Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 4 de noviembre de 2008

EZLN

Denuncian nuevas maniobras para quitar tierras a zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro denunció desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha, “abusos de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y municipal”, en predios de San Antonio Toniná y el Carmen Toniná, propiedad de Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, zapatistas del municipio autónomo Francisco Gómez. Dicha tierra colinda con la zona arqueológica de Toniná, en las afueras de Ocosingo. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

¡Investigará PGR a Mariano Herrán!

Como parte de las pesquisas sobre la infiltración del cártel de Sinaloa en la SIEDO, la Procuraduría General de la República no descarta investigar a ex jefes de servidores públicos detenidos, entre ellos titulares de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS) y de la propia subprocuraduría. Lo anterior, aseguraron autoridades de la PGR, para saber cómo fue que los ex fiscales de la FEADS y ex titulares de la SIEDO incorporaron a Fernando Rivera, quien hasta hace una semana era el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO, así como a Miguel Colorado, ex coordinador técnico de la citada subprocuraduría. Todo esto forma parte de la averiguación previa SIEDO/UETMIO/6668/ 2008. Quienes en su momento tuvieron contacto con los indiciados son los ex fiscales Mariano Herrán Salvatti y Mario Estuardo Bermúdez, así como los ex subprocuradores José Luis Santiago Vasconcelos y Noé Ramírez Mandujano. Autoridades de la PGR aclararon que no se está culpando a ninguno, sólo se buscaría saber qué papel jugaron en su momento en la incorporación de Fernando Rivera y Miguel Colorado a la PGR. (Diario de Chiapas)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

¿Ganar o perder?: instituciones y movimientos sociales

Magdalena Gómez escribe en su artículo: “Se consolidó un nuevo pacto en los recintos del Congreso de la Unión sobre la reforma petrolera. La miopía política ya característica del PRIAN, con sus ocasionales aliados, no logra entender que ellos ocupan el espacio de la legalidad, pero que la legitimidad no es automática respecto de las decisiones que tomen. Resulta importante detenernos en el análisis de las llamadas “prácticas parlamentarias” para observar cómo encubren la definición de intereses fundamentalmente económicos que son los determinantes para cerrar sus discusiones y aprobar dictámenes inamovibles, porque se rompe “el consenso”. Cuando en 2001 pactaron la contrarreforma indígena, actores y cómplices no lo hicieron guiados por su mayor o menor aprecio hacia los pueblos indígenas, sino por la defensa del poder establecido y de los intereses en juego. ¿Qué había detrás de su preocupación por garantizar los llamados derechos de terceros sobre las tierras y omitir los territorios y sólo después de ello darles “preferencia” a los de los pueblos originarios? La reforma consolidada la semana pasada, más que ganadores, tuvo perdedores porque para garantizar en última instancia los intereses privados se obligó a sus personeros en el Congreso a recurrir a las trampas de la ley, como bien señaló Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Viene al caso contrastar esta experiencia nuevamente con la de 2001, cuando se llegó a decir que la tergiversación de la propuesta indígena se dio porque el subcomandante Marcos no se quedó en el Distrito Federal para protestar en la calle en el momento de los arreglos internos y se regresó a Chiapas con la comandancia zapatista después que ésta dijo su palabra en el recinto del Congreso. Siempre hay supuestas razones para transferir responsabilidades a los actores sociales frente a las decisiones del poder. Estas dinámicas se repiten una y otra vez y nos muestran la verdadera cara de las instituciones que se han alejado de lo que fueron sus principios fundacionales. (La Jornada)

¿Quién no quiere a Juan Camilo?

Salvador García Soto escribe en su columna Serpientes y Escaleras que “de adentro del gabinete han salido los cañonazos hacia el barco de Bucareli, lanzados directo al despacho del secretario Juan Camilo Mouriño. Y aunque en el barco de Gobernación afirman que no habrá cambio de capitán y dicen tener órdenes del “comandante supremo” de seguir al mando de la nave, la andanada ha sido tan intensa que los obligó ya a responder a los ataques que ellos mismos identifican provenientes de otros buques de bandera blanquiazul. (El Universal. Se anexa)

