Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 16 de noviembre de 2008

EZLN

El alcalde tiene miedo de actuar

Jorge Pinto escribe que un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), invadió una reserva ecológica y atractivo turístico, con amenazas y engaños se apoderaron de estas tierras ejidales, sin embargo, el alcalde de Salto de Agua, Manuel Sánchez Guzmán, tiene miedo de actuar, por lo que temen que en breve se pueda tener un enfrentamiento como el suscitado en Chinkultic. Esto lo dio a conocer en conferencia de prensa Pascual Pérez Gómez, comisariado del ejido Agua Clara, municipio de Santo de Agua, Chiapas. (El Heraldo de Chiapas. Se anexa)

CHIAPAS

Prevé ONG internacional riesgos para dos excarcelados en Chiapas

Hermann Bellinghausen  escribe que el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, ha recibido con satisfacción, y también preocupación, la liberación de dos detenidos en Chiapas, quienes “habían adelantado huelgas de hambre”. (La Jornada. Se anexa)

GOBIERNO FEDERAL

Seguridad de Segob probó a los pilotos

El actual director general de Seguridad y Aeronaves de la Secretaría de Gobernación, Francisco González Muñoz, participó de forma directa en la aprobación del contrato que permitió a dos pilotos sin amplia experiencia en Learjets 45 comandar la aeronave en la que se desplazaba, con regularidad, Juan Camilo Mouriño. A finales de 2007, González Muñoz representó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Gobernación durante la licitación que ganó, finalmente, la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva S.A. de C.V. (CSAE). Mientras se desempeñaba en Recursos Materiales y Servicios Generales tenía, entre otras funciones, la atención directa al público, auditorías, cuerpo de seguridad, funciones de vigilancia, investigación de delitos, labor de supervisión, protección civil y transferencia de bienes. Al frente de ese cargo no demandó experiencia en horas de vuelo del piloto y copiloto que volarían la nave oficial de la dependencia. El funcionario federal sólo demandó certificación de la autoridad aeronáutica, y la dependencia a su cargo definió la licitación correspondiente. González Muñoz es titulado en la carrera de Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Su primer cargo público lo desempeñó en la Secretaría de Gobernación, como coordinador general en áreas técnicas de 2001 a 2002. (Milenio)

Desatendió el gobierno alerta de EU sobre fallas en Learjet 45

Ampliar la imagen Documento que hasta el pasado viernes podía consultarse en la página electrónica www.compranet.gob.mx y que ayer ya no fue posible abrir. Los últimos cuatro titulares de la Secretaría de Gobernación fueron transportados en una aeronave con irregularidades de origen, lo mismo en la fabricación que en los servicios de mantenimiento, siempre a cargo de empresas privadas. Documentos oficiales –del Gobierno Federal mexicano y de organismos internacionales de aviación– dan cuenta de los antecedentes y peripecias del Learjet 45 siniestrado el pasado 4 de noviembre, hecho en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, quien en ese momento era titular de la dependencia; algunos de sus colaboradores; la tripulación de la nave y cinco personas en tierra. El gobierno mexicano empezó los trámites para la compra de la aeronave casi al mismo tiempo que la estadunidense Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia acerca de fallas estructurales en por lo menos 222 naves de ese tipo, fabricadas por Bombardier, debido a problemas en una pieza del estabilizador horizontal, ubicado en la parte trasera. El reporte emitido por la FAA (Docket No. 2003-NM-141-AD; Amendment 39-13262; AD 2003-16-09), en agosto de 2003, hace referencia a que el fabricante del Learjet le informó acerca de las condiciones de fatiga en el tren de aterrizaje, situación que significaba un drástico obstáculo para cumplir la expectativa de vida del aparato respecto al número de aterrizajes, pero, sobre todo, un riesgo que reduciría la capacidad de control del jet. Además, existen reportes de agencias, como la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte, acerca de incidentes y accidentes en diversas partes del mundo (Rusia e Italia, por ejemplo) con este tipo de aeronave, cuyo valor era de 7.1 millones de dólares, en 2001. (La Jornada)

No alertaron a jet accidentado

La tragedia del vuelo que costó la vida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se escribió con los errores de la tripulación, pero también con omisiones de despachadores y controladores aéreos. Desde que despegó de San Luis Potosí, el despachador que hizo el plan de vuelo introdujo unos datos erróneos a la computadora y la “tira de vuelo” —que proporciona a los controladores la información básica del recorrido— identificó al avión de la Secretaría de Gobernación como un Learjet 25, cuando se trataba de un Learjet 45. Aunque la aeronave accidentada llegó a estar a cuatro millas náuticas del Boeing que le precedía, una distancia peligrosa porque puede caer en la “turbulencia de estela” que deja el avión pesado, el controlador no advirtió a la tripulación del peligro que representaba la cercanía entre ambas ni le urgió a reducir la velocidad.  En las comunicaciones entre el Learjet y la Torre de Control difundidas por la SCT se oye al controlador advertir al piloto del vuelo 7225, que iba detrás del Learjet, que reduzca su velocidad por el tráfico de naves que descienden hacia el aeropuerto de la ciudad de México, aviso que nunca se hizo al avión accidentado. (El Universal)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

¿Cómo preparar una alternativa en México?

