Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 9 de noviembre de 2008

GOBIERNO FEDERAL

Brusca maniobra hizo perder el control sobre el jet de Mouriño

Una “brusca maniobra” para modificar la trayectoria provocó una “súbita y agresiva pérdida de control de la aeronave” en que viajaban el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada José Luis Santiago Vasconcelos y siete personas más, lo que provocó su desplome a 500 kilómetros por hora, afirmó Gilberto López Meyer, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los últimos avances de la investigación del caso, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, y López Meyer mostraron –en un “recorrido virtual”– a la prensa cómo habría sido el desplome del Learjet 45, matrícula XC-VMC, y cómo “revirtió” su ruta inicial. Téllez dijo que “por lo menos” en 11 meses podrían tenerse los resultados de las investigaciones sobre las causas del percance, pues “toma meses terminar una indagación de este tipo”, argumentó. Por su parte, el director de ASA informó que el pasado viernes, “en otra aeronave, en este caso un helicóptero, replicamos la trayectoria que siguió el Learjet 45, a las velocidades aproximadas, y se pudo hacer. “Ciertamente, es muy brusca la maniobra, y eso comprueba lo que suponíamos: es una pérdida de control, súbita y agresiva, de la aeronave en los últimos minutos de vuelo”. (La Jornada, Excélsior)

CHIAPAS

Planes de desarrollo turístico, riesgo para pueblos indígenas, advierten

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México envió recientemente una delegación de observadores a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el reporte que ahora han dado a conocer, los observadores se manifiestan “preocupados por el creciente número de casos relacionados con la criminalización de la protesta social en el país”, e invocan los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, exigiéndole que los respete y aplique. (La Jornada. Se anexa)

El mal tiempo arrasó con 40% de cultivos de café orgánico en Chiapas

Los frentes fríos y la lluvias de octubre pasado acabaron con más del 40 por ciento de la producción de café orgánico que se produce en la Zona Sierra, además de gran cantidad de la de sorgo, informó Édgar Flores Miguel, presidente de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (Fiech). Las organizaciones y productores de la Fiech precisaron que de los 250 mil quintales de café (aproximadamente 46 kilogramos cada uno) que 10 mil productores esperaban, se levantarán menos de 150 mil. Esta cosecha, dijo, ya estaba comprometida para su venta en el mercado internacional. Convocaron a los productores del estado a un encuentro de análisis sobre desarrollo sustentable y medio ambiente,con el propósito de crear una “agenda verde” de la sociedad civil para tratar de incidir en las políticas públicas y resarcir el daño en la producción y el medio ambiente que, prevé, se incremente con el paso del tiempo. La Fiech, organizada luego del desastre que ocasionó el ciclón Stan en 2005, considera que se han entrelazado los temas de seguridad alimentaria, desastres naturales, calentamiento ambiental, desarrollo sustentable, política pública, migración, seguridad y pobreza. (La Jornada)

IGLESIA

Zanjan conflicto católicos y evangélicos de comunidad de San Juan Chamula

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que católicos tradicionalistas y evangélicos de Chicumtantic, municipio de San Juan Chamula, decidieron que los cargos religiosos y las cuotas para fiestas del pueblo ya no serán obligatorios para los miembros de ninguno de ambos grupos. El pastor Domingo Ruiz Santis manifestó que el convenio logrado, mediante el sistema de usos y costumbres, garantiza la libertad religiosa de los protestantes, que accedieron a donar voluntariamente 25 pesos en cada una de las tres fiestas anuales de la localidad. A este acuerdo se llegó el jueves pasado en asamblea, que contó con la asistencia del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González; funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del estado, y de la delegación de Gobierno, entre otros. “Hasta la fecha, en ninguna otra comunidad del municipio se ha tomado un acuerdo similar, en que los católicos decidan libremente aceptar o no los cargos religiosos”, expresó el pastor oriundo de Chicumtantic, donde coexisten unas 150 familias evangélicas de la Iglesia pentecostés de La Esperanza y 120 católicas tradicionalistas. (La Jornada, Cuarto Poder)

GRUPOS ARMADOS

Exigen a Los Pinos presentar a eperrista

Eulalia Amaya Pérez y Lucina Maldonado Castellanos, madre y esposa de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario, exigieron al Presidente de la República la inmediata presentación con vida del desaparecido. “Soy panista y voté por Felipe Calderón, pero me ha decepcionado”, dijo la madre durante un foro celebrado ante la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por el 59 cumpleaños del guerrillero detenido-desaparecido en 2007 junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del mismo grupo. La madre, de 79 años, dijo que escribió a Calderón para solicitarle apoyo para conocer el paradero de su hijo. “Cuando (el ahora Presidente) era candidato me llegaron sus cartas pidiendo el voto y se lo di; pero ahora que necesité de él no me hizo caso”. (La Jornada)

