mariscal informa desde Tuxtla Gutiérrez, que el gobernador Juan Sabines Guerrero envió al Congreso local una iniciativa de ley en la cual propone un protocolo para el uso de la fuerza pública en desalojos. Dichas normas serían obligatorias para policías estatales y con él se busca garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, su vida y sus bienes. El documento explica que se busca evitar hechos como los ocurridos el 3 de octubre en la zona arqueológica de Chincultik. El Ejecutivo ofreció en su iniciativa hacer un recuento de otros desalojos “en los que policías estatales se excedieron en sus facultades”, como habría ocurrido en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997; Unión Progreso, Chavajeval y Álvaro Obregón, en junio de 1998, y Tres Cruces, San Juan Chamula, en enero de 2003. La propuesta, que consta de 11 artículos permanentes y cinco transitorios, señala el procedimiento a seguir para expulsar a personas que ocupen ilegítimamente alguna propiedad o vías de comunicación. Señala que las corporaciones policiacas participarán en desalojos sólo a petición de un juez, agente del Ministerio Público u otra autoridad facultada para emitir la orden. (La Jornada)

Crece la condena internacional por la masacre en Chinkultic

Hermann Bellinghausen comenta: A dos semanas de los hechos, crece la condena nacional e internacional por la “masacre de Chinkultic”, como se denomina a los hechos ocurridos en la comunidad Miguel Hidalgo, el 3 de octubre. En comunicaciones dirigidas al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero, organismos de Suiza, Alemania, Uruguay y México, así como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y un informe de Human Rights Watch reprueban la violencia contra los campesinos que ocuparon en septiembre la zona arqueológica de Chinkultic, en La Trinitaria. El Programa de Participación Social Chiapas, conformado por 17 organismos civiles, señaló en San Cristóbal que “la violencia y represión” de agentes federales y estatales durante el desalojo violan el Art. 22 de la Constitución y el Art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proclaman el derecho a la vida, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, desde la ciudad de Lucerna, el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas reprueba la “represión inaceptable contra las poblaciones de La Trinitaria” y Lagunas de Montebello. En Stuttgart, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señala que “la masacre de Miguel Hidalgo se enmarca en la práctica del gobierno de criminalizar las protestas sociales y reprimirlas de manera violenta”. En tanto, AI y la OMCT (desde Ginebra) lanzaron “acciones urgentes” para que el Estado mexicano haga justicia en el caso y evite la repetición de estos hechos. El Movimiento Mundial por los Bosques, con sede en Montevideo, Uruguay, afirma que el Estado mexicano violentó “flagrantemente” las garantías individuales (consagrados en la Declaración Universal de los DH, la Convención Interamericana de DH y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles), al igual que sus derechos como indígenas, tal como lo reconocen la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. (La Jornada)

Riesgo de represalias contra indígenas: AI

Amnistía Internacional comentó que existe el temor de que los habitantes de la comunidad indígena Miguel Hidalgo, municipio La Trinitaria, Chiapas, “puedan correr riesgos de represalias e intimidación” de parte de autoridades estatales y federales, tras el desalojar la zona arqueológica de Chinkultic. AI requirió a los gobiernos estatal y federal garantizar que todos los operativos de desalojo y las operaciones policíacas contra comunidades cumplan con las normas internacionales referentes a la defensa de las garantías fundamentales en lo relativo a uso mínimo de la fuerza y otras normas mundiales de derechos humanos. El organismo mundial aseguró que si bien el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, públicamente pidió disculpas a las víctimas y sus familiares por los operativos, anunció la detención de algunos policías implicados en los hechos y se inició una investigación judicial por los hechos, esto no es suficiente. (La Jornada)

Liberan a indígena tras estar preso “gratuitamente” 7 años

Gracias a la revisión de su expediente penal, el indígena Marcelino Díaz González fue liberado después de estar siete años en la cárcel acusado de participar en una emboscada el 9 de septiembre de 2001, en la cual se dio muerte a dos policías estatales. “Estuve encerrado siete años gratuitamente, porque no cometí ningún delito, hasta hoy no sé por qué me acusaron”, afirmó el tzotzil, originario de la comunidad San Pedro Nixtalukum, municipio de El Bosque. Díaz González recordó que las autoridades del penal de El Amate, municipio de Cintalapa, donde estaba recluido, le entregaron su boleta de libertad a las 11 de la noche de este martes. “En El Amate hay muchos presos que son inocentes, el gobierno los agarró como a mí, sin investigar bien los delitos, y los llevó directamente al bote”, señaló en entrevista que ofreció en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. (La Jornada)