Guillermo Almeyra escribe en su artículo que “las repercusiones de la crisis mundial se hacen ya sentir fuertemente con las suspensiones en la Nissan y en la Ford, la caída del precio del petróleo, la reducción de las remesas y del turismo. Cuando la crisis aún no ha empezado su peor fase, el Estado, que basa sus impuestos en Pemex, deberá reducir sus pagos a proveedores (que a su vez despedirán personal), disminuir las obras públicas y los fondos para educación y sanidad, aumentar aún más los destinados a policía y fuerzas armadas. Lo hará, para colmo, con un gobierno nacido del fraude y que perderá aún más apoyo con su impotencia y con sus políticas sociales antipopulares. Quedan cuatro años de un gobierno ilegítimo golpeado por avionazos y por su desprestigio, y es muy improbable que pueda seguir como hasta ahora e incluso que los termine. Ahí están, sin embargo, los maestros en lucha en diferentes estados y en plantón en el DF; ahí está la permanente resistencia oaxaqueña, a pesar de la represión contra la APPO; ahí están los indígenas zapatistas, encerrados y mudos en sus juntas de buen gobierno, esperando el inevitable mazazo que el gobierno les reserva; ahí están los sectores estudiantiles en lucha que tratan de reanimarse y de reflexionar; ahí está la insistente y heroica resistencia de las adelitas y los adelitos que vuelcan en el aparato organizativo obradorista su capacidad de lucha y su voluntad de defender la democracia y las viejas conquistas. La alternativa puede y debe salir de ahí: de la movilización unificada y la autorganización democrática y plural, en un frente único, de todos estos sectores. ¿No es posible acaso golpear juntos aunque marchando separados, es decir, combatir unidos para organizar un frente único por un proyecto alternativo, llamando a actuar en común al Frente Nacional contra la Represión, a las organizaciones del diálogo nacional, a la otra campaña y el EZLN, a la CND lópezobradorista, a los sindicatos y organizaciones indígenas y combativas en lucha?” (La Jornada)

1988: El año que calló el sistema

Martha Anaya escribe en su artículo que “el 27 de agosto de 1988, Carlos Salinas de Gortari se reunió con Manuel J. Clouthier y el presidente del PAN, Luis H. Álvarez. El encuentro, al igual que el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas un mes atrás, se realizó en secreto. Tuvo lugar en la casa del empresario Juan Sánchez Navarro y asistió también Manuel Camacho Solís. Esa noche, el PAN y el PRI pactarían el arribo de Salinas al poder. Llegar a ese punto no fue nada fácil. El principal opositor al acuerdo, a permitir que Salinas de Gortari fuese declarado triunfador de la elección con el aval del PAN, era El Maquío. Pero la maquinaria panista, impulsada por Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Luis Felipe Bravo Mena, terminó por convencerlo. Y “a regañadientes y jalones”, Clouthier –cuenta el coordinador de su campaña, José Luis Salas Cacho– acabó por apersonarse en esa cena y aceptar lo que se pactó. Es una pequeña parte del libro de la periodista Martha Anaya, 1988: El año que calló el sistema, que en breve circulará en librerías bajo el sello Debate, recupera, “mediante una crónica periodística”, las difíciles circunstancias para el país, entonces. Con autorización de la editorial, La Jornada ofrece a sus lectores un adelanto de esta novedad bibliográfica. (La Jornada)

TEXTOS

El alcalde tiene miedo de actuar
Jorge Pinto/El Heraldo de Chiapas

Un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), invadió una reserva ecológica y atractivo turístico, con amenazas y engaños se apoderaron de estas tierras ejidales, sin embargo, el alcalde de Salto de Agua, Manuel Sánchez Guzmán, tiene miedo de actuar, por lo que temen que en breve se pueda tener un enfrentamiento como el suscitado en Chinkultic.

Esto lo dio a conocer en conferencia de prensa Pascual Pérez Gómez, comisariado del ejido Agua Clara, municipio de Santo de Agua, quien señaló que un grupo de personas que se auto nombran zapatistas entraron a sus tierras el 27 de agosto, y se apoderaron del parque ecoturístico el 25 de octubre, asimismo, lanzaron la amenaza de que se iban a quedar con todas las tierra e incluso con sus esposas.
Dichas tierras pertenecen al grupo de ejidatarios desde el año de 1994, año en que adquirieron los terrenos que constan de 614 hectáreas para 119 ejidatarios de Agua Clara y 80 hectáreas para 26 ejidatarios de Xuyalhá, sin embargo, los que se dicen miembros del EZLN aseguran que tomaron esas tierras porque se las ganaron sus ancestros con sangre derramada.

"Cuando entraron los zapatistas clandestinos, nos despojaron del terreno y se apoderaron del restaurante denominado Chen Ajaw, así también se apoderaron de la caseta de cobro con todo y los tres mil 500 pesos que se habían cobrado por acceso a este parque ecoturístico y la papelería correspondiente; además que están atentando gravemente contra la naturaleza ya que derribaron árboles de grandes dimensiones y nadie ha hecho nada".