Voladas

En la columna Arsenal de Francisco Garfias se comenta:Le preguntamos a Juan Camilo Mouriño sobre las versiones de su inminente salida de la Secretaría de Gobernación. — ¿Son puras voladas? —cuestionamos. —Sí, puras voladas…—recalcó. El funcionario no dejó que abundáramos en el tema. Desapareció lo más rápido que pudo. Pero la contundencia de la respuesta no dejó lugar a dudas de que la salida del titular en Bucareli no es para mañana. En la jerga periodística, una volada es una información falsa, mentirosa, sin sustento. El fuego amigo, alimentado por ambiciones personales, resultó poco eficaz. Nos topamos con el titular de la Segob al término de la comida que el Presidente Felipe Calderón le ofreció a su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo Méndez, en el Castillo de Chapultepec. El almuerzo culminó con una original petición —por la forma en que lo hizo— de Calderón al mariachi que amenizaba el evento. El Presidente de la República colocó sus dos manos encima de la cabeza, simulando una corona, y segundos después sonaron las notas de El Rey. (Excélsior)

TEXTOS

Denuncian nuevas maniobras para quitar tierras a zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro denunció desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha, “abusos de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y municipal”, en predios de San Antonio Toniná y el Carmen Toniná, propiedad de Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, zapatistas del municipio autónomo Francisco Gómez. Dicha tierra colinda con la zona arqueológica de Toniná, en las afueras de Ocosingo.

La JBG investigó en agosto la situación: “Nuestro compañero Alfonso declara que el día 13 de abril hizo un jagüey de ocho metros de largo, cinco de ancho y dos de profundidad en su propiedad, donde su ganado pudiera beber agua”. Después de 15 días personal del arqueólogo Juan Yadeum dijo haber encontrado en el jagüey la escultura de un personaje, “acusando a nuestro compañero de haberla sacado”. El labriego declara que el jagüey “fue excavado con una máquina retro, y en esos momentos no había ninguna piedra. Era pura tierra acumulada en ese lugar, que de por sí es un pocito natural, y además el operador de la máquina no encontró nada durante el trabajo”.

Otro abuso “fue que sin permiso quitan la puerta de su potrero y ponen un cerco de alambre, clausurando un camino que existe desde hace muchos años para la La Libertad y otras comunidades aledañas”. También retiraron el alambrado “al lado de la ruina para que salgan sus animales, provocar perjuicios y culparlo”. Alfonso Cruz, el dueño, “ahora no puede sembrar ni un poste de cerco de su potrero, ni para construir su casa, ni letrina, ni tienda, porque según el arqueólogo dos metros abajo ya es propiedad de la nación”.

Pero Yadeum “sí les renta piso a los vendedores que ocupan el estacionamiento, que es propiedad federal, beneficiándose la directora del museo, Julisa Camacho Ramírez; Yadeum Angulo y Emiliano Gallaga Murrieta”, este último delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chiapas, quien recientemente tuvo un momento estelar al provocar indirectamente la masacre de Chinkultic. Yadeum, desde hace más de 20 años, se comporta como “dueño” del sitio arqueológico (de ahí ha labrado su fama académica). De acuerdo con la JBG, ahora exige al campesino, con amenazas, vender su propiedad al precio que el investigador quiere.

Cruz Espinosa fue citado en Tuxtla Gutiérrez por funcionarios del INAH y amenazado con prisión por “dañar el patrimonio arqueológico”. Le dieron cuatro días para cerrar el jagüey, y le impusieron una multa por 30 mil pesos que tiene que pagar en 12 días. Él pidió pruebas y testigos sobre la acusación, “porque no es lugar pedregoso; preguntó si estaba rota la pieza o sucia, pero no le respondieron. Sólo lo obligaron a firmar una acta para pagar la multa, amenazándolo con ser encarcelado en ese mismo momento”. Las investigaciones de la JBG demostraron que están despojando al campesino de su tierra. “Los tres niveles de malos gobiernos usan al arqueólogo Yadeum para acusar falsamente a nuestro compañero. Son sus mañas; así como en los desalojos de Montes Azules, pagan a cualquier gente para presionar a las bases de apoyo del EZLN”, ahora por presuntamente dañar una pieza arqueológica.