TEXTOS

Planes de desarrollo turístico, riesgo para pueblos indígenas, advierten
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México envió recientemente una delegación de observadores a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el reporte que ahora han dado a conocer, los observadores se manifiestan “preocupados por el creciente número de casos relacionados con la criminalización de la protesta social en el país”, e invocan los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, exigiéndole que los respete y aplique.
El objetivo central del recorrido fue “la documentación de casos sintomáticos de violación de derechos humanos”. Durante su visita del 20 al 31 de octubre, la delegación se entrevistó con víctimas de estas violaciones y con organizaciones que les acompañan, así como con representantes de instituciones gubernamentales.

En Chiapas, el grupo “buscó informarse sobre el trasfondo de casos tipo” de violaciones a garantías e identificó como tema central “un rezago de décadas en la regularización de la tenencia de la tierra, en un contexto de desequilibrio y desigualdad social, política y económica”. La coordinación subraya en su declaración final que gran parte de los recursos estratégicos del país (biodiversidad, agua) se encuentran en Chiapas, en zonas habitadas por indígenas, donde los planes de desarrollo “se convierten en una amenaza para estos pueblos”.

Un “alto funcionario de una dependencia gubernamental” confirmó lo anterior a la delegación de observadores, y declaró que “programas de desarrollo subvencionados por la Unión Europea (UE) están provocando la pérdida de la diversidad biológica y ponen en riesgo la cultural”.

En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, “la mayoría de los casos no son atendidos y si lo son, frecuentemente se encarcela a chivos expiatorios”. Es el caso de la masacre de Viejo Velasco (ocurrida en noviembre de 2006, y todavía impune), por la cual “una persona inocente estuvo un año en la cárcel”. El caso captó “especialmente” la atención de la delegación. Se trata de un conflicto agrario no resuelto “en un contexto de ineficiencia de las instituciones gubernamentales, desequilibrio social y una sistemática violación de los más fundamentales derechos humanos”.

La coordinación es una red de organizaciones surgida hace 10 años que enfoca su trabajo en la colaboración con organizaciones por los derechoos humanos.

Riesgo ecológico y cultural

Con respecto al “riesgo cultural” detectado por los observadores alemanes, adquiere especial significación la nueva “oferta” gubernamental, clientelar ante todo: el “desarrollo turístico”. Considerada una veta atractiva para la inversión extranjera, esta oferta llega a las comunidades envuelta para regalo. Envenenado y para unos cuantos.

Sus efectos se han podido observar en las zonas que circundan Montes Azules, y también en el trayecto entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, donde las autoridades estatales promueven el “ecoturismo” como presunta solución a las carencias económicas de los campesinos, con planes que en el fondo los consideran de manera secundaria, pues lo primordial son los negocios para el gobierno y sus socios potenciales.

En este contexto, la primera semana de noviembre, el secretario de Turismo y Proyectos Estretégicos, Roberto Albores Gleason, se reunió en el municipio de Pijijiapan con priístas y perredistas de la costa, y los invitó a “proporcionar mejores servicios a los turistas que visitan la región bajo un esquema innovador y competitivo, que a la vez genere empleos estables y temporales”.

No podía ser más ilustrativo lo expresado por el edil de Pijijiapan, Saín Cruz Trinidad, de extracción perredista, quien solicitó al secretario “todo su apoyo” para estas localidades “que se encuentran complemente vírgenes y necesitan una serie de inversiones” para el turismo.

El espejismo del desarrollo turístico, fuera del control de los pueblos, llega disfrazado de “protección ambiental” y necesita aliados locales para implantarse, lo que suele generar divisiones comunitarias como las existentes en Agua Azul, Roberto Barrios y más recientemente Soctic, en el municipio Villa de las Rosas.

Pero la liebre salta por cualquier parte. A fines de octubre, autoridades y habitantes de la comunidad El Corralito, municipio San Cristóbal de las Casas, determinaron impedir que ahí se construya un proyecto turístico “que traería problemas a la comunidad”. Señalan a Hermelinda Jiménez Pérez como la promotora de unas cabañas para convertir la localidad en zona turística, y alardea ante los pobladores de tener apoyo gubernamental.

Se han sumado a El Corralito las comunidades circundantes Epazotal, San Antonio de los Baños, Pinabetal y San José de los Baños. Esperan evitar las divisiones y conflictos que se están incubando en los bosques sancristobalenses.

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