Continuará reapertura de casos, promete el gobierno estatal

Marcelino Díaz González, Antonio Gómez Díaz y Miguel Gómez Díaz, recluidos en el penal El Amate, Cintalapa, quedaron en libertad como resultado del proceso de reconciliación que promueve el gobierno de Chiapas, en el que participan defensores de derechos humanos, informó el gobierno del estado. Los hermanos Gómez Díaz, quienes fueron detenidos en 2002 acusados de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio, que por ser delito grave está penado con prisión hasta de 20 años, alcanzaron su libertad a raíz de una revisión de sus expedientes a solicitud, en este caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Al no encontrarse elementos suficientes para determinar su responsabilidad, se procedió al desistimiento de la acción penal por falta de elementos. Marcelino Díaz González alcanzó su libertad bajo la modalidad de preliberación, luego de haber permanecido recluido durante 7 años con 13 días, por el mismo delito. Llevaba compurgada más de la mitad de la sentencia. Desde luego no se descarta su muy probable inocencia, pero se optó por la preliberación por ser el mecanismo más expedito para las personas sentenciadas, apuntó el gobierno estatal en un comunicado de prensa. El gobierno de Juan Sabines ofreció que seguirá revisando expedientes de indígenas, migrantes y personas de escasos recursos con el propósito de que en esta administración no quede nadie injustamente encarcelado. La prioridad serán mujeres indígenas, adultos mayores, enfermos y los que soliciten los organismos de derechos humanos no gubernamentales. Para ello, señala el comunicado, “el gobierno del Estado ofrece plena apertura, sólo pide paciencia y comprensión ante los tiempos propios que lleva la revisión de cada uno de los expedientes. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Exigen familiares de eperristas a la CNDH emitir recomendación

El Comité Nacional de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos, donde se agrupan parientes de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel López Cruz, miembros del EPR, así como de Francisco Paredes Ruiz, ex militante del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir a la brevedad la recomendación por el caso y “que anteponga la defensa de los derechos humanos por sobre los compadrazgos”. Este organismo, “ha permanecido callado ante los diversos crímenes de lesa humanidad que se cometido en nuestro país y con esto, ha legitimado lo que el Estado dice y hace”, afirmó Nadín Reyes Maldonado, hija del eperrista Reyes Amaya. La mujer expuso que la CNDH, a un año y cuatro meses de haber denunciado la desaparición de sus familiares, “ha demostrado la nula defensa de los derechos humanos ante este caso tan terribles como lo es la desaparición forzada y deja entrever su complicidad con el Estado mexicano”. Lamentablemente ---subrayó---, la situación de nuestro país “no cambiará si nosotros como sociedad no hacemos algo para cambiarlo. (www.noticias-oax.com.mx)

Absuelven a presuntos guerrilleros del EPR

Los presuntos guerrilleros del EPR, Gustavo Robles, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y su hermano Gerardo Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron detenidos en enero del 2006 por la Policía Federal y procesados bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo, así como sabotaje, fueron absueltos y liberados anoche con hermetismo, del penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán en Córdoba, Veracruz. Los 3 presuntos guerrilleros que el 12 de enero del 2006 fueron capturados en la autopista Córdoba-Orizaba en un auto donde llevaban propaganda subversiva así como teléfonos y directorios de miembros del Ejército Popular Revolucionario, purgaban condena en el penal de seguridad media de La Toma y ya llevaban más de dos años. Entrevistado anoche al respecto, el director del penal Salvador Segundo Caballero Solano precisó que en base a un ordenamiento emanado del Juzgado Segundo fueron puestos en libertad tras la resolución del magistrado Raúl Remes Ojeda, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia con base en Boca del Río, quien revocó la sentencia impuesta por 4 años y 3 meses de prisión, a los presuntos agresores. El magistrado del TSJ en su resolución no encontró pruebas fidedignas para encontrarlos culpables y aceptó la apelación presentada por los abogados de los detenidos, misma que fue girada al Juzgado Segundo que ordenó su inmediata liberación. (El Sol de Córdoba)

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