La JBG declara que el gobierno “fomenta la corrupción y permite que Yadeum maneje el sitio como si fuera de su propiedad, pues ha construido su casa usando materiales de la ruina; tampoco cumple con el cuidado y mantenimiento del sitio arqueológico, y todo ello no se investiga”. El zapatista lleva años trabajando, tiene las escrituras del terreno, “ahora no puede construir nada en su propiedad, le están privando el derecho a la tierra y lo quieren despojar o expropiar por parte de la INAH”. La JBG advierte que Cruz Espinosa “no va a pagar esa multa de 30 mil pesos”, y si el gobierno federal libera orden de aprehensión y lo encarcela se responsabiliza directamente a Yadeum, Julisa Camacho Ramírez y a los tres niveles de gobierno. “Sabemos que la guerra no ha terminado, así que mejor dejen en paz al compañero Alfonso. Él va a seguir trabajando en su terreno. Así como dijo el general Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja”, concluye la autoridad autónoma.

¿Quién no quiere a Juan Camilo?
Salvador García Soto/El Universal

De adentro del gabinete han salido los cañonazos hacia el barco de Bucareli, lanzados directo al despacho del secretario Juan Camilo Mouriño. Y aunque en el barco de Gobernación afirman que no habrá cambio de capitán y dicen tener órdenes del “comandante supremo” de seguir al mando de la nave, la andanada ha sido tan intensa que los obligó ya a responder a los ataques que ellos mismos identifican provenientes de otros buques de bandera blanquiazul. En medio de la marejada queda claro que no habrá cambios en el gabinete en lo inmediato y que, con todo y las tormentas que ha enfrentado, Mouriño seguirá al timón de la Segob. Pero eso no quiere decir que los fogonazos azules de los últimos días no hayan surtido efecto: más que tirarlo en este momento, sus adversarios internos buscaban consolidar la percepción de que el poder que rodeaba a Juan Camilo se ha reducido y, tanto dentro como fuera del PAN, la pregunta ahora es cuál sería su futuro.

Al timing exacto añadieron el mensaje preciso: si a principios de 2008 se hablaba de Mouriño como presidenciable, y tras el golpe asestado por López Obrador y los contratos familiares con Pemex se le dejó de ver en esa condición, después se le veía como “operador en la Cámara de Diputados”, esta vez el capital político del secretario sólo alcanzó para que en los rumores se le mencione como candidato a la gubernatura de Campeche. ¿Es clara la devaluación política? Pero, ¿quienes son los autores de la maquiavélica estrategia? Los cálculos de Bucareli apuntan a dos lugares desde donde hicieron simultáneamente los disparos. Una conocida alianza entre una oficina de Los Pinos y otra de la colonia del Valle son las coordenadas que ubican como origen del lance contra el secretario, detrás del cual aparece una añeja disputa interna entre los dos subgrupos principales en que se divide el primer grupo calderonista.

De cara a la definición de candidaturas panistas para 2009, el pleito anticipado por las listas y las estrategias de campaña hace que empiecen los duelos de poder entre los cercanos al Presidente. Los aliados de Los Pinos-Del Valle saben bien que desde fuera del gabinete Mouriño sería un hombre menos en la toma de decisiones y no participaría en la repartición de candidaturas. Por eso desataron los rumores de cambios, cuando es claro, y ellos son los primeros en saberlo, que difícilmente habrá movimientos en el gabinete antes de enero. Aun cuando el Presidente hubiera decidido relevar a Mouriño y mandarlo ya sea al Congreso o a pelear Campeche, su salida tendría que coincidir con los tiempos que tiene para pedir licencia, que en ambos casos no son antes del 15 de enero. Lo preocupante para Mouriño no son sólo son las versiones que dejaron circular profusamente de Los Pinos y la del Valle, sino que además hubo varias señales que confirman que su ascendencia y poder no son los mismos de antes. Por un lado, la llegada de Jorge Tello Peón como asesor presidencial en la estratégica labor de la seguridad significó, en los hechos, el desplazamiento del secretario de Gobernación como “jefe” del gabinete de seguridad. Pero hubo otro cañonazo que pegó fuerte en Gobernación y que caló directo en el ánimo del secretario. La forma marcadamente torpe y burda como manejaron en la PGR la solicitud de información sobre una investigación del gobierno español en contra de su padre, Carlos Mouriño Atanes, no sólo golpeó directamente a Juan Camilo, sino que le molestó sobremanera. No se explican en la Segob cómo un asunto que era tan fácil de responder fue tratado con tanta aparente impericia política y jurídica, al grado de que le echaron gasolina y lo inflamaron con suspicacias.

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