Esta situación ya le fue notificada al presidente municipal de Salto de Agua, Manuel Sánchez Guzmán, (a) Manuel Ch'ol, pero él no ha actuado, nada más los está entreteniendo diciéndoles que no se peleen entre indígenas, pero realmente no actúa, desconocen si es por no manchar su gobierno o es por miedo.

"Nada más nos dice vamos a hacer algo, vamos a dialogar con el delegado de Gobierno, pero en verdad no actúa, ni siquiera ha llegado hasta nuestro ejido, él como presidente municipal la verdad como que no entra ahí, únicamente cuando le llegamos a hablar llama por su celular al delegado de Gobierno para que nosotros lo veamos, pero realmente no sabemos si está interesado realmente resolver el problema".

El debería de actuar antes de que suceda algo más grave -agregaron- "porque va llegar el tiempo en que nosotros como ejidatarios si nuestra autoridad no hace nada nosotros vamos a actuar; no queremos que si el día de mañana si hay problemas graves, Manuel vaya a decir que no sabía nada".

Desconocen si por tratarse de un gobierno municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo que en esta zona siempre se han manifestado en acuerdo a la ideología del EZLN, es porque no quiere actuar.

"El presidente municipal (Manuel Ch'ol) no quiere dejar malas huellas, por eso él hace como que no hace, porque la verdad no ha llegado en el lugar en donde estamos", enfatizó.

Prevé ONG internacional riesgos para dos excarcelados en Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, ha recibido con satisfacción, y también preocupación, la liberación de dos detenidos en Chiapas, quienes “habían adelantado huelgas de hambre”.

El 14 de octubre, el gobierno de Chiapas excarceló a Marcelino Díaz González, del municipio El Bosque, y Antonio Gómez Díaz, del municipio Simojovel, quienes se encontraban en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14, El Amate (CERSS 14) de Cintalapa. Díaz González permaneció detenido, según las denuncias injustamente, siete años y 12 días; su condena dictaba 25 años de cárcel. Por su parte, Gómez Díaz permaneció recluido cinco años y 11 meses, con una sentencia de 30 años.

La OMCT recuerda que ambos participaron “en la huelga de hambre y ayuno que se llevó a cabo los primeros meses de este año, exigiendo liberación inmediata”.

En esa ocasión, la Mesa de Reconciliación de las Organizaciones Sociales instalada por el gobierno “consideró que existían elementos jurídicos para demostrar su culpabilidad”. Sin embargo, ante la insistencia de los detenidos, sus familiares y diversas organizaciones civiles, el gobierno estatal accedió a revisar nuevamente los expedientes de los presos de La Voz del Amate, el Grupo Zapatista y La Voz de los Llanos.

En la revisión se buscaron las irregularidades cometidas durante el proceso judicial, y finalmente, el gobierno “reconoció que las deficiencias en la integración de los expedientes habían sido la causa para privar de la libertad a estas personas”. Fueron liberados bajo la figura jurídica de sentencia suspendida. La OMCT señala que, en la práctica, esto significa que deben someterse a las obligaciones para personas con antecedentes penales: presentaciones regulares y rendición de informaciones sobre sus desplazamientos, a pesar de que el gobierno de Chiapas admitió públicamente las irregularidades jurídicas de los procesos por las cuales fueron condenados.

La OMCT recuerda que permanecen detenidos Alberto Patishtán Gómez, José Pérez Pérez y Miguel Gómez Gómez en El Amate, y Tiburcio Gómez Pérez, Diego Rodríguez Hernández y Agustín Rodríguez Jiménez, en el CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Al manifestar “complacencia” por la liberación de Díaz González y Gómez Díaz, la OMCT no omite “su seria preocupación” porque la aplicación de la sentencia suspendida “no puede ser considerada un acto de justicia, ya que continúa el peso de las condenas y, aunque otorga el beneficio de la libertad, jurídicamente no se les ha quitado la responsabilidad de los delitos que les atribuyen.”

Además, expresa preocupación porque durante la revisión de los expedientes penales de “numerosos” detenidos en Chiapas, realizada por la defensa y el Ministerio de Justicia, “se encontraron graves violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales y al derecho a un juicio justo”. El organismo señala que al ser detenidos, “muchos fueron víctimas de tortura y malos tratos, y los obligaron a firmar documentos sin que conocieran el contenido, ya que no había traductores y la mayoría sólo habla su lengua nativa”.

La OMCT insiste en su preocupación por la situación legal, la seguridad e integridad de quienes siguen detenidos. Cabe recordar la liberación de 137 presos en distintos reclusorios dictada por el gobierno de Chiapas el 31 de marzo de 2008. Entre ellos, 30 estaban en huelga de hambre.

El organismo demanda al gobierno mexicano garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de los indígenas liberados y sus familias, así como de los que permanecen presos. Y de éstos, “ordenar su libertad inmediata en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos”. Y si existen, “llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles derechos procesales”.

Asimismo, pide “una investigación completa, inmediata, exhaustiva e imparcial” por las violaciones cometidas a los derechos humanos, “identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones previstas por la ley”.

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